Ciudadanos lleva al Congreso el pago de las indemnizaciones pendientes por la construcción de la AP-7

El diputado de Ciudadanos por Murcia, José Luis Martínez, ha presentado una pregunta al Gobierno en funciones interesándose por la situación actual de los afectados -en su mayoría agricultores- por las expropiaciones forzosas para la construcción de la autopista AP-7 Cartagena-Vera.

En concreto, Martínez inquiere al Gobierno "si se ha marcado algún plazo para abonar a los afectados las indemnizaciones que les corresponden, después de los casi diez años transcurridos desde el inicio del proceso", según han informado fuentes de la formación naranja en un comunicado. 

Además, también se pregunta al Ejecutivo en funciones "si tiene constancia del número de afectados por las expropiaciones pendientes de cobrar y por el montante total de dichas indemnizaciones, que deberá abonar el Gobierno central después de que la concesionaria de la autopista, Aucosta, entrara en concurso de acreedores". Y es que, en 2014, el Tribunal Supremo resolvió en 2014 que fuera el Gobierno central quien asumiera el pago de las indemnizaciones en las autopistas cuyas concesionarias se encontraran en concurso de acreedores. 

El fallo confirmó otra sentencia similar del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que condenaba al Ministerio de Fomento -más concretamente, a la Demarcación de Carreteras de Murcia- y al Jurado de Expropiación Forzosa al pago de 282.177 euros más interés a un grupo de afectados de la Región. La autopista Cartagena-Vera, de 115 kilómetros de longitud, se puso en servicio en marzo de 2007 tras una inversión de 650 millones de euros, con el fin de convertirse en una vía de continuación de la AP-7 y canalizar tráficos turísticos y de otras poblaciones de la zona. 

La vía contabilizó un tráfico medio diario de 3.000 vehículos según datos actualizados de 2016. Su construcción supuso la expropiación de una amplia zona de cultivo, especialmente en el Campo de Cartagena, afectando también a propietarios de los municipios de Lorca, Mazarrón, Águilas y Fuente Álamo. Su concesionaria, Aucosta, fue declarada en concurso voluntario de acreedores en 2012 por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid con un pasivo de unos 550 millones de euros.

20 Minutos.es 19/03/2016

El plan de fomento para que los camiones utilicen autopistas incluye una de las que se rescatarán

El plan del Ministerio de Fomento para que los camiones de gran tonelaje utilicen autopistas como alternativa a carreteras muy congestionadas, se aplicará en 16 tramos entre los que se incluye el de Cartagena-Vera de la AP-7, que se encuentra en quiebra.

La concesionaria de este tramo es Aucosta, propiedad de la constructora Ploder Uicesa (54%), Global Vía (36%) y de Cajamar y Unicaja (ambas entidades con un 5%), y este trayecto formará parte de la sociedad pública que aglutinará las autopistas quebradas.

El tramo figura en el borrador del proyecto que maneja el Ministerio de Fomento al que ha tenido acceso Servimedia, que contempla una longitud total de 1.360,6 kilómetros del conjunto de los 16 tramos previstos.

La medida de Fomento contempla la prohibición de la circulación de los vehículos pesados de cuatro o más ejes por determinados tramos de carretera convencional en los que exista, en el mismo corredor, una autopista de peaje. La iniciativa no afectará en cambio a los vehículos que tengan que circular por la carretera convencional para posibilitar el acceso a los puntos de origen/destino de la mercancía, en la longitud imprescindible para ello.

Como compensación para estos vehículos pesados, el departamento de Ana Pastor propone una bonificación sobre el peaje a abonar en aquellos tramos donde se realice un desvío obligatorio. También plantea otra bonificación del 35% a los vehículos pesados que ya circulan por la autopista de peaje y lo vayan a seguir haciendo por el tramo afectado.

En el borrador del proyecto del departamento de Ana Pastor se contemplan 16 tramos de autopistas de peaje, de los que 11 pertenecen a concesionarias propiedad de Abertis.

