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jueves, 16 de junio de 2016

Valencia y Barcelona podrían tener conexión por autovía gratuita en 2021

En 2021, el viejo sueño de conectar la segunda y tercera ciudad de España por una autovía libre de peaje podría ser una realidad si se cumplen los compromisos políticos adquiridos por el ministerio de Fomento y la Generalitat de Cataluña sobre el rescate de las concesiones vigentes en la AP-7, C-32 y C-33.

En todo caso, la posibilidad de acceder al centro de Barcelona para los valencianos sería realizando un pequeño rodeo a través de la C-33, un antiguo tramo de la AP-7 que conecta Paret del Vallés con la Ciudad Condal de 25 kilómetros.

Tras el anuncio de que el Ministerio de Fomento no renovará a finales de 2019 la concesión de la AP-7 de Tarragona a Alicante y en 2021 de Tarragona a la frontera francesa, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila anunciaba la pasada semana que las autopistas C-32 a su paso por el Maresme y la C-33 en el Vallés serían gratuitas a partir del 2021.

Los anuncios, tanto el realizado por la ministra como por el conseller catalán han sido recibidos con escepticismo por los representantes políticos y por los usuarios, conscientes de las dificultades que planea este rescate.

No obstante, de cumplirse plazos y objetivos, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana podrían viajar hasta Barcelona sin pagar peaje siempre que estuvieran dispuestos a llevar hasta Parets, cerca del circuito de Montmeló, para luego retroceder ligeramente a través de 25 kilómetros de autovía hasta la Ciudad Condal.

De hecho, la forma más rápida y corta de llegar a Barcelona es conducir por la AP-7 y desviarse en el Vendrell por la C-32, conocida como autopista Pau Casals y explotada por Acesa. Sin embargo, este tramo de 58 kilómetros que atraviesa el Garraf tiene concesión vigente hasta el año 2039.

En la actualidad, el coste aproximado del peaje entre Valencia y Barcelona a través de este itinerario es de 41 euros.

El conseller catalán anunciaba el rescate de la C-32, aunque en referencia al tramo situado al noreste de Barcelona que atraviesa el Maresme y con concesión hasta el 2021.

Tanto la concesionaria del tramo Alicante-La Jonquera como las de las C-32 y C-33, Abertis a través de Aumar, Acesa y Aucat, tienen previsto reclamar compensaciones a cuenta de algunas obras de mejora y de la perdida de tráficos en los últimos años, lo que podría dificultar el proceso de rescate.

El PSOE expresa un si rotundo a convertir la AP-7 en una autopista gratuita en 2020

El PSOE expresa un si rotundo a convertir la AP-7 en una autopista gratuita en 2020
El candidato del PSPV, Julian Miralles, y la candidata al Senado, Encarna Llinares, ayer en Dénia, junto a los alcaldes de la comarca

La campaña electoral aun no ha empezado pero ya están los partidos haciendo públicos sus compromisos. Hoy ha sido el PSPV de la provincia de Alicante, con el candidato Julián López y la candidata al Senado, Encarna Llinares, a la cabeza los que en Dénia han suscrito un manifiesto en el que se comprometen a acabar con el peaje de la AP-7 y que esta vía sea gratuita en 2020.

Este manifiesto, han destacado desde el PSPV de Dénia, lo han firmado alcaldes de la comarca, entre ellos José Chulvi, y que en palabras del alcalde de Dénia, Vicent Grimalt “no es una improvisación electoralista”. No en vano, el propio Ministerio de Fomento, hace ya más de dos años, cuando anunció en una reunión del número 2 de ese departamento con el entonces alcalde de Oliva, que no prorrogaría la concesión a Abertis (ver noticia).

En clave más de campaña, Grimalt ha hecho hincapié en que en estas elecciones nos jugamos mucho. Hay que decir sí o no a que se siga con las políticas del Gobierno Rajoy de los últimos 4 años. Hay que valorar lo hecho en estos últimos 6 meses, pero también lo que quiere tapar el PP, como es su discriminación a la Comunitat en inversiones o peajes, así como las injusticias y pérdida de competitividad que eso.

Hemos demostrado coherencia en muchos aspectos, y también en nuestra posición sobre la AP-7, ya que las iniciativas descritas no lo son del PSPV-PSOE, sino que lo son del grupo Parlamentario Socialista, es decir, del PSOE. Su registro comporta un compromiso claro del PSOE, no solo de los socialistas de la Comunitat Valenciana”, ha concluido el alcalde socialista

martes, 14 de junio de 2016

Alcaldes y concejales socialistas firman un manifiesto por la gratuidad de la AP-7

La ciudad de Dénia acogió este jueves el primer acto claramente electoral del partido socialista, de cara a la próxima cita con las urnas. Julián López y Encarna Llinares, números uno al Congreso y Senado del PSPV-PSOE por Alicante, suscribieron un manifiesto, junto a varios alcaldes y cargos institucionales de la Marina Alta, en el que se comprometen a acabar con el peaje y tener una AP-7 gratuita, si Pedro Sánchez forma gobierno después del 26-J.
Los alcaldes y concejales socialistas con los candidatos al Congreso y el Senado por Alicante.
Un manifiesto que, según dejó claro Vicent Grimalt, alcalde socialista de Dénia y anfitrión del acto, “no es una improvisación electoralista, sino que ratifica públicamente lo hecho y dicho en el Congreso de los Diputados y el Senado por los parlamentarios del PSPV-PSOE”. El primer edil de la capital de la Marina Alta, además, ha hecho hincapié en que “en estas elecciones nos jugamos mucho. Hay que decir sí o no a que se siga con las políticas del Gobierno Rajoy de los últimos 4 años. Hay que valorar lo hecho en estos últimos 6 meses, pero también lo que quiere tapar el PP, como es su discriminación a la Comunitat en inversiones o peajes, así como las injusticias y pérdida de competitividad que eso”.
Hemos demostrado coherencia en muchos aspectos, y también en nuestra posición sobre la AP-7, ya que las iniciativas descritas no lo son del PSPV-PSOE, sino que lo son del grupo Parlamentario Socialista, es decir, del PSOE. Su registro comporta un compromiso claro del PSOE, no solo de los socialistas de la Comunitat Valenciana”, concluyó el alcalde socialista.

