La aplicación de una tasa para los camiones de alto tonelaje que circulen por el eje transversal C-25 de Cataluña a partir del próximo año servirá de plan piloto para implantar la Euroviñeta en España, es decir para cumplir el largo proceso de transposición de aquella Directiva de la Unión Europea (UE) aprobada en 2006 sostenida bajo el principio de «quien usa y contamina, paga».
También la Diputación de Guipúzcoa ha aprobado un proyecto de norma foral de financiación de carreteras que afecta a vehículos pesados en vías de alta concentración en sus conexiones con Navarra. En otros países de Europa, las tarifas terrestres que se imponen desde Bruselas ya se aplican en Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia y Portugal. En Francia, al igual que España, podrían llegar en 2015, mientras que Dinamarca, Bélgica y Holanda la estudian para todo tipo de automóviles. Suíza exige desde hace más de una década una tasa a los transportistas de mercancías. La Europa de los peajes, sin duda, avanza.
A la vuelta de un lustro de crisis económica en España, el sector del transporte por carretera, uno de los más afectados por la disminución generalizada del consumo de bienes y las subidas en los precios de los carburante, teme que la Euroviñeta produzca efectos devastadores con el progresivo cobro en los diferentes países de la UE. En cifras, los camiones aportan un 10 % del Producto Interior Bruto (PIB), mueven un billón de euros al año, generan 10 millones de puestos de trabajo y representan un 44 % del total de las mercancías transportadas dentro del Viejo Continente.
Si se aplicara el gravamen, los transportistas españoles tendrían que desembolsar unos 12.000 euros de media por año (se prevé un coste de unos 10 céntimos de euros/kilómetro) para el tránsito en las autovías nacionales. Sin duda, la puesta en marcha de estas tarifas cae como espada de Damocles sobre las 120.000 empresas, 300.000 vehículos y unos 400.000 transportistas, la quinta parte perteneciente a la Comunitat Valenciana, una de las autonomías con mayor volumen de negocio de este sector. La vocación exportadora de la economía perjudica los intereses de empresarios y autónomos con vehículos que utilizan la red viaria de los países ya vienen aplicando el gravamen desde hace varios ejercicios.
La Euroviñeta se presenta como una clara herramienta de recaudación para Hacienda, ya que aportaría unos 3.000 millones de euros anuales al Gobierno central, si bien cuenta con un fuerte rechazo empresarial al argumentar que un elevado porcentaje de autovías de gran tránsito ya son de peaje obligatorio. La mayoría de los camiones autorizados para realizar transporte internacional deben atravesar la red viaria francesa para llegar a sus destinos, por lo que resultan de los más perjudicados de la UE.
La tasa europea tiene por objeto reducir la contaminación del transporte de mercancías por carretera y rebajar el flujo de tráfico, para potenciar así el uso del ferrocarril, mediante unos peajes que tendrán en cuenta el coste por contaminación atmosférica y la sonora que provocan.
En España, la red de alta capacidad de tráfico libre de peaje en España supone un total de 4.445 kilómetros de vías, de las que un 60 % son de titularidad estatal y el 40 % restante, autonómica.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dado largas a este nuevo impuesto desde su llegada al cargo hace ya dos años, si bien reconoce que no se puede descartar. Por su parte, el secretario de Estado del Ministerio de Agricultura, Federico Ramos, tampoco se ha atrevido a descartar el pago por uso de las autovías de alta capacidad a los transportistas a partir de 2015. Sea como fuere, la incógnita continúa sin despejarse, a pesar de lo cual, ya hay varios los ministerios que están trabajando en el asunto.
Los empresarios, por su parte, rechazan de plano la Euroviñeta. Desde la Federación Valenciana Transportistas (FVET) se asegura que su entrada en vigor «tendría graves efectos inflacionistas sobre el precio final de los productos y es muy probable que lo acaben pagando los consumidores finales». Otro peligro que atisban es el de la «pérdida de rentabilidad y de competitividad en la empresas con proveedores ubicados en varios territorios, ya que los suministros soportarían tantos gravámenes como número de viajes realizados». La organización empresarial valenciana también advierte de que la aplicación de la nueva tasa «podría alterar la libre competencia.
Las patronales Fenadismer y CETM además, han rechazado un gravamen que consideran «discriminatorio», ya que el 80 % del tráfico de mercancías lo realizan empresas nacionales, que ya soportan mayores costes que las internacionales. En opinión de la asociación profesional Astic, se trata de una «pésima noticia para el transporte por carretera», cuya próxima implantación ha coincidido con la finalización de la devolución del gasóleo profesional y el comienzo de la tramitación en la Unión Europea de otros mecanismos impositivos adicionales, como los del recargo sobre el dióxido de carbono.
