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martes, 24 de mayo de 2016

El desastre de la planificación de infraestructuras

"Por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones". Mariano Rajoy Brey
Un coche circula por una desierta autopista de peaje R-3. (Reuters)
 Este jueves nos desayunábamos en estas mismas páginas con la más que posible nacionalización de las autopistas de peaje en la próxima legislatura. Técnicamente, la solución adoptada es la no renovación de la concesión a la fecha de reversión del contrato. 'De facto', se trata de una nacionalización, pues es el Estado quien pasaría a controlar la infraestructura, tal y como ocurre actualmente con la mayor parte de red de carreteras nacionales (por parte del Gobierno central) y provinciales (por parte de los respectivos gobiernos autonómicos).

La razón por la que un Gobierno como el del Partido Popular nacionalizaría la red privada de autopistas es exactamente la misma por la que lo haría uno del PSOE, desgraciadamente: la necesidad de ingresos. En la tesitura de recortar gasto o incrementar la presión sobre el contribuyente, este Gobierno ha optado siempre por la segunda. Las primeras noticias sobre esta posibilidad surgieron hace ya dos años, y las razones aducidas entonces son las mismas que las señaladas hoy: compensar el desastre del rescate de las autovías radiales quebradas de acceso a Madrid.
El principal problema del Ejecutivo (este y el siguiente) es conseguir que la facturación de las autopistas sea al menos un 50% de origen no público, pues en caso contrario Bruselas contabilizaría las aportaciones estatales dentro de la cifra del déficit público; es decir, una triquiñuela fiscal, un efecto de trilerismo contable (le robo el término al profesor Rodríguez Braun) por el que el déficit existe, pero no computa. Eso es lo que realmente le preocupa al Ejecutivo, más que la reducción del mismo: que estemos a lo que Bruselas como tal, como si el oculto no hubiese que pagarlo.
Uno podría pensar que la idea es buena: tengo un servicio deficitario (las radiales) que compenso con los ingresos de otro excedentario (las de peaje a nacionalizar). Desgraciadamente, la cuestión no es tan sencilla.
Lo primero que tenemos que considerar es la terrible planificación de las infraestructuras que los distintos gobiernos, aupados por las potenciales concesionarias, han hecho en los últimos 30 años. Por supuesto, nadie jamás ha considerado que una crisis podría llegar (ya llevamos unas cuantas en ese periodo), y siempre se ha entendido que cada una de ellas era la última. Nadie consideró por tanto que descendería el tráfico por carreteras, por ferrocarril y por avión. De este modo, hemos logrado ser la tercera potencia del mundo en kilómetros de autopistas y autovías, la segunda en kilómetros de alta velocidad ferroviaria y posiblemente la primera en aeropuertos públicos sin uso.
En kilómetros de AVE por millón de habitantes somos líderes absolutos, pues contamos con más de 50, casi el doble que el segundo en la lista, nuestro vecino francés. Eso sí, no midan la intensidad de uso, porque entonces no salimos tan bien parados: Japón encabeza la clasificación con más de 160.000 pasajeros por km de vía operativo, muy lejos de los más de 60.000 franceses… y de los menos de 12.000 españoles. En el 'ranking' de carreteras solo nos superan China (112.000 km) y los EEUU (77.000 km); si tenemos en cuenta que la superficie del país asiático es de 9,6 millones de km2 y de 9.1 millones la de los EEUU, bien podemos decir que nuestros 15.000 km (para un país que ocupa el puesto 52 en extensión del territorio a nivel mundial con 0,5 millones de km2) son un hito al alcance de muy pocos. Francia, por ejemplo, cuenta con menos de 12.000 km para una extensión casi un tercio mayor.
El coste de construcción de cada kilómetro de autovía es muy variable, como se indica en el informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea de 2013, oportunamente titulado '¿Se gastan correctamente los fondos de la política de cohesión de la UE destinados a las carreteras?'. Ahí se señala que la UE invirtió entre 2000 y 2013 unos 65.000 millones de euros para cofinanciar la construcción o renovación de autovías, correspondiendo a España más de un 13% de ese importe.
Un tren de la línea del AVE Barcelona-Girona-Figueres. (EFE)
La crítica más importante del alto tribunal de la UE a España es la poca importancia que se prestó a la rentabilidad de los proyectos, desde el momento en que en tres de los cuatro proyectos financiados y auditados el tráfico real era inferior al proyectado. Esta idea de la rentabilidad no es la más popular entre nuestros políticos, que siempre sacuden la cabeza al escucharla mientras apelan a la entelequia del calificativo 'social' para matizarla; una rentabilidad, la social, que curiosamente siempre es positiva para el político y siempre negativa para el contribuyente. “Vale, costó mucho, pero ahí está”.
Del mismo modo, el tribunal critica los sobrecostes, que en el caso español promediaron entre el 20% y el 30% del importe presupuestado. Los costes de la calzada (que solo incorporan los costes de construcción de superficies de rodadura, excluyendo otros importantes) son los que el tribunal considera como más significativos a la hora de efectuar las comparaciones entre países, al eliminar los elementos geológicos.
En ese terreno, el coste de los 1.000 m2 de calzada en España era el segundo más elevado de Europa, solo ligeramente inferior al polaco y casi el doble exacto del alemán. Pero cuando incorporamos a los usuarios del servicio, los conductores, el coste de cada kilómetro de nuestras carreteras en intensidad media diaria anual es el más caro de los auditados por el tribunal, nada menos que cuatro veces el alemán.
Imagen de una de las pistas del aeropuerto de Huesca. (EFE)
Así pues, y a pesar de lo que dice nuestro presidente, por las carreteras españolas siempre han viajado menos coches de los que nuestros políticos previeron. No le sacaremos aquí las cifras de nuestros aeropuertos, pero valga como muestra un botón: el de Huesca-Pirineos contó en 2015 con 242 pasajeros, menos de uno diario; cada uno de ellos nos costó 14.000 euros solo en mantenimiento. Cuando desde Madrid podemos elegir viajar a Toledo, a solo 70 kilómetros, por dos tipos de autopistas (una de peaje y otra pública) o en AVE, es fácil entender que las cosas no se han hecho bien, nunca.
La estructura de gasto de las comunidades autónomas, que jamás han tenido voluntad de competir por sus ingresos, ha fomentado el despilfarro. Siempre han prevalecido los criterios políticos sobre los técnicos, y siempre se han empleado las infraestructuras como moneda de cambio electoral, aprovechando cada líder territorial la contienda para ofrecer más aeropuertos, más kilómetros de tren, mejores estaciones y más autovías.
Como nuevos ricos, lo importante es que los libros se vean en el salón de casa, aunque nadie jamás los haya abierto. Es solo cuestión de tiempo comprobar cómo esas hoy rentables autopistas de peaje que se pretende ahora nacionalizar dejan de serlo y pasan a engrosar la losa que los contribuyentes llevamos a nuestras espaldas. Pero ahí estarán, nos recordarán.