Los primeros tres tramos son el de Villalba-Adanero de la AP-6, con 67,49 kilómetros de longitud y gestionada por la concesionaria Iberpistas (Abertis); el segundo el de Segovia-San Rafael de la AP-61, con 26,54 kilómetros, y de Castellana (Abertis); y el tercero el de Ávila Villacastín de la AP-51, con 23,1 kilómetros y también de la concesionaria Castellana (Abertis).

Los tres siguientes tramos de autopistas pertenecen a la concesionaria Aumar (Abertis), y son el de Dos hermanas-Jerez Norte de la AP-4, con 65,1 kilómetros; el de Silla-San Juan de la AP-7, con 148,52 kilómetros, y el de Hospitalet de l’Infant-Oropesa también de la AP-7, con 125,7 kilómetros.

Otros de los tramos, gestionados por la concesionaria Acesa, de Abertis, son el de Altafulla/Torredembarra-Villafranca Sur de la AP-7, con 33,5 kilómetros,; Villafranca Sur-Martorell de la AP-7, con 27,35 kilómetros; Lleida-Montblanc de la AP-2, con 53,15 kilómetros, y Alfajarín-Fraga de la AP-2, con 95,47 kilómetros. También se incluye el tramo de Miranda de Ebro-Alagón, de la AP-68, con 198,99 kilómetros y de la sociedad Avasa, también de Abertis.

Asimismo, figuran los tramos Rubena-Armiñon de la AP-1, con 75,41 kilómetros, y el de Ferrol-Frontera portuguesa de la AP-9, con 188,12 kilómetros, en ambos casos gestionados por concesionarias de Itinere como son Audasa y Europistas, respectivamente.

Los últimos tramos son los de León-Campomanes de la AOP-66, con 77,76 kilómetros, de la concesionaria Aucalsa; el de Santiago-Alto de Santo Domingo de la AP-53, con 56,61 kilómetros; y el de Cartagena-Vera de la AP-7, con 97,80 kilómetros de longitud y de la concesionaria en quiebra Aucosta.

El Economista.es 17/02/2015

300 expropiados por la autopista de Vera cumplen 10 años sin cobrar

Alvarez de Sotomayor, Zamora, Madariaga, Ramallo, Carretero, Miñano, Mena, Oller, Lozano. . . y así hasta 326 propietarios cuyos apellidos rezan en el BOE desde el 1 de septiembre de 2004

Fue la fecha en la que la Demarcación de Carretera convocó el levantamiento de actas previas de ocupación de bienes y derechos afectados por las obras de la autopista Vera Cartagena, esa vía que iba a cambiar la faz del Levante almeriense y la Costa Cálida. 

Desde entonces, la inmensa mayoría de esa nómina de almerienses sigue sin cobrar el dinero de esa expropiación forzosa por parte de la concesionaria Aucosta. Diez años en el dique seco, algunos con contenciosos pendientes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con una cuantía global estimada, según el abogado Pedro Fernández Balastegui, en más de 20 millones de euros.

En este macropleito están implicados 162 vecinos de Cuevas del Almanzora, 84 de Antas, 52 de Pulpí y 28 de Vera. Uno de ellos es Francisco Carretero Giménez, de Vera, que el 20 de septiembre de 2004 acudió a su Ayuntamiento para firmar el acta de ocupación forzosa con los planos de su finca, 38.000 metros de suelo urbanizable calificado desde cuatro años antes como industrial comercial. “Me pagaron 2 euros por metro (a otros propietarios 0,40%) como depósito previo que no quise ni coger, me fuí al Jurado de Expropiación y dictaminó que la concesionaria me tenía que compensar con 28 euros el metro y desde entonces estoy esperando, después contraté un abogado y tuve que presentar recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y hasta ahora que calculo que me deben casi un millón de euros”.

Ahora, con el anuncio del Ministerio de Fomento para rescatar, junto a otras, esta autopista en quiebra técnica, los expropiados han reforzado sus protestas para que el Estado asuma su responsabilidad patrimonial subsidiaria y pague a los afectados. “Estamos dispuestos a embargarle el sueldo a Rajoy, si es preciso”. 

El letrado Fernández Balastegui, que lleva el caso a varias decenas de expropiados, reconoce que “la situación está bloqueada, es miserable lo que se está haciendo, algunos de estos propietarios se han muerto y no han podido disfrutar de un dinero que les pertenecía".

