El PSOE expresa un si rotundo a convertir la AP-7 en una autopista gratuita en 2020

El candidato del PSPV, Julian Miralles, y la candidata al Senado, Encarna Llinares, ayer en Dénia, junto a los alcaldes de la comarca

La campaña electoral aun no ha empezado pero ya están los partidos haciendo públicos sus compromisos. Hoy ha sido el PSPV de la provincia de Alicante, con el candidato Julián López y la candidata al Senado, Encarna Llinares, a la cabeza los que en Dénia han suscrito un manifiesto en el que se comprometen a acabar con el peaje de la AP-7 y que esta vía sea gratuita en 2020.

Este manifiesto, han destacado desde el PSPV de Dénia, lo han firmado alcaldes de la comarca, entre ellos José Chulvi, y que en palabras del alcalde de Dénia, Vicent Grimalt “no es una improvisación electoralista”. No en vano, el propio Ministerio de Fomento, hace ya más de dos años, cuando anunció en una reunión del número 2 de ese departamento con el entonces alcalde de Oliva, que no prorrogaría la concesión a Abertis (ver noticia).

En clave más de campaña, Grimalt ha hecho hincapié en que en estas elecciones nos jugamos mucho. Hay que decir sí o no a que se siga con las políticas del Gobierno Rajoy de los últimos 4 años. Hay que valorar lo hecho en estos últimos 6 meses, pero también lo que quiere tapar el PP, como es su discriminación a la Comunitat en inversiones o peajes, así como las injusticias y pérdida de competitividad que eso.

“Hemos demostrado coherencia en muchos aspectos, y también en nuestra posición sobre la AP-7, ya que las iniciativas descritas no lo son del PSPV-PSOE, sino que lo son del grupo Parlamentario Socialista, es decir, del PSOE. Su registro comporta un compromiso claro del PSOE, no solo de los socialistas de la Comunitat Valenciana”, ha concluido el alcalde socialista

Xábia al Día.com 03/06/2016

Alcaldes y concejales socialistas firman un manifiesto por la gratuidad de la AP-7

La ciudad de Dénia acogió este jueves el primer acto claramente electoral del partido socialista, de cara a la próxima cita con las urnas. Julián López y Encarna Llinares, números uno al Congreso y Senado del PSPV-PSOE por Alicante, suscribieron un manifiesto, junto a varios alcaldes y cargos institucionales de la Marina Alta, en el que se comprometen a acabar con el peaje y tener una AP-7 gratuita, si Pedro Sánchez forma gobierno después del 26-J.

Los alcaldes y concejales socialistas con los candidatos al Congreso y el Senado por Alicante.

Un manifiesto que, según dejó claro Vicent Grimalt, alcalde socialista de Dénia y anfitrión del acto, “no es una improvisación electoralista, sino que ratifica públicamente lo hecho y dicho en el Congreso de los Diputados y el Senado por los parlamentarios del PSPV-PSOE”. El primer edil de la capital de la Marina Alta, además, ha hecho hincapié en que “en estas elecciones nos jugamos mucho. Hay que decir sí o no a que se siga con las políticas del Gobierno Rajoy de los últimos 4 años. Hay que valorar lo hecho en estos últimos 6 meses, pero también lo que quiere tapar el PP, como es su discriminación a la Comunitat en inversiones o peajes, así como las injusticias y pérdida de competitividad que eso”.

“Hemos demostrado coherencia en muchos aspectos, y también en nuestra posición sobre la AP-7, ya que las iniciativas descritas no lo son del PSPV-PSOE, sino que lo son del grupo Parlamentario Socialista, es decir, del PSOE. Su registro comporta un compromiso claro del PSOE, no solo de los socialistas de la Comunitat Valenciana”, concluyó el alcalde socialista.

