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lunes, 23 de mayo de 2016

El Supremo rechaza compensar a la empresa concesionaria de la R2 Madrid-Guadalajara

El Tribunal Supremo ha rechazo la compensación demandada por la empresa Autopistas del Henares (HENARSA) como concesionaria de la Radial 2 entre Madrid y Guadalajara en una sentencia que la señala como responsable de haber inflado su plan económico financiero con el que se aprobó la adjudicación de dicha autopista de pago. "Existió una valoración excesiva de tráfico y de ingresos por peaje", asegura la sentencia. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo desoye la petición de "restablecimiento del equilibrio económico-financiero" demandado por este consorcio de empresas constituido, entre otras mercantiles, por Dragados, Acciona y Necso Entrecanales Cubiertas y que consiguieron la explotación durante 24 años de esta radial de pago alternativa a la A-3.

El alto tribunal no ve lugar a que el Estado asuma una indemnización debido a la "grave y prolongada reducción del tráfico que circula por la autopista y, en consecuencia, de los ingresos por peaje".

HENARSA alegó un "riesgo imprevisible como la crisis económica iniciada en 2008" para justificar la compensación y también responsabilizó a la Administración por no continuar las obras de las autopistas Madrid-Eje del Ebro, la A-2 y el retraso en la puesta en servicio del cierre norte de la M-50.

Sin embargo, la Sala culpa a la empresa concesionaria de incurrir en una "valoración excesiva" de sus estimaciones, "muy superiores a las del estudio del Ministerio de Fomento" que figura en el anteproyecto de adjudicación de la radial.

"Variables propias de un escenario socio-económico optimista sin que a juicio de esta Sala pueda calificarse como imprevisible el cambio de tales circunstancias, máxime atendiendo el plazo dilatado de la concesión", subraya la sentencia, que rechaza que haya lugar al recurso por silencio administrativo.


lunes, 10 de agosto de 2015

Las grandes constructoras aumentan el 30% su beneficio y recortan deuda

CONSTRUCCION BARCELONA, 23 JULIO 2015. FOTO ELENA RAMON ELENA RAMON. EXPANSION
Las grandes constructoras españolas salvo Sacyr, que publicará más adelante sus resultados, aumentaron un 32% sus ganancias conjuntas en el primer semestre hasta los 817,5 millones, a pesar de los números rojos que registró FCC.

Junto al aumento de los beneficios, la facturación de las constructoras creció un 8 % hasta superar los 31.000 millones, apoyadas, fundamentalmente, por la buena evolución de sus actividades en el exterior, que siguen compensando la caída del mercado doméstico.

Como dato positivo, las grandes constructoras cotizadas han reducido su deuda un 6 % siendo la menos apalancada ACS (3.508 millones), seguida de Acciona (5.153 millones); OHL (5.693,6 millones); FCC (5.810 millones) y Ferrovial (6.200 millones).

A cierre del semestre, ACS fue la constructora que se anotó las mayores ganancias con un beneficio de 407 millones, el 3,1 % más por los mayores ingresos de la actividad internacional y la apreciación del dólar.

La compañía que dirige Florentino Pérez ha reducido su deuda un 40 % debido a la mejora operativa y las desinversiones, en las que sigue centrada.

Ferrovial ganó 267 millones, un 59 % más gracias al buen comportamiento operativo de todas sus divisiones y a su actividad internacional.

La compañía analizará en los próximos meses la posible venta de parte o toda su participación en la autopista Chicago Skyway (EEUU) y en las autopistas de Irlanda M3 y M4.

Además, el grupo puja por el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA) y estudia presentar ofertas por los regionales franceses, en particular Lyon y Niza.

Acciona, por su parte, obtuvo un beneficio neto de 103 millones, un 50,6 % más que en el mismo periodo de 2014, gracias a la actividad de generación de energía renovable en los mercados internacionales y al comportamiento de su filial de aerogeneradores Acciona Windpower.

La compañía que preside José Manuel Entrecanales tiene previsto acometer inversiones por 300 millones este año y aún se encuentra estudiando la opción para llevar a cabo su negocio inmobiliario.

OHL ganó 52,4 millones, un 30,3 % más apoyada en la mejora de los ingresos por la actividad internacional y los menores deterioros. Las ventas crecieron un 20,8 % y el ebitda se redujo un 7,8 %.

El grupo convocó ayer una junta extraordinaria para aprobar una "macroampliación" de capital por 1.000 millones para incrementar los fondos y reducir deuda mientras estudia desinversiones por 250 millones.

FCC, por su parte, perdió 11,9 millones, el 77,4 % menos que un año antes, debido a las provisiones por 72 millones que el grupo ha tenido que dotar ahora por deterioro de Cemusa, cuya venta espera cerrar entre septiembre y octubre.

La compañía ha dejado la puerta abierta a llevar a cabo una nueva ampliación de capital, una opción "planteable" si genera valor para los accionistas y para crecer en áreas estratégicas de medioambiente y agua, aunque también contempla otras opciones.

Además, ha avanzado que apoyará a su filial cementera en lo que necesite y que pasado el verano empezará a trabajar en la renegociación de la deuda de Portland que vence en 2016.

viernes, 19 de junio de 2015

El arreglo definitivo de la autopista autonómica ARA-1 aún no tiene fecha y se alargará cuatro meses


La autopista autonómica se reabrió en precario la semana pasada y así continuará, al menos, hasta el próximo otoño. La concesionaria, formada por Acciona y Brues, ni siquiera tiene fecha para iniciar los trabajos, que se alargarán cuatro meses y que implicarán la construcción de nuevos pasos inferiores capaces de aguantar otra riada del Ebro. Por ello, se mantendrá el paso provisional por una sola calzada.

Acciona ha encargado un estudio en paralelo al de la DGA para analizar las causas del hundimiento de hace tres meses y, sobre todo, para saber cuál es la solución técnica que garantiza que una nueva avenida no se lleve de nuevo el talud de la autopista.

En el caso del informe que acaba de adjudicar la Dirección General de Carreteras por procedimiento negociado, la consultora de ingeniería Sers tendrá ahora un plazo de siete semanas para apuntar las causas de la rotura y proponer "soluciones a adoptar". Por este trabajo cobrarán 21.275 euros más IVA.
Con estos tiempos ya fijados, difícilmente se podrá definir la actuación más idónea para restituir el trazado de la autopista autonómica antes de julio. Y lo
peor es que para entonces aún estará en funciones el equipo del consejero saliente de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, por lo que no se sabrá quién ocupará la cartera y será responsable último del futuro de la ARA-A1.
El equipo de la concesionaria ha optado por abrir un paso provisional, consistente en rellenar los dos tramos del talud dañados por la riada para permitir que los vehículos puedan pasar por una de las calzadas. 

Pese a que han transcurrido tres meses desde que la crecida se llevó 50 metros de la ARA-A1 y socavó el subsuelo de otro de los pasos inferiores, obligando a demolerlo con posterioridad, ni la Administración ni la concesionaria han adelantado los estudios para reparar la infraestructura. De hecho, Acciona acabó ayer de retirar materiales de la autopista, que se reabrió en precario el pasado viernes por la tarde.

Fuentes de la DGA restaron a importancia a la situación e hicieron hincapié en que el paso provisional es suficiente para absorber el escaso tráfico que se desvía por la autopista, que une la autopista y la carretera de Barcelona con la de Castellón. La afección se concentra en un tramo de 3,6 kilómetros, ya que en el resto del trazado se circula con normalidad porque no se vio dañada.