Responsable patrimonial Mientras tanto corren intereses y lucro cesante, en el caso de que se dé la razón a los expropiados que podría multiplicar las indemnizaciones.

El problema, según Fernández, es la falta de previsión de la concesionaria a la hora de cuantificar el presupuesto de expropiaciones.  Solo el 4% del coste total de la obra (650 millones) de 112 kilómetros se presupuestó para las expropiaciones de la provincia de Almería y de Murcia, menos incluso que el coste del proyecto. 

La ministra de Fomento, Ana Pastor, sin embargo, expresaba el pasado julio que “la obra se ejecutó con sobrecostes en las expropiaciones, eso se ha llevado mal, se tenía que haber recurrido en todos los casos”.

Fernández Balastegui precisa que “a pesar de que la concesionaria entró en concurso voluntario de acreedores, los expropiados no pueden entrar en este grupo, es el Estado el que tiene que asumir su responsabilidad patrimonial con los afectados, como se ha dictaminado en sentencia para la autopista de Madrid a Toledo”.

La Voz de Almería.es 05/04/2014

Seopan y Aseta dan luz verde a su fusión bajo la presidencia de Julián Núñez

La patronal que agrupa a las grandes constructoras, Seopan, y la asociación que aglutina a las concesionarias de autopistas de peaje, Aseta, han aprobado hoy por unanimidad la fusión de sus actividades, con efectos operativos desde el pasado 1 de enero.

El proyecto de fusión por absorción de Aseta en Seopan, que ha contado hoy con el respaldo de los socios de ambas patronales, tiene como objetivo aprovechar sinergias, potenciar la defensa de sus asociados, ampliar su actividad nacional e internacional y ganar representatividad, según han señalado en un comunicado.

La nueva organización será presidida por el actual presidente de Seopan, Julián Núñez, elegido hace un año en sustitución de Baldomero Falcones, que salió de FCC el 31 de enero de 2013.

En consecuencia, el hasta ahora presidente de la patronal de las autopistas de peaje, José Luis Feito, abandonará la entidad.

Según señalaron recientemente a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, el deseo inicial de Feito era haber dejado la asociación de concesionarias de autopistas, túneles, puentes y vías de peaje el pasado enero.

Lo que por el momento sigue sin cerrarse es la absorción en Seopan de la Asociación Tecnológica para el Tratamiento de Agua (ATTA), cuya integración en la patronal de las grandes constructoras sigue negociándose.

El objetivo de estas absorciones no es otro que el de ahorrar cuotas, ya que los miembros de Aseta son prácticamente los mismos que los de Seopan, según explicaban fuentes del sector.

La fusión de ambas patronales representará a 42 empresas y 12 grupos empresariales dedicados a la construcción y gestión de infraestructuras públicas mediante concesiones, nueve de ellos grupos cotizados en la Bolsa de Madrid.

En conjunto, los asociados representan un volumen de producción de 73.565 millones de euros, gestionan más de 3.400 kilómetros de carreteras en régimen de concesión en nuestro país y 10.866 kilómetros fuera de España, proporcionando empleo a más de 418.000 personas.

Seopan, creada en 1957, agrupa entre sus socios a los seis grandes grupos constructores cotizados (FCC, Acciona, ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr Vallehermoso).

Por su parte, Aseta, que se constituyó en 1973, integra a Accesos de Madrid (R-3 y R-5), OHL, Itínere, Iridium (ACS), Globalvía, Cintra (Ferrovial), Abertis Autopistas, Iberpistas, Henarsa, Ausol, Aucosta o a Autopista Eje Aeropuerto, entre otras concesionarias.

La Vanguardia.com 26/02/2014

Los bancos respaldan a Fomento para salvar las radiales

Así consta en la carta que los seis grandes bancos han remitido al departamento que dirige Ana Pastor. El Ministerio ya tiene un acuerdo con el sector financiero sobre el proyecto diseñado para rescatar a las autopistas, que suman un pasivo de unos 3.500 millones de euros. "Las entidades financieras queremos hacer llegar al Ministerio de Fomento y a su Sociedad Estatal de Transportes Terrestres (Seittsa) nuestro apoyo unánime para llevar a cabo una solución en 2013, total o parcial, acordada", indica la misiva firmada conjuntamente por Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular.