El número uno socialista al Congreso de los Diputados por Alicante, Julián López, aprovechó su intervención para pedir un sí al PSOE, ya que “votar sí al PSOE es votar sí a la calidad de vida, la justicia social y la competitividad”. López ha añadido que, “desde la coherencia y con las cosas claras”, desde el PSOE “pedimos un SÍ a que la AP-7 sea gratuita y La Marina Alta esté libre de peajes en 2020. Hoy asumimos un compromiso público dirigentes del PSPV-PSOE y sus candidatos y candidatas al Congreso y al Senado de que un sí al PSOE, un sí a Pedro Sánchez es y será un sí a que la AP-7 sea gratuita en 2020, un Sí a la Marina alta sin Peajes en 2020”.

Pedimos un sí por la calidad de vida y justicia social para los que viven en la Marina Alta, que pasa también por que puedan tener una comunicación por carretera segura y considerada vía rápida gratuita con Alicante y Valencia, es decir, con centros de salud de referencia y de especialistas, con otros lugares donde se trabaja, con pueblos cercanos en distancia y alejados en el tiempo necesario para ir a ellos”, añadió el candidato socialista al Congreso de los Diputados.
Además, López advirtió de que los socialistas “pedimos un sí por la competitividad de los sectores productivos de la comarca, para que turistas y mercancías, bienes de quipo, y personal cualificado y trabajadores puedan ir y venir desde nuestra comarca sin pagar un peaje. Este peaje es un peaje a nuestra competitividad frente a otros destinos turísticos que no tienen y que se llega por autovías gratuitas. Este peaje repercute en nuestros productos del campo y la industria”.

Por su parte, la candidata socialista al Senado por Alicante, Encarna Llinares subrayó la falta de compromiso histórica del PP respecto a la AP-7, ya que “el Gobierno del PP presidido por Aznar, y del que era Ministro Mariano Rajoy, aprobó en 1997 una prórroga de la concesión de la AP-7, por la cual esta no expiraba en 2006, como estaba previsto, sino en diciembre de 2019. Las rebajas prometidas entonces se diluyeron con el tiempo, y han sido fulminadas del todo por los últimos aumentos de peaje autorizados por el Gobierno del PP. Las inversiones prometidas no se han realizado”.

Para remarcar esta cuestión, Llinares ha expuesto que “en esta legislatura ha hecho juego de palabras con el tema. Si bien han dicho que la concesión no se prorrogará, no han comprometido a que sea gratuita. Es decir, no han dicho que no a que se establezca un canon y que ese canon lo cobre la actual empresa concesionaria. Y es que esta opción fue planteada por la actual empresa concesionaria, reconociendo públicamente que se lo han planteado ya al Gobierno del PP”.
Prueba de ello, como señala la candidatura del PSPV-PSOE por Alicante en el manifiesto, es que en 2014, hasta en dos ocasiones, el Gobierno del PP no descartó el cobro de peaje en la AP-7 al finalizar la concesión. Además, Rajoy y su bancada votaron en contra de la PNL del PSOE, encaminada a reducir el coste del peaje en un 14%; votando, también, hasta cuatro veces en contra de las enmiendas a los Presupuestos Generales de Estado de 2015 y 2016.

domingo, 29 de mayo de 2016

Un día de vida al año perdido metidos en un atasco


Si un conductor armado de paciencia decidiese ponerse al volante y transitar por las diez peores carreteras del mundo debido a su elevada densidad de tráfico perdería 110 horas al año. O sea, se dejaría 4,5 días de su vida en retenciones en esas vías que se encuentran en las ciudades de Los Ángeles, Moscú, Londres, Bruselas y Múnich. En España, el barcelonés o quien trabaja en Barcelona y accede a la ciudad condal desde el área metropolitana, a través de las vías B-10 y la B-23, pierde metido en un atasco 28 horas de vida, tres horas más que un año atrás. Presos siempre de la falta de tiempo, parece que en algunas ciudades no importa o no queda más remedio que asumir que el trayecto de casa al trabajo y de trabajo a casa requiere mucho más sosiego del que a veces se tiene.
Por término medio, cada español perdió 18 horas en 2015 mirando el maletero del coche que le precedía, una hora más que en 2014, de acuerdo con los datos del medidor INRIX del Tráfico publicados en su último Informe Anual de Medición de Tráfico (2015 Traffic Scorecard). En el conjunto del país, las ciudades más congestionadas por el tráfico siguen siendo Barcelona, Madrid (aunque en este caso ganó media hora de tiempo, rebajando el promedio de 22,5 a 22 horas anuales), Sevilla (empeoró respecto a 2014 en 35 minutos hasta las 18 horas de retención por conductor), Bilbao (también restó 11 minutos a su tiempo de espera al volante hasta estar 16 horas atascado al año), Valencia (recortó 36 minutos, pero cada valenciano pierde 12 horas) y Zaragoza (cada ciudadano reunió para sí 10 minutos más, aunque se dejó 11 horas al año).
Para la Fundación Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), no es de extrañar que Barcelona sea líder en el dato agorero, ya que «no ha invertido en infraestructura y sistemas de transporte público». También ha repercutido negativamente en los accesos a la metropoli «la expansión de autopistas de peaje durante los últimos doce meses», objeta RACC. Y eso pese a que, como incide para ABC José María Riaño, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), la ciudad condal ostenta la mayor tasa de motos por habitantes de toda Europa. En concreto, explica Riaño, hay 173 motos por cada 1.000 habitantes y ni aún así logra desactivar esas largas colas de entrada cada mañana a la ciudad por la B-10 (la Ronda Litoral, una de las dos vías rápidas de circunvalación de la ciudad, por el sur, tocando al litoral) y la B-23 (Molins de Rei-Barcelona), justamente las dos rutas más congestionadas de España.
El portavoz de Anesdor defiende que la fórmula idónea para desarticular los avisperos de coches que se forman en estas ciudades es la generalización de las motocicletas y ciclomtotores que, además, no desperdician energía, son un medio más económico y consiguen, a la postre, «la movilidad eficiente». Como ejemplo, Riaño añade que, en Madrid, la densidad de motos se elevó de un 6 a un 9% entre 2011 y 2014, mientras se mantuvo en el mismo dato (un 0,2%) el total de emisiones contaminates atribuido a este parque de las dos ruedas.

