La Generalitat plantea el pago diferido a las concesionarias para rescatar los peajes

PREMIA DE MAR / Peatge de la C32 a Premia de Mar. (.)

Una nueva interpelación parlamentaria al conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, por parte del grupo parlamentario del PSC, aportó más detalles al anuncio de la Generalitat de liberar de peajes las vías rápidas catalanas a partir del 2021.

A preguntas del diputado Jordi Terrades (PSC) el conseller ratificó la apuesta de no prolongar las concesiones “si disponemos de capacidad para tomar decisiones” en cinco años, tiempo que queda para “estudiar como lo han hecho otros países” y al mismo tiempo “aprovisionar recursos” por si procediera el pago diferido a las concesionarias -como en la modalidad de tráfico inducido que se aplicará a la prolongación de la C-32 hasta Blanes y Lloret- si no genera suficiente tráfico para saldar el coste de la obra. “En Catalunya hay muchos peajes a la sombra –aseguró Rull- y por ello consideramos razonable hacerlo así”.

En cambio, en una visita al Maresme, la portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, mostró abiertamente sus dudas sobre el anuncio de la Generalitat y aventuró la posibilidad de “pagar con un peaje oculto que salga de nuestros impuestos”. Garantizó en cambio la gratuidad de la AP-7 y confirmó que el tramo entre Tarragona y Valencia quedará libre de peaje en el 2019, mientras que el de Montmeló hasta la frontera francesa los será en el 2021.

La Vanguardia.com 10/06/2016

Valencia y Barcelona podrían tener conexión por autovía gratuita en 2021

En 2021, el viejo sueño de conectar la segunda y tercera ciudad de España por una autovía libre de peaje podría ser una realidad si se cumplen los compromisos políticos adquiridos por el ministerio de Fomento y la Generalitat de Cataluña sobre el rescate de las concesiones vigentes en la AP-7, C-32 y C-33.

En todo caso, la posibilidad de acceder al centro de Barcelona para los valencianos sería realizando un pequeño rodeo a través de la C-33, un antiguo tramo de la AP-7 que conecta Paret del Vallés con la Ciudad Condal de 25 kilómetros.

Tras el anuncio de que el Ministerio de Fomento no renovará a finales de 2019 la concesión de la AP-7 de Tarragona a Alicante y en 2021 de Tarragona a la frontera francesa, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila anunciaba la pasada semana que las autopistas C-32 a su paso por el Maresme y la C-33 en el Vallés serían gratuitas a partir del 2021.

Los anuncios, tanto el realizado por la ministra como por el conseller catalán han sido recibidos con escepticismo por los representantes políticos y por los usuarios, conscientes de las dificultades que planea este rescate.

No obstante, de cumplirse plazos y objetivos, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana podrían viajar hasta Barcelona sin pagar peaje siempre que estuvieran dispuestos a llevar hasta Parets, cerca del circuito de Montmeló, para luego retroceder ligeramente a través de 25 kilómetros de autovía hasta la Ciudad Condal.

De hecho, la forma más rápida y corta de llegar a Barcelona es conducir por la AP-7 y desviarse en el Vendrell por la C-32, conocida como autopista Pau Casals y explotada por Acesa. Sin embargo, este tramo de 58 kilómetros que atraviesa el Garraf tiene concesión vigente hasta el año 2039.

En la actualidad, el coste aproximado del peaje entre Valencia y Barcelona a través de este itinerario es de 41 euros.

El conseller catalán anunciaba el rescate de la C-32, aunque en referencia al tramo situado al noreste de Barcelona que atraviesa el Maresme y con concesión hasta el 2021.

Tanto la concesionaria del tramo Alicante-La Jonquera como las de las C-32 y C-33, Abertis a través de Aumar, Acesa y Aucat, tienen previsto reclamar compensaciones a cuenta de algunas obras de mejora y de la perdida de tráficos en los últimos años, lo que podría dificultar el proceso de rescate.

Levante - El Mercantil Valenciano.com 07/06/2016

La Generalitat no prorrogará las concesiones de los peajes en la C-32 y C-33 a partir de 2021

PREMIA DE MAR / Peatge de la C32 a Premia de Mar. (.)

La Generalitat no prorrogará las concesiones de los peajes de la C-32 en el Maresme y la C-33 cuando finalicen en 2021, y ha considerado "positivo, pero no creíble" el anuncio del Gobierno de que eliminará los peajes de las autopistas a medida que caduquen las concesiones en la próxima legislatura. Así lo ha anunciado el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, tras una pregunta del PP que ha provocado un duro intercambio de reproches entre el conseller y el diputado popular por Tarragona Alejandro Fernández, que se han acusado de "cinismo" y "demagogia".

El parlamentario popular ha recordado el compromiso anunciado por el Gobierno de eliminar los peajes de las autopistas a medida que vayan caducando las concesiones en la próxima legislatura, como el caso de la AP-7 en Cataluña en 2019. "¿Considera positiva esta noticia o aún le dura la rabieta?", ha preguntado Fernández. "Lo considero positivo, pero no creíble", ha respondido Rull, que posteriormente, en su segundo turno de réplica, ha acusado al PP de hacer "electoralismo" porque "la ministra (de Fomento) explica que después de 37 de años de pagar peajes los catalanes, mientras otros territorios no pagaban, se acaba esta concesión".

Sin embargo, ha avisado que "lo que no explican es la letra pequeña y que hay un litigio con la empresa concesionaria, con una mochila de 1.300 millones de euros de unas actuaciones que se hicieron de una ampliación del tercer carril de la AP-7". "No han explicado cómo afrontarán este litigio, de dónde sacarán estos recursos y quién los tendrá que afrontar -ha añadido Rull-. Hablen de la letra pequeña, porque al final lo que puede pasar es que quien acabe pagando estos recursos sean los ciudadanos".