De esta forma, los bancos buscan que se "siga avanzando" en la solución de la Seittsa, esto es, en la integración de las autopistas con problemas en una sociedad pública que dependería de este organismo. Tras reconocer "la enorme dificultad de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas la partes involucradas", los bancos manifiestan a Fomento su apoyo a una solución "total o parcial, ya sea en la variante de nuevas sociedades según la propuesta inicial o, en su caso, únicamente siete sociedades (sin incluir Ausur y Aucosta)", indican en referencia a las dos autopistas que mantienen su rechazo a sumarse a la sociedad pública.

Respecto a Ausur, los bancos explican además que han transmitido a la concesionaria su rechazo a la refinanciación planteada por la vía, por motivos "técnicos y financieros" y "al considerar que es la solución más lesiva para los intereses de los bancos".

Fomento cuenta así con el respaldo de los bancos para solucionar dentro de este año el problema de las autopistas en quiebra, generado principalmente por el sobrecoste de las expropiaciones y la caída de los tráficos. Para ello, el Ministerio contempla constituir una empresa pública que integre a las vías en problemas, que controlará en un 80 por ciento del capital. El 20 por ciento restante se repartirá entre las sociedades concesionarias actualmente titulares de las vías, en su mayor parte controladas por las grandes constructoras cotizadas.

La sociedad pública de autopistas englobaría así a las cuatro radiales de Madrid, a la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas. Este grupo de vías de peaje, las de más reciente construcción y en su práctica mayoría en concurso de acreedores, supusieron una inversión de unos 5.600 millones de euros. En los diez primeros meses del año registraron un descenso del tráfico de hasta el 24 por ciento, según datos de Fomento.

Madridiario.com 11/12/2013

La autopista Cartagena-Vera será rescatada en breve por el Estado

El fracaso en el negocio de la autopista Cartagena-Vera, inaugurada en 2007, finalmente, la terminará pagando el erario público: el Ministerio de Fomento ultima el plan definitivo para el restacate de la única vía de peaje de la provincia, junto a otras ocho vías deficitarias de alta velocidad repartidas por España.

 
Para ello, en el plazo de unos días, iniciará los trámites para la constitución de una Empresa Nacional de Autopista como la que languideció en la década de los 80 y 90. El Estado asumirá el 80% de esta nueva sociedad pública, por responsabilidad patrimonial, y el 20% restante de la vía que comunica Murcia y Almería será asumido, según las previsiones por el capita capital privado que obtuvo la concesión de esta autopista en el año 2004.

No obstante, ninguno de los socios de Aucosta, la sociedad concesionaria, se ha pronunciado aún sobre su participación en la nueva compañía. En la actualidad, la Autopista Cartagena Vera está participada por FCC, Ploder, Bankia, Cajamar Unicaja y la antigua CAM.

La sociedad que explota la autopista Cartagena-Vera acumula un pasivo de 550 millones de euros y necesita urgentemente un plan de refinanciación.
La intervención del Gobierno es obligada para evitar la liquidación de la autopista almeriense que está en concurso de acreedores desde el pasado mes de febrero.
Responsabilidad patrimonial

En caso de que se dejara caer a las operadoras, pesa contra el Estado la responsabilidad patrimonial que sirve de garantía a las propias concesionarias.
La Autopista Cartagena-Vera, de 115 kilómetros de longitud, se puso en servicio en marzo de 2007 tras una inversión de 650 millones de euros con el fin de convertirse en una vía de continuación de la AP-7 y canalizar tráficos turísticos entre el Levante Almeriense y la Costa Cálida murciana con localidades como Torrevieja, Mazarrón y zonas como Cabo Cope.
Aucosta no ha alcanzado en estos seis años ni el 30% del tráfico previsto en el momento de su adjudicación.
Las obras de la Cartagena-vera se financiaron con un préstamo sindicado liderado por Ahorro Corporación y Banesto.
La nueva compañía pública debe asegurarse que sus ingresos cubran al menos el 50% de los gastos, incluidos los financieros y las amortizaciones de capital.

