Dos jueces cuestionan el plan para las autopistas de Madrid

Un tramo de la AP-36, en el que destaca el escaso tráfico.

La propuesta del Gobierno para lograr un acuerdo con los acreedores de las ocho autopistas de peaje en riesgo de quiebra, la mayoría radiales y de acceso a Madrid, hace aguas. Dos juzgados mercantiles de Madrid, el 2 y el 6, han dictado en la última semana sendosautos en los quecuestionan la legalidad del citado convenio. Es más, el juzgado número 2 rechaza admitir a trámite la propuesta de convenio presentada por el Estado en el caso de la AP-36 (Ocaña-La Roda) por «defectos insubsanables» y procede a la apertura de la «fase de liquidación».

El juzgado mercantil número 6 no es tan radical pero insta Estado a subsanar antes de dos meses otros defectos del convenio, o también se verá obligado a rechazarlo. El Gobierno llegó a un acuerdo marco con la mayoría de acreedores de las ocho autopistas con problemas financieros que consistía básicamente en que estos aceptaban una quita del 50% y cobrar el resto con un bono a 30 años con un interés del 1%. Pero no todos los acreedores estuvieron de acuerdo. Sobre todo lo rechazaron los bancos internacionales que impugnaron el pacto ante los juzgados, la mayoría representados por el bufete Linklaters.

El problema para el Gobierno es que todas las propuestas de convenio están interconectadas, es decir que no se puede salvar ninguna autopista si no se salvan todas con el mismo pacto, y a la inversa. Una parte de acreedores, los que firmaron el acuerdo tras el desastre económico de su inversión, preferían la fórmula del Gobierno. Pero los minoritarios, y sobre todo la banca extranjera con pocos vínculos en España, consideran muy lesivo para sus intereses el pacto. Hasta ahora, los vientos soplaban a favor de la propuesta del Estado, pero los recientes autos judiciales parecen marcar un cambio de tendencia.

El Ministerio de Fomento recurrirá las resoluciones judiciales y reclamará la paralización de las sentencias mientras no se resuelvan los recursos, además de intentar subsanar los defectos en el pacto. En todo caso, considera que los litigios van a durar varios años. Si se liquidasen todas las concesiones fallidas, el Estado se vería obligado a asumir la llamada cláusula de responsabilidad patrimonial de la administración, con un coste que superaría los 4.000 millones de euros.

El Periódico.com 27/02/2015