Fernández ha afirmado no obstante que mientras la AP-7 "no tendrá peaje" a partir de 2019, justo "al lado, la C-32, con una ampliación de concesión encubierta planeada por el Govern, continuará siendo la autopista más cara de Europa". "¿Harán lo mismo que el Gobierno para conseguir por fin una Cataluña libre de peajes -ha dicho- o seguirán manteniendo y ampliando la autopista más cara de Europa?".

Rull le ha respondido anunciando que en 2021 finaliza la concesión de la C-32 en el Maresme y la C-33, y el Govern "no prorrogará estas concesiones", y le ha recordado que "liberar" el resto de peajes de titularidad de la Generalitat costaría "entre 2.000 y 3.000 millones de euros. ¿Nos puede decir de dónde sacamos los recursos?". "Más que hacer anuncios electorales con poca base, resuelvan el tema de financiación para que los catalanes no tengamos que pagar peajes injustos", ha señalado Rull, que ha acusado al PP de "tener muy poca credibilidad en materia de infraestructuras en Cataluña".

Antes, Fernández había censurado al Govern por criticar los peajes, pero "luego en Madrid actúan como si de un disciplinado lobby se tratara, presionando para ampliar concesiones desde hace años" y "pidiendo más obras de mejora, nuevos carriles o peajes a la sombra cuando se acerca la fecha de finalización de la concesión".

"El diccionario de la lengua catalana define cinismo como la actitud de una persona que dice mentiras con desvergüenza diciendo lo contrario de lo que piensa y hace. Si buscamos en el diccionario 'cinismo', sale su foto", ha dicho el diputado popular, a lo que Rull ha respondido: "Me abstengo de decir qué foto está al lado de la palabra demagogia. Usted ya tiene suficientes pistas".

La Vanguardia.com 01/06/2016

Ana Pastor reitera la promesa de eliminar el peaje de la AP-7 en Tarragona el 2019

Imagen de archivo de la AP-7, a su paso por Roda de Berà, con retenciones en sentido sur. (Efe / Jaume Sellart)

La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, reiteró este jueves la promesa de no prorrogar la concesión de la autopista AP-7, que expira en 2019, y por tanto eliminar el peaje en estos tramos.

En una entrevista en Antena 3, Pastor ha sido tajante: “Las autopistas que terminan su concesión, como la del Mediterráneo, y sobre todo estoy pensando en la zona de Tarragona, donde caduca dentro de un par de años, será libre de peaje “.

Cuando le han recordado que la eliminación de los peajes es una viejareivindicación de las fuerzas políticas catalanas, la ministra ha recordado que en Catalunya “hay muchísimas autopistas que son de la Generalitat y tienen peaje”. “La inmensa mayoría de las carreteras que la gestión corresponde a los responsables políticos de Catalunya son de peaje”, sostuvo.

Precisamente este miércoles el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, anunció desde el Parlament que el Govern no renovará las concesiones de la C-32 en el Maresme y la C-33 en el Vallès el 2021.

La Vanguardia.com 02/06/2016

El conseller de Territorio ve "positivo pero no creíble" el anuncio de Fomento de retirar el peaje de la AP-7

El conseller de Territorio de Cataluña, Josep Rull, ha valorado este miércoles el anuncio de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que no renovará las concesiones de los peajes de la AP-7, ha expuesto: "Lo considero positivo pero no creíble".

Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación del diputado del PP Alejandro Fernández sobre los peajes, en la que ha criticado que no explicara que existe un litigio de 1.300 millones de euros con la empresa concesionaria de la vía por la ampliación de un tercer carril

"Mientras aquí teníamos peajes a la sombra, en el resto del Estado se hacían autovías libres de pago", ha comparado, y ha defendido que en Catalunya se optara por construir vías de peaje porque la alternativa, ha asegurado, era no tener autopistas.

Rull ha anunciado que el Govern no renovará las concesiones de las autopistas C-33 y C-32, vía a la que el diputado popular se ha referido como "la autopista más cara de Europa". Fernández ha reprochado a Rull que, cuando se acerca la fecha de finalización de alguna concesión, "empieza el 'pressing' convergente, piden obras de mejora, más carriles o peajes a la sombra".

Europa Press.es 01/06/2016

Así de bien nos vendieron las autopistas de peaje allá por el año 1972

Sobre el apasionante mundo de las autopistas en España hemos hablado en innumerables ocasiones. Que si las hay que quiebran porque hay demasiadas y no las utiliza ni Peter, que si las hay que las utiliza todo quisque porque no existe una alternativa razonable,pagando aunque estén más que pagadas…

Sin embargo, lo que todavía no habíamos hecho es trasladarnos hasta aquel mágico momento en el que se decidió dotar de autopistas al entramado circulatorio patrio. España arrastraba años de caminos y carreteras proyectados sobre la marcha, siguiendo la Ley de Carreteras de 1877 —firmada por el Rey Alfonso XII y por el ministro de Fomento Francisco Queipo de Llano— y se puso el acento en crear una red de infraestructuras acorde con el país.

Corrían los años 60 y en pleno desarrollismo España decidió incorporar un total de 7.000 kilómetros de vías de alta capacidad. La primera autopista de España, que unía Madrid y Santa Eugenia antes de poder llegar a Valencia a través de Castilla La Mancha, llevaba en funcionamiento desde 1960, y la Jefatura del Estado fue a por más.

Pero como no había ni un duro en la caja —y como había una buena colección de empresarios dispuestos a dar lo mejor de sí mismos en aras del progreso— se recurrió a un programa de concesiones que permitió acometer las obras necesarias sin cargas las arcas, aparentemente, pero estableciendo una curiosa relación entre lo público y lo privado, por la cual lo público promocionaba lo privado, para que lo privado se nutriera con ayuda de lo público.

La Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. se encargó de poner en letra legal lo que era una realidad desde hacía unos años. No en vano el primer tramo de peaje había sido puesto en funcionamiento antes. De hecho, la Ley lo dejaba claro:

Iniciado el Plan de Autopistas, fue preciso arbitrar con carácter urgente una regulación jurídica de las concesiones, mediante la promulgación de Decretos-leyes específicos para cada uno de los concursos que al efecto se convocaron, con la consiguiente dispersión y casuística de las normas sobre concesión de autopistas de peaje, lo que aconseja la elaboración de una legislación que, recogiendo toda la experiencia propia y ajena en este tipo de gestión del servicio público, constituya, por otra parte, un sistema normativo general aplicable a todas las autopistas sin que en cada caso sea necesario acudir a una norma concreta y de carácter excepcional.

“Fue preciso arbitrar con carácter urgente una regulación jurídica de las concesiones” que se hizo de decreto en decreto, y luego el Estado se planteó un marco normativo que diera cobijo a aquel festival de la infraestructura privada.

El 2 de julio de 1969 se inauguró en la provincia de Barcelona (oh, sorpresa) el tramo de autopista entre Montgat y Mataró, que se convertía así en la primera autopista de peaje española. Si bien la concesión inicial venció en 2004, la que se inauguró como A-19 y hoy es C-32, ya en manos de la Generalitat de Catalunya, mantendrá sus peajes a pleno rendimiento hasta, por lo menos, el año 2021.

De aquella época data también la autopista A-17 (hoy, C-33), que enlaza Barcelona y Granollers (1969), así como el tramo de la actual AP-8 que une Bilbao con Eibar (1971-1972). Por su parte, en Madrid el túnel de Guadarrama de la actual AP-6 (1963) fue el precursor de hacer realidad en España la idea del pago por utilización del servicio de carreteras.

Con la reciente ley de autopistas de peaje en la mano, llegamos al siguiente trabajo realizado por Noticiarios y Documentales (NO·DO), un reportaje propagandístico de apenas un cuarto de hora (12:27) donde nos explicaron que las autopistas de peaje eran lo mejor que nos podía pasar. Para muestra, algunas de las perlas que alguien tuvo que redactar para facilitar que las autopistas de peaje fueransocialmente aceptadas —entiéndase como sinónimo de utilizadas—:

“A veces se hace preciso romper el paisaje para podernos acercar a él.”

“El peaje, es decir, el pago por utilizar la autopista, es práctica común en todo el mundo. Se trata de que sea precisamente el usuario quien pague por el servicio que recibe, y no el resto de la comunidad.”

“Por el precio del peaje, el usuario de la autopista obtiene una serie de ventajas. Ante todo, una mayor rapidez de traslado, mayor comodidad y mayor tranquilidad. En la autopista no se producen situaciones como la que estamos presenciando [se contrapone un atasco en carretera y la marcha fluida de un vehículo en una autopista colindante], mayor seguridad, ya que la autopista tiene unos índices de accidente muy inferiores a los de las carreteras ordinarias que llegan a reducirse a la quinta o sexta parte.”

En el Artículo 13 de la Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión se establecieron los “beneficios económico-financieros” de que podrían disfrutar las concesionarias, como por ejemplo el “aval del Estado para garantizar los recursos ajenos procedentes del mercado exterior de capitales”.

Pero lo más importante, y que en contra de lo que se explicaba hemos acabado pagando “toda la comunidad”, venía reflejado más adelante, en el mismo artículo de la citada ley:

“El Estado facilitará al concesionario las divisas o monedas extranjeras precisas para el pago de las principales e intereses de los préstamos y obligaciones que éste concierte en el exterior, al mismo tipo de cambio de compra vigente el día en que se constituya el depósito o se efectúe la venta al Instituto Español de Moneda Extranjera de las divisas a que se refiere el préstamo.”

Para la construcción de las autopistas de peaje, fueron necesarios créditos internacionales para los que el Estado garantizó un tipo de cambio fijo. Según detalla el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga Rafael Esteve Secall, este tipo estaba en torno a 70 pesetas por dólar concedido. Cuando las sucesivas crisis de los años 70 y 80 dispararon la disparidad entre divisas, la diferencia tuvo que ser sufragada por todos los ciudadanos, por medio de los Presupuestos Generales del Estado.

De hecho, en 2013 el Ministerio de Fomento reconoció que entre 1977 y 2008, España se gastó 4.773,62 millones de euros en garantizar la financiación de las concesionarias de autopistas Acesa, Europistas, Betica, Aumar, Avasa, Audasa, Eurovias, Aucalsa, Vasco Montañesa y Audenasa. Todas, beneficiarias del llamado seguro de cambio, que permitió endeudarse en el extranjero sin preocuparse por el tipo de cambio entre divisas.

Por otra parte, el Estado fijaba también un par de cláusulas absolutamente garantistas para los intereses de las empresas concesionarias, a saber:

“Excepcionalmente, de subvenciones a fondo perdido en los casos en que, por motivos de urgente interés nacional, sea aconsejable la promoción de una autopista antes de alcanzar ésta el umbral mínimo de rentabilidad. Podrán consistir en metálico o en aportaciones no dinerarias, tales como terrenos necesarios para la construcción de la autopista, obras ya ejecutadas que puedan integrarse en la misma o cualquiera otra que contribuya a reducir la inversión.”

“Excepcionalmente, de anticipos reintegrables durante los primeros años de explotación de la autopista en los supuestos en que la recaudación sea insuficiente para atender los compromisos financieros adquiridos.”

Con unas condiciones como estas, ¿quién se habría resistido a construir miles y miles de kilómetros de autopistas de peaje?