El número uno socialista al Congreso de los Diputados por Alicante, Julián López, aprovechó su intervención para pedir un sí al PSOE, ya que “votar sí al PSOE es votar sí a la calidad de vida, la justicia social y la competitividad”. López ha añadido que, “desde la coherencia y con las cosas claras”, desde el PSOE “pedimos un SÍ a que la AP-7 sea gratuita y La Marina Alta esté libre de peajes en 2020. Hoy asumimos un compromiso público dirigentes del PSPV-PSOE y sus candidatos y candidatas al Congreso y al Senado de que un sí al PSOE, un sí a Pedro Sánchez es y será un sí a que la AP-7 sea gratuita en 2020, un Sí a la Marina alta sin Peajes en 2020”.

“Pedimos un sí por la calidad de vida y justicia social para los que viven en la Marina Alta, que pasa también por que puedan tener una comunicación por carretera segura y considerada vía rápida gratuita con Alicante y Valencia, es decir, con centros de salud de referencia y de especialistas, con otros lugares donde se trabaja, con pueblos cercanos en distancia y alejados en el tiempo necesario para ir a ellos”, añadió el candidato socialista al Congreso de los Diputados.

Además, López advirtió de que los socialistas “pedimos un sí por la competitividad de los sectores productivos de la comarca, para que turistas y mercancías, bienes de quipo, y personal cualificado y trabajadores puedan ir y venir desde nuestra comarca sin pagar un peaje. Este peaje es un peaje a nuestra competitividad frente a otros destinos turísticos que no tienen y que se llega por autovías gratuitas. Este peaje repercute en nuestros productos del campo y la industria”.

Por su parte, la candidata socialista al Senado por Alicante, Encarna Llinares subrayó la falta de compromiso histórica del PP respecto a la AP-7, ya que “el Gobierno del PP presidido por Aznar, y del que era Ministro Mariano Rajoy, aprobó en 1997 una prórroga de la concesión de la AP-7, por la cual esta no expiraba en 2006, como estaba previsto, sino en diciembre de 2019. Las rebajas prometidas entonces se diluyeron con el tiempo, y han sido fulminadas del todo por los últimos aumentos de peaje autorizados por el Gobierno del PP. Las inversiones prometidas no se han realizado”.

Para remarcar esta cuestión, Llinares ha expuesto que “en esta legislatura ha hecho juego de palabras con el tema. Si bien han dicho que la concesión no se prorrogará, no han comprometido a que sea gratuita. Es decir, no han dicho que no a que se establezca un canon y que ese canon lo cobre la actual empresa concesionaria. Y es que esta opción fue planteada por la actual empresa concesionaria, reconociendo públicamente que se lo han planteado ya al Gobierno del PP”.

Prueba de ello, como señala la candidatura del PSPV-PSOE por Alicante en el manifiesto, es que en 2014, hasta en dos ocasiones, el Gobierno del PP no descartó el cobro de peaje en la AP-7 al finalizar la concesión. Además, Rajoy y su bancada votaron en contra de la PNL del PSOE, encaminada a reducir el coste del peaje en un 14%; votando, también, hasta cuatro veces en contra de las enmiendas a los Presupuestos Generales de Estado de 2015 y 2016.

La Marina Plaza.com 03/06/2016

El Estado financiará 6,7 millones de sobrecostes a la autopista de la Vega Baja

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Gobierno a conceder dos préstamos participativos por un total de 6,7 millones de euros a Autopista del Sureste (Ausur), la concesionaria de la vía rápida de pago entre Crevillent y Cartagena a través de la Vega Baja, para que esta pueda hacer frente a los sobrecostes derivados de las expropiaciones, algo que le reclamó el 26 de abril de 2013 y que el Estado ni siquiera contestó, lo cual dio lugar a la presentación de un recurso por silencio administrativo. Ahora se ha sabido que el Gobierno se negó por la mala situación económica de Ausur y consideraba que nunca se lo devolvería con lo cual el préstamo se iba a convertir en una subvención. La resolución, que ayer hizo pública el gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, desestima en cambio la pretensión de la actora de cobrar daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación y fija en 6.000 euros las costas.