El próximo gobierno autonómico también deberá decidir el futuro de la ARA-A1, que presentó el concurso de acreedores porque los cálculos de tráfico sobre los que se fundamentó su viabilidad económica no se cumplían ni de lejos. El administrador concursal consideró en su informe que la concesión está "abocada a su disolución y liquidaciónsi no hay un acuerdo entre las tres partes implicadas, lo que obligaría a las arcas de la DGA a asumir la deuda con las entidades financieras, que asciende a 43 millones.


viernes, 29 de mayo de 2015

Meridiam, Acciona y Cintra colocan 184 millones en bonos para financiar la autopista A-66

El fondo de infraestructuras Meridiam, Acciona y Ferrovial, a través de Cintra, han colocado 184,5 millones de euros en bonos al 3,169% en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) para financiar la autopista A-66 que une Benavente-Zamora y que constituye un proyecto de colaboración público privada (CPP).

La emisión, con vencimiento el 31 de diciembre 2041, ha sido realizada por la Sociedad Concesionaria Autovía de la Plata participada por Meridiam (50%), Cintra (25%) y Acciona (25%), según ha señalado el fondo.

Se trata de la emisión de bonos a largo plazo más importante hasta la fecha realizada en el MARF para financiar un proyecto de colaboración público privada.

La financiación inicial se cerró el 31 de julio de 2013 con la participación del Banco europeo de Inversión (BEI), BBVA, Santander e Instituto de Crédito Oficial (ICO) en un contexto marcado por la recesión de la economía española.

Según ha señalado el fundador y consejero delegado de Meridiam, Thierry Deau, la compañía ha confiado en la solvencia de España, "incluso durante los más complejos episodios de la crisis invirtiendo en proyectos de utilidad pública". En este sentido, ha asegurado que el fondo va a seguir invirtiendo en España a largo plazo en infraestructuras que contribuyan a la generación de empleo, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aportar valor añadido responsable para España.

El tramo de 49 kilómetros, cuya apertura estaba inicialmente prevista para julio de 2015, se abrió al tráfico el pasado 12 de mayo, dos meses antes de lo programado.

Este tramo de la A-66 completa el eje de la "Ruta de la Plata" de Sevilla a Gijón en el único segmento que no estaba previamente operativo bajo un estándar de autovía.

En los últimos dos años, Meridiam ha colocado para sus proyectos europeos más de 2.000 millones de euros en bonos a largo plazo con inversores institucionales y está actualmente trabajando en otras colocaciones de bonos por más de 1,000 millones. La trayectoria de la compañía incluye la financiación de proyectos en Francia (L2 Rocade - Marsella), Eslovaquia (R1) y Reino Unido (Universidad de Hertfordshire y M8 en Escocia).

lunes, 18 de mayo de 2015

Gijón y Sevilla, a 786 kilómetros y un peaje

Pasaban las 12.00 horas cuando Luis Manuel Dindurra, transportista naveto con palés de plástico y aceite en el camión, se convirtió en uno de los primeros en estrenar Zamora-Benavente, el último tramo que tenía pendiente la autovía A-66 Ruta de la Plata. «Más que el ahorro de tiempo, circular por la autovía supone sobre todo más seguridad, no estar pendiente de los adelantamientos y de los límites de velocidad cuando pasas por poblaciones de las carreteras de doble sentido», valoró el conductor asturiano a 'La Opinión de Zamora'. El tramo ya en servicio ofrece 49 kilómetros de doble calzada, con 5 viaductos y 34 pasos superiores, tras una inversión de 179 millones financiadas por el método alemán. Este sistema implica que el consorcio formado por Cintra, Acciona y Meridiam adelantó los fondos y asumirá los costes de conservación de aquí al año 2045. Durante todo este tiempo el Ministerio de Fomento retribuirá el esfuerzo en cuotas anuales que sumarán al final del periodo poco más de 1.000 millones de euros.

El Catálogo oficial de la Red de Carreteras del Estado (RCE) a 31 de diciembre situaba la longitud de la A-66 en los 635,49 kilómetros. Si a ellos se suma los 49 kilómetros de nueva factura y los 78,09 de la autopista del Huerna (AP-66), resulta que la Ruta de la Plata consta de 762,58 kilómetros, una longitud a la que cabe hacer dos matices. El catálogo excluye los tramos urbanos y además los técnicos del ministerio sitúan el inicio de la A-66 en el nudo de Serín y no en la ciudad de Gijón. La nomenclatura oficial define al segmento Serín-Gijón como exclusivo de la autovía del Cantábrico (A-8).

Al margen de esta oficialidad, lo cierto es que la distancia entre Gijón y Sevilla queda desde ayer en unos 786 kilómetros de vías de alta capacidad y que los usuarios gijoneses tienen una salida más directa a la meseta utilizando la autovía minera (AS-I). Utilizando esta ventaja, el viaje a Sevilla puede librarse desde ayer en unas 7 horas y media, según calcula el programa Google Maps, aunque ViaMichelin lo estima en una hora más.

El ministerio asegura que Zamora-Benavente ahorra por sí solo un cuarto de hora, si bien es un cálculo hecho para condiciones óptimas. Circular por la Nacional 630 tenía poco de óptimo, pues el conductor se veía obligado a atravesar un buen número de poblados con limitación a 50 kilómetros por hora, además de convivir en el mismo carril con los camiones que utilizan la ruta.

La nueva infraestructura mejora la circulación hacia el Sur y Portugal, latitudes con las que la economía regional mantiene importantes relaciones. El plan autonómico de Infraestructuras cifra en 367.000 las toneladas que la industria regional exporta por carretera a Extremadura y Andalucía, siendo de 238.000 las importaciones. Los intercambios alcanzan por tanto las 605.000 toneladas y se trata de un flujo que los técnicos de la administración confían en que se multiplique un 44,9% de aquí al año 2030.

La culminación de la A-66 deja un sinsabor a los usuarios asturianos: el único peaje en toda la ruta es el que deben abonar para circular con la meseta. Los planes para sustituir la AP-66 por una autovía nunca pasaron del mero boceto. Cuando el ministerio termine de pagar Zamora-Benavente, en el año 2045, aún faltarán otros cinco para que concluya la concesión de la AP-66.

martes, 28 de abril de 2015

El Gobierno de Aragón deberá pagar 40 millones para rescatar una autopista rota

La ARA - 1 se derrumbó en la pasada crecida del Ebro. Foto: Gobierno de Aragón
La autopista autonómica ARA-1 amenaza ruina. El puente de medio kilómetro que enlaza las orillas del Ebro entre El Burgo y Fuentes lleva mes y medio roto, después de no haber resistido la primera riada en sus seis años y medio de existencia.
La empresa que la explota, Concesionaria Puente del Ebro, liderada por Acciona, se declaró insolvente hace un año al sufrir en sus cuentas las consecuencias de la baja utilización de la vía, por la que solo pasaba la mitad de los 6.300 vehículos diarios que preveía el proyecto.
Y la combinación de la Ley de Concesión de Obra Pública con la Ley Concursal va a obligar al Gobierno de Aragón a asumir un rescate valorado en alrededor de 40 millones de euros.
La carretera, de 5,3 kilómetros de longitud, enlaza la N-II y la AP-2 con la N-232 y fue diseñada para evitar el paso por Zaragoza al tráfico pesado que cambia del eje Madrid-Barcelona al Cantábrico-Mediterráneo.
Fue adjudicada a principios de la década pasada a una UTE integrada por Acciona Infraestructuras, Brúes y Fernández y Arascón, la cual, con un presupuesto de 55 millones de euros (la primera sostiene que costó 77), preveía ingresar 154,6 entre 2008 y 2036 mediante una fórmula de peaje en la sombra. Asumía el coste de la obra para cobrar durante tres décadas en función del uso.
Sin embargo, la solicitud de preconcurso de acreedores que la concesionaria presentó en abril del año pasado derivó, tras no haber conseguido un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, en una declaración de insolvencia emitida el 4 de noviembre por la magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza.