Amaxofilia.com 19/05/2016 

La falta de criterios para desviar el tráfico hace de la C-31 una ratonera

El accidente que se produjo el jueves volvió a provocar largas caravanas. Foto: DT

El accidente sin heridos graves que sufrió el jueves un coche que quedó volcado en la C-31 en las Costas de Garraf provocó largas retenciones y la indignación de los conductores por la falta de información sobre el estado que presentaba la vía. A la situación se añade la falta de un protocolo que fije en qué casos debe desviarse la circulación a la autopista C-32 de forma gratuita.

La plataforma No Vull Pagar de C-32 de Cunit, que pide la gratuidad del peaje en desplazamientos internos del Baix Penedès, la rebaja en los túneles del Garraf y el protocolo para desviar a la circulación por la autopista, señala que «muchos conductores volvieron a estar en la ratonera que es la carretera de las costas».

Los Mossos d’Esquadra optaron por dar paso alternativo a los conductores, pero desde No Vull Pagar C-32 consideran que precisamente esa solución en las costas no evita las largas retenciones. La carretera es muy estrecha y está delimitada por la montaña y los acantilados al mar.

El problema es fijar quién debe abonar a la concesionaria Abertis el peaje de los coches desviados. El Síndic de Greuges de Catalunya ya instó el pasado año a la Generalitat, Abertis y al Servei Català de Trànsit (SCT) a redactar el protocolo de funcionamiento en estos casos.

En un último informe el Síndic explica que las partes se limitan a responder que están preparando el documento. Para la plataforma No Vull pagar C-32 en esos casos la administración no debería pagar el peaje, sino que la concesionaria debe asumirlos. Para la plataforma dar largas al protocolo supone priorizar intereses económicos a la seguridad o a la facilidad de movilidad de la población, que debe pasar por uno de los peajes más caros de Catalunya, ya que la C-31 no tiene otra alternativa.

El Síndic destaca que la voluntad del conductor que va por las Costas del Garraf es utilizar una carretera gratuita. Pero en caso de afectaciones y desvío a vías que sean de pago debe facilitarse a los conductores la gratuidad del peaje.

Según el SCT el desvío por fuerza mayor a la C-32 «no da derecho a la concesionaria a cobrar peaje» y en cortes parciales se aconseja usar la autopista pero advirtiendo que es una vía de pago. En situaciones como un accidente que impida el paso, los Mossos d’Esquadra determinan la alternativa más adecuada y se comunica al centro de control de la concesionaria para que no cobre peaje.

En los desvíos programados como las pruebas deportivas lo habitual es que los organizadores del certamen abonen los peajes de los coches desviados que previamente deben recoger un pase pero que la plataforma denuncia que se recoge tras una larga caravana.

La plataforma pidió hace un mes a la Generalitat que los medios de información públicos, como ya hace con otras vías del país, también informen de las incidencias que haya en la carretera que es la más utilizada y de la conexión gratuita entre el litoral del Penedès y Barcelona.

Guillem Eroles, de la plataforma, destaca que en el accidente del jueves las primeras informaciones se lanzaron a través de las redes sociales desde la asociación «y luego ya fueron emitidos por las de los medios de las administraciones». Eroles destaca que esa información del estado de la vía debe hacerse de toda la C-31, también en su paso por El Vendrell, Calafell y Cunit.

Diario de Tarragona.com 06/05/2016

Plataforma para reivindicar el precio del peaje de la C-32

El Alcalde de Sitges anuncia la creación de una plataforma supracomarcal para reivindicar el precio del peaje de la C-32

• El Ayuntamiento de Sitges diversifica la línea de trabajo para alcanzar todos los objetivos prioritarios para Sitges. En esta línea, el alcalde de Sitges se reúne con el delegado del Gobierno para trabajar en las acciones necesarias para Sitges.

• Miquel Forns apunta que si “las cifras de inscripción y demografía en septiembre son bajas, la posición del Ayuntamiento es la que adoptó la junta de portavoces para garantizar el mantenimiento de la escuela”

El alcalde de Sitges y el delegado del gobierno de la Generalitat han encontrado esta mañana para definir el plan de trabajo en los ámbitos educativo, sanitario, de gobernación o de infraestructuras. Miquel Forns ha destacado que “estamos reforzando las acciones para poder llevar a cabo las cuestiones prioritarias para Sitges y estamos diversificando una línea de trabajo que nos permita alcanzar todos los objetivos lo más rápido posible”. El delegado ha afirmado que “se trabajará de la mano del Ayuntamiento para encontrar soluciones que sean posibles en los ámbitos prioritarios para la localidad”.Durante la visita, el delegado ha firmado el libro de honor del Ayuntamiento.

El servicio ferroviario y el precio del peaje de la C-32 han sido dos de las cuestiones que el alcalde ha trasladado al delegado del Gobierno y ha pedido que “se avance en inversión”. Miquel Forns ha recordado que “se está tejiendo una alianza supracomarcal donde están representados agentes sociales, administraciones, sindicatos, empresarios, universidades y plataformas vecinales para continuar haciendo esta fuerza de reivindicación. Esta plataforma decidirá las medidas a emprender para buscar soluciones conjuntamente“. El delegado ha comprometido en buscar las fórmulas para que “el impacto negativo en el desarrollo económico y social que genera el precio del peaje en los ciudadanos de Sitges y del resto de la comarca sea el menor posible”. Hornos informó al delegado que el “servicio de insfraestructuras es insuficiente y hay que actuar”.

La construcción de la escuela Agnès de Sitges ha sido uno de los ejes que se ha hablado en la reunión. El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento está trabajando para que el presupuesto que había en la Generalitat en 2015 para construir el centro, se mantenga por este 2016. También aseguró que se trabaja para mantener el acuerdo con la consejería que pasado el verano se revisarán los datos de inscripción y los datos demográficos. El alcalde ha afirmado que en caso de que las cifras sean bajas, la posición del Ayuntamiento es la que adoptó la junta de portavoces que es que “se construya la escuela porque nos hace falta, porque estará en un barrio nuevo, en una zona de Sitges donde no hay ningún equipamiento educativo y en previsión de crecimiento urbanístico, y por tanto, demográfico“. Miquel Forns, además, puntualizó que si se tiene que reducir alguna línea se haga de algún otro de las escuelas existentes.Miguel Ángel Escobar, aseguró que “el objetivo no es sólo que se pueda hacer lo más rápido posible, sino que, además, pueda acoger una propuesta de formación que pueda complementar la oferta formativa y de calidad que tiene el municipio orientada en el sector de la hostelería “.

