Francisco Franco Martínez-Bordiu, nieto de Franco. EFE/Archivo |
Dinero llama dinero, y podría añadirse: aunque las arcas públicas se queden tiritando. La amenaza de liquidación de las radiales trazadas durante el Gobierno de Aznar que llevará al Estado a asumir una deuda de 4.500 millones de euros ha hecho aún más ricas a algunas familias cuyos terrenos fueron expropiados, pero pagados a precio de oro; entre ellos hay agricultores, herederos que no estaban al tanto de sus parcelas, constructora y latifundistas de apellidos tan señalados como Franco, Serrano Suñer, cuñado del dictador o Abelló. La deuda de las expropiaciones, que asciende a 2.000 millones de euros, también recaerá sobre los hombros el Estado.
Algunos propietarios de los terrenos donde se construyeron las radiales cerraron un acuerdo con la concesionaria y el Ayuntamiento de Madrid para que les cedieran terrenos en otro sitio a cambio del suelo. Fue la fórmula elegida por la familia Franco, que firmó el convenio el 30 de junio de 2000, en la época del boom urbanístico, a través de su empresa Valdefuentes, de la que era gerente el nieto mayor del dictador, Francis Franco, tenía 15,8 hectáreas no urbanizables que fueron expropiadas, según publica El País.
La concesionaria pagó al Ayuntamiento 887.000 euros a cambio del terreno de un grupo de propietarios entre los que estaban los Franco. El Ayuntamiento les cedió edificabilidad en otro lugar.
También fueron beneficiados los herederos de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, que llegaron a un acuerdo respecto a la R-5 por una cantidad no desvelada. Ramona Polo Martínez-Valdés, su esposa, era dueña de la finca Los Pinos, de 337 hectáreas, de las que 14 de ellas fueron expropiadas para esta radial. Parte de la finca fue vendida luego a la promotora Europea de Desarrollos Urbanos (Edusa, hoy en concurso de acreedores) por 31 millones, según el registro.
La R-2 ha costado 470 millones de euros, de los que ya se han pagado 350 millones. Los principales pagos pendientes son uno a la familia De Jove y otro a la familia del financiero Juan Abelló. Por unas 20 hectáreas de las 180 de una finca que el padre de este último compró hace 50 años, debe recibir otros 40 millones contando intereses, que se han incrementado por los retrasos en los pagos.
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