El informe que los administradores concursales, el despacho Aercarya Concursal y Pericial, remitieron hace unos días a la juez es claro: para que la empresa concesionaria sea viable debe recuperar el equilibrio económico, y si no lo logra debería entrar en fase de liquidación.

En ese caso, el Gobierno de Aragón, como licitador de la concesión, habría de asumir el pago de los 40 millones de euros del coste de la obra, que tiene pendientes de cobro el pool de bancos que financió la construcción.
La empresa que la explota se declaró insolvente hace un año. Foto: Gobierno de Aragón
Jurídicamente, se trata de que la Administración asumiera su responsabilidad patrimonial para evitar un episodio de enriquecimiento injusto, ya que, en caso de liquidación, pasaría a ser la dueña de la autopista.

Todo apunta a ese final. Y más, en una situación de conflicto con varios frentes abiertos como la que mantienen Acciona y el Gobierno de Aragón. Están enfrentados por la construcción del hospital de Teruel, cuyo contrato rescindió la DGA tras negarse a asumir el aumento de precios que, antes de iniciar los trabajos y tras ganar el concurso con una baja del 25% (de 98 millones a 73), le reclamaba la empresa.

La comunidad ejerce la acusación en el caso Plaza, en el que varios directivos de la constructora están imputados por el presunto saqueo de la empresa pública. Y, por último, la Consejería de Obras Públicas ha abierto un expediente sancionador a la empresa del puente por no haber atendido a sus requerimientos de reabrirlo al tráfico un mes después de la rotura.
La concesionaria le ganó la semana pasada a la DGA un pleito que eleva en 3,2 millones el precio final de la contrata de la autopista. Una resolución cuyos efectos prácticos no parece, hoy por hoy, que vayan a superar los de la inscripción en el inventario.

miércoles, 25 de marzo de 2015

El retraso en el arreglo de la autopista aragonesa tras la riada cuesta 26.000 euros cada día


Los retrasos en las tareas de reparación de la autopista aragonesa, la ARA-1, tras los graves daños que sufrió en el kilómetro 2,7 con la crecida del Ebro están costando a los usuarios de la misma unos 26.000 euros al día. Es la estimación que hace el Gobierno de Aragón según el estudio que ha encargado para valorar las repercusiones económicas del problema, que constata que las pérdidas pueden superar los 700.000 euros al mes. 

El Ejecutivo ha exigido además a la concesionaria de la vía, que está en concurso de acreedores y cuya principal accionista es Acciona, que acelere los arreglos y que habilite cuanto antes un paso alternativo al tráfico. Precisamente con Acciona ha tenido la DGA hace poco otro problema con las obras del nuevo hospital de Teruel.

En este caso y para calcular las pérdidas que la actual situación está causando, el Gobierno de Aragón ha analizado las incidencias que suponen para los usuarios los rodeos a los que les obliga el cierre de la ARA-1, tomando como referencia tres focos principales: el polígono de Malpica, el área de los polígonos que hay en torno a La Cartuja y la localidad del Burgo de Ebro. 

El consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, ha precisado que el Gobierno de Aragón aumentará el techo de gasto fijado para 2015 si el dinero que hay que utilizar para reparar los daños causados por la riada del Ebro suben "de los 40 o los 45 millones de euros". 

La presidenta del Ejecutivo, Luisa Fernanda Rudi, dio por hecho a principios de semana que esta subida sería imprescindible para afrontar el pago de las ayudas y subvenciones derivadas de los daños de la riada. Por otro lado, los trabajos y reparaciones inmediatas que llevó a cabo la empresa pública Sarga durante la última crecida del Ebro han tenido un coste global de 993.000 euros. Sarga movilizó en torno a un centenar de trabajadores y múltiple maquinaria que llevaron a cabo tareas de achique de agua, reparaciones en caminos, sistemas de riego, acequias...

sábado, 21 de marzo de 2015

El peaje que pide Seopan en las autovías sería de 54 céntimos a Chinchilla

Aspecto de la A-31 a su paso por la capital, en plena época vacacional. Rubén Serrallé
El presidente de la patronal de las constructoras, Seopan, soltó el bombazo esta semana y el planteamiento no ha dejado indiferente a nadie. En un acto para presentar el balance del sector, en el que se encuentran empresas Ferrovial, FCC, OHL, Dragados, Sacyr o Acciona, Julián Núñez defendió que, pasados los momentos críticos, «ahora todo va a favor de la inversión», una vez que hay primeros indicios de recuperación.

Para ayudar en ese cometido, el presidente de Seopan abogó por buscar fórmulas para lograr recursos adicionales -puesto que la soltura presupuestaria aún está muy contenida- y la concretó en una propuesta que no es nueva: que se pague peaje no sólo en las autopistas, también en las autovías. 

Anunció, que la enviarán al Gobierno y a los partidos políticos para que la estudien, con lo que no pasa por una simple ocurrencia, y resaltó que se plasmaría en lo que se denomina un peaje blando, menos costoso que el que actualmente grava el uso de las autopistas.
Las grandes constructoras plantean que los usuarios de todo tipo de vehículos paguen entre 0,03 y 0,14 euros por kilómetro, lo que supondría sumar más de 13.000 kilómetros de autovías en nuestro país a los 3.000 kilómetros de autopistas en los que ya se cobra por circular. Con ello han calculado que recaudarán alrededor de 6.800 millones de euros al año.

En el caso de la provincia de Albacete, supondría pagar en 281 kilómetros de autovías que transcurren por nuestra geografía, repartidas en la A-31 a Alicante (y un pequeño tramo de la A-35, que es una bifurcación de ésta a la altura de Almansa, y que lleva a Valencia), la A-30 a Murcia, el tramo libre de peaje de la AP-36, por el que de ser así habría que pagar por utilizarla, y otro pequeño tramo de la A-43 a Ciudad Real, a la altura de Villarrobledo.

tarifas variables. De esta forma, los conductores que habitualmente se desplacen por esta provincia -o los que lo hicieran de forma esporádica- tendrían que hacer frente a pagos que irían desde los 54 céntimos de euro para recorrer el trayecto entre la capital y Chinchilla de Montearagón hasta los 22,6 euros que tendrían que abonar por realizar el trayecto que conecta las localidades de Almansa y de Villarrobledo. Otros trayectos muy concurridos son Albacete-La Roda, por el que habría que pagar entre uno y cinco euros -en función de las tarifas propuestas por kilometraje por Seopan-; Albacete-Almansa, que supondría un abono de entre los 2,25 y los 10,5 euros por trayecto; Albacete-Villarrobledo, que tendría un coste por viaje de entre 2,5 y 12,2 euros; o los entre 1,9 y 9,2 euros que costaría viajar de Albacete a Hellín. Desde este municipio a Villarrobledo habría que pagar por cada trayecto hasta los 21,3 euros.

En la provincia de Albacete, la vía de alta ocupación, esto es, la autovía con una mayor densidad de tráfico, es la A-31, que conecta Madrid con Alicante y que, a la altura de la circunvalación de Albacete, registró una densidad media de 29.883 vehículos al día durante 2014, según reflejan los datos del Ministerio de Fomento. Es, de hecho, la vía más utilizada para conectar -por autovía- la mayoría de los municipios albaceteños.

