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| El presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría. EL MUNDO |
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado en el Ministerio de Hacienda un agujero superior a los 5.700 millones de euros, según el registro de morosospublicado ayer por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.
En este listado figuran cientos de empresas ligadas a la construcción y abocadas a la quiebra tras el hundimiento del sector en 2008. El registro incluye a las grandes inmobiliarias, constructoras y promotoras de vivienda, pero también a otras empresas ligadas a la cadena del ladrillo como estudios de arquitectura, de interiorismo, tiendas de muebles, puertas, azulejos, grúas...
La empresa más morosa con la Agencia Tributaria es Reyal Urbis, con una deuda de 378 millones de euros. La inmobiliaria permanece anclada en concurso de acreedores desde el año 2013 y ha anunciado recientemente el despido de toda su plantilla en España. A cierre del tercer trimestre, la compañía anunció un endeudamiento de 3.437 millones de euros con la banca y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Casi todos los grandes deudores incluidos en la Lista Montoro, que se publicó ayer por primera vez, están vinculados al sector y se encuentran en estos momentos en concurso de acreedores. Nozar ocupa el segundo lugar, con una deuda con Hacienda de 203 millones de euros. Le siguen Grupo Prasa, con un pasivo pendiente de pago de 101 millones de euros, y Arenal 2000, del promotor Rafael Gómez Sandokán, con una deuda de 58 millones de euros.
En el listado tampoco faltan otros grandes nombres del sector como Martinsa-Fadesa o la inmobiliaria Chamartín, así como cientos de promotoras locales centradas en la construcción de vivienda en la costa. Dentro del sector de la vivienda hay incluso dos empresas públicas municipales que adeudan dinero a Hacienda, según el listado. Una es la de Alcorcón, con una deuda de 2,03 millones de euros, y otra es la de Algeciras, que adeuda 1,48 millones. En el mismo sentido, las mancomunidades de municipios de la comarca del campo de Gibraltar y la del Bajo Guadalquivir deben 1,11 y 1,09 millones de euros, respectivamente.
Pero no todas las empresas incluidas en la lista negra de la Agencia Tributaria están ligadas a la construcción. Entre los morosos se incluyen también varias empresas dedicadas al campo de las energías renovables y que han caído en concurso de acreedores tras la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno en 2013. Sus volúmenes de deuda, no obstante, son muy inferiores a las cifras que se manejan en el ladrillo. El grupo Isofotón, uno de los principales agentes del sector, adeuda 3,5 millones de euros, según el documento.
También han dejado de pagar a Hacienda las sociedades concesionarias de varias autopistas de peaje de acceso a Madrid. La empresa Accesos de Madrid, propietaria de las radiales R-3 y R-5 y participada por las constructoras Sacyr y Abertis, debe al Estado un total de 38,5 millones de euros. Por otro lado, la Autopista Madrid Sur, que gestiona la R-4, mantiene una deuda de 1,8 millones.
La lista incluye 345 personas físicas con una deuda conjunta de más de 700 millones y 4.510 empresas con una deuda de 14.900 millones. Del importe total, más de 6.500 millones (el 42 %) se corresponde con deuda de empresas en proceso concursal (casi 1.700 deudores, el 35% del total), lo que supone que la posibilidad de cobro efectivo es menor mientras dure el proceso.
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