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Si Podemos tiene la oportunidad de gobernar tras las elecciones generales del próximo día 20 de diciembre, el sector de la construcción podría encontrarse al cabo de unos meses al borde de la parálisis total. Según su programa electoral, si la formación gobierna apostará por “la finalización de las obras de todas las inversiones en grandes infraestructuras que ya estén adjudicadas -AVE, autopistas, aeropuertos, dársenas portuarias- y por la paralización de todas las que no hayan sido adjudicadas”.
No habría nuevos proyectos hasta que se realizara una “auditoría de las grandes infraestructuras para clarificar la naturaleza de las decisiones de cada construcción y sus costes reales, a fin de establecer responsabilidades y evitar que se repitan los casos de aeropuertos fantasma, autopistas de peaje vacías o iniciativas como el proyecto Castor de Castellón”. Las nuevas contrataciones se harían contando con “mecanismos de transparencia y participación ciudadana” que incluirían las variables “social, ambiental y económica”, si bien Podemos no detalla de que forma involucrará a los ciudadanos en la construcción de nuevos tramos de alta velocidad o de autopistas.
El sector de la construcción ha sufrido muy duramente los embates de la crisis, pero sigue teniendo una importancia relevante en el peso de la economía a pesar de que la inversión pública se encuentra ya en niveles bajos en relación a los años previos a la crisis. El año pasado, su valor añadido bruto al PIB fue del 9,6% y daba empleo a 926.000 personas, el 5,1% del total de la población activa, según datos de la patronal del sector, Seopan. Las compañías abonaron en sueldos 20.982 millones de euros y en cotizaciones sociales 5.933 millones. También aportaron 1.670 millones de euros en otros impuestos.
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