Riaño también trae a la memoria cómo la capital belga estudió en 2011 qué pasaría si reemplazase un 10% de los coches que atraviesan la ciudad por el mismo porcentaje, de motos. La conclusión fue demoledora: cada ciudadano perdería un 40% menos de su tiempo hastiado en atascos. Además, también se recortarían las emisiones de tráfico rodado en un 6%, en términos de partículas contaminantes (óxidos de nitrógeno NOx, CO2 y partículas 2,5 micras, pm 2,5).

El balance que hace INRIX, proveedor internacional de inteligencia de transporte y servicios para coches conectados, no es del todo negativo, ya que por países, España no aparece hasta la decimoprimera posición. El ranking lo encabeza Bélgica, donde los conductores se dejan nada menos que casi dos días de vida (44 horas) resignados en el habitáculo del turismo, si bien ha logrado aliviar el tráfico de entrada a sus ciudades en más de 6 horas en solo un año. Países Bajos es el segundo de la tabla y Alemania, tercero. Ambos han mejorado sus ratios de 2014 a 2015, pero siguen pasando al albur de un atasco 41 y 39 horas, respectivamente.
El informe sí da un «tirón de orejas» a España por ser de los pocos países que, lejos de mejorar, suma horas en la congestión vial. Y es que el 70% de los 13 países y 96 municipios revisados en Europa combaten sus angustiosas retenciones con inversión en infraestructura y en la mejora del transporte público, mientras que los niveles de tráfico en nuestro país aumentaron por segundo año consecutivo.

viernes, 27 de mayo de 2016

El PP rescata ahora como una exigencia al Consell la frustrada autovía a la costa

El PP rescata ahora como una exigencia al Consell la frustrada autovía a la costa
El PP rescata ahora como una exigencia al Consell
 la frustrada autovía a la costa

El Partido Popular de la Vega Baja reunió ayer a sus principales cargos en la comarca para exigir a la Generalitat Valenciana que retome el proyecto de construcción de la autovía Orihuela-Torrevieja a través del desdoblamiento de la CV-95. De hecho, ya ha presentado una proposición no de ley que llevará a las Cortes el diputado autonómico Juan de Dios Navarro. Este apuntó en la sede oriolana del partido que esta carretera «es una infraestructura fundamental para reactivar el comercio, la industria» e impulsar la actividad económica de la comarca, pues «se tarda prácticamente lo mismo en ir de Orihuela a Alicante que al litoral», pese a que la distancia es prácticamente la mitad.
Lo curioso es que este es un proyecto que el Partido Popular adjudicó en 2007, siendo presidente Francisco Camps, a la UTE liderada por Lubasa por 94,5 millones de euros, pero, pese a que la ejecución de la obra estaba fijada en un plazo de 36 meses, ni se llegó a iniciar al no encontrar la mercantil la liquidez necesaria para pagar las expropiaciones y el coste de la obra, fijados en cerca de 400 millones de euros. La diferencia entre el precio de adjudicación y el de ejecución radica en que la empresa recibiría lo que se conoce como un peaje en sombra, un sistema que permite que sean las empresas concesionarias las que financien las obras y evita que exista un peaje físico como autopista porque el coste es reintegrado después con dinero público en función de una estimación del paso de vehículos, que en este caso se fijaba para un periodo de 30 años. La entonces edil popular, Mónica Lorente apuntó a que, con esta carretera, Orihuela y la Costa se conectarían en unos 15 minutos frente a los cerca de 40 minutos actuales.
Tras la quiebra de la empresa por falta de financiación desde el gobierno valenciano no se hizo nada para retomar el proyecto en los siguientes cinco años en los que siguió gobernando el Partido Popular y hasta el cambio de gobierno tras las elecciones de mediados de 2015. Quizá consciente de ello, Navarro puso la venda antes de la herida –en cuanto a la crítica política– al apuntar durante la comparecencia que «ustedes estarán pensando que si llevamos 20 años gobernando por qué no hemos dado solución a este problema, pero la obra ya se adjudicó y se suspendió al entrar la empresa en suspensión de pagos».
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, apuntó a que desde el PP son conscientes de que «no será una realidad en 2016 ni en 2017 debido a la situación económica, pero hay que empezar a incluirla en los presupuestos; si no entera, al menos por fases» para que poco a poco vaya tomando forma. Bascuñana insistió en que es una necesidad prioritaria, y aprovechó para cargar duramente contra la política del gobierno valenciano, quien a juicio del primer edil ignora esas necesidades primordiales en la Vega Baja. El regidor sigue sin entender que «se pueda destinar dinero a reabrir la Radiotelevisión Valenciana» y considera que tampoco es prioritario «rescatar hospitales de gestión privada» o «se ataque a la educación concertada». La crítica política, aprovechando la representación del PP en toda la comarca, se trasladó también a la gestión del Consorcio de basura y, de rebote, a la consellera de Agricultura, que pese a ser un motor en la comarca, «aún no la ha visitado».

miércoles, 18 de mayo de 2016

El Estado financiará 6,7 millones de sobrecostes a la autopista de la Vega Baja


Una imagen del peaje de Los Montesinos, uno de los tres que existen en la autopista y todos situados en la comarca de la Vega Baja; los otros dos están en Orihuela.

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Gobierno a conceder dos préstamos participativos por un total de 6,7 millones de euros a Autopista del Sureste (Ausur), la concesionaria de la vía rápida de pago entre Crevillent y Cartagena a través de la Vega Baja, para que esta pueda hacer frente a los sobrecostes derivados de las expropiaciones, algo que le reclamó el 26 de abril de 2013 y que el Estado ni siquiera contestó, lo cual dio lugar a la presentación de un recurso por silencio administrativo. Ahora se ha sabido que el Gobierno se negó por la mala situación económica de Ausur y consideraba que nunca se lo devolvería con lo cual el préstamo se iba a convertir en una subvención. La resolución, que ayer hizo pública el gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, desestima en cambio la pretensión de la actora de cobrar daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación y fija en 6.000 euros las costas.

