El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Gobierno a conceder dos préstamos participativos por un total de 6,7 millones de euros a Autopista del Sureste (Ausur), la concesionaria de la vía rápida de pago entre Crevillent y Cartagena a través de la Vega Baja, para que esta pueda hacer frente a los sobrecostes derivados de las expropiaciones, algo que le reclamó el 26 de abril de 2013 y que el Estado ni siquiera contestó, lo cual dio lugar a la presentación de un recurso por silencio administrativo. Ahora se ha sabido que el Gobierno se negó por la mala situación económica de Ausur y consideraba que nunca se lo devolvería con lo cual el préstamo se iba a convertir en una subvención. La resolución, que ayer hizo pública el gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, desestima en cambio la pretensión de la actora de cobrar daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación y fija en 6.000 euros las costas.
La dilación de los procedimientos judiciales de expropiación es lo único que explica que 15 años después de la entrada en funcionamiento de esta vía rápida todavía haya pleitos en marcha por aquellos terrenos. Autopistas del Sureste ha hecho valer en este asunto el pliego de condiciones que le sirvió para adjudicarse la obra en 1998, aprobado por el Ministerio de Fomento, en la que tenía que invertir 260 millones de euros y que fijaba, entre otros derechos, un reequilibrio económico cuando el gasto previsto no se ajustara el real, como fue el caso. ¿Cómo se hubiera producido finalmente ese reequilibrio? Permitiendo un aumento escalonado de las tarifas para hacer frente a los ingresos necesarios para su amortización; es decir, siendo los ciudadanos los que finalmente cargaran con ello.
Ausur rechazó en su recurso el argumento de que se le pudiera negar los dos préstamos por su mala situación ya que la petición de ambos se produjo en abril y octubre de 2012, un año largo antes de presentar ante el juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, el concurso de acreedores. En cambio, el Gobierno sí preveía su mala situación económica porque lo indicaba la memoria de 2011, datos que demostraban a su juicio que «existía la imposibilidad material de su devolución por lo que realmente aquello no sería un préstamo sino una subvención y los préstamos participativos sólo cabían a empresas solventes». El Supremo entiende que la mala situación economía de la empresa antes de que esta se produjese no puede ser un argumento para denegarle algo a lo que tenía derecho; es más, un año después, en 2014, mejoró resultados por la tendencia del tráfico, gracias a lo cual había aumentado ingresos. De hecho, suscribió un préstamo de 196 millones de euros refinanciando toda su deuda. El fallo recuerda al Estado sus obligaciones para garantizar la viabilidad económica de sus concesionarias, como es el caso.
Que el Gobierno tenía miedo a quedarse sin cobrar es algo que se repetía en su argumentario de la contestación al recurso y que los jueces rechazan como justificación de peso o el que pusiera como excusas que estos prestamos debían ser considerados a efectos de contabilidad como transferencia de capital y, por lo tanto, con base a «las actuales circunstancias económicas, que obligan a una estricta disciplina presupuestaria», decía el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no eran una prioridad como sí, en cambio, «la consecución de los objetivos de control del déficit». Y todo eso lo decía aunque uno de estos préstamos, el más importante por 5,3 millones de euros, sí se había autorizado dentro de los Presupuestos Generales del Estado, para denegarlo más tarde; mientras que en el segundo de 1,4 millones de euros el Estado alegaba que no se había verificado por la Administración el sobrecoste de las expropiaciones por justiprecios e intereses de demora.
La concesionaria lleva entablados varios procedimientos administrativos contra la Administración porque no le salen las cuentas de la obra por el volumen de tráfico y ni de lejos se han cumplido las expectativas para cubrir los costes debido también es cierto a la crisis. A diario la cifra media de turismos es de 6.000, menos que muchas carreteras de la comarca de la Vega Baja; el hecho de que, además, la Generalitat desdoblara años después de su inauguración de la autopista (en 2001) la nacional que discurre paralela a la costa –a excepción del casco urbano de Torrevieja–, no ha hecho más que convertirse en un duro competidor porque esta obra no estaba prevista ni mucho menos cuando ésta estaba en proyecto.