La dilación de los procedimientos judiciales de expropiación es lo único que explica que 15 años después de la entrada en funcionamiento de esta vía rápida todavía haya pleitos en marcha por aquellos terrenos. Autopistas del Sureste ha hecho valer en este asunto el pliego de condiciones que le sirvió para adjudicarse la obra en 1998, aprobado por el Ministerio de Fomento, en la que tenía que invertir 260 millones de euros y que fijaba, entre otros derechos, un reequilibrio económico cuando el gasto previsto no se ajustara el real, como fue el caso. ¿Cómo se hubiera producido finalmente ese reequilibrio? Permitiendo un aumento escalonado de las tarifas para hacer frente a los ingresos necesarios para su amortización; es decir, siendo los ciudadanos los que finalmente cargaran con ello.

Ausur rechazó en su recurso el argumento de que se le pudiera negar los dos préstamos por su mala situación ya que la petición de ambos se produjo en abril y octubre de 2012, un año largo antes de presentar ante el juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, el concurso de acreedores. En cambio, el Gobierno sí preveía su mala situación económica porque lo indicaba la memoria de 2011, datos que demostraban a su juicio que «existía la imposibilidad material de su devolución por lo que realmente aquello no sería un préstamo sino una subvención y los préstamos participativos sólo cabían a empresas solventes». El Supremo entiende que la mala situación economía de la empresa antes de que esta se produjese no puede ser un argumento para denegarle algo a lo que tenía derecho; es más, un año después, en 2014, mejoró resultados por la tendencia del tráfico, gracias a lo cual había aumentado ingresos. De hecho, suscribió un préstamo de 196 millones de euros refinanciando toda su deuda. El fallo recuerda al Estado sus obligaciones para garantizar la viabilidad económica de sus concesionarias, como es el caso.

Que el Gobierno tenía miedo a quedarse sin cobrar es algo que se repetía en su argumentario de la contestación al recurso y que los jueces rechazan como justificación de peso o el que pusiera como excusas que estos prestamos debían ser considerados a efectos de contabilidad como transferencia de capital y, por lo tanto, con base a «las actuales circunstancias económicas, que obligan a una estricta disciplina presupuestaria», decía el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no eran una prioridad como sí, en cambio, «la consecución de los objetivos de control del déficit». Y todo eso lo decía aunque uno de estos préstamos, el más importante por 5,3 millones de euros, sí se había autorizado dentro de los Presupuestos Generales del Estado, para denegarlo más tarde; mientras que en el segundo de 1,4 millones de euros el Estado alegaba que no se había verificado por la Administración el sobrecoste de las expropiaciones por justiprecios e intereses de demora.

La concesionaria lleva entablados varios procedimientos administrativos contra la Administración porque no le salen las cuentas de la obra por el volumen de tráfico y ni de lejos se han cumplido las expectativas para cubrir los costes debido también es cierto a la crisis. A diario la cifra media de turismos es de 6.000, menos que muchas carreteras de la comarca de la Vega Baja; el hecho de que, además, la Generalitat desdoblara años después de su inauguración de la autopista (en 2001) la nacional que discurre paralela a la costa –a excepción del casco urbano de Torrevieja–, no ha hecho más que convertirse en un duro competidor porque esta obra no estaba prevista ni mucho menos cuando ésta estaba en proyecto.

Diario Información.com 13/05/2016

El Supremo condena al Estado a pagar 6,76 millones a Autopista del Sureste por sobrecostes en expropiaciones

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la sociedad Autopista del Sureste (Ausur) contra la denegación, por silencio administrativo, de la solicitud realizada en abril de 2013 a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje en razón del sobrecoste de expropiaciones en la autopista de peaje A7, entre Alicante y Cartagena. El auto del tribunal "declara el derecho de la recurrente a percibir el importe íntegro de la cantidad de 6,76 millones de euros, correspondiente a la suma de los importes de la solicitud de tercer y cuarto préstamos participativos y, consecuentemente, se condena a la Administración demandada a su pago". Adjudicataria de la concesión de la autopista Alicante-Cartagena desde 1998 y por un periodo de 50 años, Ausur está participada por Ploder Concesiones, Grupo Fuertes, Cajamar, Unicaja y BMN.