Una preocupación importante que también ha tratado Miquel Forns con el delegado ha sido la venta de productos top manta ilegales que afecta, entre otros aspectos, el comercio y la imagen de Sitges. Un problema con una raíz delictiva pero también tiene una dimensión social muy importante con dificultades de inserción. El alcalde ha pedido buscar fórmulas legislativas y de colaboración con el Departamento de Interior para atacar esta cuestión. Aparte del trabajo conjunto que se realiza entre la Policía Local y los Mossos, el alcalde puntualizó que “hay que impulsen cambios de tipo legislativos en el ámbito competencial de la Generalitat”.

La reapertura del CAP en horario nocturno ha sido otra de las cuestiones que se han tratado a lo largo de la reunión. El alcalde ha pedido que se estudien alternativas y el delegado ha avanzado que el departamento de Sanidad está trabajando en una propuesta de modelo que sea eficiente y preste un servicio de calidad y que “pasaría por dar servicio a diferentes poblaciones para que sea más sostenible“. En paralelo a este tema, se volvió a plantear la posibilidad de ofrecer farmacias de guardia en la noche. No obstante, el delegado ha afirmado “que la Generalitat mantiene todavía un problema de financiación que impide ser más atrevidos en las inversiones”.

Sitges Vida.com 04/05/2016

La plataforma contra la prolongación de la C-32 exige paralizar el proyecto

EL CONSELLER NADAL INAUGURA EL TRAMO DE LA C-32 ENTRE TORDERA Y PALAFOLLS 12/07/10 INMA SAINZ DE BARANDA (Inma Sainz de Baranda)

La plataforma Aturem la C-32 insta a la Generalitat a paralizar el proyecto de prolongación de la autopista del Maresme acatando el voto contrario al proyecto que consiguió el 76% en las consultas celebradas el pasado fin de semana en Blanes y Lloret de Mar, en las que votaron 3.660 personas de las 66.000 llamadas a participar. De las que votaron, 2.793 rechazaronla prolongación y 849 se mostraron a favor. En paralelo, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, considera que la consulta no es vinculante dada la baja participación.

Los opositores a la prolongación de la autopista C-32 consideran que la falta de implicación de la ciudadanía demuestra el poco interés en el proyecto que costará 70 millones de euros y supondrá un “elevadísimo” impacto ambiental “destruyendo parajes naturales” en El Vilar, Sant Pere del Bosc, L’Àngel y Les Alegries. Consideran que el proyecto no responde a las necesidades de la ciudadanía sino a “intereses de la empresa concesionaria” Abertis, ahora Invicat, para prolongar el periodo de explotación de la autopista que caduca en el 2021, tal como demuestra el convenio con el anterior conseller, Santi Vila.

En paralelo, la plataforma denuncia la “arrogancia y el desprecio” demostrado por el Ayuntamiento de Lloret de Mar hacia la opinión expresada por los ciudadanos en las urnas, el pasado 17 de abril. La consulta se celebró pese a que los partidos políticos lloretenses la intentaron evitar “obstinadamente” aún a riesgo de “romper los compromisos con sus electores”.

A los opositores, les resta mantener el deseo que el pleno municipal de Blanes que se celebrará el próximo 28 de abril, recoja la negativa de la ciudadanía al proyecto, y que así se transmita a la Generalitat para paralizar el proyecto.

Por su parte, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, mantiene que la prolongación es un proyecto clave para la zona. A pesar de haber querido interferir en la celebración de las consultas, Rull admite que la participación fue muy baja. El siguiente paso del responsable de obras públicas es reunirse esta semana con los alcaldes –partidarios del proyecto- para analizar los resultados del referéndum no vinculante.

La Vanguardia.com 27/04/2016

Baja participación en la consulta popular por la prolongación de la C-32

Tramo final de la autopista C-32 en Palafolls (Fede Cedó - LV)

El ‘no’ a la prolongación de la autopista C-32 se ha impuesto en la consulta popular que se ha celebrado este domingo en Blanes y Lloret de Mar(Girona). Un total de 3.660 personas han participado en este referéndum no vinculante, una pequeña parte de los aproximadamente 66.000 mayores de 16 años que se calcula que podían hacerlo. Sin embargo, desde la Plataforma Aturem la C-32, impulsores y organizadores de la consulta en Lloret de Mar, califican las cifras de “éxito abrumador” y “lección de democracia ‘.

En Lloret han recopilado 1.269 votos, un 86% en contra de este proyecto. En cuanto a Blanes, sólo ha votado un 7,28% del censo (2.391 personas), un 71,35% de ellos en contra de la ampliación de esta autopista que atravesaría parajes como Sant Pere del Bosc o Les Alegries. Desde la plataforma ecologista, piden al Govern y al Departament de Territori que escuchen la opinión de los vecinos y, tal como prometieron, detengan el proyecto. En Blanes, el alcalde, Miquel Lupiáñez, ha evitado posicionarse y ha explicado que la ejecutiva de cada formación municipal analizará los datos durante la próxima semana, antes de debatir los resultados en la comisión de seguimiento del proceso participativo y llegar a conclusiones en el pleno del próximo 28 de abril.

