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| La ministra de Fomento Ana Pastor en un hotel de Madrid. EFE/J. J. Guillén |
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha abierto la fase de liquidación de una de las ocho autopistas en quiebra, la AP-36 Ocaña-La Roda, tras rechazar el plan de rescate que el Ministerio de Fomento ha presentado por considerar que presenta "defectos de legalidad".
Así consta en el auto emitido por el juez titular, Andrés Sánchez Magro, en el que apunta que la propuesta de convenio de acreedores "adolece de una serie de defectos que hacen inviable su admisión a trámite", pese a reconocer que algunos son "subsanables".
Entre estos fallos, apunta que el plan no cuenta con "refrendo o aprobación" por parte del Consejo de Ministros, ni con la "necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores" de las vías que el Ministerio pretende asumir.
En su auto, con fecha del pasado 24 de febrero, el juez anula la junta de acreedores de esta autopista, convocada para el 4 de marzo. No obstante, contra la sentencia cabe presentar un recurso de apelación en un plazo de 20 días.
Con la apertura de la fase de liquidación de la concesionaria de la AP-36, controlada por Ferrovial y Sacyr, se activará la responsabilidad del Estado ante el contrato de concesión de la infraestructura, tal y como adelanta El Mundo.
En el supuesto de que las ocho vías se liquiden, el sector y Fomento calculan que el Estado debería afrontar un monto total de 4.500 millones de euros por responsabilidad patrimonial.
Asimismo, la liquidación de una autopista podría hacer peligrar el plan de rescate diseñado por Fomento y Hacienda. El proyecto pasa por integrar las autopistas en una empresa pública, tras reestructurar su deuda de 3.500 millones de euros aplicando una quita del 50% y titulizando el pasivo restante en un bono a treinta años.
La viabilidad de esta futura nueva empresa nacional de autopistas está calculada a partir de la inclusión de las ocho autopistas, y en el caso de excluir una, podría incumplir los parámetros de cobertura de costes y deuda con ingresos que exige la UE.
El juez también argumenta que Fomento realiza una modificación del listado de acreedores "sin tener competencia". Asimismo, estima que se basa en "una serie de renuncias de los acreedores y de la firma concursal" que se "escapan a la facultad de disposición" del Ministerio, que además no aporta garantías de la financiación con que contará.
En paralelo, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, encargado del proceso concursal de las radiales R-3 y R-5, también ha detectado defectos en el plan de Fomento, si bien en este caso ha dado al Ministerio un plazo de un mes para que lo subsane.
También están en riesgo de quiebra otras dos radiales de Madrid (R-2 y R-4), la que une la capital con el aeropuerto, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera. Los sobrecostes que las concesionarias de las vías afrontaron a la hora de expropiar los terrenos en los que se construyeron y el desplome del tráfico durante la crisis constituyen los principales factores de su desequilibrio financiero.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que no han recibido el auto judicial que les obliga a reformular el plan para garantizar la viabilidad de las autopistas de peaje en quiebra y ha insistido en que seguirán negociando y trabajando para que la solución tenga un coste cero.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado en una entrevista en RNE que la decisión final será aquella que a priori implique el menor coste para el contribuyente.
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