El Supremo desestima las alegaciones de la Abogacía del Estado, que justificó la decisión de no abonar estos préstamos por la situación económica de la compañía recurrente y sus posibles efectos en la capacidad de devolución de la deuda. Se apuntaba a los problemas de liquidez de la Ausur en 2011, que parecían abocarla al concurso de acreedores ese mismo ejercicio. Por ello, se estimó que "antes de su otorgamiento existe la imposibilidad material de la devolución" del préstamo.

Sin embargo, Ausur respondió que, en el momento de la denegación de los préstamos participativos, no se encontraba en concurso, "ni preveía estarlo", y que, aunque con posterioridad llegó a declarar el preconcurso, logró salvar su situación financiera. La compañía ha logrado, en los últimos ejercicios, incrementar sus ingresos -"por el cambio en la tendencia del tráfico"-, la refinanciación de su deuda financiera -de 196 millones- y una ampliación de capital -por 9,99 millones-. El Tribunal añade, asimismo, que la empresa "ha justificado el abono puntual de los intereses de un préstamo participativo anterior".

Por ello, considera que no procede la negativa del Estado a abonar los préstamos participativos solicitados, previstos como instrumento de compensación para sociedades concesionarias de autopistas en los casos en que "el justiprecio de los terreno ha sido superior a las estimaciones que sirvieron de base a la concesión".

El Economista.es 12/05/2016

El juez decreta la liquidación de la autopista de circunvalación de Alicante

La autopista de circunvalación de Alicante y las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, quedarán cerradas al tráfico el próximo 1 de octubre si el Ministerio de Fomento no asume la gestión de las vías antes de esa fecha.

Así se desprende del auto emitido por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que dicta la liquidación de estas vías, tres de las ocho actualmente en quiebra. Los juzgados ya habían declarado la liquidación de otras dos de estas autopistas en problemas, la M-12 Eje Aeropuerto de Madrid y AP-36 la Ocaña-La Roda. No obstante, en este caso, el auto de liquidación se ha emitido «sin efectos suspensivos», esto es, no quedará en suspenso por el hecho de que el Ministerio de Fomento o las empresas concesionarias lo recurran ante la Audiencia Provincial.

De hecho, el juez da un plazo de cinco meses para ejecutar la liquidación de la circunvalación de Alicante y de las radiales R-3 y R-5, dado que «ordena» a sus actuales sociedades concesionarias «dejar de cumplir el contrato concesional y el cese total de la actividad empresarial de la concursada a las 00.00 horas del día 1 de octubre de 2016». Asimismo, dice que deberá «poner a disposición de la Administración concedente (en este caso el Ministerio de Fomento) los bienes, derechos e infraestructuras a los que esté obligado contractualmente».

Así, en el caso de que el próximo 1 de octubre Fomento no asuma la gestión de las autopistas, las vías quedarían sin servicio en esa fecha. Fuentes del ministerio aseguraron que el departamento recurrirá el auto de liquidación ante la Audiencia Provincial.

Las Provincias.es 11/05/2016

El juez ordena la liquidación de dos radiales y una circunvalación

Radial de Madrid.

El juez rechaza la propuesta de convenio de los accionistas de las concesiones (ACS, Sacyr, Bankia, Abertis y Globalvía) y la del Gobierno.

Ya son cuatro las sociedades concesionarias de autopistas de peaje que se encuentran en fase de liquidación, después de que el juez que lleva los concursos de acreedores de Accesos de Madrid (Radial 3 y 5) y Ciralsa (circunvalación de Alicante) haya rechazado la propuesta de convenio de los accionistas. Estos proyectos en quiebra se suman a las liquidaciones del Eje Aeropuerto y AP-36 (Ocaña-La Roda), que el Gobierno tiene recurrido ante la Audiencia Provincial. Es probable que la Abogacía del Estado también recurra las dos últimas liquidaciones, para retrasar una posible decisión conjunta para finales de este año.