La dilación de los procedimientos judiciales de expropiación es lo único que explica que 15 años después de la entrada en funcionamiento de esta vía rápida todavía haya pleitos en marcha por aquellos terrenos. Autopistas del Sureste ha hecho valer en este asunto el pliego de condiciones que le sirvió para adjudicarse la obra en 1998, aprobado por el Ministerio de Fomento, en la que tenía que invertir 260 millones de euros y que fijaba, entre otros derechos, un reequilibrio económico cuando el gasto previsto no se ajustara el real, como fue el caso. ¿Cómo se hubiera producido finalmente ese reequilibrio? Permitiendo un aumento escalonado de las tarifas para hacer frente a los ingresos necesarios para su amortización; es decir, siendo los ciudadanos los que finalmente cargaran con ello.

Ausur rechazó en su recurso el argumento de que se le pudiera negar los dos préstamos por su mala situación ya que la petición de ambos se produjo en abril y octubre de 2012, un año largo antes de presentar ante el juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, el concurso de acreedores. En cambio, el Gobierno sí preveía su mala situación económica porque lo indicaba la memoria de 2011, datos que demostraban a su juicio que «existía la imposibilidad material de su devolución por lo que realmente aquello no sería un préstamo sino una subvención y los préstamos participativos sólo cabían a empresas solventes». El Supremo entiende que la mala situación economía de la empresa antes de que esta se produjese no puede ser un argumento para denegarle algo a lo que tenía derecho; es más, un año después, en 2014, mejoró resultados por la tendencia del tráfico, gracias a lo cual había aumentado ingresos. De hecho, suscribió un préstamo de 196 millones de euros refinanciando toda su deuda. El fallo recuerda al Estado sus obligaciones para garantizar la viabilidad económica de sus concesionarias, como es el caso.

Que el Gobierno tenía miedo a quedarse sin cobrar es algo que se repetía en su argumentario de la contestación al recurso y que los jueces rechazan como justificación de peso o el que pusiera como excusas que estos prestamos debían ser considerados a efectos de contabilidad como transferencia de capital y, por lo tanto, con base a «las actuales circunstancias económicas, que obligan a una estricta disciplina presupuestaria», decía el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no eran una prioridad como sí, en cambio, «la consecución de los objetivos de control del déficit». Y todo eso lo decía aunque uno de estos préstamos, el más importante por 5,3 millones de euros, sí se había autorizado dentro de los Presupuestos Generales del Estado, para denegarlo más tarde; mientras que en el segundo de 1,4 millones de euros el Estado alegaba que no se había verificado por la Administración el sobrecoste de las expropiaciones por justiprecios e intereses de demora.

La concesionaria lleva entablados varios procedimientos administrativos contra la Administración porque no le salen las cuentas de la obra por el volumen de tráfico y ni de lejos se han cumplido las expectativas para cubrir los costes debido también es cierto a la crisis. A diario la cifra media de turismos es de 6.000, menos que muchas carreteras de la comarca de la Vega Baja; el hecho de que, además, la Generalitat desdoblara años después de su inauguración de la autopista (en 2001) la nacional que discurre paralela a la costa –a excepción del casco urbano de Torrevieja–, no ha hecho más que convertirse en un duro competidor porque esta obra no estaba prevista ni mucho menos cuando ésta estaba en proyecto.

martes, 17 de mayo de 2016

El Supremo condena al Estado a pagar 6,76 millones a Autopista del Sureste por sobrecostes en expropiaciones

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la sociedad Autopista del Sureste (Ausur) contra la denegación, por silencio administrativo, de la solicitud realizada en abril de 2013 a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje en razón del sobrecoste de expropiaciones en la autopista de peaje A7, entre Alicante y Cartagena. El auto del tribunal "declara el derecho de la recurrente a percibir el importe íntegro de la cantidad de 6,76 millones de euros, correspondiente a la suma de los importes de la solicitud de tercer y cuarto préstamos participativos y, consecuentemente, se condena a la Administración demandada a su pago". Adjudicataria de la concesión de la autopista Alicante-Cartagena desde 1998 y por un periodo de 50 años, Ausur está participada por Ploder Concesiones, Grupo Fuertes, Cajamar, Unicaja y BMN.

El Supremo desestima las alegaciones de la Abogacía del Estado, que justificó la decisión de no abonar estos préstamos por la situación económica de la compañía recurrente y sus posibles efectos en la capacidad de devolución de la deuda. Se apuntaba a los problemas de liquidez de la Ausur en 2011, que parecían abocarla al concurso de acreedores ese mismo ejercicio. Por ello, se estimó que "antes de su otorgamiento existe la imposibilidad material de la devolución" del préstamo.

Sin embargo, Ausur respondió que, en el momento de la denegación de los préstamos participativos, no se encontraba en concurso, "ni preveía estarlo", y que, aunque con posterioridad llegó a declarar el preconcurso, logró salvar su situación financiera. La compañía ha logrado, en los últimos ejercicios, incrementar sus ingresos -"por el cambio en la tendencia del tráfico"-, la refinanciación de su deuda financiera -de 196 millones- y una ampliación de capital -por 9,99 millones-. El Tribunal añade, asimismo, que la empresa "ha justificado el abono puntual de los intereses de un préstamo participativo anterior".