 

La Voz de Almería.com 11/04/2013

Las nueve concesionarias ahogadas en créditos

• Radial 2. La autopista entre Madrid y Guadalajara está gestionada por Henarsa (Abertis y ACS) y entró en servicio en 2003. Su deuda es de 420 millones y está firmada a 22 años vista, pero ha sido necesario aplazar el pago de intereses hasta finales de julio a la espera del cobro de las cuentas de compensación y créditos participativos comprometidos por Fomento.

• Radiales 3 y 5. La concesionaria Accesos de Madrid (Abertis, Sacyr, ACS y Bankia) se fue a concurso con 660 millones de deuda bancaria. Santander, Bankia, BBVA, La Caixa, ING o RBS figuran entre una treintena de participantes en el préstamo sindicado.

• Radial 4. Autopista Madrid Sur (Cintra, Sacyr y CCM), operadora de la vía que va de Madrid a Ocaña (Toledo), pidió el concurso en septiembre al no conseguir refinanciar deudas por 575 millones.

• Madrid-Levante. La autopista Ocaña-La Roda (AP-36, participada por Cintra, Sacyr y Kutxa) entró en concurso con 522 millones de deuda tras ocho años de operación. Se encuentran afectados CaixaBank, BBVA, Banco de Valencia, RBS, Santander, Sabadell, HSBC, Société Générale y Deutsche Bank, entre otros.

• Aucosta. La Cartagena-Vera (Globalvía, Ploder, Cajamar, Unicaja y CAM) está en concurso con 550 millones aportados por Santander, RBS, Banesto, Unicaja o Ahorro Corporación.

• AP-41. La Madrid-Toledo (Isolux, Comsa, Azvi y Sando) soporta un crédito de 380 millones liderado por Santander, Banesto, Sabadell y La Caixa. Fue el primer concurso entre las concesionarias.

• Ciralsa. La circunvalación de Alicante (ACS, Abertis y Globalvía) arrastra 240 millones de deuda. Tiene pendiente de cobro la cuenta de compensación de 2012 y 2013 y los créditos participativos.

• Ausur. La Alicante-Cartagena (Ploder, Cajamar, Grupo Fuertes, Unicaja y Caja Murcia) tiene un crédito de 214 millones y una RPA de casi 200 millones por construcción y de 25 millones por expropiaciones.

• M-12. La autopista Eje Aeropuerto (OHL) soporta 280 millones de deuda en un crédito a largo plazo liderado por Banesto, Bankia y RBS.

CincoDías.com 10/03/2013

¿Por qué tienen miedo las concesionarias?

Que la crisis nos está llevando a un punto de inflexión en las relaciones entre administraciones y ciudadanos, es algo que nadie debería poner en duda. Es el momento en el que los ciudadanos somos más conscientes que hay que controlar a los políticos y que éstos deben mostrar en qué se gastan el dinero de todos, para no ser estos acusados  frente a la opinión pública de despilfarradores, corruptos o de realizar reducciones presupuestarias y recortes en servicios básicos sin justificación. 

En el caso de las infraestructuras viaria, con la sombra del fantasma del peaje en las autovías y autopistas públicas, la crisis ha servido para que Fomento, constructoras y concesionarias hablen más claro que nunca. Así la secretaría de Estado de Infraestructuras reconoce que el Gobierno solo puede prestar "cuidados paliativos" a las concesionarias de autopistas en riesgo de quiebra. Estas curas de urgencia llegan en forma de créditos participativos, para cubrir sobrecostes de construcción, y cuentas de compensación para amortiguar la caída del tráfico. Y es que la clave para la recuperación de las autopistas de peaje "la tendrán los ciudadanos, volviendo a pagar por circular cuando se recupere la economía". 

Estas declaraciones se han interpretado como la renuncia a la búsqueda de soluciones a largo plazo para las concesionarias de las autopistas a pesar de que en breve se presentará un plan millonario de infraestructuras basado en la colaboración público-privada. 

