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sábado, 18 de junio de 2016

Compromís se posicionará de forma tajante contra la prórroga de la AP-7 y cualquier otra vía de peaje en el Estado


El senador territorial valenciano, Carles Mulet, ha dicho hoy que Compromís y la presencia de un grupo fuerte tanto en el Congreso como en el Senado "son la garantía de que no se producirán más abusos hacia los valencianos en materias como los peajes de las autopistas como la AP-7" que, al finalizar la actual prórroga en 2019 "habremos sufrido casi medio siglo". Mulet ha recordado que un agravio de estas características es impensable en ninguna otra parte de la Península y se pregunta "cómo de grande debe ser el perjuicio que este peaje a la movilidad, economía, competitividad y nuestra seguridad nos ha causado".

Tal circunstancia se ha producido, en gran medida, por la forma en la que funcionan estas cosas entre los partidos hasta ahora hegemónicos -como AP, UCD, PP y PSOE- y las concesionarias,"a menudo grupos empresariales con vínculos financieros con estas formaciones, puertas giratorias bien engrasada y pactos que tienen lugar en el palco de estadios, caros restaurantes y con contrapartidas que sería curioso conocer", dijo Mulet. "Pero ahora los valencianos hemos dicho basta", añade Mulet "y estamos en las instituciones españolas para hacer preguntas, enmiendas a los presupuestos, pedir comparecencias o presentar aquelles mociones que sea necesario y que incomodan a aquellos que propiciaron estas prórrogas y que ya no tienen tan claras las justificaciones".

Hay en la actualidad un consenso en que "ya no se renovará nunca más la concesión de la AP-7 y pasará a ser libre y pública" pero, añade Mulet "del PP ni de ningún ministro de esta formación nos podemos fiar, por sus tentáculos, agenda oculta y extraña fiscalidad y no sería de extrañar encontrarnos acuerdos envenenados, indemnizaciones por la reversión o un subapartado de un articulado a una ley remota que impida acabar con las ideas del Gobierno Franquista en aplicación del Programa de Autopistas Nacionales Españolas (PANE), de 1967. Ya tenemos las experiencias de su nefasta gestión al frente de la Generalitat y nos tememos que cuestiones como el proyecto Castor o la AP-7 puedan terminar quedando impunes y con el dinero en el bolsillo de sus amigos, los que han hecho el gran negocio, mientras que quien acabe asumiendo las pérdidas o indemnizaciones seamos, de nuevo, los ciudadanos", ha añadido. En la misma línea, también ha afirmado que existe la posibilidad anunciada en su día por el entonces consejera Isabel Boning , de que esta autopista tuviera un " peaje en la sombra" una especie de canon pagar por parte de la administración a la empresa para que gestionas la infraestructura "cuando ya hemos pagado hasta la saciedad su coste, y cuando el mantenimiento, a pesar de lo cara nos sale, es a menudo deficitario."

Compromís ha mantenido una postura invariable a lo largo de los años en rechazo de las autopistas de peaje frente al Gobierno central "cosa que no pueden decir ni PP ni PSOE" y ha insistido en que "son las mejores variantes posibles, las obras realizadas y futuras autovías estatales más sostenibles y rápidas de construir", ha concluido.

jueves, 16 de junio de 2016

El PSOE expresa un si rotundo a convertir la AP-7 en una autopista gratuita en 2020

El PSOE expresa un si rotundo a convertir la AP-7 en una autopista gratuita en 2020
El candidato del PSPV, Julian Miralles, y la candidata al Senado, Encarna Llinares, ayer en Dénia, junto a los alcaldes de la comarca

La campaña electoral aun no ha empezado pero ya están los partidos haciendo públicos sus compromisos. Hoy ha sido el PSPV de la provincia de Alicante, con el candidato Julián López y la candidata al Senado, Encarna Llinares, a la cabeza los que en Dénia han suscrito un manifiesto en el que se comprometen a acabar con el peaje de la AP-7 y que esta vía sea gratuita en 2020.

Este manifiesto, han destacado desde el PSPV de Dénia, lo han firmado alcaldes de la comarca, entre ellos José Chulvi, y que en palabras del alcalde de Dénia, Vicent Grimalt “no es una improvisación electoralista”. No en vano, el propio Ministerio de Fomento, hace ya más de dos años, cuando anunció en una reunión del número 2 de ese departamento con el entonces alcalde de Oliva, que no prorrogaría la concesión a Abertis (ver noticia).

En clave más de campaña, Grimalt ha hecho hincapié en que en estas elecciones nos jugamos mucho. Hay que decir sí o no a que se siga con las políticas del Gobierno Rajoy de los últimos 4 años. Hay que valorar lo hecho en estos últimos 6 meses, pero también lo que quiere tapar el PP, como es su discriminación a la Comunitat en inversiones o peajes, así como las injusticias y pérdida de competitividad que eso.

Hemos demostrado coherencia en muchos aspectos, y también en nuestra posición sobre la AP-7, ya que las iniciativas descritas no lo son del PSPV-PSOE, sino que lo son del grupo Parlamentario Socialista, es decir, del PSOE. Su registro comporta un compromiso claro del PSOE, no solo de los socialistas de la Comunitat Valenciana”, ha concluido el alcalde socialista

martes, 14 de junio de 2016

Alcaldes y concejales socialistas firman un manifiesto por la gratuidad de la AP-7

La ciudad de Dénia acogió este jueves el primer acto claramente electoral del partido socialista, de cara a la próxima cita con las urnas. Julián López y Encarna Llinares, números uno al Congreso y Senado del PSPV-PSOE por Alicante, suscribieron un manifiesto, junto a varios alcaldes y cargos institucionales de la Marina Alta, en el que se comprometen a acabar con el peaje y tener una AP-7 gratuita, si Pedro Sánchez forma gobierno después del 26-J.
Los alcaldes y concejales socialistas con los candidatos al Congreso y el Senado por Alicante.
Un manifiesto que, según dejó claro Vicent Grimalt, alcalde socialista de Dénia y anfitrión del acto, “no es una improvisación electoralista, sino que ratifica públicamente lo hecho y dicho en el Congreso de los Diputados y el Senado por los parlamentarios del PSPV-PSOE”. El primer edil de la capital de la Marina Alta, además, ha hecho hincapié en que “en estas elecciones nos jugamos mucho. Hay que decir sí o no a que se siga con las políticas del Gobierno Rajoy de los últimos 4 años. Hay que valorar lo hecho en estos últimos 6 meses, pero también lo que quiere tapar el PP, como es su discriminación a la Comunitat en inversiones o peajes, así como las injusticias y pérdida de competitividad que eso”.
Hemos demostrado coherencia en muchos aspectos, y también en nuestra posición sobre la AP-7, ya que las iniciativas descritas no lo son del PSPV-PSOE, sino que lo son del grupo Parlamentario Socialista, es decir, del PSOE. Su registro comporta un compromiso claro del PSOE, no solo de los socialistas de la Comunitat Valenciana”, concluyó el alcalde socialista.

