Las constructoras afectadas por la quiebra de las autopistas esperan con urgencia que se forme un nuevo Gobierno para así retomar las negociaciones que quedaron bloqueadas con el Ministerio de Fomento. El Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy dejó el problema morir, una vez que se convocaron las pasadas elecciones generales. El juez que debe decidir sobre la quiebra de las mismas tampoco se ha pronunciado por lo que el Estado está exento de cubrir la responsabilidad patrimonial que las empresas reclaman.
La ministra Ana Pastor había prometido que daría una solución, intentando negociar con los bancos acreedores, pero ha terminado su legislatura sin lograr un acuerdo. Las constructoras afectadas por las radiales se muestran sumamente críticas con Fomento a quien culpan de no querer arreglar la situación. Es más, señalan con el dedo al Ministerio de haber intentado impedir que el juez obligue al Estado a indemnizar a las compañías. Algunas fuentes aseguran que el Ministerio de Hacienda, y su titular Cristóbal Montoro, se negaron a abrir la mano para evitar que les afectase al déficit de 2015.
El equipo de Ana Pastor exigía a la banca acreedora una quita del 50% sobre los 5.000 millones de deuda que arrastran las autopistas, y la titulización del pasivo restante en un bono a 30 años para evitar así la liquidación y no tener que afrontar la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración, al no cumplirse las previsiones de tráfico previstas en las ocho autopistas implicadas. Las empresas afectadas reclaman también ser indemnizadas por los sobreprecios practicados en la expropiación de los terrenos expropiados. Las empresas exigen por este concepto unos 2.500 millones que se les adeuda por las expropiaciones que debieron realizar para ejecutar los proyectos.
Abertis, ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL son las principales propietarias de las sociedades concesionarias en quiebra. Además de las cuatro autopistas radiales de Madrid, la R2, R3, R4 y R5, están en quiebra el eje del aeropuerto de Barajas M-12, la de Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda y la circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera. Estas ocho autopistas presentaron hace tiempo concurso de acreedores como consecuencia de la caída del tráfico y el sobrecoste que habían tenido que soportar por las elevadas expropiaciones.
El plan que defendía Fomento circulaba en torno a dos ideas. Por un lado, cerrar un acuerdo con los bancos y que estos aceptasen una quita de la deuda de un 50%. Segundo, crear una sociedad pública donde se incluirían todos estos activos que, a su vez, se encargaría de gestionarlos para evitar la liquidación y que la deuda no fuera contra el déficit.
El conflicto ha estado siempre con los bancos acreedores, que se han negado a aceptar las condiciones ofrecidas por Fomento por lo que el problema se ha enrocado en el tiempo y el Ministerio, bien no ha conseguido, o ha preferido no darle salida. Fuentes del sector aseguran que Fomento ha intentado forzar una solución que no les afectase al déficit y, cuando ha visto que no conseguía pactar con la banca, ha dejado morir el problema para que el nuevo Gobierno afronte el caso y decida una solución.
El actual Ejecutivo en funciones ha intentado, si cabe, dilatar aún más el proceso para ver si la situación económica ayudaba, que el tráfico de algunas de las radiales se recuperase, y evitar la liquidación o la quiebra definitiva. Algunas fuentes han llegado a reconocer a Capitalmadrid que, desde la Administración, se ha presionado para que los servicios jurídicos no pusieran en un aprieto al Ejecutivo, cuando estaban las elecciones por medio.
A todo esto, algunas de las constructoras afectadas -caso de Ferrovial, OHL y Abertis-, se han mostrado siempre en contra de la liquidación, ya que consideran que sería una decisión que aportaría una mala imagen para el sector. Máxime cuando todas etas empresas están presentes en el extranjero y gestionan otras tantas autopistas en Canadá, EEUU, Latinoamérica y Europa donde, en ningún caso, se ha producido una situación similar. El sistema concesional funciona también en otros países y es en España donde está fracasando en determinadas concesiones.
En todo este problema, hay que admitir que las propias compañías afectadas no están tampoco muy unidas que digamos. Las declaraciones que el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, realizó en la presentación de resultados de 2015 dejó en evidencia que no hay mucha sintonía, más bien al contrario. Reynés comentó sobre las negociaciones con Fomento, que no estaban hablando ahora con nadie, pero aseverando que no lo estaban haciendo “porque no nos toca hablar sólo a nosotros”.
“No nos corresponde liderar ninguna bandera de negociación, dado el peso que Abertis tiene en las radiales en quiebra”, recalcó el consejero delegado. Abertis tiene entre el 30% y el 35% en las radiales R5 (Madrid-Navalcarnero), R3 (Madrid-Arganda) y R2 (Madrid-Guadalajara). Además del conflicto de estas radiales, Abertis tiene otro frente abierto con Fomento por lo que no le interesa -como dice Reynés- liderar el proceso, cuando hay otras tantas constructoras implicadas, que también deben mojarse en el problema.
La compañía de autopistas ha provisionado 860 millones de euros por estos conflictos para que no le afecten contablemente. Abertis reconoció en julio pasado que el grupo había provisionado 769 millones por el litigio que tiene, precisamente, con el Ministerio de Fomento por la AP7. La concesionaria ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución emitida el pasado mes de junio por Fomento por el que reclama el pago de las compensaciones solicitadas por la caída del tráfico de la citada autopista. La provisión de 769 millones cubre el saldo total acumulado por garantías de tráfico desde el inicio del mismo hasta junio de 2015.