Esta postura tomada ahora por el Ministerio de Fomento no ha gustado demasiado a los inversores; por ejemplo Cintra (filial de Ferrovial) ha argumentado que el Gobierno tarda en tomar decisiones y que esto les afecta, pero es que la autopista Radial R-4, participada por Ferrovial y Sacyr, cumple en junio el cuarto pacto de espera con la banca, y como no ha conseguido refinanciar su deuda teme la quiebra como ha pasado recientemente con la AP-41. 

Y todo este miedo se debe fundamentalmente a que el gran grupo bancario, Bankia, es partipante en un 50% de Global Vía Infraestructuras, principal concesionaria de las Radiales R-2, R-3, R-5 y el tramo de la AP-7 “Cartagena-Vera”, que junto con la R-4, M-12, AP-36 son las autopistas que están al borde de la quiebra. Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros, están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país. 

Pero como ciudadano, lo que considero de todo esto es que, como empresas, deberían asumir el riesgo del negocio, como en otros, y dejar de quejarse y de utilizar el dinero de contribuyente.

Constructoras y Fomento inician sus contactos para salvar de la quiebra las autopistas de peaje

El nuevo Gobierno tiene sobre la mesa un asunto delicado: el riesgo de quiebra de un nutrido grupo de autopistas de peaje cuyos ingresos por tráfico y sus balances se han deteriorado sensiblemente en los últimos cinco años.

En juego, está un agujero de más de 3.000 millones de euros. Es, a grandes rasgos, la deuda asociada a estos proyectos que, ahora, sus accionistas no pueden hacer frente. Se trata de un asunto grave porque, si finalmente suspenden pagos, el Estado, como responsable final de estos activos, tendrá que hacerse cargo de esos compromisos.

Como el tiempo se echa encima, el nuevo Gobierno ya ha decidio tomar cartas en el asunto. Tanto Economía como Fomento han establecido contacto con las empresas afectadas, muy precocupadas por la última decisión del Ejecutivo de recortar en 400 millonesde euros los créditos participativos asignados a las concesiones de autopistas.

Cuentas de compensación, reventa de derechos de explotación o la nacionalización de los peajes figuran entre las soluciones que se han planteado en algún momento para solucionar el conflicto. Entre los activos en crisis figuran corredores de pago de Madrid y de Levante. Estos son algunos ejemplos:

• Autopista R4 Madrid-Ocaña: El próximo 18 de enero vence la tercera prórroga concedida por la banca acreedora para refinanciar una deuda de más de 500 millones que vencio en julio del año pasado. la carretera, controlada por Ferrovial y participada por sacyr no cumple con las previsiones de tráfico. Los accionistas de la empresa han confiado hasta el último momento en un gesto del Gobierno para salvar la situación. La autopista ya recibió este año un balón de oxígeno al obtener una ayuda por tres años del Estado a través de una cuenta de compensación (garantiza unos ingresos mínimos en función de la diferencia entre los tráficos previstos y los reales). Además, el Gobierno autorizó una subida de los peajes del 1,95%. Hasta septiembre de este año, por la Radial 4 transitó una media diaria de 7.242 vehículos, lo que representa un descenso del 17% respecto al año pasado. Las ventas sumaron 27,4 millones de euros (contando con las ayudas del Estado), con un resultado bruto de explotación (ebitda) de 20,5 millones. Según la información disponible, la inversión gestionada supera los 1.000 millones de euros.
• Aucosta Cartagena-Vera: La sociedad que explota la autopista de peaje entre Cartagena y Vera también ha entrado en riesgo de quiebra al no poder hacer frente al servicio de la deuda. La compañía tenía que pagar en diciembre a la banca acreedora algo más de 11 millones de euros que no dispone. La autopista está controlada por socios locales, grupos de infraestructuras y entidades financieras de Levante. Entre los socios más relevantes, destacan Globalvía (FCC y Bankia), Ploder, Grupo Corporativo Fuertes, Cajamar y Caja Murcia y Unicaja, entre otros. La deuda de la compañía asciende a 550 millones de euros que vencen en diciembre de 2012. La sociedad obtuvo del sindicato de bancos que financió el corredor de pago un aplazamiento de 45 días hasta recibir ocho millones de euros del Estado como compensación por las ayudas aprobadas al sector por el Ministerio de Fomento en 2010. En el sindicato, participa una treintena de bancos, entre los que figuran Santander, Banesto, Unicaja, Popular, RBS, Ahorro Corporación, ING y BNP, entre otros. La banca extranjera es la más reticente a facilitar el aplazamiento.
• Eje Aeropuerto Madrid-Terminal 4: En la lista negra de OHL figura la autopista Eje Aeropuerto (M-12), el corredor de pago que comunica la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas con el norte de la capital de España. La constructora responsabiliza a la Administración de la mala situación del proyecto. Por la autopista circulan diariamente una media de 8.000 vehículos, lo que representa entre un 10% y un 15% de todo el trafico inicialmente previsto.Juan Miguel Villar Mir no tiene previsto reducir ese porcentaje, no descarta recurrir a los tribunales por la vía contencioso-administrativo para obtener la compensación. La defensa jurídica de OHL se apoya en que la autopista ha sido cosida por varias vías gratuitas que le han robado la mayor parte del tráfico previsto.La autopista Eje Aeropuerto supuso una inversión de 382 millones de euros. Según la última información disponible, el saldo de la deuda viva asociada al proyecto asciende a 237 millones.
• AP-42 Madrid-Toledo: Es el único corredor afectado que ha llevado al Estado a los tribunales y que ha ganado, al menos, parcialmente. Desde que la sentencia se conoció, en junio del año pasado, la concesionaria no ha vuelto a tener noticias del Gobierno que, en teoría debe re-equilibar la concesión. El corredor, entre madrid y Toledo está controlado por un grupo de empresas entre los que figuran Isolux, Comsa, Azvi, Sando y Banco Espirito Santo. Los bancos que prestaron 350 millones de euros para construir el corredor, entre los que figuran Bankia y CaixaBank, siguen de cerca este proceso, ya que, si la autopista suspende pagos, no queda claro si van a recuperar el dinero prestado.Los gastos financieros de la autopista Madrid- Toledo los rondan 20 millones anuales y los accionistas han tenido que realizar varias aportaciones de capital. El peaje estaba preparado para atender una intensidad de tráfico de 17.000 vehículos al día. En la actualidad, circulan sólo 1.800 automóviles, por lo que las pérdidas ascienden a 27 millones.
• R3 y R5 (Henarsa): Existe otro grupo de autopistas, como las radiales de Madrid R2, R3-R5, en una situación menos asfixiante pero vigiladas por la banca acreedora, que debe dar el visto bueno a la refinanciación de su deuda. El año pasado, los socios de la R3 y R5 (Abertis, Sacyr, ACS y Caja Madrid) extendieron un crédito de 600 millones que deberá ser revisado este año.

Expansion 11/01/2012

Lo innecesario también lo pagamos: La Autopista Cartagena - Vera.

Comienzos del año 2000, y la fiebre constructora en España comenzaba a dispararse. Uno de los lugares más jugosos para la especulación inmobiliaria era la costa, y si era una costa poco explotada como la Costa Cálida, mejor que mejor. Así que, a alguien, pensando en el pelotazo, y en que el gran desarrollo urbanistico en esta zona necesitaría de una gran vía de comunicación, se le ocurrió la idea de la Autopista de la Costa Cálida.  

De esta manera, la empresa Autopista de la Costa Calida Concesionaria Española de Autopistas, S.A., AUCOSTA, se constituyó en el año 2004 siendo su objeto la construcción, conservación y explotación de la Autopista de peaje AP-7 Cartagena-Vera.

La publicación de la adjudicación de la concesión tuvo lugar el día 14 de febrero de 2004. El periodo de concesión sería de 36 años a partir de esa fecha, y la construcción de la Autopista comenzó en el mes de noviembre del año 2004.

Las obras fueron ejecutadas por la Unión Temporal de Empresas "Autopista Cartagena-Vera", formada por Ploder, S.A. y FCC Construcción, S.A. y consistieron en la construcción de dos calzadas de 7,0 m. con arcenes exteriores e interiores y mediana, a lo largo de 97,7 Km. más 17,3 Km. correspondientes al tramo que circunvala Cartagena.