El número uno socialista al Congreso de los Diputados por Alicante, Julián López, aprovechó su intervención para pedir un sí al PSOE, ya que “votar sí al PSOE es votar sí a la calidad de vida, la justicia social y la competitividad”. López ha añadido que, “desde la coherencia y con las cosas claras”, desde el PSOE “pedimos un SÍ a que la AP-7 sea gratuita y La Marina Alta esté libre de peajes en 2020. Hoy asumimos un compromiso público dirigentes del PSPV-PSOE y sus candidatos y candidatas al Congreso y al Senado de que un sí al PSOE, un sí a Pedro Sánchez es y será un sí a que la AP-7 sea gratuita en 2020, un Sí a la Marina alta sin Peajes en 2020”.

Pedimos un sí por la calidad de vida y justicia social para los que viven en la Marina Alta, que pasa también por que puedan tener una comunicación por carretera segura y considerada vía rápida gratuita con Alicante y Valencia, es decir, con centros de salud de referencia y de especialistas, con otros lugares donde se trabaja, con pueblos cercanos en distancia y alejados en el tiempo necesario para ir a ellos”, añadió el candidato socialista al Congreso de los Diputados.
Además, López advirtió de que los socialistas “pedimos un sí por la competitividad de los sectores productivos de la comarca, para que turistas y mercancías, bienes de quipo, y personal cualificado y trabajadores puedan ir y venir desde nuestra comarca sin pagar un peaje. Este peaje es un peaje a nuestra competitividad frente a otros destinos turísticos que no tienen y que se llega por autovías gratuitas. Este peaje repercute en nuestros productos del campo y la industria”.

Por su parte, la candidata socialista al Senado por Alicante, Encarna Llinares subrayó la falta de compromiso histórica del PP respecto a la AP-7, ya que “el Gobierno del PP presidido por Aznar, y del que era Ministro Mariano Rajoy, aprobó en 1997 una prórroga de la concesión de la AP-7, por la cual esta no expiraba en 2006, como estaba previsto, sino en diciembre de 2019. Las rebajas prometidas entonces se diluyeron con el tiempo, y han sido fulminadas del todo por los últimos aumentos de peaje autorizados por el Gobierno del PP. Las inversiones prometidas no se han realizado”.

Para remarcar esta cuestión, Llinares ha expuesto que “en esta legislatura ha hecho juego de palabras con el tema. Si bien han dicho que la concesión no se prorrogará, no han comprometido a que sea gratuita. Es decir, no han dicho que no a que se establezca un canon y que ese canon lo cobre la actual empresa concesionaria. Y es que esta opción fue planteada por la actual empresa concesionaria, reconociendo públicamente que se lo han planteado ya al Gobierno del PP”.
Prueba de ello, como señala la candidatura del PSPV-PSOE por Alicante en el manifiesto, es que en 2014, hasta en dos ocasiones, el Gobierno del PP no descartó el cobro de peaje en la AP-7 al finalizar la concesión. Además, Rajoy y su bancada votaron en contra de la PNL del PSOE, encaminada a reducir el coste del peaje en un 14%; votando, también, hasta cuatro veces en contra de las enmiendas a los Presupuestos Generales de Estado de 2015 y 2016.

martes, 7 de junio de 2016

Los partidos piden “seguir negociando” la rebaja del peaje de las autopistas

Los grupos de PP, PSOE, Ciudadanos y UPyD en la Diputación apoyaron, por unanimidad, instar al Ministerio de Fomento para que “siga negociando” con la compañía Abertis una “rebaja sustancial” del precio del peaje a satisfacer por circular por las autopistas de la provincia de Segovia (AP-6, AP-61 y AP-51).

El texto presentado por el PSOE sufrió una leve modificación dado que en el primigenio se reclamaba al Ministerio que “negocie”, y finalmente se aprobó una enmienda del PP, para que esa palabra se sustituyera por la expresión “siga negociando”. Los populares justificaron ese cambio recordando que la Diputación ya ha solicitado a Fomento, en diversas ocasiones, tal negociación con Abertis y, según aseguró el portavoz del PP, José Luis Sanz Merino, “sí se han realizado gestiones al respecto”, si bien lamentó que “no con los resultados apetecidos”, y en los últimos meses se ha producido “un problema de interlocución”, por estar el Gobierno en funciones.

La portavoz de Ciudadanos, Mar Cuesta, aunque finalmente se sumó al texto conjunto, previamente indicó que, en el caso de la AP-6, Fomento no debería negociar una rebaja del precio del peaje sino su supresión.

En el transcurso del debate, José Luis Sanz Merino (PP) planteó la posibilidad de que los servicios técnicos de la Diputación realicen un estudio sobre la posibilidad de que la institución abra una línea de ayudas para los usuarios de esas autopistas empadronados en Segovia, al modo de la que ya ha abierto la Diputación de Ávila. Tal opción fue rechazada por el resto de los grupos. “No vamos a desvestir a un santo para vestir otro”, sostuvo el portavoz de UPyD, Juan Ángel Ruiz, quien estimó que una línea de subvenciones en ese sentido iría, inevitablemente, en contra de otros servicios de la Diputación a los pueblos.

viernes, 20 de mayo de 2016

Coalición Canaria (CC) y PSOE llevan al Parlamento la congestión en la autopista TF-5


Los grupos parlamentarios Nacionalista y Socialista han registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara regional en la que solicitan un paquete de medidas para solucionar la congestión de la autopista TF-5.

La propuesta, firmada por los diputados Elena Luis (CC-PNC) y Gustavo Matos (PSOE), avisa de que Tenerife se enfrenta a problemas de movilidad "importantes" debido al nivel de saturación y al retraso en la ejecución del viario de alta capacidad, debido entre otras cosas a los "duros recortes" aplicados por el Estado en el convenio de carreteras.

En ese sentido, exponen que Tenerife tiene una relación de 413 vehículos por cada kilómetro de carretera, frente a los 112 que hay en la Península, y solo en el Campus de Guajara, se alcanza una Intensidad Media Diaria de 107.000 coches, algo "preocupante e insostenible", exponen.

Por ello, los dos grupos que sostienen al Gobierno de Canarias solicitan que se coordine con el Cabildo para ejecutar los enlaces de Las Chumberas, Lora y Tamayo, Padre Anchieta, Coromoto San Benito y Los Rodeos; además de la construcción del carril Bus-Vao y el tercer carril Guamasa-La Orotava.