martes, 1 de marzo de 2016

¿Y si hubiéramos medido el progreso en semanas y no en aeropuertos?

Durante la maternidad, paternidad en mi caso, comienzas a utilizar con mucha más frecuencia que antes el concepto de “semanas”. Lo que antes era sólo un conjunto de siete días, o deseabas que llegara a su fin para tener unos días libres, pasa a ser un concepto muy utilizado. 

Pasas a hablar de semanas de gestación, te das cuenta que cuarenta semanas no son 9 meses. Lees libros en los que te dicen cómo está el bebé a tantas o cuantas semanas. Este uso de las semanas cambia después del nacimiento, especialmente cuando llegas a la semana dieciséis. Ahí te das cuenta de dos cosas: de que 16 semanas no son cuatro meses, y de que se termina la baja por maternidad.

También te das cuenta de que tu bebé de 16 semanas es demasiado pequeño como para ir a una guardería. Te das cuenta de que independientemente de la hora de lactancia, dejar a tu bebé en cualquier sitio y trabajar una jornada completa (incluso una media) es incompatible con la lactancia. 16 semanas… no hablemos ya de los 15 días para el padre.

Realmente no me he dado cuenta de este hecho ahora. Sólo que ahora, cuando mi hijo pequeño cumple 16 semanas, la realidad de este país me vuelve a dar una bofetada. Sé, porque lo he defendido con ellos en distintos foros, que ha habido partidos políticos, sindicatos, organizaciones de distintos tipo, que durante años han alertado de la necesidad de ampliar los permisos por maternidad. También se que no se les ha hecho caso, porque otros, quienes podían cambiarlo, decidieron medir el progreso en otras unidades: aeropuertos, autopistas o AVE.

Así, parecía que éramos un país “de primera división” por los km de AVE. Presumían cortando la cinta de una autopista radial que luego no usaba nadie. Era orgullo provincial inaugurar un aeropuerto aunque sólo sirviera para llenar horas de reportajes sobre el derroche en España. ¿Qué hubiera pasado si todos esos hombres y mujeres con poder hubieran querido medir el progreso en semanas en vez de en infraestructuras? ¿Qué hubiera pasado si el dinero de todos hubiera ido a aumentar los recursos y la protección para que quien decide tener hijos?

Seguramente, que no hubieran tenido esa fotografía con tijeras y cinta de la bandera. Por el contrario, estaríamos dando cobertura a quien decide tener niños. Podríamos estar en el camino de solucionar el problema de falta de nacimientos que tenemos en España. Podríamos tener un nuevo nicho de mercado en escuelas infantiles. Podríamos haber medido más semanas antes de dejar a nuestro bebé en la guardería. Podríamos estar trabajando por la igualdad real, compartiendo permisos de maternidad entre madres y padres, una vez terminada la lactancia. Podríamos, en definitiva, poner en primer plano lo que de verdad importa. 

Por último, y por ser justo, no sólo tienen culpa quienes inauguraban infraestructuras. También la tenemos los que los pusimos allí, los que votaron a esa gente que no hablaba de incrementar derechos y protección a la maternidad, de quienes prometiéndolo, no lo cumplieron.

Suelo decir que tenemos lo que nos merecemos. En este caso, tenemos un país que decidió medir su progreso en aeropuertos en vez de en semanas de protección. No se si nos lo merecemos. No se si los padres que no pueden compartir el permiso porque el bebé lactante necesita a la madre lo merece, creo que no. No se si la madre que se ve obligada a interrumpir la lactancia a las 16 semanas lo merece, creo que no. Lo que si se es que los bebés de 16 semanas no lo merecen.

miércoles, 20 de enero de 2016

El Govern pagará 236.000€ a la concesionaria de obras de la carretera del aeropuerto de Ibiza

Carretera del aeropuerto de Ibiza.
Carretera del aeropuerto de Ibiza. 

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha reconocido en una sentencia el derecho de la empresa concesionaria de las obras del nuevo acceso al aeropuerto de Ibiza a ser indemnizada por la Comunidad Autónoma de Baleares con 236.413 euros por las bombas de drenaje que fueron necesarias.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB ha estimado parcialmente un recurso de la compañía contra la desestimación por parte del Govern de la reclamación de una indemnización de 987.043 euros que presentó en enero de 2014 por la concesión de las obras de construcción, conservación y explotación del acceso al aeropuerto ibicenco.

En junio de 2005, la compañía fue la adjudicataria de las obras, durante cuya ejecución surgieron incidencias que motivaron nuevas actuaciones distintas de las previstas y alteraciones del proyecto original que tuvieron un coste adicional que la Administración autonómica cifró en 5.207.065 euros y pagó a la empresa en 2009.

Posteriormente, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB ya fijó una cantidad adicional de indemnización tras un recurso de la compañía por otros 1.296.947 euros, en 2013.

En enero de 2014, la empresa solicitó a la administración el pago de una indemnización adicional por el sobrecoste derivado del mantenimiento y conservación de unas instalaciones provisionales de bombeo de aguas pluviales no previstas en el contrato, por 987.043 euros.

