Fomento sostiene que la prohibición de que los vehículos pesados puedan transitar por varios tramos de carreteras nacionales, salvo excepciones puntuales para desplazamientos cortos, está ideada para facilitar la movilidad y favorecer el desarrollo económico. Pero donde la Administración esgrime una apuesta por la competitividad los transportistas advierten un intento de engrosar el negocio de las empresas concesionarias de las autopistas, duramente afectado por la crisis.
¿Qué persigue la nueva reorganización del transporte por carretera?
Fomento, que ha diseñado este proyecto con Tráfico, argumenta que, además de estimular la dinamización económica, sacar el transporte pesado de 1.307 kilómetros de 17 nacionales redundará en la mejora de la seguridad vial, ya que la medida afecta a tramos con un único carril de circulación en cada sentido. Este sistema funciona desde el 2013 en la Nacional II, en Cataluña.
¿Qué bonificaciones establecerá Fomento y cómo se fiscalizará su cumplimiento?
El ministerio, que calcula que le medida incorporará hasta 700.000 camiones a la AP-9 y 100.000 a la AP-53, plantea bonificar el 50 % del precio del peaje. La rebaja será del 35 % cuando el transportista decida usar la vía de pago como alternativa a un tramo convencional que no esté vetado para camiones. Tráfico realizará controles aleatorios en las carreteras vetadas, en los que comprobará el origen y destino de los vehículos. Los transportistas que no cumplan podrán ser sancionados.
¿Qué piensa el sector?
Las empresas de transporte ven detrás del proyecto la presión de las concesionarias de autopistas para blindar un negocio muy golpeado por la crisis. La AP-9 ha perdido 6.300 usuarios al día desde el 2008. En el 2014, solo tuvieron peores resultados las radiales madrileñas que el Estado rescatará con más de 4.000 millones de dinero público. Son las autopistas que conectan Madrid con Guadalajara, Arganda, Ocaña, Navalcarnero y Toledo
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