La A-30 constató una densidad media diaria de 14.280 vehículos al día, mientras que en el tramo albaceteño de la A-43 no llegaron a 10.000 vehículos al día (9.074).

viernes, 13 de marzo de 2015

Las constructoras piden poner peaje en autovías para captar 6.800 millones

El presidente de Seopan, Julián Núñez. / EFE
"Ahora todo va a favor de la inversión". Con estas palabras, Julián Núñez, presidente de Seopan, la patronal que representa a grandes constructoras como Ferrovial, FCC, OHL, Dragados, Sacyr o Acciona, presentó este miércoles el balance del sector, que culminó en 2014 siete años de vacas flacas y aborda 2015 con los primeros indicios, "muy humildes", de recuperación. El presidente de Seopan añadió que los años de crisis -más de la mitad del recorte en gasto público se ha centrado en la inversión-, "han ampliado el diferencial con los principales países europeos". Las grandes constructoras instan a cubrir ese diferencial (pasar de los 600 euros anuales por kilómetro cuadrado y millón de habitantes a los 1.500 de Francia y Alemania) en los próximos ocho años. Pero con la restricción presupuestaria aún muy viva (el déficit público en 2014 fue aún del 5,5% del PIB), Núñez planteó la necesidad de lograr recursos adicionales y actualizó una vieja idea del sector, obviamente interesado en que se acelere el ritmo de la obra pública: la aplicación de un peaje en los 16.455 kilómetros de carreteras de alta capacidad. 


"Es una propuesta que enviaremos al Gobierno y a todos los partidos", explicó en conferencia de prensa Núñez, que quiere introducir esta controvertida medida -el Ejecutivo del PP ha desestimado medidas similares o una iniciativa más limitada, la euroviñeta para camiones de alto tonelaje- en el debate electoral para facilitar su puesta en marcha en la próxima legislatura. El presidente de Seopan sostuvo que España es uno de los países europeos con menos kilómetros (3.026 kilómetros, el 18% de la red de alta capacidad) en los que se cobra por circular (en el caso español, los peajes son en autopistas), cuando en la mayoría de la UE todas las autopistas o autovías soportan algún tipo de tarifa.

La propuesta de Seopan es extender la aplicación de peaje blando a todas las autovías y las autopistas, menos costoso que el que ahora está en vigor en las autopistas, y para todos los vehículos, ya sean turismos y camiones, con tarifas que fluctuarían entre los 0,03 euros y los 0,14 euros por kilómetro. "Para el transporte por carretera habría algún tipo de subvención, como en Alemania", puntualizó Núñez. Las grandes constructoras plantean que el sistema -mediante arcos a la entrada y salida de las vías, en los que se leería de forma automática la matrícula del vehículo- se ponga en marcha en 2016 de forma progresiva, hasta ingresar más de 5.000 millones en 2019. Seopan calcula que, a pleno rendimiento, este sistema de peaje, con unos gastos operativos de unos 250 millones anuales, generaría más de 6.800 millones al año.


Las grandes constructoras creen que en la próxima legislatura (2016-2019) la extensión del peaje a las autovías y a todo tipo de vehículos permitiría captar unos 10.200 millones de euros. Y que ese dinero, pagado por los usuarios de autopistas y autovías, serviría para financiar un tercio del aumento de la inversión pública que creen necesario en esos cuatro años, hasta situarla en el 2,6% del PIB anual. 

Seopan plantea elevar la inversión pública directa en 32.500 millones en cuatro años, una inversión adicional que saldría de los presupuestos y del copago de usuarios de infraestructuras de todo tipo (el peaje a autovías y autopistas, pero también la aplicación de cánones en depuradoras o instalaciones portuarias). Además, las grandes constructoras creen que el apoyo público a la financiación de un ambicioso plan de rehabilitación de viviendas, como el promovido en Alemania entre 2008 y 2010 o de mejora de las "autopistas maduras", permitiría a las empresas privadas costear una inversión adicional de otros 33.355 millones.

Con ese aumento de la inversión, pública y privada, de 65.835 millones entre 2016 y 2019, Seopan estima que se sostendrían unos 256.000 empleos a tiempo completo cada año (un millón de nuevos puestos de trabajo en el periodo), y que la actividad generada permitiría, vía impuestos, un retorno fiscal valorado en unos 30.716 millones, casi la mitad del gasto previsto.

Hasta 8.000 millones por liquidar las autopistas quebradas: El rescate de las ocho autopistas de peaje en concurso de acreedores se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del Gobierno español, hasta el punto que la Comisión Europea sigue de cerca cuál podría ser el impacto de la liquidación en las cuentas públicas españolas.

Para sortear esa liquidación, el Gobierno trabaja desde hace meses con las constructoras y los bancos acreedores en la constitución de una sociedad pública que asuma las deudas, tras una quita del 50% de los pasivos y la pérdida de los 1.760 millones de capital de las empresas. Pero la constitución de esa sociedad pública está en punto muerto, y una resolución judicial que rechazó el convenio de acreedores que presentó Fomento para la AP-36 Ocaña-La Roda, ha vuelto a poner la posibilidad de un rescate sobre el tapete.

El Gobierno estimó en 4.500 millones el dinero que tendría que asumir por la responsabilidad patrimonial de la administración en estas concesiones si las autovías van a la liquidación. Las empresas accionistas elevan ese cálculo a 5.200 millones, que impactarían directamente en el déficit público (en 0,6 puntos porcentuales del PIB). Y la patronal Seopan elevó ayer esa previsión hasta los 8.000 millones por el coste adicional en tribunales de las eventuales reclamaciones de los afectados por las liquidaciones.

jueves, 12 de marzo de 2015

Las grandes constructoras tienen fuera de España el 85% de sus obras, que suman 66.000 millones

Las grandes constructoras cotizadas (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL) elevaron un 5% su cartera de obras internacionales pendientes de ejecutar durante el pasado año, de forma que a cierre del ejercio sumaba un importe de 65.997 millones de euros.

Estos grupos tienen así fuera de España el 85% del total de su cartera de proyectos, que a la conclusión del pasado ejercicio se valoraba en 77.734 millones de euros, según datos de las empresas que recoge Europa Press.

Además, los trabajos de construcción en el exterior multiplican casi por seis a los que actualmente tienen en España, estimados en 11.736 millones de euros.

El avance de la contratación el exterior permitió a los grandes grupos constructores cotizados compensar parte del desplome del 11,1% que se anotó su cartera de obra española, que apenas supone ya un 15% del total.

El peso del mercado doméstico en la actividad constructora de estos grupos ha venido descendiendo en los últimos ejercicios desde la tasa de casi el 20% que representaba a cierre de 2012.

El parón de inversión en obra pública y la estrategia de internacionalización que las grandes compañías del sector desarrollan desde hace años constituyen las principales causas de que estas empresas concentren gran parte de su actividad constructora en el exterior.

ACS se mantiene como el grupo con mayor volumen de obras fuera de España, que al cierre de 2014 sumaba 41.888 millones de euros. Este importe copa el 92% de la cartera de la empresa y es un 4,3% superior al de 2013.

Después se sitúa Ferrovial, que cuenta con proyectos en el exterior por 6.117 millones, el 75% del total, y un 10,4% más que al inicio del año. De su lado, OHL suma trabajos internacionales por 6.016 millones (el 80% del total), y FCC por 4.193 millones (el 67% del total y un 2,6% más).

Asimismo, la cartera exterior de Sacyr creció un 18% el pasado año y asciende a 4.152 millones (el 83% del total) y Acciona tiene trabajos fuera de España por 3.631 millones (el 63% del total y un 19% más).