La Administración autonómica rechazó la reclamación al considerar que la instalación de ese bombeo provisional de pluviales se debe a un incumplimiento de la contratista que no ejecutó el drenaje previsto en el proyecto, lo que motivaba inundaciones en la autopista por una "incorrecta ejecución de la obra".

El Govern también alegó que uno de los motivos que hizo necesario el bombeo era la acumulación de tierras de la excavación de la autopista, que la concesionaria colocó en los aledaños, lo que elevó la cota del terreno, impidiendo que el agua evacuara de forma natural por gravedad.

El tribunal rechaza la alegación del Govern, porque un informe de la propia administración reconoce que la instalación de bombas provisionales sumergibles se debió a que el agua no tenía salida "como consecuencia de la falta de definición en el proyecto constructivo".

La sala señala además que la propia administración ya reconoció la necesidad de pagar el coste de mantenimiento de dichas bombas y lo abonó hasta el 29 de diciembre de 2009, en la cantidad de 282.444 euros que pagó dentro de la indemnización inicial de 5,2 millones, "no existiendo razón para que no se abonen los posteriores".

Sobre la acumulación de tierras, el tribunal señala que el proyecto de canalización con el que se solucionó finalmente el problema, construyendo unas balsas de acogida de pluviales y conducciones adicionales, no indica nada al respecto y sostiene que "el problema a solucionar es la falta de salida de las aguas al mar".

A pesar de la "falta de colaboración de la Administración" en verificar el desglose de la reclamación, el tribunal calcula que la cuantía a indemnizar es de 236.413 euros y no los 987.043 que reclamaba la compañía, al suprimir algunas de las partidas por injustificadas, otras por no acreditadas y rebajar otras por excesivas.

La cantidad corresponde a los costes de mantenimiento del bombeo entre diciembre de 2009 y diciembre de 2013. La sentencia recoge que la empresa ha anunciado que reclamará por separado los costes de mantenimiento posteriores, hasta octubre de 2014, fecha en la que dejó de prestar este servicio.

martes, 19 de enero de 2016

OHL rebajará en 240 millones su deuda por la M-12

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OHL estima que la liquidación de las sociedades concesionarias de la autopista Eje Aeropuerto-M-12, que conecta la capital con el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, propiciará una rebaja de la deuda bancaria del grupo de 240 millones de euros.

El juzgado de los Mercantil número 2 de Madrid dictaminó el pasado octubre la resolución y liquidación del contrato de concesión de la autopista de peaje. La Administración Concursal tomó el mando de la concesión y, por tanto, desde dicho mes el grupo de construcción y servicios desconsolida las sociedades concesionarias Aeropistas y Eje Aeropuerto Concesionaria Española. Esto implicará menores pasivos y activos, así como una menor deuda financiera.

En una respuesta a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), OHL señala que "no prevé que la disolución de ambas sociedades (Aeropistas y Eje Aeropuerto) tenga impacto contable en el valor neto en libros consolidado a esta fecha pero, no obstante, procederá a evaluar de nuevo la situación" al cierre de 2015.
La responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) asociada la concesión se estima en 305,47 millones de euros, de los que 268,49 millones corresponden a la construcción de la autopista y 36,97 millones a las expropiaciones derivadas de la ejecución del proyecto.

La M-12 fue la segunda autopista de peaje en entrar en liquidación, tras la AP-36 Ocaña-La Roda.

miércoles, 16 de diciembre de 2015

Del 'prometo' al 'omito'

Entrada al peaje de la autovía de circunvalación de Alicante. 
Los principales partidos políticos que concurrirán el próximo domingo a las elecciones generales no hacen ninguna mención específica a la las grandes asignaturas pendientes de la Comunidad en materia de infraestructuras en sus programas electorales. Ni siquiera al Corredor Mediterráneo, en el que parecen estar todos de acuerdo. En todo caso se refieren a los proyectos contemplados en la Red Transeuropea de Transportes. De las antiguas promesas electorales explicitadas en los respectivos programas no queda nada, tan sólo vaguedades perfiladas por la ideología de cada partido, casi nunca contundentes.

Transporte por ferrocarril: AVE y cercanías. Los programas electorales de los partidos apenas se diferencian. Todos hablan de mantener el AVE e impulsar las cercanías. En un extremo está el PP que aboga directamente por fomentar «un mayor uso del ferrocarril de alta velocidad y larga distancia, a través de una política tarifaria accesible para todos los ciudadanos [...] que potencie la utilización por parte de los mismos de los servicios de Alta Velocidad» sin que ello impida priorizar en «las inversiones en la red ferroviaria de cercanías, impulsando mecanismos para mejorar la capacidad y reducir los tiempos de viaje». 

En el otro extremo está Podemos quienes apostarán por «la finalización de las obras de las inversiones en grandes infraestructuras» junto con la «paralización de todas las que no hayan sido ejecutadas».  En este sentido también afirman que apostarán por «el uso de la media y larga distancia» así como: «Transformaremos la red viaria de AVE, tras los pertinentes análisis y estudios técnicos, y convertiremos algunos de sus tramos en líneas de menor velocidad que tengan una mayor frecuencia de paso y un mayor número de paradas intermedias entre los recorridos. Igualmente, garantizaremos un despliegue que no sea exclusivamente radial, con el fin de lograr un mayor acceso ciudadano al ferrocarril y vertebrar de una manera más justa y equilibrada la movilidad dentro de nuestro territorio». Ciudadanos, por su parte, es el único que introduce el concepto del «soterramiento de las vías que representan una barrera física en las áreas urbanas de alta densidad de población». 

Alicante está pendiente de un soterramiento integral de las vías de Renfe y la construcción de una estación intermodal. Y el PSOE apuesta, como sello propio, por un plan de transporte de cercanías de las grandes ciudades y áreas metropolitanas. Torrevieja y Benidorm podrían ser dos de las ciudades que se podrían beneficiar de esta iniciativa.

