Fomento se enfrenta a un mes definitivo en lo que toca a la pretendida nacionalización de una decena de autopistas en crisis. Su plan de rescate no gusta ni a banca ni a constructoras y el 18 de julio podría abrirse el primer expediente de liquidación entre las concesionarias, el de la AP-36 (Ocaña-La Roda).
De ser así, el Estado afrontará el pago de la Reponsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), de la que es titular la banca tras ser utilizada esta garantía por parte de la concesionaria como prenda para financiar la construcción de la carretera.
Ese día 18 se celebra la junta de acreedores de la AP-36, participada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa. Fuentes financieras explican que el convenio ofrecerá parecidas condiciones a las que ha puesto Fomento sobre la mesa en la nacionalización, por lo que serían difícilmente aceptables al estar por debajo de la propia cantidad que marca la RPA. Una cascada de liquidaciones dejaría en manos del Estado el pago de RPAs por 4.000 millones: “Un escenario que no es deseable ni para el Gobierno, ni para las concesionarias, ni para la banca”, valoró el pasado lunes en un acto público el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.
En este contexto, el Ministerio que lidera Ana Pastor está buscando mejores condiciones para los acreedores de la futura Empresa Nacional de Autopistas, con el fin de que el rescate pueda salir adelante. Hasta ahora se ha propuesto englobar diez concesiones –podrían ser ocho ante la negativa de Aulesa y Ausur– cuya deuda ronda los 4.500 millones (4.000 millones de deuda financiera y casi 500 millones de facturas por pagar a las constructoras). A esa cifra se le aplicaría una quita del 50% y los 2.250 millones resultantes serían canjeados por bonos de la sociedad a 30 años. El rendimiento de esos títulos sería del 1% mínimo garantizado, que escalaría hasta un máximo del 4% en función de un alza del tráfico. Fomento tendría el 100% del capital de la sociedad.
Los bancos, liderados por los seis grandes españoles, han hecho cuentas y creen que el cupón máximo al que pueden aspirar es del 1,5%. Además, la banca internacional, con algo más de un tercio de la deuda bancaria de las concesionarias quebradas, exige un rescate autopista por autopista y eludir con ello la quita lineal.
Fuentes conocedoras de los contactos entre ministerios explican que se trata de acercar el rendimiento, como mínimo, al del bono español para conseguir que se trate de una deuda líquida. Otras fuentes implicadas observan que el largo plazo de los títulos de la empresa de autopistas ha hecho que se reclame el 4%. Fomento ejerce presión y la pelota está en el tejado de Hacienda.
El problema añadido es que la Comisión Europea, con la que han mantenido contactos altos cargos de Fomento, tiene dudas sobre la existencia de una ayuda ilegal de Estado.
Las autopistas que aspiran al rescate son la M-12 Eje Aeropuerto, de OHL y con 280 millones de deuda; la también madrileña Radial 2 o Henarsa, participada por Abertis y ACS y con créditos por 420 millones; la Radial 4, que fue a concurso con 575 millones y tiene como accionistas a Cintra, Sacyr y CCM; Accesos de Madrid, titular de las radiales 3 y 5, de las que cuelgan 660 millones; la Madrid-Toledo (AP-41) de Isolux, Comsa, Azvi y Sando, con 380 millones de deuda; la circunvalación de Alicante (Ciralsa), en la que ACS, Abertis y Globalvía deben 240 millones; Ausur (Alicante-Cartagena), compartida por Ploder, Cajamar, Fuertes, Unicaja y Caja Murcia, con 214 millones de deuda; Aucosta (Cartagena-Vera), de GVI, Ploder, Cajamar, Unicaja y CAM, cuyo crédito es de 550 millones, y Aulesa (AP-71, León-Astorga), operada por Abertis y con una deuda de 75 millones.
Un difícil acuerdo en la AP-36: La decisión de Fomento, a través del Real Decreto-Ley 1/2014, de reducir la RPA en la medida en que el Estado tenga que afrontar pagos pendientes por expropiaciones ante la insolvencia de las concesionarias, fue un golpe de difícil encaje para los acreedores de las autopistas.
Esta garantía, que asegura que la banca recuperará el dinero prestado para la construcción de las autopistas, alcanza los 4.000 millones de euros en la decena de contratos concesionales a rescatar. La insolvencia se ha producido por la caída del tráfico, los sobrecostes en construcción –por obras pedidas por el Ministerio– y expropiaciones que se disparon por la fijación de justiprecios en los tribunales. Los expropiados tienen cuentas por cobrar por algo más de 1.000 millones de euros.
En el caso de la AP-36 (Ocaña-La Roda), la RPA no está afectada por recortes al no existir deuda por expropiaciones. De abrirse expediente de liquidación, los acreedores aspiran a cobrar la indemnización íntegra del Estado.
¿Qué convenio puede ofrecer la concesionaria el día 18 en la junta de acreedores? Lo lógico es un pacto de espera mientras sale adelante el rescate. Habrá que ver si La Caixa, BBVA, RBS, Santander, Sabadell, HSBC o Deutsche Bank, entre otros, prefieren la RPA (487 millones) en mano o un recorte del 50% a su deuda de 522 millones y el canje por bonos al 1%.