La consulta se realizó de forma conjunta, con la misma pregunta y papeletas a los dos municipios. En total, han participado 3.660 personas, un 76,31% de ellas (2.793 votos) se han posicionado en contra de la prolongación de la autopista C-32, un 23,9% (849 votos) a favor del proyecto, nueve personas han votado en blanco y se han registrado nueve votos nulos. Dividido por poblaciones, Blanes ha sido la que ha tenido más participación con un total de 2.391 votos. Un 71,35% de los participantes (1.706) se han mostrado en contra del proyecto mientras que 671 personas, un 28.06%, ha votado a favor. Se han registrado ocho votos en blanco y seis nulos. Hay que tener en cuenta que sólo ha participado en este referéndum no vinculante un 7,28% de las 32.825 personas, mayores de 16 años, que podían hacerlo.

En cuanto a Lloret de Mar se han recopilado 1.269 votos, un 3,79% del total de personas (33.418) que podían votar, según los cálculos que ha hecho la misma Plataforma Aturem la C-32. Y es que el Ayuntamiento de Lloret de Mar no ha cedido el padrón ni el censo a los organizadores de la consulta, los cuales han tenido que hacer los cálculos de forma orientativa guiándose por el Idescat y otras fuentes. Del total, un 86% (1.087 votos) han estado en contra de la ampliación mientras que 178 vecinos de esta localidad ven con buenos ojos el proyecto que cuenta con el apoyo de los equipos de gobierno municipales de Palafolls , Tossa de Mar, Tordera, Blanes y Lloret de Mar. A grandes rasgos, se podría hablar de que sólo un 5,52% del total de la población que podía votar a los dos pueblos, ha ejercido su derecho.

Se trata de datos orientativos, basadas en las cifras con las que han trabajado del Ayuntamiento de Blanes y la Plataforma Aturem la C-32. A la hora de las valoraciones de los resultados, ha habido un gran contraste. Mientras que desde Blanes señalaban el éxito de la jornada, tratándose de la primera consulta de estas características que hacían, desde la plataforma ecologista que aglutina 17 entidades del territorio, se han mostrado exultantes. “Es un éxito abrumador y una lección de democracia para el gobierno de Lloret de Mar”, señaló uno de los portavoces de la plataforma, Jordi Palaudelmas. En este sentido, la entidad ha reclamado al Gobierno y al Departamento de Territorio y Sostenibilidad que, tal y como prometió el ex consejero Santi Vila, escuchen “la voz del pueblo” y detengan definitivamente el proyecto de ampliación de la autopista . “Dijimos que aceptaríamos lo que la gente dijera y se ha mostrado clamorosamente que los vecinos no quieren la prolongación”, comentó Palaudelmas.

La consulta de este domingo es una reclamación que hacía tiempo que pedían las entidades de las dos villas. En el caso de Blanes ha sido impulsada por el consultorio mientras que en Lloret de Mar se ha hecho a través de entidades -con la Plataforma Aturem la C-32 al frente- después de que el ayuntamiento diera marcha atrás a pesar de aprobarlo por pleno y decide con una moción no convocarla. Desde el primer momento, el proyecto de ampliación de la C-32 ha tenido detractores -Ecologistas, vecinos de las dos localidades y varias formaciones políticas como ICV que alertaban de la destrucción de espacios naturales y apostaban por reforzar las vías ya existentes. Y entre los defensores, se incluyen las Cámaras de Comercio y los gremios empresariales que consideran que es una obra indispensable para descongestionar la circulación en las carreteras especialmente en verano, ganar en seguridad vial y mejorar la economía.

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, con la aprobación de los dos consistorios de la Selva y también los de Tossa de Mar y Tordera, ya dieron el visto bueno a este proyecto aunque, en un principio, el Conseller del Departament en aquel momento, Santi Vila, aseguró que no lo impulsaría hasta conocer la opinión de la ciudadanía. Un compromiso que ahora los ecologistas le reclaman. Por otra parte, el actual titular de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, declaró hace unos días que quedaban a la espera de conocer la opinión del territorio para terminar de resolver las alegaciones y dar el impulso final al proyecto.

El proyecto, que conectará Tordera con Lloret de Mar, supone una inversión de más de 77,6 millones de euros que irá a cargo de la empresa concesionaria Abertis. Se quiere construir un tramo de 6,5 kilómetros con una carretera de dos carriles, por los que se podrá circular a 100 kilómetros por hora. Según los datos aportados por el Ayuntamiento de Blanes el proyecto afectaría a unas 40 hectáreas de pinar y 4 hectáreas más de alcornocales. También se ha proyectado un ramal de la autopista hasta Cala Canyelles. Abertis financiará la construcción y si el incremento de tráfico generado hasta el año 2021 no compensa la inversión, hay dos opciones sobre la mesa: recibir ayudas por parte de los presupuestos de la Generalitat o prolongar la concesión de peajes de otros tramos de la autopista C-32.

La Vanguardia.com 18/04/2016

Nueva protesta por la prolongación de la autopista C-32

Protesta contra la prolongación de la C-32

Este domingo 10 de abril la Plataforma Aturem la C-32 ha llevado a cabo una gran acción en el tramo final de la autopista. En el límite del actual trazado un centenar de participantes mostró su rechazo al actual proyecto de prolongación y ha hecho un llamamiento a favor de las alternativas.

A las 10.00 de la mañana se han acercado a los metros finales de los carriles construidos y sin uso de esta carretera. Los mossos de escuadra han colaborado en el movimiento del grupo cortando el tráfico en uno de los puntos de la Gi-600 durante unos tres minutos garantizando la seguridad de la acción. Mientras una pareja de operarios de Abertis observaba el operativo.

Una vez que la Plataforma llegó al tramo final de la C-32 se han sucedido las acciones de protesta en forma de performance recogidas en forma de vídeo y fotografías. Un inmenso graffiti convertía en muro un lona como símbolo de cómo se para la C-32. Este elemento ha servido de eje vertebrador de las dos horas de protesta.

