El Agujero de 4.500 millones de euros que las autopistas de peaje quebradas pueden llegar a crearle a las arcas del Estado es el resultado de una muy mala planificación de las infraestructuras por parte de los, en su día, responsables de Fomento y también de quienes han gestionado ahora el rescate de las concesionarias. Estas autopistas se proyectaron hace una década, en la época de bonanza y al calor del boom de la construcción, con un cáculo de lo que serían los volúmenes de tráfico que no se ha cumplido ni por asomo. También distaron mucho de acertar las previsiones acerca del coste de la expropiación de terrenos: la desviación fue de hasta un 600%. El desenlace ahí está, un negocio ruinoso que podría llevar a tener que liquidar las sociedades concesionarias.
El disparate cometido con las autopistas de peaje y sus consecuencias son tan graves que obliga a que se depuren responsabilidades. Más aún después de que un juzgado de lo Mercantil acabe de anular el acuerdo al que la Administración había llegado para rescatar a las concesionarias. Fomento ya ha anunciado que recurrirá la sentencia y que tratará de renegociar con los acreedores pero, salvo que una instancia superior diga lo contrario, por mor de la denominada cláusula de responsabilidad patrimonial, el dinero para resarcir a los bancos que dieron créditos para estas obras saldrá del bolsillo de los españoles.
Situaciones como esta contribuyen a acrecentar el malestar de los ciudadanos. Tiene difícil explicación que se prorroguen las concesiones de autopistas o de otros servicios que son rentables y que sin embargo, haya que rescatar a las que no funcionan. En España se ha actuado con suma ligereza. Se ha dilapidado el dinero en aeropuertos de los que no despega ningún avión y se han construido autopistas por las que no circulan coches. No son ni una ni dos,son nueve: las radiales de Madrid R2, R3, R4 y R5, la M-12 a Barajas y las AP7, AP36 y AP41.
Las empresas privadas invierten y arriesgan sus fondos como mejor consideran, pero del mismo modo que un directivo que les causara un perjuicio de 4.500 millones tendría que dar cuenta inmediata ante los accionistas, la Administración tiene que explicar a los ciudadanos el uso que hace de hasta el último euro. Por eso no puede pasar por alto este destrozo y ha de exigir responsabilidades a quienes lo han causado.
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