De ser así, el Estado afrontará el pago de la Reponsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), de la que es titular la banca tras ser utilizada esta garantía por parte de la concesionaria como prenda para financiar la construcción de la carretera.
Ese día 18 se celebra la junta de acreedores de la AP-36, participada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa. Fuentes financieras explican que el convenio ofrecerá parecidas condiciones a las que ha puesto Fomento sobre la mesa en la nacionalización, por lo que serían difícilmente aceptables al estar por debajo de la propia cantidad que marca la RPA. Una cascada de liquidaciones dejaría en manos del Estado el pago de RPAs por 4.000 millones: “Un escenario que no es deseable ni para el Gobierno, ni para las concesionarias, ni para la banca”, valoró el pasado lunes en un acto público el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.
En este contexto, el Ministerio que lidera Ana Pastor está buscando mejores condiciones para los acreedores de la futura Empresa Nacional de Autopistas, con el fin de que el rescate pueda salir adelante. Hasta ahora se ha propuesto englobar diez concesiones –podrían ser ocho ante la negativa de Aulesa y Ausur– cuya deuda ronda los 4.500 millones (4.000 millones de deuda financiera y casi 500 millones de facturas por pagar a las constructoras). A esa cifra se le aplicaría una quita del 50% y los 2.250 millones resultantes serían canjeados por bonos de la sociedad a 30 años. El rendimiento de esos títulos sería del 1% mínimo garantizado, que escalaría hasta un máximo del 4% en función de un alza del tráfico. Fomento tendría el 100% del capital de la sociedad.
Los bancos, liderados por los seis grandes españoles, han hecho cuentas y creen que el cupón máximo al que pueden aspirar es del 1,5%. Además, la banca internacional, con algo más de un tercio de la deuda bancaria de las concesionarias quebradas, exige un rescate autopista por autopista y eludir con ello la quita lineal.
Fuentes conocedoras de los contactos entre ministerios explican que se trata de acercar el rendimiento, como mínimo, al del bono español para conseguir que se trate de una deuda líquida. Otras fuentes implicadas observan que el largo plazo de los títulos de la empresa de autopistas ha hecho que se reclame el 4%. Fomento ejerce presión y la pelota está en el tejado de Hacienda.
El problema añadido es que la Comisión Europea, con la que han mantenido contactos altos cargos de Fomento, tiene dudas sobre la existencia de una ayuda ilegal de Estado.
Las autopistas que aspiran al rescate son la M-12 Eje Aeropuerto, de OHL y con 280 millones de deuda; la también madrileña Radial 2 o Henarsa, participada por Abertis y ACS y con créditos por 420 millones; la Radial 4, que fue a concurso con 575 millones y tiene como accionistas a Cintra, Sacyr y CCM; Accesos de Madrid, titular de las radiales 3 y 5, de las que cuelgan 660 millones; la Madrid-Toledo (AP-41) de Isolux, Comsa, Azvi y Sando, con 380 millones de deuda; la circunvalación de Alicante (Ciralsa), en la que ACS, Abertis y Globalvía deben 240 millones; Ausur (Alicante-Cartagena), compartida por Ploder, Cajamar, Fuertes, Unicaja y Caja Murcia, con 214 millones de deuda; Aucosta (Cartagena-Vera), de GVI, Ploder, Cajamar, Unicaja y CAM, cuyo crédito es de 550 millones, y Aulesa (AP-71, León-Astorga), operada por Abertis y con una deuda de 75 millones.
Un difícil acuerdo en la AP-36: La decisión de Fomento, a través del Real Decreto-Ley 1/2014, de reducir la RPA en la medida en que el Estado tenga que afrontar pagos pendientes por expropiaciones ante la insolvencia de las concesionarias, fue un golpe de difícil encaje para los acreedores de las autopistas.
Esta garantía, que asegura que la banca recuperará el dinero prestado para la construcción de las autopistas, alcanza los 4.000 millones de euros en la decena de contratos concesionales a rescatar. La insolvencia se ha producido por la caída del tráfico, los sobrecostes en construcción –por obras pedidas por el Ministerio– y expropiaciones que se disparon por la fijación de justiprecios en los tribunales. Los expropiados tienen cuentas por cobrar por algo más de 1.000 millones de euros.
En el caso de la AP-36 (Ocaña-La Roda), la RPA no está afectada por recortes al no existir deuda por expropiaciones. De abrirse expediente de liquidación, los acreedores aspiran a cobrar la indemnización íntegra del Estado.
¿Qué convenio puede ofrecer la concesionaria el día 18 en la junta de acreedores? Lo lógico es un pacto de espera mientras sale adelante el rescate. Habrá que ver si La Caixa, BBVA, RBS, Santander, Sabadell, HSBC o Deutsche Bank, entre otros, prefieren la RPA (487 millones) en mano o un recorte del 50% a su deuda de 522 millones y el canje por bonos al 1%.
