El Juzgado Mercantil número 2 de Madrid ha rechazado dos propuestas de convenio presentadas por el Gobierno para intentar evitar que las sociedades concesionarias de las autopistas que empezaron a quebrar en 2012 por su falta de uso entren en liquidación, según informa este jueves ‘El Mundo’.
El juez Sánchez Magro considera ilegales los convenios, lo que implica el inicio de la fase de liquidación, que podría costar a Fomento la friolera de 4.500 millones de euros a pagar a los acreedores. En total son nueve las autopistas que se construyeron con previsiones erróneas fruto del derroche en infraestructuras propio de hace unos años en España.
Las propuestas, presentadas por la Abogacía del Estado en representación de SEITTSA, la sociedad estatal que depende de Fomento y Hacienda y que gestiona las infraestructruas que pertenecen al Estado, eran solo para una de las nueve autopistas que entraron en quiebra o se declararon en concurso de acreedores, pero el plan del Gobierno era el mismo para todas, con lo cual el rechazo es total.
Fuentes jurídicas consultadas por ‘El Mundo’ culpan a Fomento de la tardanza en presentar las propuestas que al final han resultado ser ilegales, aunque la decisión puede ser recurrida. En concreto, el magistrado abre la fase de liquidación referida a los concursos de Autopista de Levante Concesionaria Española e Inversora de Autopistas de Levante, concesionarias de la AP-36 (Ocaña-La Roda). Sin embargo, según ‘Expansión’, el juez habría dado dos meses al Gobierno para presentar un nuevo convenio y subsanar los errores, algo complicado según los expertos.
El plan de rescate de Fomento consistía en pactar una quita del 50% y aplazar el pago restante, algo con lo que algunos acreedores no estaban de acuerdo, sobre todo los bancos extranjeros, que abogan por la liquidación. Pero, además, según ‘El Mundo’, las propuestas de convenio modificaban a la baja el volumen del pasivo al considerar duplicados ciertos créditos. La Ley Concursal prohibe quitas del 100%, que es lo que planteaba Fomento al proponer la supresión de créditos reconocidos.
El consejero delegado de Ferrovial, Íñigo Meirás, ya advertía el martes de que las autopistas amenazadas comenzarían a caer en causa de liquidación este año si el Fomento no cerraba antes el plan de rescate diseñado. La compañía ostenta una participación mayoritaria en dos de las vías quebradas y tiene totalmente provisionados los 270 millones que invirtió en las estas infraestructuras.
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