Transporte por carretera: Variantes, saturación y peajes. El programa del PP es el único que contempla la construcción de variantes y mejora de las autopistas y autovías con nuevos carriles. Concretamente afirma que «fomentaremos el desarrollo de nuevos itinerarios viarios de alta capacidad y el aumento de la capacidad y calidad de la Red de Carreteras mediante el aumento del número de carriles donde sea necesario. Seguiremos impulsando variantes de trazado en nuestras ciudades, para independizar los movimientos de largo recorrido de los desplazamientos propios de las áreas metropolitanas. Desarrollaremos un programa de regeneración de travesías urbanas, para impulsar la regeneración y mejora de las travesías urbanas de aquellos núcleos en los que se haya construido una variante». Ciudadanos también habla del mantenimiento de las carreteras con un incremento del presupuesto en éste capítulo. Su aportación más significativa, no obstante, es la posibilidad de aumentar los peajes: «Estudiaremos diferentes opciones para la tarificación a los usuarios en vías de alta capacidad por carretera, con el fin de acabar con diferencia de criterios aplicados a las vías de alta capacidad libres y de peaje». Muy al contrario el PSOE afirma explícitamente: «No se alargará la concesión de ninguna autopista una vez que esta haya expirado», tras apostar por implementar «sistemas Smart Road (Carretera inteligente) que aumenten el nivel tecnológico de nuestra red viaria y la permita ser referente a nivel internacional en dicho ámbito».

Puertos y aeropuertos. En transportes marítimos y aéreos los programas mantienen la tónica general de indefinición. El del PP recoge la inversión de «recursos del nuevo Fondo de Accesibilidad Terrestre-Portuaria a mejorar la conexión viaria y ferroviaria con los puertos». El PSOE, por su parte, propone la simplificación «del sistema portuario de titularidad estatal, reduciendo el número de Puertos de Interés General y el de Autoridades Portuarias y promoviendo la gestión de más de un puerto por una única Autoridad Portuaria». Ciudadanos potenciará «el transporte marítimo de corta distancia y corredores de las Autopistas del Mar» ampliando la «capacidad y modernización de los puertos existentes»

jueves, 3 de diciembre de 2015

Podemos congelará la obra pública si gana las elecciones

Si Podemos tiene la oportunidad de gobernar tras las elecciones generales del próximo día 20 de diciembre, el sector de la construcción podría encontrarse al cabo de unos meses al borde de la parálisis total. Según su programa electoral, si la formación gobierna apostará por “la finalización de las obras de todas las inversiones en grandes infraestructuras que ya estén adjudicadas -AVE, autopistas, aeropuertos, dársenas portuarias- y por la paralización de todas las que no hayan sido adjudicadas”. 

No habría nuevos proyectos hasta que se realizara una “auditoría de las grandes infraestructuras para clarificar la naturaleza de las decisiones de cada construcción y sus costes reales, a fin de establecer responsabilidades y evitar que se repitan los casos de aeropuertos fantasma, autopistas de peaje vacías o iniciativas como el proyecto Castor de Castellón”. Las nuevas contrataciones se harían contando con “mecanismos de transparencia y participación ciudadana” que incluirían las variables “social, ambiental y económica”, si bien Podemos no detalla de que forma involucrará a los ciudadanos en la construcción de nuevos tramos de alta velocidad o de autopistas.

El sector de la construcción ha sufrido muy duramente los embates de la crisis, pero sigue teniendo una importancia relevante en el peso de la economía a pesar de que la inversión pública se encuentra ya en niveles bajos en relación a los años previos a la crisis. El año pasado, su valor añadido bruto al PIB fue del 9,6% y daba empleo a 926.000 personas, el 5,1% del total de la población activa, según datos de la patronal del sector, Seopan. Las compañías abonaron en sueldos 20.982 millones de euros y en cotizaciones sociales 5.933 millones. También aportaron 1.670 millones de euros en otros impuestos.


domingo, 8 de noviembre de 2015

Rechazan ampliar el aeropuerto y la autopista Córdoba-Toledo

Rechazan ampliar el aeropuerto y la autopista Córdoba-Toledo -
El grupo de Inversiones e Infraestructuras integrado en el plan creado por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para facilitar el emprendimento y el desarrollo económico de Córdoba, ha descartado como prioritaria la construcción de una nueva pista del aeropuerto de Córdoba por la mejora de vías ferroviarias para pasajeros, aunque considera que el aeródromo podría potenciarse a nivel andaluz para el transporte de mercancías, y ha rechazado también la ejecución de la autopista Córdoba-Toledo "por existir vías alternativa" y el nuevo Archivo Histórico Provincial "porque existen proyectos más atractivos turísticamente".

En su declaración de ayer, la alcaldesa hizo mención a los tres grupos constituidos en ese plan para promover el desarrollo, la generación de empleo y riqueza en la ciudad, en los que se integran los seis grupos municipales y los agentes económicos y sociales. Al de Inversiones e Infraestructuras se une los de Nueva Economía y Economías Consolidadas. Los citó para señalar que el gobierno municipal quiere liderar un proyecto de ciudad que sea respaldado por la mayoría de los ciudadanos.

Pero si rechazan los proyecto mencionados anteriormente, este primer grupo cree que se debe priorizar la peatonalización de las zonas comerciales de los barrios, así como la construcción de aparcamientos para apostar por el comercio de cercanía, la remodelación del Palacio de Congresos para atraer certámenes de medio tamaño durante la semana, así como la apertura del C4 como centro polivalente, la redefinición de los parques industriales adaptándolos a la nueva realidad empresarial, los medios de transporte y logística, en general, y cercanías, en particular, servicios digitales e informáticos que hagan de Córdoba una ciudad moderna y dinámica, atractiva para la inversión y la convivencia, el aprovechamiento de la Sierra y el Parque Halal como proyecto agroalimentario.

