La reivindicación de la transferencia de la gestión de la AP-9 se ha convertido en un gesto casi mecánico. Con Feijoo ahora, como con Touriño antes, la demanda de la Xunta lleva años sobre la mesa de Fomento. Los diferentes inquilinos que han pasado por el ministerio están al tanto de un interés que cada cierto tiempo recibe el respaldo unánime del Parlamento gallego. Pero Madrid mantiene cerrada esa opción. El argumento irrefutable de que ninguna Administración podría gestionar mejor que la autonómica una autopista que antes que un negocio es una infraestructura crucial para vertebrar el eje más poblado y económicamente más dinámico de Galicia siempre choca con la misma respuesta del Estado, que esgrime razones de legalidad. Su tesis de cabecera es que la vía de pago constituye una «obra pública de interés general», por lo que es de competencia exclusiva estatal y no puede, por lo tanto, ser transferida a la Xunta.
Pese a las calabazas reiteradas, el Ejecutivo de Feijoo renueva con frecuencia su demanda. El propio presidente la actualizó en octubre, días después del enésimo acuerdo parlamentario. Pero en la última semana se han concretado dos decisiones que ilustran cómo podría repercutir para el usuario el hecho de que la gestión de la AP-9 estuviera bajo el control de la Xunta. Mientras el Gobierno gallego ha avanzado que, a partir del 1 de enero próximo, recortará los peajes de las autopistas de su competencia entre un 2 (en el caso del vial A Coruña-Carballo) y un 3 % (Vigo-Baiona), Fomento apenas bajará un 0,25 el de la AP-9. Aunque es obvio que en las decisiones sobre la política tarifaria de las tres vías entran en juego distintos parámetros, la diferencia es muy significativa. Desde enero del 2006, la principal arteria gallega se habrá encarecido un 35 %, el doble que el IPC.
Las tentativas de la Xunta de hacerse con la competencia sobre la AP-9 se remontan al bipartito. El Gobierno de Touriño ya incorporó esta demanda entre las 70 transferencias que pretendía obtener del Ejecutivo presidido por Zapatero. Pero ya entonces Galicia se topó con el muro madrileño. En los últimos años, la reclamación que Feijoo incluyó en el programa electoral con el que ganó las autonómicas del 2009 ha sumado nuevos fundamentos. La desidia de la concesionaria ante las aglomeraciones de vehículos en las cabinas, durante los fines de semana del verano, llevó incluso a la actual ministra de Fomento, Ana Pastor, a advertir de una posible suspensión de la concesión. Por supuesto, no pasó nada. Aunque al menos el mensaje contribuyó al cambio de actitud de Audasa, en un momento en el que tanto la Administración del Estado como la empresa estaban pendientes de cerrar el acuerdo de ampliación del trazado en Rande y el tramo que circunvala Santiago. La concesionaria asume las obras y a cambio se asegura una subida extra del peaje del 1 % durante 20 años.
Mientras la empresa hace caja, prosiguen los fuegos de artificio en torno al traspaso de la AP-9. Porque Galicia llega tarde. Si tuvo una oportunidad real de tomar las riendas de la autopista, esa baza se esfumó cuando Aznar decidió en el 2000 ampliar hasta el 2048 la concesión que expiraba en el 2023. Como con la actual ampliación, el Gobierno optó por pagar obras en la autopista con medidas que revierten en el bolsillo de sus usuarios.
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