También solicitan los grupos que se mejore el transporte público y la movilidad de los usuarios de la Universidad de La Laguna y el Hospital Universitario de Canarias (HUC), principalmente; se concentren los recursos del convenio de carreteras en el cierre del anillo insular y la mejora del tramo Las Chafiras-Adeje; se estudien alternativas a la Vía Exterior y se concilie la solución de la movilidad con la protección del suelo rústico, especialmente en La Laguna.

sábado, 16 de abril de 2016

El Parlamento de Navarra pide la "gratuidad completa" de la AP-15

La moción, presentada por el PPN, ha salido adelante en una votación muy ajustada. Mientras UPN y Geroa Bai han votado en contra, EH Bildu, Podemos, PSN, PPN e Izquierda-Ezkerra han votado a favor, lo que ha hecho que haya sido aprobada con una diferencia de dos votos.

Durante el debate, el PPN no ha admitido una enmienda conjunta de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra que pedía "analizar la situación actual y valorar las posibilidades de su reversión a lo público al objeto de que sea gratuita".

El parlamentario del PPN Javier García ha afirmado que "los habitantes de la Ribera son los más perjudicados por este peaje" y ha dicho que el Gobierno, como propietario del 50% de Audenasa, "tiene capacidad efectiva para hacer esta petición, que es un clamor de mucha gente que usa la AP-15". "A Logroño se puede ir gratis. Hay que acabar con esta desigualdad que existe entre los navarros", ha dicho.

El parlamentario de UPN Luis Zarraluqui ha afirmado que "a nadie le gusta pagar un peaje y por eso UPN tomó en el Gobierno una serie de medidas para reducir estos pagos". Se ha preguntado, sin embargo, "de dónde salen los dineros" para implantar la gratuidad de la autopista y ha dicho que el rescate de la concesión podría tener un coste de más de 130 millones de euros. Además, ha trasladado al PPN que es una "incoherencia pedir que se elimine este peaje y no el resto de peajes de España".

Por parte de Geroa Bai, Jokin Castiella ha afirmado que "evidentemente es un clamor la gratuidad de la AP-15" y ha dado al PP la "bienvenida a ese clamor". "Ahora les parece una buena idea, antes no les debía de parecer, porque cuando han tenido responsabilidades de Gobierno nunca se lo ha parecido. Está haciendo demagogia pura y dura, siendo plenamente consciente de que supondría una inversión completamente inasumible por este Gobierno", ha indicado.

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramirez ha recordado que se ha constituido en el Parlamento una ponencia para debatir sobre movilidad en la Comunidad foral y ha explicado que "en Navarra pagan peajes todos los ciudadanos". "Los usuarios de la AP-15 pagan de forma directa, mientras que el resto, los usuarios del Autovía del Camino y del Pirineo, pagan por el peaje en sombra. Quedan pendientes muchos agravios", ha dicho.

El parlamentario de Podemos Carlos Causo ha afirmado que el acuerdo programático recoge el compromiso de analizar la situación actual para que la autopista pueda ser gratuita y ha señalado que los Gobiernos anteriores de UPN, donde se integraba el PP, "no se han molestado durante 20 años en mover un solo dedo en el sentido de esta moción". Se ha remitido a la ponencia sobre movilidad para seguir tratando este asunto.

Por parte del PSN, Guzmán Garmendia ha señalado que su grupo, "sin ambages", considera que la AP-15 tiene que ser gratuita y ha dicho que "si en el diccionario buscáramos la palabra repago aparecería una imagen de esta autopista, porque está repagada desde la eternidad". "Los usuarios pagan esta autopista y el resto de autopistas con peaje en sombra", ha dicho.

Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha señalado igualmente que los ciudadanos "han repagado" esta autopista, pero ha precisado que "desde octubre de 2003 hay un accionista privado en Audenasa, después de que el Gobierno del Partido Popular vendiera su parte de la autopista", y ha dicho que esto obliga a "negociar" el rescate de la concesión. "Este es el problema, y donde ha gobernado el Partido Popular ha sido parte activa" en esta situación, ha indicado.

martes, 12 de abril de 2016

El timo de las estacas

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Llevábamos décadas discutiendo sobre la necesidad de liberar el peaje de la autopista AP-4, o bien desdoblar la carretera Nacional IV que discurre paralela a la misma y convertirla en autovía. Esta controversia dio lugar, durante muchos años, a una continua disputa política entre el PSOE y el PP con un evidente interés electoralista.
Y digo evidente porque el tiempo ha demostrado que los dos partidos, que en la oposición exigían la liberación o el desdoble, han mentido sistemáticamente a los usuarios de la N-IV y de la AP-4, porque los dos, cuando han llegado a la Moncloa, no sólo no han cumplido su compromiso electoral sino que además prorrogaron la concesión.

Mientras ambos discutían, los datos de siniestralidad de la Nacional IV no pararon de aumentar hasta alcanzar, desde el año 2000, la cifra alarmante de casi 100 muertes; podríamos remontarnos más atrás, pero creo que el 31 de julio de 2011 fue una fecha fatídica que marcó un antes y un después en la polémica, ya que ese día murieron tres personas en el kilómetro 565,7 de la Nacional IV y siete resultaron heridas de gravedad. A raíz de aquel accidente usuarios de la vía, convocados por el Partido Andalucista de Los Palacios y Villafranca, cortaron la carretera en el lugar del accidente para exigir el desdoble de la misma.
Desde entonces se han ido sucediendo nuevas muertes que han ido acompañadas por nuevos cortes de tráfico y por iniciativas y mociones en los distintos ayuntamientos afectados y en las diputaciones provinciales de Cádiz y Sevilla, sin que los sucesivos gobiernos, de Zapatero primero, y de Rajoy después, hayan tomado medidas amparándose en la crisis.
Es cierto que el último gobierno socialista decidió acometer el desdoble de la N-IV, comenzando por el tramo Dos Hermanas – Los Palacios y Villafranca, llegando incluso a redactar el proyecto, pero cuando parecía que todo estaba a punto de iniciarse, la excusa de la crisis determinó la paralización del proyecto.
Digo excusa, con motivo, porque a pesar de la crisis, el Ministerio de Fomento desde la época del socialista José Blanco hasta la actual de la popular Ana Pastor, ha venido bonificando los peajes para vehículos pesados y ligeros en las autopistas de otras comunidades autónomas, como por ejemplo la AP-II en Aragón, con el pretexto de “evitar los graves problemas de seguridad vial y de siniestralidad que se dan en la carretera Nacional II” y, sin embargo, en la AP-IV, con la misma problemática, sólo se ha bonificado el 50% del peaje para vehículos pesados y eso cuando faltaban cuatro meses para las elecciones del pasado mes de  diciembre.  
Yo llegué a calificar, en su momento, las muertes que se iban sucediendo en esta vía como “homicidios de Estado” porque creo que cuando por parte de un gestor público, en este caso una ministra, se decide invertir arbitrariamente en unos territorios sí y en otros no, a sabiendas de que se están produciendo víctimas de forma periódica, se entra claramente en la vía de lo penal ya que esa decisión pone en juego la vida de las personas.
Podríamos discutir otras decisiones de la ministra de Fomento, como si  debió o no acudir al rescate de las constructoras que están ejecutando el nuevo canal del Panamá, o cuestionar que redactara un plan para rescatar, con dinero público, a las concesionarias de las autopistas radiales de peaje de Madrid que están en quiebra.
Todas estas decisiones podríamos discutirlas y siempre habría argumentos a favor y en contra; que si defensa del empleo, que si apoyo a nuestras empresas, que si descongestión del tráfico en la periferia de la capital, etc… Todo es discutible, pero lo que creo que nunca deberíamos consentir es que una ministra, su gobierno y su partido se rían de nosotros en nuestra propia cara por puro interés electoral en un tema tan vital como nuestra seguridad. Eso es exactamente lo que nos está ocurriendo a los usuarios de la N-IV, desde el día 9 de diciembre del año pasado, fecha en la que el Secretario de Estado de Infraestructuras anunció que comenzaría el desdoble.
Desde esa fecha, curiosamente a falta de once días para las elecciones generales, vienen tomándonos el pelo desde el Ministerio de Fomento y desde la Delegación del Gobierno en Andalucía. Es lo que yo llamo el timo de las estacas, porque en estos cuatro meses se han limitado a clavar las estacas que delimitan el ámbito de las obras y a desbrozar la hierba de apenas doscientos metros del futuro desdoble con una pequeña retroexcavadora; hierba que por cierto, después de tres meses, ha vuelto a crecer. Pasaron las elecciones, se paró la “retro” y algunas estacas ya las cubre la maleza.  
Aquí, ante nuestras propias narices, la señora ministra y sus compañeros de partido, a los que les faltó tiempo para hacerse las fotografías de campaña a pie de carretera, en lugar de la bolita que usan los trileros para timar a los incautos, nos han estado entreteniendo, hasta que hemos votado, con el juego de localizar las estacas por donde se supone que algún día discurrirá el desdoble de la N-IV. Cuando esto ocurra, a mí sólo me cabrá esperar que no sean los trileros de las estacas los que vengan a cortar la cinta y que dejemos de ser incautos porque, como dice un proverbio árabe, “la primera vez que me engañes será culpa tuya; la segunda será culpa mía”.