Con esta acción la plataforma comienza la última semana de campaña para las consultas populares en Lloret de mar y Blanes. El programa de actos de los próximos días está formado por charlas informativas en ambas poblaciones.

La Vanguardia.com 11/04/2016

El Parlament vuelve a insistir en liberar el peaje de la C-32 en el Maresme

Peaje de la C-32 en Premià de Mar (Sergi Alcazar Badia - Sergi Alcazar Badia)

El Parlament de Catalunya ha instado al Govern de la Generalitat a dar cumplimiento a la Declaración del Maresme, que pide la conversión de la autopista C-32 Montgat-Palafolls “en la vía de comunicación comarcal de los municipios del Maresme, libre de peaje en 2016”. La propuesta ha sido presentada por el PSC y aprobada en la Comisión de Territorio para todos los grupos. Junts pel Sí, se ha abstenido en los dos puntos que hacían referencia a la liberación para este año.

El diputado de JxS Marc Sanglas ha pedido “no generar falsas expectativas en torno a la liberación” porque supondría un gasto de 400 millones de euros. “No podemos comprometer en estos momentos algunas partidas presupuestarias”, añadió. La actual concesión termina el año 2021.

El diputado del PSC Joan Terrades, encargado de presentar la propuesta, explicó que con esta resolución “ponemos deberes al Gobierno y conoceremos su posición final respecto la concesión del peaje”. Sanglas, por su parte, ha expresado la voluntad de “trabajar en la pacificación de la movilidad en todo el Maresme” y habló de “convertir la C-32 en una vía comarcal rápida que permita la comunicación entre los diferentes municipios para la situación actual es insostenible”.

JxS se ha abstenido concretamente en el punto que habla de liberar el peaje este 2016, precisamente una propuesta que incorporó CiU en el Maresme a la declaración original y también en el punto que habla “de iniciar inmediatamente las negociaciones con todas las partes implicadas y a utilizar todos los instrumentos políticos a su alcance, para hacer posible su resarcimiento no más allá del 2016”.

En cuanto a no comprometer partidas económicas, desde la Plataforma Preservem el Maresme, no entienden que en cambio, sí se comprometan para la prolongación de la C-32 hasta Lloret y Blanes, como hizo el anterior conseller en funciones, Santi Vila, pero no para liberar el peaje. Aún así, Lluís Mas, portavoz de la plataforma, se ha mostrado satisfecho por la resolución de la comisión, que ha contado con el voto unánime de los partidos representados.

En otros puntos de la propuesta aprobada, se habla de “recuperar la fachada litoral” y de “mejorado los accesos de la C-32” y convertir la vía en “una alternativa real a la N-II”. La Declaración del Maresme 2015 fue impulsada por la Coordinadora Preservamos el Maresme y fue firmada y asumida por las fuerzas políticas presentes en la comarca y representantes de la sociedad civil.

La Vanguardia.com 30/03/2016

Baix Penedès y Garraf coordinan acciones por la gratuidad de la C-32

Un momento de la reunión en la sede de la asociación empresarial en Vilanova. Foto: DT

La movilización para reclamar la gratuidad del peaje de la C-32, o una significativa rebaja, saldrá a la calle. La Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (Adepg) organizó un encuentro en el que participaron representantes del sector empresarial, instituciones públicas y entidades privadas que denunciaron el agravio que la autopista C-32 supone para el Penedès y el Garraf.

La reunión de lo que se denominó Grup de treball C32 cristaliza el acuerdo que ya había en el Baix Penedès y Garraf para denunciar el impacto que para los vecinos y empresas del territorio tiene la autopista. Ahora se consensuarán acciones de protesta después de que las relizadas durante los últimos años no han dado resultados.

El elevado peaje de la C-32 es motivo de queja de vecinos, ayuntamientos y empresas que denuncian que, además de penalizar a los residentes, supone una barrera para la llegada de inversiones empresariales. Además, la alternativa gratuita es una saturada carretera C-31 que atraviesa por zonas urbanas como Cunit o Segur de Calafell.

En el Baix Penedès se pide que la C-32 sea gratuita entre El Vendrell y Cubelles para que la autopista sea una ronda litoral para desplazamientos ágiles y seguros y que la C-31 haga las veces de calle, como de hecho ya es. En la comarca se pidió que la C-31 dejase de ser carretera de la red básica para que la vía de gran capacidad natural sea la C-32.

Además de representantes políticos de Calafell, Cunit, Llorenç del Penedès, Vilanova o Sant Pere de Ribes, entre otros, en la reunión del Grup de Treball C32 también participó el Campus de la UPC de Vilanova y el Gremi d’Hostaleria de Sitges y empresarios de la zona.

La unión política, social y empresarial busca fuerza ante la Generalitat, titular de la C-32. Representantes del Baix Penedès alertaron de las reiteradas reuniones que han mantenido en los últimos años con el Govern para pedir la gratuidad de la C-32 sin que se haya logrado nada, por lo que los pasos a dar no pueden contemplar iniciar unas reuniones y conversaciones que ya se han hecho. En este sentido, destacan que la Generalitat y la concesionaria Aucat conocen las reivindicaciones. La plataforma de Cunit No Vull Pagar C-32 y la Coordinadora de Calafell esperan desde hace meses que la Generalitat presente un estudio del coste que tendría eliminar los peajes para analizar la viabilidad.

Diario de Tarragona.com 25/02/2016

El Maresme reactiva la reivindicación por la gratuidad de la C-32

Comisión de Mobilitat del Consell Comarcal (Fede Cedó - LV)

A un ritmo más lento, sosegado, burocratizado. En espera de los movimientos del nuevo conseller de la Generalitat, Josep Rull, el martes se constituía la nueva comisión de movilidad del Consell Comarcal del Maresme en la que están representadas todas las fuerzas políticas de la comarca, con la novedad de la inclusión de las plataformas sociales reivindicativas, como Preservem el Maresme, que sin duda tomaron el papel de personaje discordante frente a la ralentización de la clase política y anunciando que no están dispuestos a permitir que temas clave como la movilidad en la comarca queden adormecidos a antojo del gobierno catalán.