jueves, 22 de octubre de 2015

El juez declara la liquidación de la autopista de peaje a Barajas

Autopista de peaje M12, que une Madrid con el aeropuerto de Barajas. / CLAUDIO ÁLVAREZ
El problema de la viabilidad de las autopistas de peaje ha terminado por estallarle a la Administración en las manos. Tras años en busca de una solución que no terminaba de llegar, los jueces han declarado la liquidación de una de las autopistas que se pretendía agrupar para hallar una solución conjunta al problema. La constructora OHL ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que sus sociedades Aeropistas S.L.U. y Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española S.A.U., que explotan el tramo de peaje entre Madrid capital y el aérodromo de Barajas, han sido declaradas en liquidación.
El mismo juzgado ya abrió la fase de liquidación de la AP-36 Ocaña-La Roda, tras rechazar el plan de rescate que Fomento aprobó como propuesta de convenio por considerar que presentaba "defectos de legalidad".
En un auto, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, acuerda la disolución de las dos sociedades, que se hallan en concurso de acreedores, tras la inadmisión de los dos convenios de acreedores presentados.
"A raíz del auto citado se inicia la fase de liquidación de ambas sociedades y como consecuencia de ello nace para la administración la obligación legal de resolución del contrato de concesión y con ella la del pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)", señala OHL en el hecho relevante remitido a la CNMV.
Con eso, se pone en cuestión la tesis del Ministerio de Fomento, que ha venido defendiendo que el rescate de las autopistas no tendría coste para el Estado, pero que no ha sido capaz de encontrar una solución al problema.
"Además de lo anterior se monetizarán la totalidad de los activos de ambas sociedades, tanto bienes como derechos, a los efectos de permitir el pago de los acreedores y, en su caso, de los accionistas", añade. OHL no facilita cifras de la deuda de esta concesionaria. Durante esta fase cesan en su función los administradores, siendo sustituidos por la Administración concursal.
Además de esta autopista de peaje al Aeropuerto de Madrid Barajas, varias autopistas de peaje están en concurso de acreedores y se van acercando a la fase de liquidación sin que haya una propuesta de convenio aceptada. Con ello, corren el riesgo de desatar también la responsabilidad patrimonial de la Administración, de modo que el Estado tenga que hacer frente a un rescate de miles de millones de euros
Las autopistas en problemas se construyeron siguiendo un sistema por el que las constructoras se hicieron cargo de las obras a cambio de la concesión para explotar las vías a largo plazo, de modo que la infraestructura no exigía desembolsos públicos. Pero las empresas pidieron para la construcción capital a la banca, y como aval, contaron en algunos casos con el respaldo del Estado a través del mercanismo de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ahora, la banca exige recuperar sus préstamos y si los acreedores pueden solicitar que sea el avalista, es decir, el Estado, el que asuma el problema.

viernes, 24 de julio de 2015

Infraestructuras e inversión pública, el ‘circo de los horrores’ versión española

Aeropuerto de Ciudad Real. | EP
La compra de un aeropuerto que costó construir 450 millones por 10.000 euros. Pagos multimillonarios por demandas de expropiación en la construcción de autopistas de peaje. Un túnel de AVE en concurso de acreedores voluntario. Todo en un día. La locura de inversiones en infraestructuras en España, la gran mayoría públicas, genera pérdidas y rocambolescas noticias día tras día.
La fiebre constructora en España ha sobrepasado límites que no se conocen en ningún otro país desarrollado. El zenit megalómano ha llegado con las vías de transporte, España se sitúa en el ranking de los tres tipos de transporte principales:
  • Bronce en longitud de autovías, una gran parte de ellas han sido rescatadas.
  • Prácticamente oro en el número de aeropuertos por millón de habitantes, en total hasta 52 (Alemania con el doble de población tiene 52).
  • Doble récord mundial en AVE: oro por ser mayor número de kilómetros de AVE por millón de habitantes, alcanzará los 79 con las nuevas construcciones (casi doblando al segundo).También oro en ser el que menos lo usa, según un estudio publicado por Fedea Daniel Albalate y Germá Bel, profesores de la Universidad de Barcelona.