sábado, 2 de abril de 2016

Unanimidad en el pleno de Elche para pedir que el Estado rescate la concesión de la AP7 cuando caduque


(...) En el capítulo de mociones se ha aprobado por unanimidad pedir al Estado que rescate la concesión de la AP7 para que cuando en 2019 caduque, pase a manos públicas para evitar el peaje.

El PSOE ha cuantificado algunas de las tarifas que pagamos los ilicitanos por circular por esta autopista, la AP7. Explican que la concesión es de hace 44 años y que hasta el 2019, no vence la prórroga que se concedió. Consideran que ya es hora de que vuelva a ser de titularidad pública, para que se elimine el peaje. Todos los grupos políticos han votado a favor de esta propuesta.

(...).


sábado, 26 de marzo de 2016

Bellreguard reclama al Gobierno que no prorrogue el peaje de la AP-7

El Ayuntamiento de Bellreguard, con el voto de todos los partidos políticos, se ha sumado a la propuesta de la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) para el Gobierno español «certifique» que no se volverá a prorrogar la concesión de la autopista AP-7, cuyo peaje expira definitivamente el último día del año 2019. La moción del PSPV y Compromís recibió el apoyo del PP.

La intención del Ayuntamiento de Bellreguard, como el de tantos otros de la Safor y de buena parte de la Comunitat Valenciana, es que la autopista pase a ser, el 1 de enero de 2020, una autovía gratuita que, en esta comarca, serviría de ronda de circunvalación y reduciría considerablemente el tráfico en las travesías de la N-332, especialmente entre Gandia y Oliva.

El concejal portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Bellreguard, Àlex Ruiz, enumeró durante la exposición de la moción el largo rosario de prórrogas que ha tenido la AP-7 y que han hecho que todavía hoy se tenga que pagar peaje por usar esa importante vía de comunicación.

Ruiz recordó que la AP-7 debió ser gratuita desde el 1 de enero del año 2000, algo que no ocurrió porque, antes de esa fecha, el Gobierno de la UCD prorrogó la concesión en 4 años, otro Gobierno del PSOE le sumó dos años más, y cuando llegó el PP se despachó con una monumental prórroga de 13 años. En total la empresa que explota la autopista, Aumar primero y Abertis después, logró 48 años de concesión para cobrar a los vehículos por su uso.

sábado, 19 de marzo de 2016

Galicia volverá a reclamar a Fomento la gestión de la autopista AP-9




Todos los partidos con representación en el Parlamento de Galicia, incluido el PP, reivindicarán en el Congreso de los Diputados el traspaso a la comunidad de su principal vía de comunicación, la AP-9, una autopista de peaje dependiente del Ministerio de Fomento que se extiende entre Ferrol y la frontera con Portugal, la franja más poblada. Tres diputados, uno del PP, otro del PSdeG-PSOE y una tercera del BNG, serán los encargados de defender una propuesta en la que se reclama la transferencia de la titularidad y competencias sobre la infraestructura, gestionada actualmente y hasta 2048 por la concesionaria Audasa, del grupo Itínere. Galicia vuelve así a revivir una antigua reclamación que ya ha sido rechazada anteriormente en Madrid tanto por gobiernos del PP como del PSOE y que se cuestiona el elevado coste de los peajes y el deficiente mantenimiento de la vía por parte de la empresa privada.

La propuesta del BNG ha salido este martes definitivamente adelante en el pleno de la Cámara autonómica en forma de proposición de ley. El PP gallego ha condicionado su apoyo a la exclusión en el texto de referencias críticas a la gestión de la AP-9 realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy. El parlamentario popular Jesús Goldar ha recordado que su partido ya demandó sin éxito el traspaso de la autopista cuando era presidente el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La actual ministra en funciones, la pontevedresa Ana Pastor, ha accedido recientemente a volver a estudiar la cuestión, aunque se ha remitido a la opinión de los técnicos que establecen qué vías son de interés general y por tanto deben ser competencia del Estado.

Los grupos políticos han censurado los costosos peajes que cobra Audasa en la AP-9, calificados por la diputada Ana Pontón (BNG) de "impuesto a la circulación injusto y regresivo, un lastre para el desarrollo" de Galicia. El parlamentario Juan Fajardo (AGE) ha recordado que viajar por esta vía desde Tui, en la frontera con Portugal, a A Coruña cuesta 17,85 euros y ha afirmado que “es más barato ir a Frankfurt” desde el aeropuerto coruñés con las tarifas de las aerolíneas low cost. Raúl Fernández (PSOE) ha recalcado que la transferencia “es posible” porque “lo permite la Constitución y el Estado".

