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| El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la ministra de Fomento, Ana Pastor. EFE |
El Gobierno está empeñado en rescatar las autopistas de peaje impulsadas por José María Aznar durante su Gobierno con la mano ejecutora del entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y el entusiasmo de Esperanza Aguirre. Según confirmaron De Guindos y Ana Pastor, este jueves, se continúa negociando para evitar su cierre, tras la resolución del Juzgado Mercantil número 2 de Madrid que rechazó el plan de rescate. La solución puesta sobre la mesa por la ministra de Fomento pasa porque los dueños de las autopistas en quiebra las entreguen al Estado y que los acreedores acepten una quita del 50% de la deuda pendiente. La empresa pública de autopistas Seittsa asumiría el control y, también, una posible deuda de unos 3.500 millones de euros con bancos y constructoras.
Si tuviera lugar la liquidación de las radiales, Fomento dice que el Estado debería afrontar un monto total de 4.500 millones de euros por responsabilidad patrimonial.
El Ministerio de Fomento recurrirá la resolución judicial y ganará tiempo, mientras continúa la negociación, en la que Ana Pastor lleva más de un año. La ministra ha ofrecido a los acreedores una quita del 50% de la deuda y por la deuda no perdonada un 1% en 30 años, mientras que el sector reclama, el 2,3%, que es lo que ofrece el Tesoro a ese plazo.
Mariano Rajoy, que gusta tanto de hablar de “herencias”, está condenado a manejar el embrollo que le dejó Aznar con nueve autopistas de peaje construidas a partir de previsiones no muy sensatas, que terminaron infrautilizadas y que empezaron su quiebra a partir de 2012.
Las radiales de Madrid fueron presentadas con entusiasmo por Álvarez-Cascos y la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que se empeñó en un nuevo anillo de circunvalación, a pesar de las dificultades orográficas del trazado que exigían una inversión desproporcionada, y en medio de la desconfianza de algunos contratistas que no veían claras las posibilidades de recuperar el dinero. El plan del Gobierno de Aznar era que las propias concesionarias de las radiales sufragaran la M-50, como contraprestación por el derecho a explotar esas autovías. Además de las radiales de Madrid estaban incluidas otras cinco de la red de carreteras del Estado, también de peaje: las que unen Madrid con el aeropuerto de Barajas y con Toledo, Ocaña con La Roda, Cartagena con Vera y la circunvalación de Alicante.
Las adjudicatarias implicadas fueron las constructoras ACS, Ferrovial, Acciona y Sacyr, y por parte de la banca, actuaron con un mayor peso Santander, Bankia, la Caixa y Sabadell. Las obras costaron 400 millones de euros más de lo previsto. Las expropiaciones van ya por los 2.300 millones, en vez de los 400 que se habían estimado, y el volumen de tráfico está un 30% por debajo de lo que decían las proyecciones oficiales, según datos de Público.
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