Las plataformas contra el peaje de la C-32 amenazan con denunciar al conseller de Territori i Sostenibilitat en funciones

Peaje de la autopista C-32 en Premià de Mar (Sergi Alcázar - Sergi Alcázar)

Las protestas e las plataformas del Maresme y la Selva que abogan por la supresión del peaje de la autopista C-32 en el 2021, año en el que caduca la concesión, ha anunciado que presentará una demanda judicial contra elconseller Santi Vila por impulsar la prolongación de la vía rápida hasta Lloret desde un gobierno en funciones.

El pacto al que ha llegado el conseller de Territori i Sostenibilitat con los alcaldes de Tordera, Blanes, Lloret y Tossa para construir la ronda de circunvalación de la Costa Brava Sur, ha acallado las protestas municipales, que ahora plantean desconvocar las consultas ciudadanas previstas para discutir la prolongación de la autopista hasta Lloret de Mar.

Desde las entidades ciudadanas consideran que Vila puede haber “chantajeado a los ayuntamientos” accediendo a una de sus eternas reivindicaciones, pero que comete una ilegalidad al comprometer el presupuesto de la Conselleria desde un gobierno provisional.

Que a la prolongación de la C-32, se sume ahora el compromiso de Territori i Sostenibilidad de aportar 71 millones para la ronda de circunvalación, que se financiarán en gran parte con la inducción de tráfico en la autopista, hace sospechar a las plataformas ciudadanas que Santi Vila ha comprometido una nueva concesión del peaje más allá del 2021, fecha en la que caduca la actual.

“Vila se salta la legislación que prohíbe la firma de acuerdos durante un gobierno provisional” apunta Antoni Esteban, portavoz de la plataforma Preservem el Maresme, que puede hipotecar los presupuestos sin saber aún si podrá formar gobierno. Desde la entidad, además, consideran que Vila “debe presentar la dimisión” por eludir el compromiso de celebrar las consultas en los ayuntamientos implicados en la prolongación.

Desde Preservem el Maresme lamentan que los ayuntamientos hayan sucumbido “a la presión del conseller y de Abertis” y que obvien el compromiso asumido en los distintos plenarios municipales. “Hasta aquí hemos llegado” sentencian desde el Maresme las entidades que hacen frente común para obtener la gratuidad de la autopista y por todo ello deciden presentar “una serie de demandas judiciales contra Vila y los nuevos acuerdos con los municipios” tras haber detectado una serie de irregularidades que imposibilitarían avanzar con dichos pactos, tales como “la caducidad de los informes medioambientales” o el incumplimiento de los acuerdos plenarios, lo que demuestra “que están actuando de mala fe contra la ciudadanía”.

“Sabemos que Vila impondrá su criterio” zanja el portavoz de la plataforma, pero advierte que su decisión “a parte de la repercusión judicial” conllevará acciones de protesta, que ya están preparando las plataformas Aturem la C-32 y Preservem el Maresme.

La Vanguardia.com 16/12/2015