“Aún tenemos que hablar, consensuar, plantear estrategias e iniciar los contactos” enumeraba ayer el presidente del Consell, Miquel Àngel Martínez. Una previsión frenada que constrasta con el impulso que imprimirán las reivindicaciones populares. Tirón de orejas el que la comarca no duda en infringir a los mandatarios de la Generalitat, que como Ricard Font, secretario de Mobilitat, eludió el compromiso de facilitar un diagnóstico sobre la movilidad del Maresme, el documento clave de la pasada legislatura. Tampoco ha sentado nada bien el desaire del propio Font a la Taula de Mobilitat, el foro de consenso para los proyectos de la comarca, que el secretario ignoró al lanzar una propuesta de lucimiento mediático en plena campaña electoral, como fue el anuncio de un carril-bici entre Badalona y Tordera.

La Vanguardia.com 09/02/2016

Los peajes que dependen de Generalitat quedan congelados también en 2016

PREMIA DE MAR / Peatge de la C32 a Premia de Mar. (LV)

Los peajes de las autopistas que dependen de la Generalitat quedarán congelados también en 2016, al igual que sucedió el año pasado, han asegurado fuentes del gobierno catalán. Esta decisión afecta en la práctica a la C-32, a la C-33 y a la C-16, así como a los túneles de Vallvidrera y del Cadí.

Estas fuentes han señalado a Efe que, dado que el IPC no ha crecido este año, se ha decidido mantener la misma tarifa base que en 2015. De hecho, aunque los precios aumentaron un 0,3 % en Catalunya en el mes de noviembre respecto del mes anterior, no experimentaron ninguna variación en términos interanuales, es decir, en comparación al mismo mes del año pasado.

Por otra parte, la Generalitat aplicará a partir del 4 de enero descuentos en los peajes en el tramo comprendido entre Terrassa y Manresa de la C-16 y en la misma carretera en el tramo entre Terrassa y Sant Cugat del Vallès (Barcelona). En el primer tramo, la tarifa del peaje en la barrera lateral de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) será gratuita para los tráficos internos en el área de Manresa, mientras que en la barrera troncal el descuento será del 50 % para tráficos con origen o destino en la comarca del Bages.

En cuanto al tramo entre Terrassa y Sant Cugat se aplicará una reducción que, en función del recorrido, puede llegar al 70% y, en concreto, los descuentos se aplicarán a los viajeros que hagan recorridos con origen o destino a los enlaces 13 a 21 de esta vía. El gobierno catalán aprobó el pasado mes de julio este nuevo sistema de descuentos en la C-16 con el fin de mejorar la movilidad en la C-55, la C-58 y en la misma C-16.

La Vanguardia.com 22/12/2015

Las plataformas contra el peaje de la C-32 amenazan con denunciar al conseller de Territori i Sostenibilitat en funciones

Peaje de la autopista C-32 en Premià de Mar (Sergi Alcázar - Sergi Alcázar)

Las protestas e las plataformas del Maresme y la Selva que abogan por la supresión del peaje de la autopista C-32 en el 2021, año en el que caduca la concesión, ha anunciado que presentará una demanda judicial contra elconseller Santi Vila por impulsar la prolongación de la vía rápida hasta Lloret desde un gobierno en funciones.

El pacto al que ha llegado el conseller de Territori i Sostenibilitat con los alcaldes de Tordera, Blanes, Lloret y Tossa para construir la ronda de circunvalación de la Costa Brava Sur, ha acallado las protestas municipales, que ahora plantean desconvocar las consultas ciudadanas previstas para discutir la prolongación de la autopista hasta Lloret de Mar.

Desde las entidades ciudadanas consideran que Vila puede haber “chantajeado a los ayuntamientos” accediendo a una de sus eternas reivindicaciones, pero que comete una ilegalidad al comprometer el presupuesto de la Conselleria desde un gobierno provisional.

Que a la prolongación de la C-32, se sume ahora el compromiso de Territori i Sostenibilidad de aportar 71 millones para la ronda de circunvalación, que se financiarán en gran parte con la inducción de tráfico en la autopista, hace sospechar a las plataformas ciudadanas que Santi Vila ha comprometido una nueva concesión del peaje más allá del 2021, fecha en la que caduca la actual.

“Vila se salta la legislación que prohíbe la firma de acuerdos durante un gobierno provisional” apunta Antoni Esteban, portavoz de la plataforma Preservem el Maresme, que puede hipotecar los presupuestos sin saber aún si podrá formar gobierno. Desde la entidad, además, consideran que Vila “debe presentar la dimisión” por eludir el compromiso de celebrar las consultas en los ayuntamientos implicados en la prolongación.

Desde Preservem el Maresme lamentan que los ayuntamientos hayan sucumbido “a la presión del conseller y de Abertis” y que obvien el compromiso asumido en los distintos plenarios municipales. “Hasta aquí hemos llegado” sentencian desde el Maresme las entidades que hacen frente común para obtener la gratuidad de la autopista y por todo ello deciden presentar “una serie de demandas judiciales contra Vila y los nuevos acuerdos con los municipios” tras haber detectado una serie de irregularidades que imposibilitarían avanzar con dichos pactos, tales como “la caducidad de los informes medioambientales” o el incumplimiento de los acuerdos plenarios, lo que demuestra “que están actuando de mala fe contra la ciudadanía”.

“Sabemos que Vila impondrá su criterio” zanja el portavoz de la plataforma, pero advierte que su decisión “a parte de la repercusión judicial” conllevará acciones de protesta, que ya están preparando las plataformas Aturem la C-32 y Preservem el Maresme.

La Vanguardia.com 16/12/2015