Por ello, considera que no procede la negativa del Estado a abonar los préstamos participativos solicitados, previstos como instrumento de compensación para sociedades concesionarias de autopistas en los casos en que "el justiprecio de los terreno ha sido superior a las estimaciones que sirvieron de base a la concesión".

domingo, 15 de mayo de 2016

La Generalitat apoya a los municipios valencianos que reclaman el rescate de la autopista AP-7



La Generalitat ha mostrado su apoyo a los 84 municipios que en los últimos años han aprobado una moción para que el Gobierno central «rescate» los tramos de la autopista AP-7 que discurren entre Vinaròs y Sagunt, Sueca y el Campello, y entre Alicante y Crevillent. En la Safor es una reclamación histórica de municipios como Bellreguard, Palmera, l'Alqueria de la Comtessa y Oliva. El Consell pide a Fomento que prevea las necesidades que surgirán cuando finalice la concesión de la autopista en 2019 y esta sirva de ronda de circunvalación.




sábado, 14 de mayo de 2016

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de Valencia reivindica en Madrid superar la visión radial de España y apostar por el Corredor Mediterráneo

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha reivindicado en Madrid la necesidad de superar la visión radial de España y apostar por el Corredor Mediterráneo, ya que "el arco mediterráneo, que sufrió con mayor virulencia los efectos de la recesión, lidera el avance regional español; datos alentadores, que evidencian la trascendencia de una infraestructura geoestratégica para todo el país como es el Corredor Mediterraneo".

En su intervención en el desayuno de Executive Forum en Madrid, la consellera ha hecho referencia a que la tasa interanual de crecimiento de las comunidades autónomas del arco mediterráneo sitúa por encima del 3'6% y, en concreto la Comunitat Valenciana, en un 4,1%."Es una certeza empíricamente incontrovertida -ha señalado- que las cifras y potencial de la Comunitat apuntalan un escenario de liderazgo para el conjunto del país. Necesitamos un gobierno que ponga las luces largas y que supere la visión radial de España. Una visión que ya no se compadece con los desafíos de la internacionalización que exigen nuestras empresas y nuestrfea socioeconomía".

Para la titular de Obras Públicas, "esta infraestructura ya no puede ser más un cuello de botella permanente en la conexión Norte-Sur de pasajeros y de mercancías. De completarse la Red Transeuropea de Transportes de la que forma parte el Corredor, se generaría un crecimiento potencial de un 1,8% de la economía europea y 10 millones de puestos de trabajo al año y por cada euro invertido". Además, "Europa conseguiría seis de PIB adicional y, para la Comunitat, el impacto en ocupación para los próximos 15 años podría alcanzar los 100.000 empleos en nuestros sectores productivos y logístico", ha añadido.

Ante estos datos, la consellera ha exigido "infraestructuras de primera, porque somos una autonomía de primera. Competimos en el mercado global y queremos para nuestro sector económico las mismas oportunidades. Queremos corredor, doble plataforma y ancho europeo". Sin embargo, ha denunciado, "el Gobierno decidió optar por lo que se conoce como el tercer hilo, que costaba menos y sería más rápido de ejecutar, pero van a un ritmo en que ni aun concluyendo en 2018 solucionarán la problemática".

En opinión de Salvador, "las últimas noticias ponen de manifiesto el menosprecio del Gobierno de España hacia la Comunitat. Improvisación y falta de transparencia, ya que no disponemos de información fehaciente sobre las obras y la llegada del AVE a Castellón. Por eso, quiero reivindicar lealtad y modales democráticos entre las distintas administraciones que servimos a los mismos ciudadanos", ha agregado.

En este sentido, ha añadido que desde la Generalitat se ha creado el Fórum Valencià por el Corredor, una alianza trazada con la sociedad civil, con las universidades, los empresarios, los sindicatos y el municipalismo para conseguir esta infraestructura". "Además, se están tejiendo nuevas complicidades con nuestros vecinos de Murcia, Cataluña, Aragón."

La consellera también ha hecho referencia a "la mala planificación de las infraestructuras que han lesionado los intereses valencianos. Nunca hemos querido ser más que nadie, pero tampoco menos. La marginación sufrida nos hace reivindicar no solo el 11% de inversiones a la Comunitat, sino sustancialmente más por la deuda acumulada. En esta
legislatura el Gobierno de España, del conjunto de lo licitado en obras pública, solo ha destinado a la Comunitat el 4,85% del total, frente al 15% en Galicia y Andalucía o el 10% en Cataluña o Castilla León", ha dicho también.

Sobre esta cuestión ha citado "el Corredor Mediterráneo, la liberación de la autopista AP7, la modernización de la línea Sagunt Zaragoza, la A-68 para abrirnos a la cornisa cantábrica, la llegada del AVE a Castellón, la falta de conexión de alta velocidad Alicante-Valencia-Castellón". Además, "necesitamos la implicación de Adif y de Puertos del Estado con nuestra Autoridad Portuaria. Tenemos en la estación de Fuente de San Luis un embrión logístico, que si se transformara en una verdadera estación intermodal junto a la Zona de Actividades Logísticas del Puerto, obtendríamos una nueva palanca económica con la llegada de más empresas e inversores del sector logístico y del transporte, con una proyección de 2.500 puestos de trabajo directos asociados a la actividad transportista portuaria".

Otro aspecto importante que ha destacado ha sido la ley por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, puesto la vivienda es una prioridad para su departamento y "tiene que ser uno más de los pilares del estado de Bienestar". El anteproyecto tiene como objetivo hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada, y da respuesta a la demanda ciudadana al generar políticas públicas de vivienda, ampliar el parque público, así como evitar, en la medida de las competencias de la Generalitat, los desahucios de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

La futura ley prevé dotaciones presupuestarias para consolidar, ampliar y mejorar el parque público de viviendas, y que la Administración actúe para evitar la prolongada desocupación de las viviendas de manera injustificada para poder satisfacer las necesidades habitacionales, sobre todo, de los colectivos con mayor vulnerabilidad.
"Con esta iniciativa -ha añadido Salvador- conseguimos un avance histórico hacia el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo, como en su día lo fueron la sanidad, la educación, las pensiones o la dependencia. No ha de resultar presuntuoso proclamar el quinto pilar del estado del Bienestar".

De la misma forma, ha indicado, "avanzamos también al hacer efectivo un principio constitucional hacia un verdadero derecho que sitúe la Comunitat entre las sociedades más adelantadas por su compromiso en esta materia. Por tanto, en el ámbito de la responsabilidad compartida, necesitamos un Gobierno en España, de mirada progresista, que progrese en la misma linea del reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda".