La adjudicación al consorcio formado por ACS y FCC de la construcción de la línea 2 del metro de Lima (Perú) por 3.900 millones de euros constituye uno de los grandes proyectos internacionales conseguidos en 2014.

Asimismo, Acciona se reforzó en Australia al conseguir el tren ligero de Sydney por unos 1.100 millones de euros, mientras que Ferrovial también avanzó por dos de sus mercados estratégicos con la consecución de obras en el metro de Londres por 630 millones y de una autopista en Carolina del Norte por 478 millones.

OHL entró en Colombia al lograr una autopista por 530 millones y se hizo con el grueso del ferrocarril entre México y Toluca por 575 millones y Sacyr, de su lado, logró un nuevo contrato del metro de Sao Paulo por casi 500 millones y su primera autopista en Perú por 400 millones.

jueves, 13 de noviembre de 2014

La concesionaria de la autopista autonómica ARA A-1 suspende pagos


Otro de los grandes proyectos del megalomaníaco inicio de siglo en Aragón entra en barrena: Concesionaria Puente del Ebro, la empresa adjudicataria del concurso para gestionar la primera y hasta la fecha única autopista autonómica de la comunidad, ha suspendido pagos cuando han transcurrido apenas seis de los treinta años que contempla la contrata.

La sociedad, liderada por Acciona (50%) y creada con las firmas Arascón y Brues y Fernández como socios minoritarios (25% cada una), ha sido declarada en concurso de acreedores por la magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza. La empresa no ha podido cerrar durante los cuatro meses de preconcurso un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, principalmente un grupo de bancos a los que adeuda 45 millones. Esta situación ha llevado a la empresa a solicitar la declaración de insolvencia, situación que el juzgado le reconoció en un auto emitido el pasardo martes.

Se abre ahora un periodo para que la concesionaria busque un nuevo modelo de subsistencia económica. Si no logra un acuerdo para acordar con los bancos un plan para saldar esa deuda, con la condonación y los aplazamientos que acepten los acreedores, Puente del Ebro entrará en fase de liquidación.

La autovía aragonesa sigue de esta manera los mismos pasos que la práctica totalidad de los proyectos de gestión privada de infraestructuras del transporte promovidos en las últimas dos décadas en España bajo la fórmula del peaje en la sombra, también llamado modelo alemán: la constructora ejecuta la obra y la explota mediante un canon que le paga, en función de su uso, la administración que se la ha adjudicado.

La clave del fracaso de la ARA-1, el puente que une sobre el Ebro, a la altura de El Burgo, la N-II y la AP-2 con la N-232, se encuentra en el escaso uso que (o las disparatadas previsiones) que ha tenido. Concesionaria Puente del Ebro aceptó construir la infraestructura, de 5,3 kilómetros de longitud y con un presupuesto de casi 55 millones, a cambio de explotar un peaje en la sombra que debía reportarle 154,6 millones de euros entre los años 2008 y 2038.

Sin embargo, los 6.300 vehículos diarios (más de mil de ellos pesados) que sobre el papel iban a circular se quedaron en la práctica en menos de la mitad: 3.160 en el primer semestre de este año. Eso redujo de manera sustancial los ingresos de la concesionaria, ya que el canon contemplado en el contrato dependía de la intensidad de la circulación.

martes, 21 de octubre de 2014

Las autopistas se rebelan contra el plan de rescate de Fomento diseñado a sus espaldas

El plan de rescate que el Ministerio de Fomento ha presentado para rescatar las autopistas en quiebra no convence nada a las constructoras propietarias. Es más, están totalmente en contra. Consideran que la ministra Ana Pastor ha cocinado todo con los bancos a espaldas de las propias empresas, sin tan siquiera tener en cuenta la propuesta que ellas mismas han presentado. Abertis, Sacyr y Acciona, principales afectadas, no arrojan la toalla y dicen estar dispuestas a dar la batalla judicialmente.

Las em­presas pro­pie­ta­rias de Accesos de Madrid, la con­ce­sio­naria de las au­to­pistas de Madrid R-3 y R-5 para las que Fomento pre­sentó el pa­sado la pro­puesta de con­venio de acree­do­res, ase­guran haber plan­teado una pro­puesta al­ter­na­tiva que no quieren des­velar hasta que se pro­nuncie el juz­gado de lo Mercantil nú­mero 6 de Madrid. Únicamente ase­guran que su plan de con­venio es com­pe­ti­tivo y que per­mi­tirá salvar de la quiebra a las dos au­to­vías.

Las cons­truc­toras están es­pe­rando, por tanto, a que dic­ta­mine el juez y, en el caso de que la pro­puesta de Fomento re­sulte fa­vo­ra­ble, em­pren­derán su guerra ju­di­cial. Las em­presas con­fían tam­bién que la banca ex­tran­jera no se lo ponga fácil a Ana Pastor y que no acepten las con­di­ciones im­puestas de co­brar los 640 mi­llones de euros que se les adeuda en un plazo de 30 años. Los bancos es­pa­ño­les, bá­si­ca­mente Santander, BBVA y Caixabank, están tam­bién re­ti­cen­tes, aunque fi­nal­mente pueden clau­di­car. Para esta se­mana está pre­vista una reunión de Fomento con la banca ex­tran­jera, los más fuertes en todo el pro­ceso. Algunos de los bancos han ame­na­zado con acudir a Bruselas.

Ahora quien tiene la úl­tima pa­labra es el juez, que sería quien de­berá de­cidir si el plan de ne­gocio pre­sen­tado por Fomento es creíble y com­probar si el 50% de los in­gresos que ge­ne­rará la nueva so­ciedad pro­ce­derán de su ac­ti­vidad or­di­na­ria, es decir de la fac­tu­ra­ción que ob­tenga del cobro de peajes bá­si­ca­mente.

Gracias a la re­forma de la Ley Concursal que el Gobierno aprobó en sep­tiembre pa­sado, el plan que Fomento tras­ladó el viernes pa­sado al Juzgado de lo Mercantil nú­mero 6 de Madrid ser­virá para la R-3 y la R-5 y las otras siete au­to­pistas de peaje que ac­tual­mente están en riesgo de quie­bra. La AP-36 que une Ocaña (Toledo) con la Roda (Albacete) está tam­bién con el agua al cuello y el plazo venció el día 26.

El resto de las vías con pro­blemas son las otras dos ra­diales de Madrid R-2 y R-4, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, la que une Madrid con el ae­ro­puerto de Barajas y la cir­cun­va­la­ción de Alicante. La au­to­pista Alicante-Cartagena ha que­dado fuera del res­cate des­pués de lo­grar un acuerdo de re­fi­nan­cia­ción de su deuda de 240 mi­llones de euros con una quita del 30%, por­cen­taje in­fe­rior que el que se apli­cará al resto.

Las con­di­ciones son prác­ti­ca­mente las mismas que las que se ve­nían ba­ra­jando desde julio pa­sado: aplicar una quita del 50% a la deuda de 3.400 mi­llones de euros que arras­tran estas vías y ti­tu­lizar el pa­sivo res­tante en un bono a 30 años. Uno de los puntos que queda por ne­go­ciar con la banca acree­dora es el in­terés que de­berá de­vengar esa deuda y que se sitúa entre el 1% que ofrece Fomento y el 2% que exigen las en­ti­da­des.

Una vez que se re­fi­nancie la deuda, se cons­ti­tuirá una nueva em­presa pú­blica de au­to­pistas en la que se in­te­grarán estas vías, de­pen­diente del Ministerio de Fomento que la ex­plo­tará. La so­ciedad que se cons­ti­tuirá es­tará in­te­grada en Seittsa, una so­ciedad mer­cantil es­tatal pro­mo­tora de la ma­yoría de las in­fra­es­truc­turas te­rres­tres de Fomento.