Nadie puede llevarse a engaño, la quiebra del túnel transfronterizo del AVE no es la primera ni única infraestructura privada que debe rescatar el Gobierno. Entre otros grandes nombres están: las ocho autopistas de peaje, el almacén de gas Castor o los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real (promovido por iniciativa privada y vendido una parte de él por apenas 10.000 euros).
El túnel del AVE bajo los Pirineos que une España y Francia no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo para reestructurar su deuda, ni bancos ni los Gobierno de Francia o España. La sociedad encargada de ejecutar y explotar la instalación era TP Ferro, sociedad constituida al 50% por ACS y la francesa Eiffage, ha solicitado concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Girona.
Aunque viene de atrás, en concreto, la firma había solicitado tutela de la Ley concursal desde el pasado mes de marzo. Entonces se acogió al ‘preconcurso’ y ha tenido hasta el viernes para reestructurar la deuda que ha sido imposible.
El problema viene con quien se va hacer cargo de la situación y el dinero público que ya se ha invertido. El proyecto supuso una inversión de 1.000 millones de los cuales 600 son públicos. Además, con motivo de los retrasos, se puso en funcionamiento un año después de lo previsto, y no poder cobrar el por ejecutar el servicio (la intención era cobrar un canon a los trenes que cruzaban) el Gobierno pagó a TP Ferro 109 millones de euros.
La jugada de Florentino podría repetirse de la echa en Castor. Bajo la batuta de José Luis Rodríguez Zapatero se firmó uno de los casos más sangrantes que ha tenido España en los últimos tiempos, la del almacén subterráneo de Castor.
El Gobierno socialista garantizó a las constructoras que fueron ACS al 66% y la canadiense CLP al 34%, la “recuperación de la inversión” en caso de producirse “caducidad o extinción” y también en caso de “dolo o negligencia de la empresa la única con esa condición de las tres grandes infraestructuras de este tipo que son la misma Castor, Yela y Gaviota.
En conclusión, alguien firmó un contrato en que si la otra parte actúa con dolo o negligencia se indemnizaba a esa parte. Algo inédito en el derecho y que costará a los españoles 1.000 millones. Ahora, al igual que antes con la quiebra de la explotación es el Estado el que debe rescatar (con dinero público) a la empresa. En definitiva, si la cosa va bien la empresa se queda con la explotación y si va mal el Estado te devuelve el dinero puesto a lo que se suma el dinero que te ha pagado por construirlo.
El Consejo de Ministros ha aprobado un suplemento de crédito en el Ministerio de Fomento para pagar las sentencias dictadas sobre las expropiaciones para la construcción de las autopistas de peaje,en total 236 millones. La cosa no acaba ahí porque esos 236 millones (20 euros de cada familia) se unen a los 4.192 millones que ya están disponibles para afrontar las sentencias correspondientes a indemnizaciones. Descrito de otra manera, cada familia pagara más de 370 euros porque el proceso de expropiación de las carreteras privadas, posteriormente rescatadas por el Gobierno, se hizo mal.
La cosa no acaba en los más de 4.000 millones que deben pagar entre todos los españoles porque todavía quieren sangrarlos más. Una de las últimas propuestas que realizó Seopan, la patronal de grandes constructores, fue la de establecer un peaje en las autovías ya construidas con dinero público. La cosa era la siguiente: el ciudadano paga a través de impuestos la construcción de una carretera (se habla de las públicas), después vuelve a pagar por su uso y encima los ciudadanos rescatan las realizadas por empresas privadas a través del rescate que se ha producido.
Obviamente, las constructoras lo demandan con afán de ayudar a recaudar al Estado, para acto seguido pedir ese dinero para que ellas mismas lleven a cabo las reparaciones y nuevas construcciones. Además, ese dinero (lo cifraron en más de 6.000 millones) serviría para financiar el plan de inversiones, es decir, más obras y más vías de transporte.
Al final el dinero son para ellas, las mismas que se han beneficiado de construir líneas de AVE sin pasajeros, con túneles tapiados o el ejemplo de las ruinosas radiales. Solo para este año el gobierno de Mariano Rajoy dedicará en 2015 casi la mitad del presupuesto del presupuesto de Fomento en seguir expandiendo las vías. En concreto:
Madrid – Galicia: 891 millones de euros.
Corredor mediterráneo: 1.359 millones de euros.
Boadilla – Granada: 307 millones de euros.
Corredor del Norte (El cual es más barato cerrarlo directamente): 1.197 millones de euros.
Madrid – Lisboa: 204 millones de euros. Aunque solo llegará a la frontera con Portugal, ya que, el país luso ha dicho por activa y por pasiva que no construirá su parte.

miércoles, 13 de mayo de 2015

La obra pública sale de la campaña

Año 2000. Los vientos económicos soplan a favor de España y el país se aproxima a un crecimiento de su PIB próximo al 5%. Son tiempos de milagro económico, y el PP enfilaba las elecciones generales de marzo de forma muy similar a la que lo hace hoy: presumiendo de recuperación macroeconómica. Pero había una diferencia, el programa electoral de Aznar prometía a los votantes obra pública a raudales, «potenciando las infraestructuras con inversiones superiores al PIB nacional».

Cuando llegó la crisis, los mismos documentos de campaña matizaron sus propuestas y apostaban por «fomentar la colaboración público-privada para mantener el esfuerzo inversor», sin renunciar en ningún caso al popular y rentable en términos políticos crecimiento de la red de aeropuertos, autopistas o kilómetros de Alta Velocidad ferroviaria.

Hoy, lanzados ya los comicios del próximo 24 de mayo y a unos meses de las generales, ni formaciones tradicionales ni nuevas alternativas hablan en sus programas de nuevas inversiones en grandes infraestructuras, vinculadas hoy muchas de ellas a la imagen del despilfarro y la falta de planificación por su escasa demanda o la ruina económica en la que se han convertido.

Casos sonrojantes como los aeropuertos de Ciudad Real, Castellón o Murcia; los túneles de Pajares para el AVE o el agujero de 4.500 millones de las radiales justifican un ajuste radical en la inversión en obra pública. Con una política presupuestaria centrada en atajar el déficit, ni el Ministerio de Fomento, ni las consejerías de Obras Públicas han sido motores para salir de la crisis. Entre 2008 y 2014, Fomento ha reducido un 62% el importe de sus licitaciones para la construcción, un descenso inferior al de las administraciones autonómicas (81%) y las locales (69%). Con el exceso de capacidad de las infraestructuras, la resaca presupuestaria para obra pública se mantiene. El PP señala en su programa marco para las elecciones -una especie de guía para la configuración de los documentos a nivel local o autonómico- que la política de infraestructuras debe conllevar «el máximo rigor en la selección de inversiones y una mayor adecuación a las necesidades reales de los ciudadanos».

El PSOE de Pedro Sánchez va incluso más allá e introduce en su programa la obligación de «primar el mantenimiento de las infraestructuras actuales sobre la nueva construcción». Ambas formaciones sí coinciden en que, en todo caso, las nuevas inversiones deberán ir dirigidas a potenciar las conexiones terrestres y energéticas con Europa.

Podemos y Ciudadanos, las nuevas alternativas que pueden lograr una representación notable en parlamentos autonómicos y consistorios, van más allá y llegan a plantear incluso la suspensión de las inversiones actuales en obra pública para reorientar los fondos a otros servicios.

El partido que dirige Albert Rivera focaliza este ocaso de las infraestructuras en el AVE. «Debemos dar por concluida esta enorme inversión tras haber conseguido que España tenga la segunda red de AVE más extensa del mundo después de China. El AVE sólo tiene sentido en lugares con altísima densidad de población, cosa que no ocurre en casi ningún corredor en España», explica en su programa económico.

Lo cierto es que el AVE no es el único ejemplo del sobredimensionamiento de las infraestructuras en España. Carreteras sin tráfico, aeropuertos sin aviones y centrales eléctricas de última generación paradas por falta de uso forman ya parte del mapa nacional.