Asimismo, María José Salvador ha indicado que un nuevo modelo productivo, "pasa inexorablemente por la rehabilitación y la regeneración urbana en las ciudades". La consellera ha subrayado que "actuar en la ciudad consolidada es una oportunidad de reactivación de la economía y, al mismo tiempo, genera puestos de trabajo; es la segunda oportunidad para la construcción, para los trabajadores especializados que están en el paro".

Por otra parte, se ha referido al elevado valor paisajístico, ambiental y cultural de la Comunitat que "debemos proteger y preservar, y la mejor estrategia territorial será aquella que rompa las hegemonías excluyentes. Necesitamos acabar con la dialéctica centro-periferia y vertebrar la Comunitat pasa por alinear e integrar todas nuestras políticas y programas de actuación para que nadie se sienta olvidado". Para que la Generalitat pueda alcanzar este objetivo, la consellera ha reclamado una mejor financiación.

En cuanto a territorio, Salvador ha valorado la moratoria que se ha aprobado de un año para suspender la tramitación de planeamiento en los primeros 500 metros de costa mientras se tramita el Plan Territorial de Infraestructura Verde del Litoral: "Esta decisión, tomada responsablemente y conscientemente, marca un nuevo tiempo de racionalidad, sostenibilidad y diálogo".

Igualmente ha hablado del plan y la ley de l'Horta, "un icono del nuevo modelo territorial que queremos, un patrimonio material e inmaterial que vamos a proteger de la especulación. L'Horta es el ecosistema hídrico de infraestructura verde metropolitana que articula, a su vez, tres grandes ecosistemas del área urbana de Valencia: la Albufera, el rÍo Turia y el mar; no hay en toda la Unión Europea un área metropolitana que aglutine cuatro ecosistemas de esta naturaleza; una excelencia territorial que vamos a aprovechar para proyectar hacia el futuro un nuevo modelo productivo".

"Queremos que los agricultores mejoren sus rentas, sus empresas agrarias y la comercialización de los productos de la huerta valenciana, vamos a crear la marca de Calidad de los Productos de la Huerta Valenciana. Además, ha continuado, "la calidad del territorio genera marca y esta debe ser de excelencia. Una marca intangible y transversal que dé valor al conjunto de la actividad económica. Creemos en el urbanismo sostenible, crecimientos comedidos y por eso hemos otorgado un carácter vinculante a la Estrategia Territorial Valenciana", ha añadido.

"Al mismo tiempo -ha explicado- hemos iniciado un proceso de desclasificación de suelo, con consenso municipal y preservando la seguridad jurídica. Se trata del retorno al realismo, la mesura y la economía real. La sociedad valenciana se merece dejar de ocupar la atención mediática internacional por los desbarajustes urbanísticos para ser ejemplo de responsabilidad social y abrir una nueva etapa donde el urbanismo valenciano sea un crisol de buenas prácticas".

Al modelo de ciudad y la ordenación del territorio no es ajena la movilidad -ha afirmado Salvador- que ha hablado de la necesidad de impulsar la red logística para ser competitivos en el mercado global. La consellera también ha remarcado que el nuevo Consell exige del Estado que garantice la financiación del transporte metropolitano de Valencia en su integridad: "por esta razón, ya estamos trabajando para poder contar con estos recursos de la Administración del Estado para 2017, como tienen otras grandes ciudades como Madrid y Barcelona".

El Periodic.com 10/05/2016

viernes, 13 de mayo de 2016

El retraso de las obras en la N-340 y la N-332 urge el rescate de la AP-7



Los continuos retrasos en la ejecución de las variantes diseñadas en la N-340 y la N-332 como alternativa a la autopista de peaje AP-7, que en algún caso se remontan al 2007, han agravado los problemas de tráfico y seguridad vial denunciados por los 84 municipios valencianos que se han unido para reivindicar ante el Gobierno central el adelanto del rescate parcial de algunos tramos de la AP-7 que el 31 de diciembre de 2019 dejará de estar explotada, si no hay una nueva prórroga de por medio, por la concesionaria Aumar.

Por el momento, tanto la Generalitat Valenciana como el ministerio de Fomento no contemplan otra opción que no sea esperar a la finalización del convenio actual, aunque la ejecución de las obras programadas podría haber evitar la «alta siniestralidad» detectada por los municipios firmantes coordinados por la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunitat Valenciana (Cave-Cova).

La confederación ha solicitado una entrevista con la ministra en funciones Ana Pastor, cuyo departamento no se ha pronunciado todavía „ayer lo intentó este periódico„ sobre la reivindicación vecinal.


Entre estas obras no finalizadas, que coinciden parcialmente con los tramos de mayor peligrosidad, figura la Ronda Sur de Elche o la variante de Cullera y Favara en la N-332. Se trata de una obra iniciada en marzo de 2007 con finalización prevista„por contrato„ en diciembre de 2011. Los trabajos se paralizaron en 2010 y en la nueva reprogramación, de abril de 2015, no se preve terminar hasta 2019, 13 años después de su inicio y prácticamente a las puertas de la liberalización de peaje.

También está pendiente la finalización de la variante de Benissa, apenas 4 kilómetros paralizados desde mayo de 2009, un punto negro de la Marina Alta que en el mejor de los casos no estará resuelto hasta el 2019. En este mismo caso aunque más reciente en su planteamiento se encuentra la duplicación de la variante de Torrevieja.

El único tramo alternativo a la AP-7 finalizado en esta legislatura „las obras comenzaron en 2008„ ha sido la variante Peñíscola-Benicarló-Vinarós.

Cave-Cova denuncia que la siniestrabilidad continúa entre Vinarós y Sagunt, Sueca-Campello y Alicante-Crevillent y exige adelantar el rescate, aunque eso obligaría a indemnizar a Aumar (Abertis), que ha pedido judicialmente compensaciones por la caída del tráfico en tramos situados en Cataluña.

martes, 10 de mayo de 2016

La gestora de la AP-7 ingresa un 14,5% más en el primer trimestre del año

Vista de la AP-7 a su paso por Alicante
Aumar, la filial de Abertis que gestiona la autopista AP-7, facturó en el primer trimestre del año un total de 58 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,5% respecto al mismo periodo de 2015, según consta en los resultados publicados por Abertis.