Accesos de Madrid entró en concurso de acreedores hace dos años con una deuda de 650 millones de euros. Sus principales accionistas son Abertis (35%), ACS, Bankia (con el 20% cada uno) y Sacyr (25%). En el caso de Ciralsa, ACS es el accionista mayoritario con el 50%. El resto del capital se lo reparten Abertis y Globalvía a partes iguales. La deuda de estas autopistas asciende a unos 242 millones de euros. Si el Gobierno no recurre se activarían garantías contractuales. Entre ellas destaca la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), una compensación del Estado a la sociedad concesionaria para que pueda indemnizar a su acreedores.

Según Seopan, este pago podría elevarse a 5.000 millones de euros para el conjunto de las ocho autopistas quebradas, lo que pondría en un serio compromiso la contabilidad nacional en términos de déficit y deuda pública.

Sin embargo, los cálculos del Gobierno, que sigue un plan de amortizaciones distinto y descuenta de la suma los créditos participativos y los pagos realizados por las sentencias de expropiaciones de suelo, reduce la cifra a unos 1.600 millones de euros.

Mientras se resuelve este asunto espinoso, que podría aclararse a lo largo de 2017, el Gobierno aún confía en su propuesta de crear una empresa nacional. "Existe la figura de la compra de la unidad productiva, que se puede emplear en estos casos aunque haya finalizado la fase de convenio y el juez haya aprobado la fase de liquidación".

Como publicó EXPANSIÓN el pasado 27 de abril, varios fondos de inversión, entre los que figura TCI y Taconic Capital, han comprado cerca de 700 millones de la deuda de las autopistas quebradas (3.700 millones de euros), con descuentos del 90%.

La liquidación de Accesos de Madrid es más compleja que el resto porque los bancos han ejecutado judicialmente su deuda, lo que ha obligado a los socios a consignar las cantidades reclamadas. Abertis, junto con ACS, Sacyr y Bankia han depositado 360 millones para afrontar esta resolución judicial.

Expansión.com 09/05/2016

La autopista Alicante-Cartagena se libra del rescate

La autopista Alicante-Cartagena no se incluirá en la sociedad pública de autopistas que el Ministerio de Fomento constituirá para rescatar a las vías en riesgo de quiebra, dado que ha logrado pactar con sus bancos un acuerdo de refinanciación, que incluye una quita del 30% a la deuda de 240 millones de euros que soporta la vía.

El porcentaje de quita es así inferior al del 50% que el Departamento que dirige Ana Pastor prevé aplicar sobre el pasivo de unos 3.400 millones de euros que suman el resto de vías en problemas.

La autopista Alicante-Cartagena es la única de todas ellas que no se ha declarado en concurso de acreedores y la menos endeudada. Sus bancos acreedores la consideran además viable, dado que genera recursos suficientes para atender a su deuda. En los nueve primeros meses del año, elevó un 3,25% su tráfico, hasta contabilizar unos 18.789 vehículos diarios.

Según el acuerdo alcanzado con sus bancos, la deuda que le quede a la vía tras la quita se estructurará en un plazo de amortización de 28 años y será capitalizable en un 30%, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

De esta forma, la autopista de 76,6 kilómetros de longitud que une Alicante y Murcia, participada por Ploder, el grupo Fuertes y las antiguas Cajamar, Unicaja y Caja Murcia, sortea finalmente el rescate público diseñado por el Ministerio de Fomento.

En el marco de este rescate, el Departamento que dirige Pastor debe presentar este jueves, 16 de octubre, una propuesta de convenio para los acreedores de dos de las autopistas radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, según dictó el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid a mediados del pasado mes de septiembre.

En el caso de que, según lo previsto, Fomento presente el plan que tiene perfilado con la banca acreedora de todas las autopistas en quiebra, se procederá a acumular los concursos de estas vías en un sólo proceso. Esta acumulación será posible gracias a la reforma de la Ley Concursal aprobada por Gobierno a comienzos de septiembre.