ENERGÍA

El boom del megavatio registrado en los últimos años ha dejado un sistema eléctrico sobredimensionado, capaz de abastecer un 40% más del consumo actual del país. El fuerte desajuste entre oferta y demanda ha llevado a que muchas de las centrales de gas que se construyeron en los primeros años del siglo funcionen hoy al 10% de su capacidad, situación que ha llevado a sus propietarias -las grandes eléctricas- a solicitar su cierre y desconexión de la red una vez finalizado el periodo de ayudas a la inversión. A pesar de esa sobrecapacidad, el sistema no ha parado de crecer año tras año hasta el estallido de la burbuja energética, en 2014.

Los informes que maneja el Ministerio de Industria apuntan a que con la capacidad actual podría cubrirse la demanda energética del país más allá de 2020. El consumo de luz se encuentra en un pozo tras caer de forma consecutiva durante los últimos cuatro años. Además, no está prevista una rápida recuperación de la demanda por la incorporación de las medidas de eficiencia, que ha desligado su comportamiento de la fuerte mejora a nivel macroeconómico. Este año, por ejemplo, la demanda de luz sólo acumula un repunte del 1,2%, mientras el PIB podría crecer hasta un 3%.

CARRETERAS

Como en el caso de los aeropuertos o el AVE, el exceso de capacidad es más que evidente. Pero más allá del agujero de 4.500 millones de euros dejado por la quiebra de las radiales, aún sin solución, el mayor problema al que se enfrenta la inversión en carreteras es como financiarla. ¿Peajes en las autovías? Nuevamente, casi imposible desde un punto de vista político. Con la carencia de presupuesto público la colaboración con el sector privado parece inevitable, pero la quiebra de las radiales ha dejado en evidencia un modelo que ya no ofrece garantías jurídicas a ninguna de las dos partes.

AEROPUERTOS

Los gestores aeroportuarios como Aena suelen calificar la capacidad sobrante como un bien escaso y por lo tanto, una fortaleza. Es un argumento a favor de Barajas, que opera a algo más de la mitad de la capacidad que ganó con inversiones de 6.000 millones de euros en 2006. Pero no sirve para la treintena de aeropuertos que incluso operando en mínimos para optimizar su tráfico ajustando costes registran pérdidas. ¿Es planteable el cierre de los que en los 365 días del año ven pasar el equivalente a entre dos y 10 A320? Desde un punto de vista político, resulta casi imposible. Eso sí, Aena ahora privada en un 49%- se ha blindado contra las promesas electorales limitando sus inversiones medias anuales a 450 millones de euros hasta 2025, es decir, poco más de 10 millones por aeropuerto.

ALTA VELOCIDAD

Aunque rompedora, la propuesta de Ciudadanos de paralizar el despliegue de Alta Velocidad llega cuando la Administración central se ha dado cuenta que los planes trazados son económicamente insostenibles. La realidad de los 3.000 kilómetros de AVE es que no resultan rentable y el Estado debe multiplicar su número de viajeros varias veces para soportar el enorme peso que suponen los 18.000 millones de euros de deuda acumulados en la última década sobre Adif. No se puede frenar el AVE en seco, salvo que se quieran abandonar 14.000 millones de euros ya comprometidos y suicidarse electoralmente en Galicia o el País Vasco. Nominalmente, Fomento aún sostiene que su plan es que nueve de cada 10 ciudadanos estén a menos de 30 kilómetros de una estación de alta velocidad, pero la realidad es que la austeridad ya ha tocado al AVE, que en las conexiones que se estrenan este año ya cuenta con menores prestaciones (vía única, velocidad, estaciones sin soterrar...) que lo planificado. Será difícil que futuras administraciones repliquen el delirante desarrollo llevado a cabo en la pasada década, con una inversión cercana a 50.000 millones de euros.

jueves, 23 de abril de 2015

Abertis abandona los aeropuertos para centrarse en autopistas de peaje

Abertis deja el negocio aeroportuario al vender a Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) sus dos últimas participaciones en aeropuertos por 177 millones de euros. La compañía se ha desecho de sus participaciones en las sociedades concesionarias del aeropuerto de Montego Bay (Jamaica) y de Santiago de Chile (Arturo Merino), que controlaba a través de la filial DCA. Las plusvalías por la operación ascienden a 40 millones de euros.

La mayor parte de los ingresos proceden del aeropuerto jamaicano, que acaba de ampliar el plazo concesional, ya que la concesión chilena estaba a punto de expirar y el Gobierno de ese país ya ha elegido a una nueva empresa para explotar el aeropuerto Arturo Merino, que estrenará una nueva terminal.

Abertis entró de lleno en el negocio aeroportuario en 2007, cuando compró los aeropuertos de ACS por 271 millones de euros. Ocho años después, la compañía ha abandonado el mercado con plusvalías de 50 millones de euros.

La comisaria Bulc anima a "armonizar" los sistemas de peaje en la UE

Foto: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
La comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, ha animado este viernes a todos los estados miembros a "armonizar" sus peajes como vía para conseguir ingresos con los que mantener sus redes viarias sin distorsionar el mercado único.

Durante su comparecencia ante las comisiones Mixta (Congreso-Senado) para la UE y de Fomento de la Cámara Baja, la responsable comunitaria ha defendido la importancia del sector de las infraestructuras para potenciar el desarrollo económico de toda la unión, generar oportunidades de empleo e impulsar la industria.

Un marco en el que el papel de la Comisión Europea (CE) es "crear la estandarización necesaria" y "establecer un entorno regulatorio favorable" para la modernización europea, algo que en el ámbito de las carreteras pasa, entre otras cosas, por extender la aplicación del principio de 'quien contamina, paga' y 'quien usa, paga'.

"La CE seguirá alentando a los estados miembros a aplicar esos principios de manera armonizada", ha subrayado la representante eslovena, que defiende que, en el ámbito del transporte por carretera, la mejor traslación práctica sería un sistema de peajes "armonizado" con el que obtener ingresos "suficientes para mantener las infraestructuras" sin generar una "situación más costosa" y sin perjudicar a los operadores de unos países con respecto a los de otros.

