¿Peajes para las autovías? |
Peor no ha podido caer en el Ministerio de Fomento la propuesta de Seopan de que todos los vehículos -ligeros y pesados- paguen al Estado por el uso de las autovías. La ministra Ana Pastor no ha resuelto aún el problema de la quiebra de las radiales y ahora le sale otro grano con las constructoras. La idea desechada hace tiempo por Fomento ha vuelto a ser devuelta a los corrales por lo descabellado del momento -periodo electoral- y porque el Gobierno de Rajoy no quiere problemas con los transportistas.
Pastor tuvo que convencer hace tres años a la ex presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, para que desterrase la idea de cobrar peaje en las autovías dependientes de la autonomía madrileña porque se cargaría el sector del transporte y ahora ha vuelto a reiterar lo mismo. Aguirre anunció en 2012 que pondría un peaje en las autovías dependientes de la comunidad madrileña, entre ellas la M-45 -la vía de circunvalación que une la A-2 y la A-501-, conocida como ‘carretera de los pantanos’.
Los argumentos utilizados entonces por la ex presidenta madrileña se basaban en que el mantenimiento de las autovías de la región cuesta anualmente 30 millones de euros a la Comunidad.
La patronal de la construcción sabe de antemano que la propuesta no será aceptada, pero aun así ha anunciado que enviará su plan al Gobierno y a los partidos políticos para que la idea se debata electoralmente. Las empresas y la propia Seopan dan casi por hecho que el Ejecutivo no lo acepará por los problemas políticos que una medida de este tipo plantea.
Fuentes del sector reconocen, en cambio, que está bien remover la idea porque del ruido y de la tormenta siempre queda algo. El presidente de Seopan, Julián Núñez, sabía al lanzar el misil que inmediatamente iba recibir respuesta de ambos lados como así fue. Primero, la ministra Ana Pastor dijo taxativamente que tal propuesta es impensable, e inmediatamente después fueron los transportistas quienes se opusieron al plan de la patronal de la construcción.
La Asociación de Transporte Internacional de Carreteras (Astic) ha anunciado que harán todo lo posible para que “esta propuesta injusta no llegue al Gobierno” porque, según señalan, sería la “puntilla” al sector del transporte por carreteras. “Esta medida anunciada por Julián Núñez es un ataque despiadado contra el transporte en España que es uno de los motores económicos del país, tanto por su contribución al PIB, como en materia de generación de empleo”, asegura Ramón Valdivia, director general de Astic.
“Si se establece un peaje en todas las autovías los transportistas no pagaremos, sino repagaremos. Nuestros impuestos, durante los últimos años, han ido destinados a aeropuertos sin aviones, o infraestructuras inservibles, mientras que no se han solucionado asuntos críticos para el transporte, como los ‘puntos negros’ y cuellos de botella en la red de carreteras”, denuncia Astic.
Esta patronal que aglutina a más de 200 grandes empresas ha pedido entrevistarse con la ministra de Fomento para certificar que en el Ministerio no se está planteando nada al respecto. La propuesta de Seopan avalada por las grandes constructoras como Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr y OHL, plantea que todos los vehículos -ligeros y pesados- paguen un peaje ‘blando’ entre 0,03 euros y 0,14 euros por kilómetro, inferior al que se cobra en las autopistas por utilizar los 13.000 kilómetros que hay de autovías. La red en España de alta capacidad asciende a 16.455 kilómetros, la más extensa de toda la Unión Europea, entre autovías y autopistas. De peaje tradicional hay actualmente 3.026 kilómetros.
El sistema de cobro supondría una inversión de 627 millones de euros a los que habría que añadir otros 247 millones anuales por gestión y mantenimiento. Los ingresos previstos por Seopan ascenderían hasta 6.828 millones de euros. Según la patronal, la medida permitiría asegurar el mantenimiento de la red, internalizar costes externos del transporte, racionalizar el uso de la red existente, liberar recursos a otras prioridades sociales y gestionar la demanda de tráfico.
Pero si la propuesta de aplicar peaje a las autovías ha sido desterrada de plano por Fomento, el programa de inversiones que Seopan propone para reactivar la economía y el sector es algo más realista y puede tener un mejor encaje en cualquier programa electoral de los partidos políticos. La patronal se ampara en la mejora de la coyuntura económica para relanzar un plan extraordinario de inversiones que cifra en 65.853 millones de euros para la legislatura 2016-2019, con inversión pública y privada. Este plan permitiría crear 1.023.000 empleos y un retorno fiscal de 30.716 millones de euros.
Existen además elementos positivos que pueden favorecer esta idea lanzada por la patronal de la construcción. La aprobación por parte de la Comisión Europea del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas de 315.000 millones de euros para fomentar la inversión pública y el programa del Banco Central Europeo para la compra de deuda -1,15 billones de euros hasta septiembre de 2016-, crean, en palabras del presidente de Seopan, una coyuntura global favorable para fomentar la inversión pública.
Y es que no le falta en este punto razón a la patronal de la construcción cuando afirma que España ha perdido el tren respecto a Europa en infraestructuras y que sigue necesitando de las mismas. Si nos comparamos con Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, la diferencia en inversiones con ellos en ratio PIB casi nos triplican. En el periodo 2012-2015, España destinó a inversión pública una media del 1,6% del PIB, cuando para situarnos en el nivel de nuestros competidores europeos deberíamos estar en el 3,3% del PIB.
El objetivo de Seopan sería llegar en 2023 a un ratio inversor de 1.500 euros por kilómetro cuadrado y millón de habitantes. Reino Unido invierte actualmente 2.521 euros por kilómetro cuadrado y millón de habitantes; Alemania, 1.523 euros; Francia, 1.489 euros; Italia, 1.368, y España sólo 595 euros. En términos absolutos reales, la inversión pública española prevista en 2014-2016 es de 68.000 millones de euros. Esta cifra representa el 28% de Francia (239.000 millones), el 33% de Alemania (202.000 millones), el 36% de la del Reino Unido (189.000 millones), y el 65% de la de Italia (105.000 millones).
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