El proyecto de rescate del Ministerio pasa por integrar todas las autopistas en una empresa pública, tras previamente aplicar una quita del 50% a la deuda que acumulan y convertir el importe restante en un bono a treinta años.

En paralelo, y según apuntaron dichas fuentes, el sector espera desde hace semanas que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto Ley que otorgue cobertura legal a nueva sociedad pública que se quedará con los activos y pasivos de las autopistas.

Las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la que la capital con el aeropuerto de Barajas son las vías que conformarán la nueva empresa pública de autopistas.

Fomento se ha fijado como principal objetivo que la empresa no requiera aportaciones públicas. Por ello, diseñará un plan de negocio para que generen ingresos con que pagar su deuda.

Alicante News.es 25/02/2015

El Gobierno plantea «liquidar» la autopista de la circunvalación a la ciudad de Alicante

El Gobierno contempla abordar una «liquidación ordenada» de la decena de autopistas en quiebra, entre ellas la circunvalación a la ciudad de Alicante, si esta opción tuviera un menor impacto en las arcas públicas que rescatar las vías mediante la constitución de una empresa pública de autopistas. 

 

Los Ministerios de Hacienda y de Fomento analizan desde hace más de un mes estas dos posibles soluciones. El objetivo es determinar la alternativa que tendría un menor coste en el déficit de las cuentas públicas. La constitución de una sociedad pública cuenta ya con el acuerdo de las sociedades concesionarias de las vías y de sus bancos acreedores, con los que mantienen una deuda total de unos 3.500 millones de euros.

ABC.es 17/02/2014

Fomento da un ultimátum a las autopistas en quiebra

Antes de esa fecha las concesionarias de estas vías de pago deben comunicar al Departamento que dirige Ana Pastor si aceptan su última propuesta. En este planteamiento, Fomento mantiene en el 20 por ciento el porcentaje de la nueva sociedad pública que cede a las empresas actualmente titulares de las vías.

El Ministerio ofrece además abonar a estas empresas un total de 350 millones de euros por los importes les adeuda por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron y las modificaciones que sufrieron sus proyectos de obra, según informaron en fuentes del sector.

No obstante, hasta este pasado viernes, las empresas mantenían su rechazo a aceptar esta propuesta e insistían en demandar a la Administración una participación del 49 por ciento en la nueva empresa nacional de autopistas. El proyecto planteado por Fomento pasa por que todas las autopistas en riesgo de quiebra acepten integrarse en la nueva empresa nacional y no contempla que alguna se descuelgue del acuerdo. De su lado, las concesionarias abogan por continuar negociando con el Ministerio, dado que, según recuerdan en fuentes del sector, en caso de no aceptar el proyecto e ir a liquidación, el Estado tendría que afrontar la responsabilidad patrimonial de las vías con el consiguiente efecto sobre el déficit público. Además, cabría la posibilidad de que acudieran a los tribunales.

Fomento trabaja desde hace meses en integrar en una sociedad pública a la decena de autopistas quebradas para garantizar su viabilidad futura y evitar que el Estado tenga que afrontar su responsabilidad patrimonial.

El Ministerio cuenta ya con un acuerdo prácticamente cerrado con los bancos acreedores de las vías, con lo que el proyecto estaría pendiente del visto bueno final de Hacienda y la ratificación unánime de todas las autopistas.

La sociedad, que se aprobaría por Real Decreto, estaría participada al 80 por ciento por el Estado y al 20 por ciento por las concesionarias de las vías de pago que la integran. Se ha diseñado a un horizonte de cuarenta años y parte de la previsión de que el tráfico siga cayendo hasta 2015 para empezar a crecer en ejercicios sucesivos.

Entre la decena de autopistas en riesgo de quiebra figuran las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante o la que une Madrid y el Aeropuerto de Barajas. En su mayor parte están participadas por las grandes constructoras cotizadas.