El BNG ha pedido que PP y PSOE mantengan su apoyo a la iniciativa cuando llegue al Congreso para que no se repita lo que ya ocurrió cuando se reclamó la transferencia a la Xunta de las competencias de tráfico. Populares y socialistas rechazaron entonces en las Cortes lo que sí defendían sus compañeros de partido en Galicia. Pontón ha recordado que el PP votó en contra también recientemente en el Congreso sobre el traspaso de la AP-9 y ha instado al partido de Alberto Núñez Feijóo a acabar con la "doble moral".

miércoles, 16 de marzo de 2016

La oposición de Ourense rechaza la autopista de peaje

FOTO: MIGUEL SOUTO

Las posibles alternativas para crear la futura conexión entre Ourense y Santiago de Compostela y el rechazo de la oposición municipal de la ciudad -PSOE y BNG- a que el vial se convirtiese en una autopista, con el consiguiente pago de peaje, canalizaban la actualidad hace dos décadas. Sí existía una coincidencia unánime en que la N-525 ya no daba respuesta a las necesidades existentes y se hacía más que necesario, y urgente, contar con una vía rápida que uniese la ciudad con la capital de Galicia. Se barajaban tres alternativas, aunque solo se tomaban en consideración dos por el gran impacto ambiental que tenía la tercera en el valle del Barbantiño. El grupo de gobierno del PP pretendía zanjar el debate en comisión, aunque PSOE y BNG querían que se rechazase la fórmula de autopista de peaje. También se denunciaba la inexistencia de una alternativa concreta para la entrada en la ciudad -mientras se proponían cinco posibles para Lalín- y para el enlace con la A-52. La AP-53 acabó siendo de peaje y la AG-53 se abrió como autovía.

miércoles, 9 de marzo de 2016

Apoyo unánime al dictamen de la proposición de ley para reclamar la transferencia de la AP-9

La comisión de Ordenación Territorial del Parlamento gallego ha aprobado por unanimidad de los grupos el dictamen de la proposición de ley --impulsada por el BNG-- para reclamar la transferencia de la titularidad y competencia de la AP-9 del Estado a la Xunta. Ahora el texto seguirá su tramitación con el debate de totalidad en pleno, tras lo que se remitirá al Congreso de los Diputados.

Este dictamen de la proposición de ley para llevar al Congreso ha incorporado una enmienda del Grupo popular, que ha sacado adelante solo con sus votos y el rechazo de la oposición, con el fin de eliminar un párrafo del texto que incluía críticas al Gobierno central por la gestión de esta infraestructura.

Durante el debate, la diputada del BNG Ana Pontón ha criticado las "dos varas de medir" en la tramitación de leyes de la Cámara gallega, puesto que mientras que las que impulsa el PP van por "la vía rápida" y se aprueban en "un día", otras proposiciones como esta de la AP-9 "llevan meses durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento", puesto que el inicio de su tramitación se produjo en septiembre de 2015.

En esta línea, Pontón ha exigido la necesidad de la transferencia de competencias a Galicia sobre esta autopista, ante los peajes "elevadísimos" en la AP-9, entre "los más altos del Estado", con "miles de usuarios atrapados sin una alternativa real" para desplazarse.

Tras recordar que la concesión de la AP-9 se inició en 1973 y que fue el Gobierno de José María Aznar el que la prorrogó en el año 2000 hasta 2048 --agotando el límite legal de 75 años, lo que "solo ocurre en otra autopista" en el Estado, la de Santiago-Dozón--, ha recriminado que se está "regalando el dinero de los gallegos a las concesionarias" mientras se ofrece un servicio "muy deficiente".

Al respecto, la diputada nacionalista ha emplazado al PP a que "vote lo mismo" en Madrid que en Galicia, pues ha criticado que el Parlamento gallego ya aprobó por unanimidad una iniciativa para demandar la transferencia, pero después el Partido Popular en el Congreso votó en contra de esta cuestión.

Por su parte, Raúl Fernández (PSdeG) ha remarcado que "es posible legalmente" la transferencia de competencias del Estado al Gobierno gallego, que considera una "ventaja" para los gallegos, ante "la carga" de precios de peaje existente.

Junto a esto, Juan Fajardo (AGE) ha demandado el "rescate" de la concesión para que "sea gratuita", porque "no se puede continuar fomentado que empresas privadas se beneficien inversiones publicas", que ha identificado con una "política de espolio", pues "es más caro" ir de Tui a Ferrol que "volar a cualquier ciudad de Europa".

De hecho, en la proposición de ley se incluye una disposición que reza que "la Administración General del Estado asumirá las obligaciones económicas y financieras en el caso de que, en el ejercicio de las competencias delegadas en la presente ley, la Comunidad Autónoma acordase el rescate de la concesión de la autopista AP-9 para su reversión al ámbito público".

Sobre este punto, Fajardo ha cargado contra una concesionaria que "está dejando morir la infraestructura", con "falta de inversión" y que "no respeta los puestos de trabajo" en los peajes. De hecho, ha denunciado que la empresa está cambiando el firme "por uno de peor calidad", porque "es más barato y más beneficioso" para esta.

Asimismo, Mónica Fernández (Grupo Mixto), ha dejado claro que "es cuestión de voluntad política" que esta autopista pase a titularidad gallega.

En cambio, Jesús Goldar (PPdeG) ha reprochado a la oposición que cuando estaba el PSOE en el Gobierno no había "nada de nada" de estas reivindicaciones, al tiempo que ha defendido la "política activa" de la Xunta para la demanda de un mejor servicio en esta vía.

En todo caso, espera que esa transferencia se pueda ejecutar en el "menor plazo de tiempo que técnicamente resulte posible", por ello aboga por manda "un mensaje claro" de todos los grupos de que Galicia quiere gestionar esa infraestructura.

domingo, 6 de marzo de 2016

Hace solo cinco años

Operarios cambiando las señalas de las autovías y autopistas en 2011. 
El 25 de febrero de 2011, hace solo cinco años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba la reducción de la velocidad en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora por razones de ahorro energético.

Lo primero que hemos de constatar es que cinco años son una eternidad en un mundo en que la velocidad de la información no nos deja disfrutar de la información, en que la velocidad de las innovaciones no nos deja disfrutar de las innovaciones y en el que la velocidad de la vida no nos deja disfrutar de la vida.

Por aquella época, la primavera árabe había traído la inestabilidad en el Magreb, el barril de petróleo había alcanzado los 112 dólares con puntas de 120 dólares y, en plena crisis económica, algo había que hacer para amortiguar los efectos sobre unas maltrechas cuentas públicas en plena pendiente.

Dicen que gobernar es prever. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, llevó entonces al Consejo de Ministros algunas propuestas de entre las medidas recomendadas por la Agencia Internacional de la Energía para escenarios de emergencia energética. La más vistosa era la reducción de la velocidad en autovías y autopistas.

