La autopista ARA-1 ha quedado inutilizada por la riada. El hundimiento de la carretera por la filtración del agua en la calzada ha provocado un enorme socavón que ha cortado el tráfico y que no permitirá la circulación por la vía durante varias semanas, en el mejor de los escenarios. El Gobierno de Aragón ha instado a la UTE concesionaria a que arregle los daños.
Esta UTE es la que debe hacerse cargo de los arreglos, puesto que en esta vía hay peaje en la sombra, lo que viene significando que el Gobierno de Aragón paga por cada vehículo que circula. Un negocio que parecía floreciente en 2008, pero que se ha demostrado ruinoso para la concesionaria y que ha provocado que haya entrado en concurso de acreedores. Se esperaban 6.500 vehículos diarios y la intensidad media diaria apenas alcanza la mitad.
La autopista, que une la N-II con la N-232, es uno más de los proyectos megalómanos y ruinosos puestos en marcha por el Gobierno de Marcelino Iglesias y que han dejado una herencia pesada para el actual Ejecutivo autonómico. Durante su inauguración, Iglesias se vanagloriaba de la carretera y destacaba que la vía y su peaje en la sombra servirían de “modelo para el futuro plan de carreteras autonómicas”.
Un modelo que finalmente no ha sido implementado para bien de los ciudadanos. Este tipo de negocios se han demostrado, en su mayoría, ruinosos y tienen que ser rescatados o ayudados por las administraciones, lo que significa, al final, por el dinero de una sociedad que ya contribuye de manera suficiente.
El Gobierno de Aragón debe ser firme y no permitir ningún retraso en los arreglos de esta vía. Pero no solo tiene que estar vigilante para que la vía se vuelva a poner en marcha cuanto antes sino que también debe abrir una investigación para conocer qué ha sucedido para que parte de una autopista haya acabado hundida por la crecida del Ebro y depurar, en caso de que las haya, todas las responsabilidades existentes.
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