El Supremo rechaza compensar a la empresa concesionaria de la R2 Madrid-Guadalajara

El Tribunal Supremo ha rechazo la compensación demandada por la empresa Autopistas del Henares (HENARSA) como concesionaria de la Radial 2 entre Madrid y Guadalajara en una sentencia que la señala como responsable de haber inflado su plan económico financiero con el que se aprobó la adjudicación de dicha autopista de pago. "Existió una valoración excesiva de tráfico y de ingresos por peaje", asegura la sentencia. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo desoye la petición de "restablecimiento del equilibrio económico-financiero" demandado por este consorcio de empresas constituido, entre otras mercantiles, por Dragados, Acciona y Necso Entrecanales Cubiertas y que consiguieron la explotación durante 24 años de esta radial de pago alternativa a la A-3.

El alto tribunal no ve lugar a que el Estado asuma una indemnización debido a la "grave y prolongada reducción del tráfico que circula por la autopista y, en consecuencia, de los ingresos por peaje".

HENARSA alegó un "riesgo imprevisible como la crisis económica iniciada en 2008" para justificar la compensación y también responsabilizó a la Administración por no continuar las obras de las autopistas Madrid-Eje del Ebro, la A-2 y el retraso en la puesta en servicio del cierre norte de la M-50.

Sin embargo, la Sala culpa a la empresa concesionaria de incurrir en una "valoración excesiva" de sus estimaciones, "muy superiores a las del estudio del Ministerio de Fomento" que figura en el anteproyecto de adjudicación de la radial.

"Variables propias de un escenario socio-económico optimista sin que a juicio de esta Sala pueda calificarse como imprevisible el cambio de tales circunstancias, máxime atendiendo el plazo dilatado de la concesión", subraya la sentencia, que rechaza que haya lugar al recurso por silencio administrativo.

Europress.com 20/05/2016

Portugal renegocia más concesiones autopistas para ahorrar miles de millones

El Gobierno portugués anunció hoy que culminó la renegociación de los contratos de concesión de otras seis autopistas del país, operación por la que estimó que ahorrará unos 3.500 millones de euros del erario público.

En un comunicado enviado al término del Consejo de Ministros, el Ejecutivo especificó que, con estas seis concesiones, se ha dado "el último paso del proceso negociador", pues ya "se han concluido" la revisión de un total de nueve contratos de concesión relativos a autopistas.

En los últimos años, el Gobierno portugués ha decidido renegociar para reducir el coste por conceder esta infraestructura a terceros, una inversión que ha venido impactando negativamente en el déficit del país.

Así, los consorcios privados recibirán menos dinero estatal a cambio de construir, explotar y mantener las autopistas de peaje.

El secretario de Obras Públicas y Transportes, Sérgio Silva Monteiro, calculó el ahorro con estas infraestructuras en unos 3.500 euros.

A esta cantidad se suman otros 3.800 millones logrados en la negociación de otros contratos de concesión, por lo que el total de ahorro bruto para el futuro se calcula en 7.350 millones, una centena por encima de lo estimado por el Ejecutivo, aseveró Silva Monteiro.

Los ahorros hoy aprobados corresponden a las autopistas: Algarve Litoral (460 millones), Baixo Alentejo (1.039), Baixo Tejo (202), Pinhal Interior (1.308), Litoral Oeste (208) y Douro interior (316).

La del Baixo Alentejo está formada por un consorcio en el que participa la filial de la española ACS, Dragados.

A finales de julio, el Gobierno ya había aprobado otro nuevo contrato de concesión de la autopista que conecta el Algarve luso con Andalucía y que está otorgada al grupo Cintra (filial de la española Ferrovial).

Por este acuerdo, aseguró haber ahorrado 85 millones de euros al Estado.

Para disminuir los encargos públicos, el Gobierno ha decidido reducir la remuneración de la tasa interna de rentabilidad y una redefinición de la responsabilidad del Estado en la financiación del pago de la grandes reparaciones de pavimento.

La Vanguardia.com 27/08/2015

El peaje que pide Seopan en las autovías sería de 54 céntimos a Chinchilla

Aspecto de la A-31 a su paso por la capital, en plena época vacacional. Rubén Serrallé

El presidente de la patronal de las constructoras, Seopan, soltó el bombazo esta semana y el planteamiento no ha dejado indiferente a nadie. En un acto para presentar el balance del sector, en el que se encuentran empresas Ferrovial, FCC, OHL, Dragados, Sacyr o Acciona, Julián Núñez defendió que, pasados los momentos críticos, «ahora todo va a favor de la inversión», una vez que hay primeros indicios de recuperación.