La medida cogió por sorpresa a la opinión pública y se abrió el debate como se abre en nuestro país: todos contra el Gobierno. Unos dijeron que lo importante era la educación —algo que, siendo cierto, no servía para una situación de emergencia ya que sus resultados son a medio y largo plazo—. Otros, que lo que se buscaba era recaudar más a través de los radares, obviando que la única intención era gastar menos. También se dijo que como se tardaría más, se iba a consumir más, olvidando que el consumo se mide por kilómetros y no por tiempo. Incluso se dijo que era un atentado contra la libertad individual. Y la oposición tildó la decisión como un disparate sin precedentes. Nada nuevo para un asunto tan sensible como es la velocidad en carretera. 

El debate, al igual que la mayoría de los debates, nos permitió aprender cosas como que el 75% de la energía que consumimos depende de otros países. O que un aumento de 10 dólares en el precio del barril de petróleo nos costaba a todos los españoles 6.000 millones de euros. Sobre todo, que la velocidad más eficiente es de 90 kilómetros por hora; a partir de ahí, por cada kilómetro por hora de aumento, el consumo de combustible se incrementa un 1%. Y que circular a una media de 125 kilómetros por hora hace que se consuma un 20% más que haciéndolo a 110 kilómetros por hora, mientras que solo se llega cinco minutos antes en un viaje de 100 kilómetros. 

El 7 de marzo de aquel año se implementó la medida, y los ciudadanos, con mejor o peor disposición, entendieron que la subida del precio del barril podía hacer peligrar la incipiente recuperación económica y del empleo. Así que asumieron su responsabilidad y levantaron un poco el pie del acelerador para correr menos, ayudando de esta manera a su país. Nada más y nada menos.

El coste de la medida fue de 230.000 euros por la renovación de las 6.000 señales de límite de velocidad en nuestras carreteras. Poco significativo dado el ahorro energético aunque, a decir verdad, nunca hubo un estudio fiable sobre el ahorro económico de la medida.

Aquella decisión sorprendió favorablemente en el exterior y algunos responsables de Tráfico de países europeos, sin disimular su admiración, nos preguntaban cómo habíamos gestionado la medida.

Luego todo se complicó. Cuatro meses más tarde, el 1 de julio de 2011, el Gobierno dejó sin efecto la medida, recuperando la antigua velocidad de 120 kilómetros por hora. El argumento utilizado fue que el precio del barril de petróleo había bajado hasta los 106 dólares —seis dólares menos que en febrero—, aunque algunos interpretaron que la proximidad de las elecciones y la necesidad de dar buenas noticias estaban detrás de la decisión. No deja de sorprender que algunos crean que aumentar 10 kilómetros por hora la velocidad en nuestras autovías y autopistas pueda dar votos.

Más tarde, y con la Ley de Tráfico de 30 de octubre de 2015, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy planteó la posibilidad de aumentar la velocidad máxima hasta 130 kilómetros por hora en aquellos tramos que reunieran determinadas condiciones. Otra vez, y ante la proximidad de las elecciones, surge la sospecha de que alguien pueda haber pensado que aumentando la velocidad se obtienen votos. No parece una política de largo alcance.

Aquella experiencia nos ha dejado algunos mensajes. El primero es que si las medidas se explican, y se explican bien, el ciudadano responde porque son mucho más maduros y solidarios de lo que nos pensamos. Otra sensación es la de una oportunidad perdida. Lo que no sorprende, ya que nuestra historia está llena de oportunidades perdidas.

La medida fue de “ahorro colectivo” para ayudar a la recuperación económica y del empleo. Hoy, en los programas y debates en los que estamos inmersos, aparecen muy pocas referencias al ahorro como una cultura necesaria ante el inmenso déficit de nuestras cuentas públicas. Los discursos están centrados en el cómo y en qué gastar, y poco se habla sobre el cómo y en qué ahorrar. Hubo una época en que se consideraba una virtud, pero parece que los tiempos han cambiado y hablar de ahorro ni queda bien ni da votos.

jueves, 25 de febrero de 2016

Acuerdo en favor de la liberación de la autopista en La Rioja

Los cuatro grupos firmaban una propuesta instando a liberar la autopista como vía de vertebración de la comunidad y los cuatro la aprobaron. El acuerdo previo en el texto que pedía también al Gobierno realizar los estudios para fijar enlaces en la AP-68 y el acuerdo posterior en el voto no estuvieron, sin embargo, exentos de reproches mutuos desde el atril. Con la presencia entre público de integrantes de la plataforma en favor de la liberación, desde C's David Vallejo animó a acabar así con el «agravio comparativo» que sufre La Rioja en el número de kilómetros de autovía y «despolitizar» un debate ya histórico. Por parte de Podemos, Ana Sainz abundó en la alta siniestralidad que registra la N-232 como argumento capital, mientras PP y PSOE se enzarzaron en argumentos manidos. Félix Caperos afeó a los populares haber ampliado la concesión y Cuevas hizo lo propio con los socialistas por incumplir la promesa de Zapatero en el 2007 de liberar el tramo riojano.

martes, 16 de febrero de 2016

El tráfico en la AP-4 subió casi un 1% en 2015

LA AP-4. · VIVA
La autopista de peaje AP-4, que une Sevilla con Cádiz, registró en 2015 una intensidad media diaria de 19.377 vehículos, lo que representa un incremento del 0,78 por ciento respecto a 2014 y del 1,07 por ciento en relación a 2013. Así, según los datos de intensidad media diaria (IMD) facilitados por Abertis a Europa Press, unos 7,1 millones de vehículos circularon por la AP-4 a lo largo del pasado año, frente a los algo más de 6,5 millones de 2014 y los aproximadamente 6,4 millones de 2013. Estas cifras de tráfico en la autopista hacen referencia tanto a los tramos con peaje como a los tramos libres, es decir, incluyendo también el de Jerez norte-Puerto Real.

Las tarifas vigentes para 2016 en la autopista AP-4, gestionada por Abertis a través del operador Aumar, ascienden a 7,2 euros para vehículos ligeros; 12,7 euros para vehículos pesados de la categoría 1 y de 14,1 euros para vehículos pesados de la categoría 2 en el troncal de Las Cabezas. La barrera de peaje en el acceso de Los Palacios se fija en 1,2 euros parra vehículos ligeros; 2,1 para pesados de categoría 1 y 2,35 para pesados de categoría 2.

Cabe recordar que el decreto franquista 1636/1969 dispuso la concesión de la autopista Sevilla-Cádiz durante 24 años, hasta julio de 1993. En 1977, con Adolfo Suárez (UCD) como presidente, el Gobierno aprobó incrementar el plazo de concesión de la autopista durante casi seis años, hasta 1999.

La segunda prórroga la firmó el Gobierno presidido por el socialista Felipe González en 1986, prolongándose el peaje hasta 2006. La presión social evitó que el PSOE prorrogase el peaje de nuevo en 1995, pero dos años después, el Gobierno presidido por José María Aznar (PP) la prorrogó 13 años más, hasta 2019. En mayo de 2005, un acuerdo de la Junta con la concesionaria de la AP-4 liberó el peaje en el tramo Jerez-Cádiz, que entonces valía 1,05 euros. El Gobierno andaluz pagó por ello 72 millones de euros, divididos en pagos que se irán haciendo efectivos hasta 2019, según contempla el acuerdo.