Madridiario.es 30/10/2013

La empresa concesionaria de la circunvalación de Alicante no sabe aún si se integrará en la empresa nacional de las autopistas

Ciralsa, la empresa concesionaria de la segunda circunvalación de Alicante, que presentó en julio concurso de acreedores voluntario para corregir su desequilibrio patrimonial al no cumplirse los planes de tráfico que justificaron la construcción de esta vía rápida de pago, no sabe aún si se incluirá en la empresa nacional de autopistas que impulsa el Gobierno. Ante el ultimátum que ayer lanzó el Ministerio de Fomento para evitar la quiebra y disolución de diez empresas concesionarias, entre ellas Ciralsa (participada por ACS, Abertis y Globalvia), un portavoz autorizado de la firma aseguró a este diario que desconocía la propuesta ministerial «tras romperse las negociaciones el pasado viernes».

Como adelantó este diario a principios de mes, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante tiene ya en sus manos el informe sobre la situación patrimonial y reclamación de los distintos acreedores y proveedores a la empresa concesionaria Ciralsa de la segunda circunvalación de Alicante. El estudio ha sido elaborado por el administrador concursal designado por el juez, la auditora Price Waterhouse Cooper (PwC), y fija un pasivo de 528 millones de euros. Entre los principales acreedores financieros se hallan el SabadellCAM, Caixabank, Bankia y Banco Espíritu Santo(BES). Este último participó como financiero y como inversor en varias sociedades concesionarias, al igual que Bankia.

Ese montante de pasivo incluye 74 millones en deudas que están en litigio, la mayoría por el precio de las expropiaciones, que se dispararon por las resoluciones judiciales en contra que han ganado miles de afectados en toda España (también en Alicante los jueces ordinarios han tumbado el justiprecio en más de una parcela ocupada por Ciralsa).

Están a punto de cumplirse seis años desde la inauguración de esta autopista de peaje, diseñada junto a otras ocho durante el mandato del expresidente José María Aznar dentro de un paquete de carreteras radiales o de última generación.

Esta carretera se diseñó para hacer el viaje más corto, rápido y seguro a los turistas de Madrid y el norte de España que se dirigen a Benidorm, fundamentalmente, al eludir el tramo de la A-7 sin peaje entre el final de la A-31 y el peaje de la autopista del Mediterráneo, en San Juan. También tenía por objeto dar salida al aumento del denominado tráfico de agitación, que tenía colapsada la primera circunvalación en pleno 'boom' del ladrillo y en el ciclo de expansión económica.

Ahora, la crisis económica, que ha reducido el tráfico a apenas 6.000 vehículos diarios (incluidos los tráficos de agitación que no pagan peaje entre los enlaces de San Vicente y Bussot/Mutxamel) ha hecho el resto. Fuentes de Ciralsa explican a este diario que el tráfico no para de bajar. Concretamente, un 10% entre el 1 de enero y el 31 de agosto pasado. La vía la usan 2.000 vehículos menos de lo que se había previsto inicialmente.

Ayer, El Ministerio de Fomento dio a la decena de autopistas en quiebra un plazo que concluye mañana miércoles, 30 de octubre, para que comuniquen si finalmente deciden integrarse en una sociedad pública con el fin de solventar los problemas económicos y financieros. Su última propuesta pasa porque Fomento mantiene el 20% el porcentaje de la nueva sociedad pública. las empresas concesionarias no renuncian al 49% del capital social. El proyecto planteado por Fomento pasa porque todas las autopistas en riesgo de quiebra acepten integrarse en la nueva empresa nacional.

LA CIFRA: 413 millones de euros. A esa cantidad ascienden los activos de Ciralsa (50% la construcción ACS, 25% Abertis o antigua Autopistas Mare Nostrum y 25% Globalvia, integrada por Bankia y FCC), según el informe del administrador concursal, insuficiente para dar viabilidad a la sociedad, con un agujero de 528 millones, incluidas las expropiaciones en litigio.

La verdad.es 29/10/2013