El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, encargado de acumular los procesos concursales de las nueve autopistas de peaje en quiebra, ha vuelto a instar al Ministerio de Fomento a "subsanar" determinados aspectos del plan de rescate diseñado para las vías y que está presentando como convenio de acreedores de las mismas.
El juez pide a Fomento que presente la correspondiente autorización del Consejo de Ministros para crear una sociedad con las ocho autopistas, según consta en un auto emitido con fecha del pasado 2 de marzo. Asimismo, considera que el Ministerio necesita también el visto bueno del Gobierno para titulizar la deuda con que se quedarán las vías de pago una vez se aplique su propuesta de aplicar una quita del 50% al pasivo de 3.400 millones que actualmente suman.
Desde hace dos años, el Ministerio de Fomento trabaja en la constitución de una sociedad pública, que sería dependiente de Seittsa, para hacerse cargo de las nueve autopistas en riesgo de quiebra que en conjunto tienen una deuda de 3.400 M €. Las concesionarias y constructoras actualmente titulares de las vías tendrían una participación del 20% en el capital de la empresa (ver: Una sociedad pública asumirá las nueve autopistas en quiebra cuya deuda suma 4.000 M €).
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| Juez insta a Fomento a subsanar los fallos del plan de rescate de autopistas en quiebra |
Entonces, la titular de esa cartera, Ana Pastor, garantizaba que el Ministerio "no permitiría que caiga el sistema de concesiones español, considerado como el mejor del mundo", a pesar de la decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra. El objetivo de la firma sería solventar los problemas económicos y financieros de las autopistas, para después devolverlas a manos de las empresas privadas.
Por otra parte, y quizás el aspecto más crítico, es que impediendo la quiebra de todas las concesionarias, Fomento evita tener que cumplir con su responsabilidad patrimonial y hacer un aporte de unos 5.000 millones de euros de las arcas públicas (ver: Autopistas quebradas: el Gobierno intenta evitar el pago de 5.000 M €).
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid señala que "tanto la adquisición de las autopistas por parte de Seittsa como su financiación y explotación precisan de la autorización, consentimiento y conformidad del Consejo de Ministros por escrito".
El Mercantil 6 solicita por tercera vez correcciones al convenio de acreedores al Departamento que dirige Ana Pastor después de haberlo en noviembre de 2014 y el pasado 19 de febrero, en los casos de las radiales R-3 y R-5 de Madrid y ahora en el de Autopista de Circunvanlación de Alicante, antes a cargo de un juzgado alicantino, y al que se avoca en el marco del proceso de acumulación de los concursos de acreedores de las vías en quiebra según se vayan presentando.
Paralelamente, el Ministerio prevé recurrir el auto dictado por el Mercantil número 2 que abrió la fase de liquidación la AP-36 Ocaña-La Roda, tras rechazar el plan de Fomento. Luego de conocerse la senetencia, las misnistra Ana Pastor se limitó a decir "El Gobierno nunca va a rescatar autopistas de peaje", sin hacer referencia al hecho de que su cartera ha presentado un plan de rescate, que ha planteado convertirlo en convenio de acreedores en todos los procesos y de que si quiebran el Estado tiene responsabilidad patrimonial de varios miles de millones de euros.
En este caso, el juez coincide en requerir la autorización del Consejo de Ministros pide a Fomento eliminar la exigencia de que los acreedores renuncien a sus derechos a reclamar una indemnización al Estado y a sus garantías, por considerar que este punto supone un "contenido exorbitante". También estima que el Ministerio debería haber aportado la documentación que acredita el consentimiento de los afectados a esa renuncia, "cosa que no ha hecho, pretendiendo que sea la fuerza expansiva del convenio la que cercene, extinga y expropie tales derechos indemnizatorios".
Además, pide a Fomento aclarar la naturaleza, la negociabilidad, los rendimientos y otras características de los títulos en los que convertirá la deuda con la que se queden las autopistas, dado que "deben ser conocidos por los acreedores a la hora de decidir si se suman o no al convenio".
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