Apenas ha tenido efecto. Es el balance que se hace en la población de San Rafael de la medida tomada por parte del Gobierno central del desvío voluntario de los vehículos pesados por la autopista AP-6 para liberar de camiones de cuatro ejes o más a la concurrida y peligrosa variante de la localidad. Desde julio, solo se ha conseguido desviar un 11% de ese tráfico. El resto sigue optando por la carretera nacional N-VI. «No se ha notado nada porque está muy condicionado, ya que únicamente se bonifica a camiones de cuatro ejes o más, y esos vehículos ya utilizaban la autopista en un 75% antes de la medida; y el 25% restante, con la solución del Gobierno solo se ha reducido en once puntos el tráfico de esas dimensiones», explica la teniente de alcalde de San Rafael, Concepción Rubio.
De esta manera, el informe Eurocap vuelve a situar este trayecto entre las zonas de riesgo elevado de la red viaria española, convirtiéndolo en uno de los 208 puntos negros de las carreteras del país.
El núcleo de población reivindica actuaciones contundentes para que ese desvío hacia la AP-6 sea obligatorio para la totalidad de camiones. Sería la solución más eficaz para el día en día de los vecinos. «En cualquier caso eso nos ayudaría en la vida diaria, pero no los fines de semana, cuando la N-603 también hace su aportación a la N-VI y provoca retenciones de varios kilómetros», explica Rubio. Los sábados por la mañana las colas de coches superan casi el puerto, mientras que los domingos por la tarde se sufren retenciones de dos o tres kilómetros. «La verdad es que la travesía es un auténtico peregrinar continuo de coches. Lo tenemos todo: a diario tráfico pesado y a partir del viernes por la tarde tráfico de fin de semana», expone la teniente de alcalde. Al elevado volumen de tráfico se une que la carretera discurre por un puerto de alta cota y una climatología muy dura en los meses de invierno.
Los datos del Ministerio de Fomento desvelan que una media diaria de 11.821 vehículos circularon por la travesía de San Rafael durante 2014. La gran mayoría, 10.250 fueron automóviles. Les siguen 1.489 camiones y 82 motos. Cifras que constatan que el transporte pesado supone un 12,6% del tránsito rodado que soportan los dos kilómetros del conflictivo tramo urbano.
Los altos niveles de tráfico han provocado que en los últimos años se hayan producido al menos tres víctimas mortales por atropello, todos ellos vecinos de San Rafael, a lo que hay que sumar un buen número de heridos, de mayor o menor gravedad, señalan fuentes municipales. En el Ayuntamiento también se lamentan de la «incomprensible indefensión hacia los viandantes que ha supuesto la instalación de un sistema de regulación semafórica que, cuando funciona y no es desactivado por los agentes, retrasa la respuesta de peatones a favor del tráfico». Mientras, los vecinos esperan que entren en funcionamiento los semáforos 'foto rojo' que tendrán que controlar la velocidad en tres puntos diferentes.
La realidad dice que, en los últimos tiempos, el ingente tráfico que aguanta la población de San Rafael afecta y se deja notar incluso más allá de los propios límites de la travesía. De hecho, durante los fines de semana se ha comenzado a detectar en otras calles cercanas a la travesía. «Todos los vehículos ahora tienen ya GPS, y como en la travesía siempre hay atasco en cuanto el aparato marca tráfico denso desvía al conductor por una ruta paralela que redirige por calles de uso vecinal», afirma Rubio en su exposición.
La teniente de alcalde recuerda que el desvío obligatorio por la autopista de todo el tráfico pesado es la solución más inmediata. «Reclamamos que se haga ya», insiste; pero a su vez recuerda que a largo plazo el objetivo pasa por la construcción de la variante. Su estudio informativo está acabado desde 2010, pero sin ninguna partida presupuestaria en los últimos años.
Tampoco existe una previsión de dotación económica para 2016 en las cuentas generales del Estado. «También está la autopista de peaje, que supondría menos coste e impacto medioambiental porque ya está hecha; pero eso no depende de nosotros, sino del Ministerio de Fomento y de la empresa adjudicataria», dice la teniente de alcalde.
Las Cortes de Castilla y León, la Diputación de Segovia y el Ayuntamiento de El Espinar han tomado medidas políticas en los últimos meses para reivindicar de nuevo una solución al problema de la travesía. Los partidos políticos de la Corporación provincial aprobaron por unanimidad, el pasado 29 de octubre, una moción en la que solicitan al Ministerio de Fomento el inmediato desvío obligatorio de todo el tráfico pesado por la AP-6. Asimismo, instan a la DGT a que deje habilitada la regulación semafórica con unos tiempos acordes al interés de los peatones y que activen los denominados semáforo “foto-rojo” que controlan la velocidad de los vehículos.
También reclaman al Estado que dote de las medidas necesarias para solventar definitivamente el problema para la población de San Rafael, «que impide su crecimiento y el elemental derecho de los vecinos a ejercer el tránsito en las mejores condiciones de seguridad».
El pasado 5 de noviembre, el Consistorio de la villa espinariega dio luz verde una moción que discurre por los mismos derroteros reivindicativos. Salió adelante con los votos en contra, en este caso, del grupo municipal del Partido Popular. Por su parte, el procurador del PP en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz Vitorio, presentó el pasado octubre una proposición no de ley en la misma línea de lograr una solución para la travesía.
Diez años de protestas: La ausencia de una partida económica en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para la variante de San Rafael fue un golpe para los vecinos que llevan diez años reivindicando una solución para la travesía. En concreto, desde el 30 de julio de 2005, cuando el pleno del Ayuntamiento de El Espinar aprobó por unanimidad una moción para desviar la N-VI del casco urbano. Además del Consistorio, el Centro de Iniciativas Turísticas reclamó también entonces una solución al problema circulatorio y pidió la mejora de la regulación de los semáforos con señales acústicas.
Cinco años después, en septiembre de 2010, se publicó el estudio informativo de la futura variante de San Rafael, con la correspondiente declaración de impacto medioambiental. El informe contemplaba una previsión de presupuesto global de la obra de 42,4 millones de euros y una longitud de la variante de 10,3 kilómetros. En los siguientes años, partidas irrisorias en los presupuestos incluidas, según el Gobierno, por error para la N-110. En concreto, en 2012 se consignaron 23.190 euros; 5.000 euros en 2014 y 2015 y nada para 2016.
En diez años de reivindicaciones, el volumen de tráfico que soporta la travesía ha crecido de forma progresiva. Desde 2005 el nivel de tránsito de vehículos ha subido en un 35%, ya que, según los datos de Fomento, la media diaria hace una década era de 7.671 vehículos frente a los 11.821 del año 2014.
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