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| El presidente de Seopan, Julián Núñez. / EFE |
"Ahora todo va a favor de la inversión". Con estas palabras, Julián Núñez, presidente de Seopan, la patronal que representa a grandes constructoras como Ferrovial, FCC, OHL, Dragados, Sacyr o Acciona, presentó este miércoles el balance del sector, que culminó en 2014 siete años de vacas flacas y aborda 2015 con los primeros indicios, "muy humildes", de recuperación. El presidente de Seopan añadió que los años de crisis -más de la mitad del recorte en gasto público se ha centrado en la inversión-, "han ampliado el diferencial con los principales países europeos". Las grandes constructoras instan a cubrir ese diferencial (pasar de los 600 euros anuales por kilómetro cuadrado y millón de habitantes a los 1.500 de Francia y Alemania) en los próximos ocho años. Pero con la restricción presupuestaria aún muy viva (el déficit público en 2014 fue aún del 5,5% del PIB), Núñez planteó la necesidad de lograr recursos adicionales y actualizó una vieja idea del sector, obviamente interesado en que se acelere el ritmo de la obra pública: la aplicación de un peaje en los 16.455 kilómetros de carreteras de alta capacidad.
"Es una propuesta que enviaremos al Gobierno y a todos los partidos", explicó en conferencia de prensa Núñez, que quiere introducir esta controvertida medida -el Ejecutivo del PP ha desestimado medidas similares o una iniciativa más limitada, la euroviñeta para camiones de alto tonelaje- en el debate electoral para facilitar su puesta en marcha en la próxima legislatura. El presidente de Seopan sostuvo que España es uno de los países europeos con menos kilómetros (3.026 kilómetros, el 18% de la red de alta capacidad) en los que se cobra por circular (en el caso español, los peajes son en autopistas), cuando en la mayoría de la UE todas las autopistas o autovías soportan algún tipo de tarifa.
La propuesta de Seopan es extender la aplicación de peaje blando a todas las autovías y las autopistas, menos costoso que el que ahora está en vigor en las autopistas, y para todos los vehículos, ya sean turismos y camiones, con tarifas que fluctuarían entre los 0,03 euros y los 0,14 euros por kilómetro. "Para el transporte por carretera habría algún tipo de subvención, como en Alemania", puntualizó Núñez. Las grandes constructoras plantean que el sistema -mediante arcos a la entrada y salida de las vías, en los que se leería de forma automática la matrícula del vehículo- se ponga en marcha en 2016 de forma progresiva, hasta ingresar más de 5.000 millones en 2019. Seopan calcula que, a pleno rendimiento, este sistema de peaje, con unos gastos operativos de unos 250 millones anuales, generaría más de 6.800 millones al año.
Las grandes constructoras creen que en la próxima legislatura (2016-2019) la extensión del peaje a las autovías y a todo tipo de vehículos permitiría captar unos 10.200 millones de euros. Y que ese dinero, pagado por los usuarios de autopistas y autovías, serviría para financiar un tercio del aumento de la inversión pública que creen necesario en esos cuatro años, hasta situarla en el 2,6% del PIB anual.
Seopan plantea elevar la inversión pública directa en 32.500 millones en cuatro años, una inversión adicional que saldría de los presupuestos y del copago de usuarios de infraestructuras de todo tipo (el peaje a autovías y autopistas, pero también la aplicación de cánones en depuradoras o instalaciones portuarias). Además, las grandes constructoras creen que el apoyo público a la financiación de un ambicioso plan de rehabilitación de viviendas, como el promovido en Alemania entre 2008 y 2010 o de mejora de las "autopistas maduras", permitiría a las empresas privadas costear una inversión adicional de otros 33.355 millones.
Con ese aumento de la inversión, pública y privada, de 65.835 millones entre 2016 y 2019, Seopan estima que se sostendrían unos 256.000 empleos a tiempo completo cada año (un millón de nuevos puestos de trabajo en el periodo), y que la actividad generada permitiría, vía impuestos, un retorno fiscal valorado en unos 30.716 millones, casi la mitad del gasto previsto.
Hasta 8.000 millones por liquidar las autopistas quebradas: El rescate de las ocho autopistas de peaje en concurso de acreedores se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del Gobierno español, hasta el punto que la Comisión Europea sigue de cerca cuál podría ser el impacto de la liquidación en las cuentas públicas españolas.
Para sortear esa liquidación, el Gobierno trabaja desde hace meses con las constructoras y los bancos acreedores en la constitución de una sociedad pública que asuma las deudas, tras una quita del 50% de los pasivos y la pérdida de los 1.760 millones de capital de las empresas. Pero la constitución de esa sociedad pública está en punto muerto, y una resolución judicial que rechazó el convenio de acreedores que presentó Fomento para la AP-36 Ocaña-La Roda, ha vuelto a poner la posibilidad de un rescate sobre el tapete.
El Gobierno estimó en 4.500 millones el dinero que tendría que asumir por la responsabilidad patrimonial de la administración en estas concesiones si las autovías van a la liquidación. Las empresas accionistas elevan ese cálculo a 5.200 millones, que impactarían directamente en el déficit público (en 0,6 puntos porcentuales del PIB). Y la patronal Seopan elevó ayer esa previsión hasta los 8.000 millones por el coste adicional en tribunales de las eventuales reclamaciones de los afectados por las liquidaciones.
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