Para ayudar en ese cometido, el presidente de Seopan abogó por buscar fórmulas para lograr recursos adicionales -puesto que la soltura presupuestaria aún está muy contenida- y la concretó en una propuesta que no es nueva: que se pague peaje no sólo en las autopistas, también en las autovías. 

Anunció, que la enviarán al Gobierno y a los partidos políticos para que la estudien, con lo que no pasa por una simple ocurrencia, y resaltó que se plasmaría en lo que se denomina un peaje blando, menos costoso que el que actualmente grava el uso de las autopistas.

Las grandes constructoras plantean que los usuarios de todo tipo de vehículos paguen entre 0,03 y 0,14 euros por kilómetro, lo que supondría sumar más de 13.000 kilómetros de autovías en nuestro país a los 3.000 kilómetros de autopistas en los que ya se cobra por circular. Con ello han calculado que recaudarán alrededor de 6.800 millones de euros al año.

En el caso de la provincia de Albacete, supondría pagar en 281 kilómetros de autovías que transcurren por nuestra geografía, repartidas en la A-31 a Alicante (y un pequeño tramo de la A-35, que es una bifurcación de ésta a la altura de Almansa, y que lleva a Valencia), la A-30 a Murcia, el tramo libre de peaje de la AP-36, por el que de ser así habría que pagar por utilizarla, y otro pequeño tramo de la A-43 a Ciudad Real, a la altura de Villarrobledo.

tarifas variables. De esta forma, los conductores que habitualmente se desplacen por esta provincia -o los que lo hicieran de forma esporádica- tendrían que hacer frente a pagos que irían desde los 54 céntimos de euro para recorrer el trayecto entre la capital y Chinchilla de Montearagón hasta los 22,6 euros que tendrían que abonar por realizar el trayecto que conecta las localidades de Almansa y de Villarrobledo. Otros trayectos muy concurridos son Albacete-La Roda, por el que habría que pagar entre uno y cinco euros -en función de las tarifas propuestas por kilometraje por Seopan-; Albacete-Almansa, que supondría un abono de entre los 2,25 y los 10,5 euros por trayecto; Albacete-Villarrobledo, que tendría un coste por viaje de entre 2,5 y 12,2 euros; o los entre 1,9 y 9,2 euros que costaría viajar de Albacete a Hellín. Desde este municipio a Villarrobledo habría que pagar por cada trayecto hasta los 21,3 euros.

En la provincia de Albacete, la vía de alta ocupación, esto es, la autovía con una mayor densidad de tráfico, es la A-31, que conecta Madrid con Alicante y que, a la altura de la circunvalación de Albacete, registró una densidad media de 29.883 vehículos al día durante 2014, según reflejan los datos del Ministerio de Fomento. Es, de hecho, la vía más utilizada para conectar -por autovía- la mayoría de los municipios albaceteños.

La A-30 constató una densidad media diaria de 14.280 vehículos al día, mientras que en el tramo albaceteño de la A-43 no llegaron a 10.000 vehículos al día (9.074).

La Tribuna de Albacete.es 14/03/2015

Las constructoras piden poner peaje en autovías para captar 6.800 millones

El presidente de Seopan, Julián Núñez. / EFE

"Ahora todo va a favor de la inversión". Con estas palabras, Julián Núñez, presidente de Seopan, la patronal que representa a grandes constructoras como Ferrovial, FCC, OHL, Dragados, Sacyr o Acciona, presentó este miércoles el balance del sector, que culminó en 2014 siete años de vacas flacas y aborda 2015 con los primeros indicios, "muy humildes", de recuperación. El presidente de Seopan añadió que los años de crisis -más de la mitad del recorte en gasto público se ha centrado en la inversión-, "han ampliado el diferencial con los principales países europeos". Las grandes constructoras instan a cubrir ese diferencial (pasar de los 600 euros anuales por kilómetro cuadrado y millón de habitantes a los 1.500 de Francia y Alemania) en los próximos ocho años. Pero con la restricción presupuestaria aún muy viva (el déficit público en 2014 fue aún del 5,5% del PIB), Núñez planteó la necesidad de lograr recursos adicionales y actualizó una vieja idea del sector, obviamente interesado en que se acelere el ritmo de la obra pública: la aplicación de un peaje en los 16.455 kilómetros de carreteras de alta capacidad. 

