El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha abierto la fase de liquidación de una de las ocho autopistas en quiebra, la AP-36 Ocaña-La Roda, tras rechazar el plan de rescate que el Ministerio de Fomento ha presentado como propuesta de convenio de acreedores de estas vías por considerar que presenta "defectos de legalidad".
Así consta en el auto emitido por el juez titular de este Juzgado, Andrés Sánchez Magro, en el que apunta que la propuesta de Fomento "adolece de una serie de defectos que hacen inviable su admisión a trámite", pese a reconocer que algunos son "subsanables".
Entre estos fallos, apunta que el plan no cuenta con "refrendo o aprobación" por parte del Consejo de Ministros, ni con la "necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores" de las vías que el Ministerio pretende asumir.
En su auto, con fecha del pasado 24 de febrero y al que tuvo acceso Europa Press, el juez anula así la junta de acreedores de esta autopista, que estaba convocada para el próximo miércoles, 4 de marzo. No obstante, contra la sentencia cabe presentar un recurso de apelación en un plazo de veinte días.
Con la apertura de la fase de liquidación de la sociedad concesionaria de esta vía, controlada por Ferrovial y Sacyr, se activará la responsabilidad administrativa que el Estado tiene ante el contrato de concesión de la infraestructura, tal como el diario 'El Mundo' adelanta en su edición de este jueves.
En el supuesto de que todas las ocho vías se liquiden, el sector y Fomento calculan que el Estado debería afrontar un monto total de 4.500 millones de euros por responsabilidad patrimonial.
Asimismo, la liquidación de una autopista podría hacer peligrar la viabilidad del propio plan de rescate diseñado por el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda. El proyecto pasa por integrar las autopistas en una empresa pública, tras reestructurar su deuda de 3.500 millones de euros aplicando una quita del 50% y titulizando el pasivo restante en un bono a treinta años.
La viabilidad de esta futura nueva empresa nacional de autopistas está calculada a partir de la inclusión de las ocho autopistas, y en el caso de excluir una, podría incumpliría con los parámetros de cobertura de costes y deuda con ingresos que exige la UE.
En su rechazo a este plan de Fomento, el juez también apunta a que realiza una modificación del listado de acreedores "sin tener competencia para ello". Asimismo, estima que se basa en "una serie de renuncias de los acreedores y de la firma concursal" que se "escapan a la facultad de disposición" del Ministerio, que además no aporta garantías de la financiación con que contará.
En paralelo, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, encargado del proceso concursal de otras dos autopistas en concurso, las radiales R-3 y R-5, también ha detectado defectos en el plan de rescate presentado por Fomento como convenio de acreedores, si bien en este caso ha dado al Ministerio un plazo de un mes para que lo subsane.
Este Juzgado coincide con el Mercantil número 2 al reclamar al Ministerio que su plan incluya autorización del Consejo de Ministros para que la sociedad pública Seittsa se quede con las autopistas quebradas, titulice en un bono la deuda con la que se quedarán las vías tras la quita del 50% prevista, y explote las infraestructuras, tal como adelanta el diario 'Expansión'.
Así lo indica el auto de requerimiento de subsanación emitido por este Juzgado, con fecha del 19 de febrero, casi en paralelo al dictado por el del Mercantil 2 en el que se rechaza el plan de Fomento y se insta a liquidar la vía Ocaña-La Roda.
Además de estas dos vías, también están en riesgo de quiebra las obras dos radiales de Madrid (R-2 y R-4), la que une la capital con el aeropuerto, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera. Los sobrecostes que las concesionarias de las vías afrontaron a la hora de expropiar los terrenos en los que se construyeron y el desplome del tráfico durante la crisis constituyen los principales factores de su desequilibrio financiero.
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