La media de usuarios diarios de la firma creció en un porcentaje similar. El aumento fue del 13,9% hasta alcanzar un promedio de 12.762 clientes al día. De este total, el 15% corresponden a usuarios de vehículos pesados, según la empresa.

Por su parte, el resultado antes de impuestos, tasas, amortizaciones y gastos (Ebitda) fue de 39 millones de euros en el primer trimestre -el 67% de los ingresos-; y el resultado antes de impuestos y tasas (el Ebit, que sí tiene en cuenta las amortizaciones y los gastos) fue de 22 millones -lo que supone un margen del 38,4%-.

La mercantil, que también gestiona la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, ya registró unos muy buenos resultados al cierre de 2015, cuando contabilizó unos ingresos de 273 millones de euros, un 7,8% más que en 2014.

La media de usuarios diarios de 2015 aumentó un 7,6% hasta alcanzar los 15.249. Por su parte, el resultado antes de impuestos, tasas, amortizaciones y gastos (Ebitda) fue de 213 millones de euros -un 5% más que en 2014-.

Como informó este diario, Abertis comunicó al cierre del tercer trimestre del 2015 que "los desvíos del tráfico de camiones de carreteras nacionales a la autopista", en concreto en "el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Valencia desde julio de 2015", tuvieron un impacto positivo de 14 millones en las cuentas de Aumar.

En este caso la decisión de la administración de dirigir el tráfico a las autopistas benefició a la concesionaria, justo al contrario de lo que denuncia la firma en materia de obra pública. A este respecto, la compañía presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la construcción de vías paralelas del Ministerio de Fomento.

Como informó Valencia Plaza, la cantidad reclamada por Abertis asciende a 444 millones de euros en concepto de compensación por la construcción de la autovía CV-10 junto a la autopista AP-7 en la provincia de Castellón. Aumar entiende que le asisten "sólidos argumentos jurídicos en defensa de sus derechos e intereses legítimos" para reclamar dicho importe.

miércoles, 13 de abril de 2016

Ciudadanos pide que no se renueve el peaje de la A-7

Su portavoz, Enrique Campos, ha presentado una moción al pleno en nombre de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (CAVE-COVA) para que no haya que pagar más para utilizar la A-7 después de 2019.

La formación naranja ha asumido la propuesta de la CAVECOVA para que se confirme la no renovación de la concesión de la AP-7 prevista para el 31/12/2019.

Esta importante vía de comunicación discurre, en sus tramos Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, siguiendo un recorrido paralelo a dos carreteras nacionales (N340 y N332) que en ocasiones atraviesan importantes núcleos de población y que soportan una elevada densidad de tránsito de vehículos. Como consecuencia de esto se incrementa la frecuencia de accidentes en estas vías.

Además, Campos insta al Gobierno de España a rescatar los tramos de la AP-7 de necesidad inmediata ( especialmente en el Alt Maestrat, La Safor y La Marina) atendiendo la alta intensidad de tráfico y la alta siniestralidad de las carreteras nacionales que discurren paralelas a esta autopista

domingo, 3 de abril de 2016

La autopista sobre el río Turia: lo que pudo ser y (afortunadamente) no fue


Continuando con la investigación de Pablo Martí y Ana Melgarejo (Melgarejo et al., 2016), cuyo relato iniciábamos en un artículo anterior de IUACA, en esta ocasión se propone completar el recorrido por algunos casos de estudio singulares que ofrecen una buena expresión de la recuperación del paisaje fluvial en España, sin perder de vista su vinculación con la ciudad.


La transformación del antiguo cauce del río Turia que atraviesa toda la ciudad de Valencia es un ejemplo paradigmático del cambio de la percepción social de estos espacios. El primer proyecto de ordenación urbana, en 1946, proponía la canalización del río y la ocupación del espacio restante con edificación residencial. Las avenidas y desbordamiento del río convirtieron en inviable esta propuesta hasta el punto de construir un nuevo cauce que evitara las inundaciones. La primera propuesta de ocupación de este nuevo espacio libre ganado desde el Plan General de 1967 fue destinar el antiguo cauce a una autopista de tres carriles en cada sentido, cruzando la dársena histórica del puerto o rodeando monumentos históricos como las torres de Serrano del siglo XIV. La prefiguración del proyecto frente a la actualidad se comparan en la imagen de portada.

La presión ciudadana consiguió no se produjera y el Plan General de Ordenación Urbana de 1988 apostó por transformar el antiguo cauce del río en un parque urbano. Así, las propuestas de Ricardo Bofill definieron una gran zona verde de casi diez kilómetros de largo y más de cien metros de ancho que recorrían toda la ciudad desde el extremo occidental hasta la dársena histórica del puerto de Valencia.


El proyecto Madrid Río parte del interés por parte del Ayuntamiento de Madrid en el soterramiento de la histórica circunvalación de la ciudad, la M-30, en la franja sureste de la almendra central. Así la corporación municipal convoca un concurso en 2005 que gana la asociación de estudios de arquitectura dirigidos por Ginés Garrido y la oficina holandesa West8 (Garrido, G. 2005).

Además de la inclusión de un gran parque lineal junto al río Manzanares incluyendo dotaciones deportivas y culturales, desde el punto de vista urbanístico, este proyecto favorece la permeabilidad urbana entre las dos márgenes del río. En este sentido, tanto la nuevas pasarelas de conexión que cruzan, como la creación de actividades deportivas, recreativas y de ocio facilitan el efecto revitalizador de esta zona de Madrid no tan alejada del centro histórico de la ciudad.