Desde el año 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ha venido reiterando su decisión de “no volver a prorrogar el peaje de la autopista una vez que finalice la concesión en el próximo año 2019”. Y es que la de Cádiz es la única provincia andaluza en cuya conexión por doble vía con la capital hispalense hay que abonar un peaje.

jueves, 11 de febrero de 2016

Abertis: “No tengo ni puñetera idea de quién formará el nuevo Gobierno”


Las compañías del Ibex van desgranando una a una su evolución en el último ejercicio pero su mirada está puesta en 2016 y, con ello, en cómo se definirá el panorama político y si se conseguirá, o no, formar Gobierno. Este miércoles ha sido el turno de Abertis, la operadora de infraestructuras y autopistas.

No sé nada de política, soy un votante más. Hay varios escenarios y no se me ocurre ninguno que se dispare en el pie y vaya en contra de la evolución económica del país”, aseguró su consejero delegado, Francisco Reynés. “Nosotros somos prudentes y razonables. No creo que nadie vaya a dirigir un país para cargárselo”, añadió.

Sobre la opción de un Ejecutivo de Podemos junto al PSOE, Reynés asumió “no tener ni puñetera idea”, de lo que va a pasar en las negociaciones para formar Gobierno, “sólo lo saben los que están negociando”. “Estamos en muchos países y en todos negociamos [con la Administración]. No hay ningún movimiento en España y Cataluña que nos haga estar preocupados”.

En España, el principal tema sobre la mesa de Abertis con el próximo Ejecutivo es el futuro de las radiales. Sobre ellas, actualmente, no hay ninguna negociación en marcha. Abertis tiene abierto un proceso judicial con Fomento para que el Ministerio le reconozca una compensación por los tráficos reales frente a los previstos en estas vías de peaje.

Hay ocho radiales y nosotros estamos en dos con una participación del 30% o 35% del capital. No nos toca liderar las negociaciones”, aseguró Reynés. “Lo tenemos provisionado”, matizó. En total, el grupo ha provisionado 860 millones de euros relacionados con las radiales en España.

En cuanto a su evolución en el último ejercicio, éste ha estado marcado por las plusvalías de la colocación en bolsa de Cellnex, su filial de antenas de telefonía. Su salto al parqué le ha permitido generar un beneficio neto de 1.880 millones de euros. Sin él, el repunte hubiera sido significativamente menor, del 7%.

En cuanto a la cifra de negocio de la compañía participada por Criteria CaixaHolding y el grupo Villar Mir (OHL), ésta descendió el pasado año un 1,6%, hasta 4.378 millones de euros, mientras que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) descendió un 7,4%, y se situó en 2.692 millones.

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martes, 9 de febrero de 2016

La autovía de nunca jamás



Hay cuestiones que requieren de un gran esfuerzo de fe para creer de ellas, como los Reyes Magos, Papa Noel, o la autovía Toledo-Ciudad Real. Y es que esta autovía ya cumple algunos de los criterios del cuento infantil, como ser una historia que empezó hace muchos, muchos años, aunque le faltan otros como el final feliz. Valdría con un comienzo, el de las obras, que nunca ha llegado pese a las promesas de políticos de distinto signo que han quedado como el pastorcillo que anunciaba la llegada de un lobo que nunca aparecía. Que curioso, como el inicio real de esta autovía.

Y es que la historia de la infraestructura nonata arrancaba en un lejano 2003, cuando el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos (PP) adjudicaba a empresas privadas una red de autopistas en torno a Madrid que hoy se encuentran quebradas, como símbolo de a dónde hemos ido a parar por los excesos del pasado. Entre esas vías de peaje se encuentra la AP-41. Sí, es la Madrid-Toledo, pero si usted hace memoria se acordará que esta autopista debía haber alcanzado Montoro (Córdoba), para funcionar como trayecto alternativo a la Autovía de Andalucía A-4. El que la vía fuera de pago no parecía un problema en aquellos buenos tiempos. El trazado promovido por el Gobierno de aquella época incluía a Ciudad Real para conectarla así a Toledo con doble calzada. Estaba prevista su finalización en 2009.

La Madrid-Toledo se inauguraba en 2005, pero no fue más allá de la Ciudad Imperial. En mayo de 2007, la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona (PSOE) negaba la declaración de impacto ambiental al recorrido hasta Córdoba porque invadía dos zonas naturales protegidas por la legislación medioambiental de la Unión Europea. Una de ellas es la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Los Montes de Toledo, unas 200.000 hectáreas entre Consuegra y San Pablo de los Montes. Esta área queda restringida a intervenciones humanas de calado como una autopista para asegurar un hábitat a especies como el lince o el águila imperial. El Gobierno central de entonces optaba por retirar el proyecto ante la perspectiva de que la propia UE podía echarlo abajo.

Tras esto, el entonces subdelegado de Gobierno de Toledo, Francisco Javier Corrochano anunciaba en 2007 que el inicio de las obras de la autovía se demoraría «dos o tres años». Parecía entonces un jarro de agua fría, pero el subdelegado se paso

El rechazo del Ministerio de Medio Ambiente supuso el fin de la autopista, pero no de las ilusiones de unir a Toledo y Ciudad Real por doble calzada. Y fue la Junta presidida por el socialista José María Barreda la que retomó el proyecto como autovía de libre acceso, aprovechando la ya construida Autovía de los Viñedos. Es oportuno señalar que esta última vía, pese a su nombre, es una autopista de peaje en sombra, en la que su concesionario cobra de la Junta por el número de usuarios que registra.

En 2010, el entonces consejero de Ordenación del Territorio, José Antonio Pingarrón, presentaba el trazado definitivo de esta autovía, consagrado por una Declaración de Impacto Ambiental concedida por la Consejería de Medio Ambiente, como una «solución perfecta». Se basaba en una vía de doble calzada de 64 kilómetros de nueva construcción entre Consuegra y Ciudad Real, con un coste estimado en 216 millones de euros. Se intentó aminorar su impacto medioambiental con 92 pasos subterráneos para animales, uno cada 600 metros.

Pero la solución ‘Juan Palomo’ de aquel Gobierno regional que se autorizó a sí mismo a actuar dentro de la ZEPA de Los Montes se estrelló de nuevo con ella, y al máximo nivel. En octubre de 2011, la siguiente presidenta de la Junta, la ‘popular’ María Dolores Cospedal, reconocía que este trazado debía ser desechado por las objeciones que habían hecho llegar autoridades de la UE. Estas objeciones respondieron a la queja formal de varias organizaciones ecologistas, que acusaron al ejecutivo Barreda de hacer una valoración del impacto ambiental de la autovía que no era acorde con el daño real en la ZEPA.