La Autopista de peaje transcurriría por la Comunidad Autónoma de Andalucía y por la Región de Murcia. En la provincia de Almería por los términos municipales de Vera, Antas, Cuevas del Almanzora y Pulpí. En Murcia por los de Águilas, Lorca, Mazarrón, Fuente Álamo y Cartagena.

En el proyecto, tal como se presentó, la autopista constaría de 7 enlaces, 3 túneles dobles, 1 falso túnel y 11 viaductos sobre ramblas y 1 sobre el río Almanzora de vigas prefabricadas, además de numerosos pasos superiores e inferiores, centro de control y áreas de servicio. El túnel de la Loma de Bas con 1,850 Km. sería el mayor de la Región de Murcia.

Pero la Autopista, pese a que tuvo el apoyo de los gobiernos de las Comunidades Autónomas de Murcia y Andalucía, de los municipios por los que pasaría, cuyos alcaldes se frotaban las manos, del Gobierno central y de especuladores que ya veían como la Autopista revalorizaría sus terrenos y apartamentos, no se vio con buenos ojos ni por gran parte de los habitantes de las localidades por donde discurriría, ni por formaciones políticas como IU-LV, y ni por organizaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción, que veían toda esta operación, y con razón, en una destrucción del litoral y en una forma de saquear con la excusa del turismo, sus poblaciones, en los que pocos ganarían mucho dinero y muchos pagarían las consecuencias.

Ecologistas en Acción cuestionó desde el primer momento la necesidad de esta autopista que atravesaría y malograría la Marina de Cope y el hábitat de especies tan importantes como la tortuga mora, impidiendo además de una adecuada gestión tanto de la Red Natura 2000 presente en Marina de Cope, como del propio Parque Natural Costero-Litoral declarado como tal en 1992.

Pero, cuando uno tras otro, los grandes planes urbanísticos de la zona, como el de Águilas o el de Marina de Cope se fueron desechando y cayendo en saco roto, los pronósticos no se cumplían, los especuladores huyeron y la autopista se quedaba sin usuarios. Además, lo que le dió la puntilla fue la construcción de la autovía entre el Campo de Cartagena y Alhama de Murcia, con una conexión a Mazarrón. La mayor parte del tráfico costero procedente de Torrevieja y Alicante tenía una vía de continuidad gratis hacia Almería por el interior, además de la autovía estatal entre Murcia y Lorca.

Cuando se realizaron los primeros estudios, se esperaban unos 9.000 vehículos diarios (estudio del 2007). Sin embargo, en ese mismo año la media de vehículos/día fue de 1.949. En el 2011, el número medio de vehículos que circularon diariamente en enero fue de 1.365, y en el mes de agosto, el mes de mayor uso, el número medio de vehículos/día fue de 3.042. En comparación con el año 2010, el uso de la Autopista fue de un -7'10%, es decir, circularon aún menos vehículos.

Así, a estas alturas del 2011, la deuda de AUCOSTA asciende a 550 millones, con vencimiento en diciembre de 2012. Entre los acreedores destacan Santander, Banesto, Unicaja, Popular, RBS y Ahorro Corporación. Y, por tanto, la quiebra de la empresa concesionaría de esta autopista ha llegado, y no porque, como el número de usuarios haya caído a causa de la crisis, sino porque esta autopista, al igual que otras muchísimas infraestructuras que crecieron a la sombra de la burbuja inmobiliaria, nunca fue necesaria.

Por tanto, otra autopista al borde de la quiebra que, tal como se ha visto en situaciones anteriores, será rescatada con el erario público, al cual, ya hay voces que se oponen.

Sin embargo, y aquí viene la paradoja, es que costaría más cerrar la autopista, por los gastos de mantenimiento que hay que afrontar, que tenerla abierta en estas condiciones, en las que el paso de vehículo es seis veces inferior a lo que se había previsto en el año 2007. Si permanece abierta, al menos se garantizan unos ingresos, aunque sean mínimos.  Pero, en definitiva, haga lo que se haga, el gobierno central pagará por la infraestructura.