El Ministerio de Fomento y Abertis están enfrentados por lascompensaciones que Acesa, una de las concesionarias del grupo, espera ingresar por la caída del tráfico en la AP-7. Mientras que la compañía prevé ingresar 1.670 millones de euros, el Gobierno solo contempla el pago de 688 millones, en virtud de un dictamen elaborado por el Consejo de Estado que modifica los criterios de cálculo. Podría parecer que el pago de los 982 millones que se cuestionan es un asunto que solo compete a Abertis y al Ministerio de Fomento, pero Standard’s & Poor’s cree que no es así. La agencia de calificación advierte en un informe que el cambio de criterio aplicado, de confirmarse, puede hacerle “replantear los riesgos regulatorios y políticos” a los que se enfrentan las autopistas de peaje, lo que tendría consecuencias sobre el conjunto de las concesionarias y sus calificaciones crediticias.
La agencia se queja en su documento de las dudas que acechan con los cambios introducidos por el Gobierno sobre la “transparencia y la previsibilidad de la normativa”, incluidos los contratos públicos. Se refiere a los cambios de criterios utilizados para compensar la caída del tráfico en la AP-7, pero también a otras modificaciones introducidas por Fomento, como la construcción de carreteras gratuitas paralelas a vías de peaje y el coste de expropiaciones. E incluso acude a referencias a la reforma del sector energético para denunciar cambios de condiciones con carácter retroactivo.
En el caso de Abertis, S&P señala que la compensación puede afectar al desapalancamiento del grupo. “Nuestro rating de BBB en Abertis incorpora nuestra expectativa de que reducirá su deuda ajustada entre 300 millones y 350 millones al año, de porcentaje, hasta 2027”. El problema es que parte de esa reducción está planteada teniendo en cuenta la compensación de 1.670 millones que Abertis espera ingresar en 2021, cuando concluye su concesión en la AP-7 y el Ministerio tendrá que abonar esa cantidad. Si no se contabiliza, afectará sobre los ingresos y el Ebitda y "la reducción de esa compensación puede dejar a Abertis en una posición menos favorable”, señala el informe.
El auditor de Abertis, Deloitte, señalaba en el informe de las cuentas de 2014 la existencia de esa divergencia de criterio para calcular el saldo de compensación. El grupo de infraestructuras se basa en la fórmula aprobada en el real decreto 457/2006, que aprobaba un convenio sellado entre el Gobierno y Acesa. Siempre se tuvo en cuenta el convenio, hasta 2012. Entonces el Ejecutivo expresó sus dudas sobre el hecho de que tuviera que compensar la caída del tráfico por la crisis económica, al considerar que los 16 años de contrato de la concesión era un periodo suficientemente alto como para equilibrar las fluctuaciones. Otro tipo de compensación, por la apertura de vías paralelas gratuitas en la Ap-7/AP-4 sigue pendiente de resolución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario