El futuro de las autopistas de peaje en Cataluña irrumpe en la precampaña electoral. En los últimos días, la Generalitat no ha dudado en desacreditar las pretensiones del Gobierno central de no renovar a Abertis la concesión de un tramo de la AP-7, cuya reversión está fijada para el año 2019, y convertirla así en una vía gratuita -y estatal-.
La ministra de Fomento en funciones Ana Pastor repite cada vez que tiene ocasión -esta semana fue la última- que si el Partido Popular se mantiene al frente del Ejecutivo tras el 26-J todas las autopistas de pago de España que agoten su plazo de concesión pasarán automáticamente a manos del Estado y serán de uso libre para los ciudadanos.
El Gobierno que resulte de las elecciones tendrá que decidir en la próxima legislatura sobre el futuro de varias autopistas de peaje en España. El primer vencimiento corresponde a la AP-1, entre Burgos y Armiñón, que gestiona la sociedad Europistas, propiedad de Itínere. La fecha establecida de reversión es el 30 de noviembre de 2018. Ya al cierre de 2019 le toca el turno a Aumar, concesionaria de Abertis que opera el tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona, Valencia y Alicante, por un lado, y el de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, por otro.
Es esta última concesión la que ha desatado un cruce de acusaciones entre dirigentes de la Generalitat, con el conseller de Territorio Josep Rull a la cabeza, y altos mandos del Partido Popular catalán. Quienes defienden la finalización de la concesión cuando corresponda, arguyen que la gratuidad de la AP-7 subsanaría un problema importante en Cataluña, como es el colapso de la N-340, que muchos conductores eligen como alternativa y que registra una alta mortalidad. Ahora bien, los planes del Ejecutivo central chocan con las exigencias de Bruselas de rebajar el déficit público, toda vez que al asumir las autopistas como propias, el Estado tendrá que costear todas las inversiones necesarias.
Bajo este prisma, Rull considera que la propuesta de los populares de revertir la concesión de la AP-7 es "demagoga y poco creíble", en un marco en el que las exigencias de Bruselas para rebajar el déficit público son máximas.
El conseller ha reclamado más seriedad al PP para afrontar el debate de los peajes. Asegura que "se necesita estudiar un plan, con menos frivolidad y demagogia". Según el propio titular de Territorio, eliminar el peaje de la AP-7 en Cataluña supondría para las arcas del Estado "1.300 millones de euros anuales" por un litigio pendiente con una de las concesionarias cuando se firmó la ampliación del tercer carril. Por ello, aseguró que el PP quiere "engañar a los catalanes".
Las palabras de Rull se alinean con la pretensión de Abertis de que las concesiones estatales que gestiona se prorroguen. No en vano, el consejero delegado y vicepresidente de la firma catalana, Francisco Reynés, ha expresado en diversas ocasiones su intención de negociar con el Gobierno la renovación de las concesiones a cambio de acometer inversiones, como ha acordado en los últimos meses en Francia y Puerto Rico.
Ahora bien, la cifra deslizada por Rull -los 1.300 millones-, hace referencia a la cantidad que Abertis reclama al Estado como compensación por el descenso de los tráficos en la autopista AP-7, una cláusula que se incluyó en el contrato que firmaron Abertis y Fomento a mediados de la década pasada para la construcción del tercer carril.
Esta condición tiene validez en el tramo que discurre entre La Jonquera (Girona) y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona). Esta carretera está gestionada por Acesa, concesionaria también propiedad de Abertis, pero cuyo vencimiento está fijado en 2021.
Por tanto, antes de enfrentar la renovación del tramo de Acesa, cuya disputa elevó al Tribunal Supremo en septiembre del año pasado, Fomento tendrá que tomar una decisión en Cataluña sobre Aumar. En este caso, Abertis también mantiene abierto un frente judicial con el Ministerio, al que reclama alrededor de 400 millones de euros por el desequilibrio económico que produjo para la sociedad "la construcción de vías paralelas" en la zona de Castellón. Este contencioso también espera en el Supremo. En ambos casos, el grupo tiene provisionados los importes referidos.
Rull duda de que el compromiso del Gobierno con las autopistas estatales sea viable. Sin embargo, esta semana anunció en sede parlamentaria que las autopistas autonómicas C-32 del Maresme y C-33 del Vallés serán gratuitas a partir de 2021, cuando vence su contrato, que también gestiona Abertis. En este caso, la posición de la Generalitat es contraria al objetivo de la firma catalana de alargar la concesión de estas carreteras. El conseller de Territorio recupera así una vieja promesa de su antecesor en el cargo, Santi Vila, a escasas semanas de las elecciones y como contrarrespuesta al PP. Y lo hace aún admitiendo que rescatar las autopistas catalanas supondría un coste de entre 2.000 y 3.000 millones.
El discurso de la Generalitat con las concesiones se revela, a tenor de los últimos acontecimientos, del todo contradictorio. Si hace unos años hacía bandera del maltrato fiscal que sufría, con los peajes como eje central, el ex president Artur Mas recordaba en voz baja que una Cataluña independiente no podía dejar de tener peajes por la importante fuente de ingresos que supone. Pero el mensaje varía según el momento y la circunstancia.
Para Abertis, la concesión de la AP-7 es uno de sus activos más valiosos. No en vano, esta autopista representa el 28 por ciento del resultado bruto de explotación (ebtida) del grupo de infraestructuras. Por esta carretera, la compañía tiene abiertos en el Tribunal Supremo dos litigios con el Ministerio de Fomento, al que reclama, en total, cerca de 1.700 millones de euros. A la espera de resolución, la multinacional catalana, en cualquier caso, tiene provisionado este importe completamente.