Con la pre­sen­ta­ción del plan al Juzgado de lo Mercantil nú­mero 6, el Ministerio evita que Accesos de Madrid, la so­ciedad con­ce­sio­naria de la R-3 y la R-5 entre en li­qui­da­ción. De haber sido así, Fomento es­taría obli­gado a cum­plir con su res­pon­sa­bi­lidad pa­tri­mo­nial y, en caso de afectar a las nueve au­to­pistas con pro­ble­mas, po­dría su­poner un coste para el Estado de unos 4.600 mi­llones de eu­ros, tal y como ase­guró hace meses Ana Pastor. Una op­ción que la mi­nistra quiere evitar a toda costa, ya que pa­saría a con­ta­bi­li­zarse como dé­ficit pú­blico.

El pro­ceso lle­vaba meses en­quis­tado. En julio pa­sado, cuando todo pa­recía que es­taba he­cho, nue­va­mente el plan de sal­va­mento quedó apla­zado a sep­tiem­bre. El mismo 31 de ju­lio, justo antes de las va­ca­cio­nes, es­taba pre­visto un en­cuentro entre Hacienda, Economía y Fomento con los seis bancos acree­do­res, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell, y se sus­pendió a úl­tima hora. En esa reunión, es­taba pre­visto que se for­ma­li­zase la so­ciedad pú­blica que aglu­ti­naría los pa­sivos y los ac­tivos del con­junto de las nueve ra­diales en quiebra y ce­rrar los flecos que aún es­taban pen­dientes de re­sol­ver. La nueva so­ciedad que es­taría col­gada de Seittsa sería quien asu­miría toda la deuda que arras­tran las au­to­pistas -unos 3.400 mi­llones de eu­ros- si, como está pre­visto, las en­ti­dades aceptan una quita del 50%.

Las exi­gen­cias que im­ponen los bancos y los miedos a Bruselas han pro­vo­cado todo este re­traso. Por un lado, las en­ti­dades acree­doras quieren ase­gu­rarse que el acuerdo tendrá el visto bueno de Bruselas y que no pone trabas a la crea­ción de la so­ciedad pú­blica que se res­pon­sa­bi­li­zará de la deuda. Además, exigen que el Banco de España se com­pro­meta con Seittsa de que la deuda que asumen de­fi­ni­ti­va­mente a través del cré­dito que otorgan a la so­ciedad pú­blica está exenta de pro­vi­sio­nes, de modo que no afec­tará a sus cuentas de re­sul­ta­dos.

El acuerdo global pasa porque la nueva so­ciedad es­tatal de quien de­pen­derán las ra­diales en quiebra pe­dirá un cré­dito sin­di­cado a los bancos acree­dores y que estos acepten una quita del 50% del total de la deuda ban­caria más la compra de la deuda que tienen los bancos ex­tran­je­ros, que se eleva a 646 mi­llones de eu­ros.

Desde que arran­caron las ne­go­cia­ciones entre el Estado y la banca, el Ejecutivo ha de­jado claro que no pen­saba poner ni un duro en el plan de sal­va­ción de las ra­diales Se com­pro­mete úni­ca­mente a crear una so­ciedad pú­blica de res­cate de las nueve au­to­pistas y que ésta asuma la deuda pero con una quita del 50%. En la ope­ra­ción fi­nal, no existe como tal en­trega de di­nero pú­blico pero sí asun­ción de deuda por parte de la fu­tura so­ciedad y asun­ción de riesgos por parte de la Administración Central. Por tanto, in­di­rec­ta­mente el res­cate para el Estado de las nueve au­to­pistas su­pone que­darse con unos ac­tivos (las ra­dia­les) con la mitad de la deuda que ac­tual­mente so­portan -unos 3.400 mi­llones de eu­ros-. La otra op­ción ha­bría sido dejar sin re­solver el pro­blema y aban­donar las au­to­pistas a su suerte. Tal y como sos­tiene Ana Pastor, de no aco­meter el res­cate, la res­pon­sa­bi­lidad pa­tri­mo­nial del Estado se ele­varía a 4.600 mi­llones de euros que, a la pos­tre, compu­taría en el dé­fi­cit.

Aparte del po­sible acuerdo con la banca, Abertis, ACS, Sacyr, Acciona, FCC, Ferrovial y OHL no han dicho aún su úl­tima pa­la­bra. Uno de las exi­gen­cias que las con­ce­sio­na­rias han puesto siempre en­cima de la mesa es dejar sin efecto las ga­ran­tías que en su día se­llaron con la banca ante po­si­bles in­sol­ven­cias de las au­to­pis­tas.

Capital Madrid.com 21/10/2014

jueves, 28 de agosto de 2014

Aragón, al rescate de su autopista

La primera y única autopista autonómica de Aragón, la ARA-1, inaugurada en 2008 por el entonces presidente de la Comunidad, el socialista Marcelino Iglesias, ha resultado ser una auténtica ruina.

La falta de usuarios ha motivado que la sociedad concesionaria Puente del Ebro -conformada en origen al 50% por Acciona y al 25% por Arascon y Brues y Fernández, respectivamente-, presentara el pasado junio preconcurso de acreedores.Lo cierto es que su tráfico ha sido, desde el principio, la mitad del previsto. El Gobierno aragonés, por su responsabilidad patrimonial, ha tenido que acudir a su rescate y pagar a los bancos los 45 millones de euros todavía pendientes de las obras de construcción de la autopista.

La concesionaria pretendía subir el peaje en sombra, es decir lo que cobra de la Administración autonómica en función del número de usuarios, a lo que se ha negado el Ejecutivo regional, que sí está dispuesto a negociar otras fórmulas antes de que la autopista entre en quiebra.

La Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU) rechazan que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi acuda al rescate de la autopista y se preguntan de dónde van a salir los 45 millones en un momento de crisis y de recortes.

Los grupos que respaldaban el Gobierno autonómico cuando se construyó, PSOE y Partido Aragonés (PAR), se muestran más comprensivos y estarían dispuestos a apoyar cualquier fórmula que adopte el Ejecutivo.

El principal objetivo de la ARA-A-1 es comunicar las carreteras N-II y AP-2 con la N-232, entre Villafranca de Ebro y El Burgo de Estro, sin necesidad de pasar por la ciudad de Zaragoza. Ahorra a los coches una vuelta de 40 kilómetros para enlazar las carreteras de Castellón y Barcelona.

La construcción de la vía, tan sólo 5,3 kilómetros, costó más de 54 millones de euros, que fueron asumidos por la UTE Acciona, Arascón y Brues, con una concesión hasta el año 2038. Acciona se quedó después sola al quebrar sus dos socios.

En el primer semestre de este año la autopista no registró ni el 40% de la circulación prevista, pues sólo transitaron 3.160 vehículos por ella frente a los 7.921 que deberían hacerlo para que la infraestructura fuera rentable. La concesionaria lo atribuye a la crisis. No obstante, se trata del mejor dato de la serie de la infraestructura desde que se inauguró.

El Mundo.es 11/08/2014

miércoles, 6 de agosto de 2014

La justicia obliga a Fomento a pagar 33 millones a la familia Abelló

La familia Abelló tiene que ser indemnizada por el Estado por la expropiación de parte de una finca sobre la que se construyó la autopista Radial 2 de Madrid, el corredor de pago que comunica la capital de España con Guadalajara, actualmente en concurso de acreedores debido, precisamente, a los sobrecostes de las expropiaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fijó la indemnización en 33 millones de euros, pero el Ministerio de Fomento ha evitado pagar, de momento, tras presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Fuentes próximas al proceso judicial calculan que la indemnización es sensiblemente mayor a la indicada por el TSJM, próxima a los 46 millones de euros, ya que, además del principal, «hay que sumar los intereses acumulados durante los años que ha durado el pleito», indican.

