En su recurso, el Departamento que dirige Ana Pastor solicitará que se paralice el proceso de liquidación de la vía al menos hasta que la Audiencia se pronuncie, según informaron a Europa Press en fuentes oficiales de Fomento.
Asimismo, el Ministerio argumenta que existe aún posibilidad de lograr un acuerdo en esta y en el resto de las autopistas de pago antes de proceder a su liquidación.
De esta forma, Fomento pretende contar con tiempo suficiente para cerrar un acuerdo sobre el plan que ha diseñado para rescatar a estas ocho vías.
El proyecto pasa por integrarlas en una sociedad pública, tras aplicar una quita del 50% en la deuda de unos 3.400 millones de euros que suman las vías y titulizar el pasivo restante en un bono a treinta años.
El Ministerio está presentando este plan como propuesta de convenio de acreedores en los procesos concursales en que están inmersas las autopistas.
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, encargado de los concursos de las radiales R-3 y R-5 de Madrid y de la circunvalación de Alicante, ha solicitado a Fomento que subsane algunos defectos que ha detectado en esta propuesta de convenio.
No obstante, el Mercantil número 2, al que corresponde el concurso de la AP-36 Ocaña-La Roda, rechazó la propuesta de Fomento al considerar que presenta "defectos de ilegalidad" y dictó la apertura de liquidación de la vía.
Fomento recurrirá este auto al estimar también que los motivos que el juez expone no justifican la decisión de liquidar la autopista, por tratarse de defectos subsanables.
El juez argumenta que el plan del Ministerio no cuenta con "refrendo o aprobación" por parte del Consejo de Ministros, ni con la "necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores" de las vías que el Ministerio pretende asumir.
La liquidación de una autopista activaría la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene ante las vías y, al mismo tiempo, puede hacer peligrar la viabilidad del plan de rescate diseñado por Fomento.
La viabilidad de la futura nueva empresa nacional de autopistas está calculada a partir de la inclusión de las ocho autopistas en quiebra, de forma que en el caso de excluir una, podría incumplir con los parámetros de cobertura de costes y deuda con ingresos que exige la UE.
En cuanto a la responsabilidad patrimonial, supondría un coste para el Estado de 4.500 millones de euros para el total de ocho autopistas. Las concesionarias elevan este importe a 5.700 millones.
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