Bilbao

Bilbao, hasta fechas recientes, era una ciudad industrial, caracterizada por una ría que funcionalmente se había concebido como una infraestructura portuaria que daba servicio a la industria siderúrgica, situada en sus márgenes. La voluntad de transformación del Bilbao metropolitano, forzada por la crisis de la industria siderúrgica, hizo que se plantearan un proyecto estratégico basado en la recuperación de la ría como elemento estructurante del nuevo Bilbao y el traslado del puerto a la desembocadura de la ría. En la transformación urbana destaca la recuperación del espacio fluvial, en consonancia con las infraestructuras —nuevo tranvía— o los parques lineales a lo largo de la margen izquierda, nuevos puentes o las nuevas arquitecturas de autor: el Museo Guggenheim Bilbao de Frank Gehry, la Nueva Biblioteca de la Universidad de Deusto de Rafael Moneo o el Paraninfo de la Universidad del País Vasco proyectado por Álvaro Siza. Los espacios mixtos que aúnan comercio y residencia como el Isozaki Atea de Arata Isozaki o los residenciales proyectados por Carlos Ferrater, César Portela y Robert Krier. Y, las edificaciones terciarias representadas por la Torre Iberdrola del arquitecto César Pelli, que ha vuelto a reforzar la imagen de este espacio con un hito urbano.



Zaragoza

La Expo de Zaragoza se inscribe dentro de una ya larga trayectoria de acontecimientos urbanos que se plantean como una confluencia entre la cultura del entretenimiento masivo y la reorganización de las ciudades. Un desarrollo urbano singular que sin este tipo de estímulos sería muy difícil gestionar y llevar a cabo. En la imagen se observa el antes y el después de la Expo 2008:


La intervención ha consistido en cuatro estrategias principales: (1) la recuperación de las riveras de los tres ríos con los que cuenta Zaragoza y del Canal Imperial de Aragón; (2) un mejor cosido de la ciudad, por medio de puentes y pasarelas que conectan barrios que hasta la fecha habían permanecido aislados en la ciudad; (3) se ubica el recinto ferial Expo en uno de los meandros del río, situándolo cerca del centro de la ciudad y de la estación de alta velocidad; y (4) se plantea un nuevo polo cultural, terciario y de servicios, vinculado al reciento de la Expo con la finalidad de integrar toda la extensión del meandro en la intervención transformadora. El río ha sido el agente modificador y vertebrador de la transformación integral de la ciudad de Zaragoza, que ha posibilitado la descentralización programática de la ciudad, propiciando un nuevo equilibrio urbano.

Elche

El Valle Trenzado del río Vinalopó, obra del equipo multidisciplinar Aranea (imagen de Jesús Granada), tiene como objetivo primordial la recuperación de las huellas del tránsito peatonal anteriores a las obras de encauzamiento, que en los años setenta truncaron la continuidad del barranco de Elche.



Este accidente geográfico, que alcanza los cuarenta metros de profundidad, ofrece a la ciudad la oportunidad de viajar en pocos minutos a un espacio de gran calidad ambiental, donde poder pasear o practicar deporte con seguridad. Para conseguir hacer accesible este espacio de escarpadas laderas, el grupo Aranea diseña un sistema de pasarelas sinuosas de hormigón, que van cosiendo los dos extremos de la ciudad en distintos puntos. Además, las laderas han sido replantadas con vegetación autóctona, cambiando completamente la atmósfera del lugar, en donde ahora encontramos lugares de sombra, unas temperaturas más agradables en las épocas más cálidas del año y un sinfín de aromas.

Para finalizar, merece la pena recordar que la aportación de la arquitectura sobre los casos descritos en las anteriores líneas, ha supuesto la configuración de espacios cuya finalidad no sea estrictamente funcional. El arquitecto, como coautor de proyectos de infraestructura, facilita una entendimiento mayor del contexto territorial y urbano en el que se sitúan estas intervenciones, incorporando, por tanto, una mejor integración del proyecto paisajístico, tanto social como urbanísticamente.

Artículo realizado por Patricia Fernández Aracil, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos (Máster en Economía Aplicada), investigadora predoctoral del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales (IUACA).

Referencias y fuentes
  • Garrido, G. (2005) Concurso Río Manzanares. AV Proyectos, 11. Diseño Urbano. Editorial Arquitectura Viva, Madrid.
  • Leira, E. y Argüeso, R. (1996) Una apuesta por Bilbao: Proyecto estratégico de transformación del entorno urbano de la ría en Urbanismo, 27. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid.
  • Leiva F.; García M.; del Real P.; y Baile A. (2009). Revitalización del río Vinalopó, Elche, Alicante (España) en AV Proyectos, No 35, Madrid.
  • Melgarejo, J., Martí, P. y Molina, A. (2016): Agua, Arquitectura y Paisaje en Europa.Publicaciones de la Universidad de Alicante: San Vicente del Raspeig.
  • Monclús, J. (2006). Exposiciones internacionales y urbanismo. El proyecto Expo Zaragoza 2008. UPC, Barcelona.
  • Ruiz de Temiño, E y de la Cal, P. (2008) Expozaragoza. Ríos y puentes como eje de transformación urbanística en Revista de Obras Públicas No 3, Madrid.
  • VV.AA. (2008). El urbanismo de la Expo: Plan de Acompañamiento, Expoagua, Zaragoza.

Castellón exige el rescate de la AP-7 "sin prórroga posible"

El pleno del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado este jueves la declaración institucional impulsada por el PSPV, Compromís y Castelló en Moviment por la que la ciudad se suma a la reivindicación de las federaciones y asociaciones que forman la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana y pide al Gobierno español que "garantice el rescate general de la concesión de la AP-7 en la fecha prevista para su extinción (2019), sin prórroga posible. De esta forma se corrige la discriminación negativa, que sufren las comunicaciones en nuestro territorio".
Además, el pleno insta al Gobierno central a rescatar aquellos tramos de la AP-7 cuya liberalización es una "necesidad inmediata" dada la elevada intensidad de tránsito y la alta siniestralidad de las carreteras nacionales que discurren paralelas a esta autopista por las comarcas de Castellón o que atraviesan poblaciones donde no se ha realizado el desdoblamiento de la carretera nacional. Así, "se puedan reducir las cifras de siniestralidad y alarmante mortalidad de estas vías", defiende la declaración institucional.
Los tramos Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, cuya concesión corresponde a Abertis (antes AUMAR), tienen como fecha final prevista de la concesión el 31/12/2019, y el gobierno ya ha anunciado que no prevé renovarla. Con la aprobación de la declaración institucional, el pleno del Ayuntamiento de Castellón exige la necesidad de garantizar el rescate efectivo de la autopista AP7 en 2019.
(...).