A la expectativa de Europa. Con dos portazos frente a la legislación medioambiental europea, resulta lógico que la consejera de Fomento de Cospedal, Marta García de la Calzada, al menos anunciara gestiones ante las autoridades comunitarias para evitar un tercero. A partir de ahí, ya eran la Junta y el Estado, en manos de un mismo partido, los que sumaban fuerzas para un tercer proyecto. Consistía en que la Junta asumiera la construcción de un tramo de 22 kilómetros , que unirá la Autovía de los Viñedos (P.K. 53) a la altura de Consuegra con la N-401, cerca de la ciudadrealeña Fuente el Fresno. El Gobierno regional se quedaba así con la ‘patata caliente’ de la ZEPA.Fomento se hacía cargo del resto del recorrido hasta Ciudad Real duplicando la N-401, unos 45 kilómetros, con un coste de 133 millones de euros.

La entonces alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, afirmaba en marzo de 2014 que las obras de la autovía arrancarían «en el entorno de la primavera de 2015». Hoy podemos decir que es otra previsión fallida.

El proyecto de autovía conjunta se mantiene hoy, pero cada administración está gobernada por un partido diferente y eso puede augurar disonancias. La actual consejera de Fomento socialista, Elena de la Cruz, condicionaba en septiembre la continuidad a que el trayecto responsabilidad del Estado obtuviera una Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Por vía estatal, la ministra de Fomento Ana Pastor hacia llegar a la Plataforma ‘Autovía Toledo-Ciudad Real, ya’ la información de que en el primer semestre de este año se iniciarán las obras de la variante de Fuente El Fresno. El alcalde de Fernán Caballero, el ‘popular’ Manuel Hordanza, anunciaba que «no será una variante al uso, sino que estará preparada para dar cobertura a la futura autovía».

Esta crónica de las desventuras de una autovía no nacida acaba con una noticia esperanzadora. Pero, a la vista de los antecedentes, ¿ustedes se la creen?

sábado, 6 de febrero de 2016

El Ayuntamiento de Tudela se une para pedir la gratuidad de la AP-15

El alcalde, Eneko Larrarte (tercero por la derecha), junto a otros concejales en el pleno.
El alcalde, Eneko Larrarte (tercero por la derecha), junto a otros concejales en el pleno. Blanca Aldanondo

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Tudela se unieron en el pleno del lunes para pedir la gratuitad de la autopista AP-15 (cuesta 9,05 euros por viaje salvo descuentos) por considerar que supone una discriminación frente a otras vías de alta capacidad como las dePamplona a JacaEstella San Sebastián, que son autovías y, por tanto, gratuitas.

Pero esa unidad tuvo sus matices. De hecho, hubo dos mociones en este sentido, una presentada por la CUP y otra por el PP que eran prácticamente iguales salvo algunos detalles, y los grupos no fueron capaces de hacer una propuesta conjunta. La de la CUP se aprobó por unanimidad, pero este mismo grupo votó en contra de la presentada por el PP porque consideró que este partido estaba cayendo en la incoherencia por haber mantenido el peaje durante los casi 20 años que ha gobernado en Navarra (formando parte de UPN).

La moción de la CUP proponía “instar al Gobierno de Navarra a estudiar mecanismos para que la AP-15 sea gratuita lo antes posible, de manera que la Ribera no esté discriminada respecto al resto de Navarra en este tema tan reiteradamente demandado por la ciudadanía ribera”. La del PP, “instaurar la gratuidad completa de la AP-15 para facilitar que los navarros puedan hacer uso de esta vía sin que suponga un alto coste para ello y con el fin de terminar con esta discriminación respecto al resto de Navarra”. Textos muy parecidos que, a pesar de todo, generaron debate en el pleno.

El primero en intervenir fue Gustavo Gil Pérez-Nievas (CUP), quien reconoció que su moción era muy parecida a la del PP. “Pero cuenta mucho quién la presente. El PP hace el mayor de los ridículos con su moción. Cuando está en el poder defiende una cosa y cuando no, lo contrario. Es una incoherencia impresentable. Han estado 20 años manteniendo el peaje y ahora presentan esta moción”, dijo. Le acusó de oportunista y de tomar a los riberos por “tontos”.

Irene Royo, portavoz del PP, que hizo autocrítica porque dijo que esta petición la debería haber hecho antes su partido, aseguró que en este momento en la Ribera hay una conciencia sobre estos temas que no existía antes y que esta decisión es inaplazable para acabar con la discriminación. Además, dio su apoyo a la moción de la CUP porque “por encima de las siglas está lo importante para la Ribera”.

Dani López (Tudela Puede) calificó de “absurdo” debatir 2 mociones tan parecidas y consideró que el tema es complicado. “Hay informes que dicen que la autopista ya está amortizada, y otro de Fomento de 2012 que señala que sólo se ha amortizado un 14%”, señaló. Insistió en que la brecha territorial de la Ribera respecto al resto de Navarra merece una compensación y propuso exenciones de pago para transporte público o personas que vayan a Pamplona según los trámites que vayan a realizar (salud o administrativos), además de señalar que creen en el transporte público como Ecologistas en Acción -que propuso no eliminar el peaje para fomentar el tren y el autobús-.

También calificó de “osadía terrible” que el PP presentara esa moción tras tantos años en el Gobierno y propuso varias enmiendas al texto de los populares. Pidió añadir que también se elimine el peaje en la AP-68; que Comptos audite Audenasa para ver si la autopista está o no amortizada; y que el Gobierno de Navarra no acepte empresas implicadas en algún caso de corrupción dentro de sociedades públicas.

José Ángel Andrés (PSN) fue más claro y dijo que su partido sólo pensaba en el objetivo final de las mociones, conseguir la gratuidad sin importar si se presentan “2 mociones o 25”. “Vamos a lo que quieren los ciudadanos, a que no les cueste dinero y se acabe con esta falta de equidad”, dijo, a la vez que pidió una “voz unánime” del ayuntamiento en este tema.

Izquierda-Ezkerra, a través de Olga Risueño, también se centró en el modelo de desarrollo de la Ribera y apostó por un “tren social” asequible y con más horarios, y lo mismo con los autobuses. Propuso añadir a la moción de la CUP impulsar y mejorar transportes más eficientes y sostenibles; y consideró “sorprendente” que el PP presentara su moción ahora. Luego dijo a los populares que el ayuntamiento no puede instaurar la gratuidad como proponían.

Por último, UPN hizo lo mismo que el PSN y dijo que apoyaría las dos mociones porque el objetivo de la gratuidad era un beneficio para los ciudadanos.

A partir de ahí se inició otro debate sobre si se incorporaban las enmiendas propuestas por Tudela Puede e Izquierda-Ezkerra a las mociones, pero se rechazaron porque, según Irene Royo, esos puntos desviaban la atención del tema principal, que era la gratuidad de la AP-15. Al final, la de la CUP salió por unanimidad y la del PP, con la oposición de la CUP.