"Es una propuesta que enviaremos al Gobierno y a todos los partidos", explicó en conferencia de prensa Núñez, que quiere introducir esta controvertida medida -el Ejecutivo del PP ha desestimado medidas similares o una iniciativa más limitada, la euroviñeta para camiones de alto tonelaje- en el debate electoral para facilitar su puesta en marcha en la próxima legislatura. El presidente de Seopan sostuvo que España es uno de los países europeos con menos kilómetros (3.026 kilómetros, el 18% de la red de alta capacidad) en los que se cobra por circular (en el caso español, los peajes son en autopistas), cuando en la mayoría de la UE todas las autopistas o autovías soportan algún tipo de tarifa.

La propuesta de Seopan es extender la aplicación de peaje blando a todas las autovías y las autopistas, menos costoso que el que ahora está en vigor en las autopistas, y para todos los vehículos, ya sean turismos y camiones, con tarifas que fluctuarían entre los 0,03 euros y los 0,14 euros por kilómetro. "Para el transporte por carretera habría algún tipo de subvención, como en Alemania", puntualizó Núñez. Las grandes constructoras plantean que el sistema -mediante arcos a la entrada y salida de las vías, en los que se leería de forma automática la matrícula del vehículo- se ponga en marcha en 2016 de forma progresiva, hasta ingresar más de 5.000 millones en 2019. Seopan calcula que, a pleno rendimiento, este sistema de peaje, con unos gastos operativos de unos 250 millones anuales, generaría más de 6.800 millones al año.

Las grandes constructoras creen que en la próxima legislatura (2016-2019) la extensión del peaje a las autovías y a todo tipo de vehículos permitiría captar unos 10.200 millones de euros. Y que ese dinero, pagado por los usuarios de autopistas y autovías, serviría para financiar un tercio del aumento de la inversión pública que creen necesario en esos cuatro años, hasta situarla en el 2,6% del PIB anual. 

Seopan plantea elevar la inversión pública directa en 32.500 millones en cuatro años, una inversión adicional que saldría de los presupuestos y del copago de usuarios de infraestructuras de todo tipo (el peaje a autovías y autopistas, pero también la aplicación de cánones en depuradoras o instalaciones portuarias). Además, las grandes constructoras creen que el apoyo público a la financiación de un ambicioso plan de rehabilitación de viviendas, como el promovido en Alemania entre 2008 y 2010 o de mejora de las "autopistas maduras", permitiría a las empresas privadas costear una inversión adicional de otros 33.355 millones.

Con ese aumento de la inversión, pública y privada, de 65.835 millones entre 2016 y 2019, Seopan estima que se sostendrían unos 256.000 empleos a tiempo completo cada año (un millón de nuevos puestos de trabajo en el periodo), y que la actividad generada permitiría, vía impuestos, un retorno fiscal valorado en unos 30.716 millones, casi la mitad del gasto previsto.

Hasta 8.000 millones por liquidar las autopistas quebradas: El rescate de las ocho autopistas de peaje en concurso de acreedores se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del Gobierno español, hasta el punto que la Comisión Europea sigue de cerca cuál podría ser el impacto de la liquidación en las cuentas públicas españolas.

Para sortear esa liquidación, el Gobierno trabaja desde hace meses con las constructoras y los bancos acreedores en la constitución de una sociedad pública que asuma las deudas, tras una quita del 50% de los pasivos y la pérdida de los 1.760 millones de capital de las empresas. Pero la constitución de esa sociedad pública está en punto muerto, y una resolución judicial que rechazó el convenio de acreedores que presentó Fomento para la AP-36 Ocaña-La Roda, ha vuelto a poner la posibilidad de un rescate sobre el tapete.

El Gobierno estimó en 4.500 millones el dinero que tendría que asumir por la responsabilidad patrimonial de la administración en estas concesiones si las autovías van a la liquidación. Las empresas accionistas elevan ese cálculo a 5.200 millones, que impactarían directamente en el déficit público (en 0,6 puntos porcentuales del PIB). Y la patronal Seopan elevó ayer esa previsión hasta los 8.000 millones por el coste adicional en tribunales de las eventuales reclamaciones de los afectados por las liquidaciones.

El País.com 12/03/2015