"Estamos en una sociedad moderna y digital, y deberíamos ser capaces de ofrecer medios para cobrar conforme a la distancia recorrida, y que ese dinero revierta en los diferentes países para que puedan mantener sus infraestructuras viarias", ha insistido la responsable de Transportes.

Sin embargo, Bulc no ha mencionado en ningún caso el futuro de la euroviñeta, rechazada en países como España e Italia, cuyo carácter periférico supondría unos precios más caros para sus transportistas, que deben recorrer un mayor número de kilómetros para llegar al centro de Europa.

Por otra parte, ha recordado que en 2016 el Ejecutivo comunitario presentará un paquete de carretera "exhaustivo" donde se abordarán los diferentes problemas del sector, y ha invitado a los parlamentarios españoles a participar en su diseño en los debates que se celebrarán a finales de junio y principios de julio.

Finalmente, Bulc ha reconocido el "encomiable" esfuerzo realizado por España para reducir sus datos de siniestralidad y ha invitado a nuestro país a compartir sus experiencias con otros estados miembros donde aún se producen muchos accidentes para ayudarles a avanzar, porque "70 fallecidos en las carreteras europeas en 2014 es una cifra inaceptable".

Con respecto al sector ferroviario, la comisaria ve "resultados alentadores" en la negociación del cuarto paquete, y ha animado a España a incrementar las conexiones con los puertos y el uso de la capacidad ferroviaria para el transporte de mercancías, lo que haría que la explotación de las líneas fuera más rentable.

Además, ha confiado en que todos los estados miembros cumplan los compromisos firmados --tanto en plazos como en inversiones-- en materia de construcción de los corredores ferroviarios europeos. "No tengo motivos para dudar de que no lo vayan a hacer", ha insistido, ante la preocupación expresada por algunos parlamentarios de la oposición.

En este sentido, Bulc ha destacado que parte de la financiación europea prevista para el periodo 2014-20 se destinará al sector ferroviario, incluyendo fondos del Plan Juncker, y confía en que esos recursos atraerán también inversiones privadas.

En materia de aviación, la Comisión se dice "comprometida con el fomento de la competitividad" de un sector muy relevante para la economía europea, apoyo que se plasma en el diálogo abierto sobre el paquete de aviación, que se espera pueda estar aprobado este mismo ejercicio en aras a ofrecer "soluciones positivas" a los diferentes operadores.

En este punto, la responsable de Transporte se ha referido también al accidente de Germanwings de finales de marzo, que costó la vida a 150 personas --entre ellas medio centenar de españoles-- al estrellarse un avión en los Alpes franceses, subrayando que hay "muchas iniciativas" en tramitación relacionadas con la seguridad aérea.

"También habrá una revisión exhaustiva de los reglamentos, para ver cuáles podrían estar obsoletos o no ser necesarios o cuáles tenemos que tener en cuenta para modernizarlos. Desde luego, el accidente nos hará ser todavía más conscientes de cuáles son los elementos nuevos que debemos tomar en consideración de cara al paquete de aviación", ha apostillado.

Con relación a los puertos, ha valorado el esfuerzo inversor realizado por España para mejorar sus capacidades pero ha subrayado que aún hay que trabajar en la interconectividad, sobre todo ferroviaria, y en los servicios asociados para poder aprovechar las oportunidades que ofrecen.

Igualmente, la comisaria defiende la necesidad de una "mayor integración a todos los niveles" entre las infraestructuras portuarias comunitarias y el sector del transporte marítimo, aprovechando por ejemplo las nuevas tecnologías para mejorar el control de las rutas o reforzar y agilizar los servicios.

Antes de despedirse, Bulc ha animado a los parlamentarios a incrementar el contacto con la CE para conseguir una mejor integración de las infraestructuras europeas y también a mejorar la comunicación con los ciudadanos, centrándose sobre todo en los objetivos transversales de la actuación de la Dirección de Transportes: la digitalización, la internacionalización y el incremento de la independencia del suministro energético.

Por su parte, el 'popular' Andrés Ayala ha reafirmado el compromiso de su grupo con la profundización de la integración europea y la normalización reglamentaria, aunque ha insistido en que "es trascendental" que eso no suponga un "trato discriminatorio" para ciertos sectores en algunos países, como podría suceder con una euroviñeta aplicada a españoles o portugueses, entre otros.

Además, ha pedido una "especial atención" para la Península Ibérica en la asignación de la financiación y ha coincidido con la comisaria en que la normativa de seguridad aérea debe estar en "permanente estado de reciclaje" porque pese a ser el "transporte más seguro" también es el que sufre los accidentes "más terribles y con mayor número de víctimas".

El socialista Juan Luis Gordo, por su parte, ha coincidido en la importancia del sector del transporte en el ámbito económico, social y medioambiental, y ha puesto en valor los "enormes esfuerzos" realizados por España en los últimos años con el desarrollo y la buena gestión de sus infraestructuras.

Por eso, ha pedido apoyo financiero de la UE para avanzar en la construcción de los corredores ferroviarios y las conexiones intermodales con los puertos, y ha reclamado que "antes de liberalizar" los ferrocarriles se "corrijan los desajustes de los modos de transporte" en Europa y se "armonicen" las actuaciones entre los estados miembros.

Pere Macias, de CiU, ha apoyado la aplicación de una euroviñeta y se ha quejado del retraso en las obras del Corredor Mediterráneo, un asunto que también preocupa a Joan Sabaté, senador por Entesa pel Progrés de Catalunya, que teme que "fiar una parte importante" de la financiación de estos proyectos al Plan Juncker cuando aún no sabe cuánto dinero privado será capaz de movilizar es arriesgado.

Finalmente, Isabel Sánchez Robles, del PNV, ha preguntado a la comisaria su opinión por las "voces que cuestionan la rentabilidad de las inversiones en alta velocidad", en referencia a Ciudadanos, y ha defendido que los recursos públicos se apliquen a las infraestructuras con alta rentabilidad social y económico para no "gastar y perder oportunidades".