La finca, denominada Quintana del Jarama, tiene una extensión de 200 hectáreas y pertenece a la familia Abelló desde hace más de 40 años. «En concreto, desde 1967», indican fuentes próximas al financiero Juan Abelló, cuya participación en el solar se eleva al 20% a través de Torreal, su brazo inversor.

Desde Torreal apuntan que el terreno afectado por las expropiaciones se acerca a 150 hectáreas, mientras que fuentes jurídicas próximas a la sociedad concesionaria limitan la superficie a 44 hectáreas, es decir, la indemnización equivale a más de un millón de euros por hectárea de suelo, teóricamente, destinado a uso agrícola y ganadero.

Fomento tiene que hacerse cargo de esta millonaria indemnización por la doctrina generada tras una sentencia del Supremo de diciembre de 2013. El Alto Tribunal sentenció que, a pesar de que por ley el único obligado al abono de los justiprecios expropiatorios es el beneficiario de la expropiación (la concesionaria), en caso de que no pudiera hacerlo (por haber entrado en concurso de acreedores), será el Estado el obligado a hacerse cargo de la deuda.

En el caso concreto de la autopista de peaje entre Madrid y Guadalajara, la sociedad concesionaria (Henarsa) presentó concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013. Sus accionistas (ACS, Abertis, Acciona y Bankia) tomaron esa decisión ante la imposibilidad de hacer frente a una refinanciación de 400 millones de euros y al pago de las indemnizaciones por las expropiaciones de suelo dictadas desde los tribunales.

En los presupuestos iniciales de Henarsa y Accesos de Madrid (Radial 3 y 5) se estimó un coste de expropiación conjunto de 80 millones de euros. Tras las repetidas sentencias dictadas por los tribunales desde 2003, el sobrecoste se eleva a 1.600 millones de euros, lo que representa un incremento de casi el 2.000%.

En principio, Juan Abelló estuvo al corriente desde el comienzo de este proceso, ya que el financiero fue accionista y vicepresidente de Sacyr hasta 2013 y la constructora figuraba como socio de Henarsa a través de Avasa, sociedad que, tras la venta de Itínere en 2009, está controlada íntegramente por Abertis.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dado orden de recurrir cualquier decisión judicial en contra del Estado sobre expropiaciones, ya que el agujero provocado por los sobrecostes se eleva a más de 2.000 millones de euros. El precio de las expropiaciones y el incumplimiento de las previsiones de tráficos son los factores que han provocado la suspensión de pagos de nueve autopistas de peaje.

Expansión.com 22/07/2014 

martes, 24 de junio de 2014

La autopista autonómica ARA A-1 entra en preconcurso de acreedores


La primera autopista autonómica, la ARA A-1, está al borde de la quiebra. La sociedad concesionaria Puente del Ebro, una UTE formada al 50% por Acciona y al 25 % por Arascon y por Brues y Fernández, notificó la pasada semana a la Consejería de Hacienda su situación de preconcurso de acreedores. El próximo martes, el Consejo de Gobierno abordará la situación de esta infraestructura de 5,3 kilómetros que se inauguró en julio del 2008 para unir la N-232 y la A-2 mediante un largo puente sobre el río Ebro.

A partir de ahora, se abre un plazo de cuatro meses para que se aborde la situación de esta empresa y se pueda encontrar una salida favorable tanto para la continuidad de la sociedad como para evitar que el Gobierno de Aragón tenga que acudir al rescate. Por este motivo, en los próximos días se van a producir diversos encuentros entre el Gobierno de Aragón (a través de la Consejería de Hacienda y la de Obras Públicas), las entidades financieras y los responsables de la sociedad.

Fuentes cercanas a la situación se mostraron optimistas y confiaron en que se resolverá de forma favorable para todas las partes. Ello permitiría a la concesionaria salir de esta delicada situación.

La principal causa del estado al que se ha llegado tan solo seis años después de la entrada en funcionamiento de esta infraestructura es que el aforo de tráfico de esta autopista es muy inferior a lo que se estimó inicialmente, lo que hace que la elevada inversión de la empresa (que obtuvo la concesión por un plazo de 30 años y un importe de 154,6 millones) no recupere beneficios ya que el Gobierno de Aragón debía abonar una tasa que se calculaba multiplicando una cantidad por el número de vehículos que la usaban por kilómetro. Así, se cifró que el Gobierno de Aragón debía abonar entre los 5,6 millones del 2008 hasta los aproximadamente 6,4 del último año de la concesión, en el 2035. La infraestructura costó unos 50 millones de euros.

Estas cantidades anuales se cifraron con unos cálculos aproximados según los estudios en los que se estimaba que diariamente usarían utilizarán la nueva carretera 4.800 vehículos ligeros y entre 1.200 y 1.300 pesados. Lo cierto es que desde su apertura, el tráfico siempre ha rondado la mitad de las previsiones.

De este modo, todo indica que se va a renegociar el contrato para que la empresa encargada de su explotación y mantenimiento perciba unos ingresos acordes a la situación y se evite así un rescate. La situación de la autopista autonómica aragonesa no es una excepción en la red viaria estatal, ya que la misma situación se da en la Comunidad de Madrid.

El Periódico de Aragón.com 20/06/2014

sábado, 8 de marzo de 2014

Seopan y Aseta dan luz verde a su fusión bajo la presidencia de Julián Núñez

La patronal que agrupa a las grandes constructoras, Seopan, y la asociación que aglutina a las concesionarias de autopistas de peaje, Aseta, han aprobado hoy por unanimidad la fusión de sus actividades, con efectos operativos desde el pasado 1 de enero.

El proyecto de fusión por absorción de Aseta en Seopan, que ha contado hoy con el respaldo de los socios de ambas patronales, tiene como objetivo aprovechar sinergias, potenciar la defensa de sus asociados, ampliar su actividad nacional e internacional y ganar representatividad, según han señalado en un comunicado.

La nueva organización será presidida por el actual presidente de Seopan, Julián Núñez, elegido hace un año en sustitución de Baldomero Falcones, que salió de FCC el 31 de enero de 2013.

En consecuencia, el hasta ahora presidente de la patronal de las autopistas de peaje, José Luis Feito, abandonará la entidad.

Según señalaron recientemente a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, el deseo inicial de Feito era haber dejado la asociación de concesionarias de autopistas, túneles, puentes y vías de peaje el pasado enero.

Lo que por el momento sigue sin cerrarse es la absorción en Seopan de la Asociación Tecnológica para el Tratamiento de Agua (ATTA), cuya integración en la patronal de las grandes constructoras sigue negociándose.

El objetivo de estas absorciones no es otro que el de ahorrar cuotas, ya que los miembros de Aseta son prácticamente los mismos que los de Seopan, según explicaban fuentes del sector.

La fusión de ambas patronales representará a 42 empresas y 12 grupos empresariales dedicados a la construcción y gestión de infraestructuras públicas mediante concesiones, nueve de ellos grupos cotizados en la Bolsa de Madrid.

En conjunto, los asociados representan un volumen de producción de 73.565 millones de euros, gestionan más de 3.400 kilómetros de carreteras en régimen de concesión en nuestro país y 10.866 kilómetros fuera de España, proporcionando empleo a más de 418.000 personas.

Seopan, creada en 1957, agrupa entre sus socios a los seis grandes grupos constructores cotizados (FCC, Acciona, ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr Vallehermoso).

Por su parte, Aseta, que se constituyó en 1973, integra a Accesos de Madrid (R-3 y R-5), OHL, Itínere, Iridium (ACS), Globalvía, Cintra (Ferrovial), Abertis Autopistas, Iberpistas, Henarsa, Ausol, Aucosta o a Autopista Eje Aeropuerto, entre otras concesionarias.

La Vanguardia.com 26/02/2014

martes, 3 de diciembre de 2013

España salvará de la ruina nueve autopistas de peaje

Los automovilistas españoles han preferido mayoritariamente utilizar las carreteras gratuitas, durante la recesión que ha durado más de dos años y de la que se supone que España acaba de salir, lo que ha provocado una caída del 40 % del tráfico en las autopistas de peaje. Para aliviar su situación, el gobierno pretende poner en marcha una entidad pública que se hará cargo de la deuda, concediendo a las compañías concesionarias un préstamo a largo plazo y a bajos tipos de interés.

Los grupos concesionarios recibirán un 20% de las acciones de esta nueva entidad, lo que se traducirá en una depreciación de 1.700 millones de euros sobre las inversiones que realizaron. Estos grupos, entre ellos Ferrovial, Abertis , OHL, ACS, FCC y ACCIONA , habían establecido empresas conjuntas para la obtención de concesiones, durante el auge de la construcción que llevó en volandas a la economía española durante el decenio anterior.

En ese periodo, las empresas de construcción recibieron créditos de los principales bancos del país, Santander, Caixabank, Bankia, Popular y BBVA. La propuesta realizada por el gobierno permite evitar que el endeudamiento de las autopistas de peaje sea incluido en el cálculo del déficit de España, en un momento en que el país se esfuerza en respetar los objetivos en la materia convenidos con la Unión Europea.

lunes, 21 de octubre de 2013

Las constructoras de la R-2, ajenas en Bolsa a la quiebra de su autopista

La quiebra de la autopista de peaje R-2 pasa de puntillas por la Bolsa. Las cotizaciones de las constructoras que integran el consorcio que explota la vía de conexión entre Madrid y Guadalajara han conseguido incluso escapar al alza de la noticia del concurso voluntario de acreedores, registrando un mejor comportamiento que el del agregado Ibex.

Entre los accionistas de Henarsa, la sociedad concesionaria que gestiona la R-2, figuran nombres como ACS, Abertis, Acciona y Globalvía, la firma de infraestructuras participada por FCC y la nacionalizada Bankia. Sólo FCC se ha dejado teñir de rojo esta sesión de martes, con una modesta caída del 0,52% a cierre de sesión. El resto de sus compañeras de carretera han cotizado al alza.

Con un repunte del 1,1%, ACS ha sido la que mejor ha aguantado la noticia de una quiebra que, señalan los analistas, el mercado ya había descontado desde hacía tiempo y esperaba de forma inminente. La presidida por Florentino Pérez ha conseguido esquivar el bache de su participación fallida en una carretera que acumula deudas por más de 400 millones de euros con la llegada de dos nuevos contratos en Arabia Saudí.

Por su parte, Acciona y Abertis han conseguido repuntar un 0,5% a contracorriente de un Ibex 35 que ha cerrado sesión a la baja. En ambos casos, los expertos destacan una vez más que la asfixia de la Madrid-Guadalajara ya había sido descontada de precio, pues todas los demás peajes radiales madrileños habían solicitado con anterioridad el concurso voluntario de acreedores.

Henarsa lleva invertidos unos 500 millones de euros en la radial ahora quebrada y a comienzos de año había intentado que la nacionalizada Bankia, su principal prestamista, aceptase aplazar parte de la amortización de sus créditos. La situación del sector es tan débil en lo que a finanzas se refiere que en varias ocasiones se ha especulado con la posible creación de una suerte de ‘banco malo’ público-privado en el que las constructoras podrían recluir sus infraestructuras no rentables.

El Boletín.com 15/10/2013

lunes, 14 de octubre de 2013

Como nos ven desde el exterior: Las autopistas españolas, en quiebra y a punto de ser rescatadas

Cuando España creía que era un país rico y que vivía en abundancia, un grupo de empresas constructoras con la connivencia de las autoridades públicas crearon una red de autopistas radiales alrededor de las grandes ciudades. Todas son de pago y tienen el propósito de agilizar las entradas y salidas de los vehículos.

La crisis y la mala planeación de unas infraestructuras en muchos casos innecesarias han provocado una situación de quiebra de todas estas autopistas, que acumulan una deuda total de más de seis mil millones de euros, casi todas se encuentran en suspensión de pagos y están al borde del rescate por parte del gobierno, del conservador Mariano Rajoy, que prepara un plan que supondrá en la práctica la expropiación de las carreteras.

La principal sociedad concesionaria de las principales autopistas radiales españolas se llama Henarsa y se encuentra en concurso de acreedores desde hace cuatro meses, al acumular una deuda financiera de más de 500 millones de euros y dejar en manos de la justicia el funcionamiento de las tres principales radiales que hay en Madrid -la R3, R4 y R5-. Eso sólo en la capital española. En el resto del país, sobre todo en las radiales de las principales urbes, la situación es parecida y afecta de manera directa a algunas de las principales constructoras españolas, muchas de ellas con intereses en México, como OHL, ACS, Acciona, Ferrovial, Abertis, Cintra o Sacyr, entre otras.

Además de las tres vías radiales de Madrid, el resto de autopistas en problemas, la mayor parte de ellas en concurso, son la Eje Aeropuerto, que une Madrid y el aeropuerto de Barajas; la Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.

La situación heredada de la crisis, pero sobre todo de la planeación que hicieron por su cuenta responsables políticos con los propios empresarios deja un panorama desolador. Con infraestructuras bien acondicionadas pero sin suleitmotiv: los vehículos que en teoría deberían hacer uso de ellas, ya que las altas tarifas y en muchos casos la escasa ventaja de la autopista radial con respecto a la autopista convencional –que es gratuita– han hecho que su rentabilidad sea nula y la enorme inversión pública y privada un desastre.

Henarsa en solitario tiene unos pasivos acumulados de más de tres mil millones de euros, de ahí que se haya declarado en suspensión de pagos y en concurso de acreedores a pesar de que hace solo unos años defendían, de la mano de las autoridades madrileñas del Partido Popular (PP), la urgencia de renovar las vías de acceso a Madrid y la intercomunicación entre las principales autopistas que comunican al país.

El Ministerio de Fomento, presidido por Ana Pastor, informó que actualmente hay siete radiales en quiebra, de un total de nueve. Y lo atribuyen, en parte, a los problemas financieros de las propias empresas, al pertenecer a uno de los sectores más aquejados por la crisis, pero también porque para la realización de las infraestructuras pagaron un costo excesivo de las expropiaciones de terrenos y a la caída del tráfico vehicular en estas arterias, precisamente por su condición de “pago”.

El gobierno español se plantea ahora crear una especie de “banco malo para las autopistas”. Es decir una empresa pública que se hará cargo de la gestión de las autopistas radiales y de la abultada deuda, que ahora pretenden renegociar con la banca privada y semipública –las Cajas de Ahorro, hoy también quebradas– que participaron en la operación.

El objetivo es rebajar la deuda entre un 20 y un 50 por cierto a cambio de hacerse cargo de la gestión y de las responsabilidades legales y financieras de las empresas concesionarias, que a pesar de su mala planeación podrían ser beneficiarias de un fondo de “responsabilidad civil de la Administración” que les podría llegar a suponer más de tres mil millones de euros.