La patronal de las grandes constructoras ha advertido a la ministra de Fomento de que la opción de la liquidación de las autopistas quebradas es la más cara. Costará unos 8.000 millones de euros. En el documento publicado este miércoles, Seopan señala que el grueso de esa cantidad corresponde a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que asciende, en su valoración oficial, a 4.500 millones de euros, pero que las concesionarias estiman que podría elevarse hasta los 5.700 millones de euros.
Recuerden que para calcular la RPA se tiene en cuenta el valor de las inversiones no amortizadas. Además, Seopan estima otros 2.342 millones adicionales a los que tendría que hacer frente el Estado por el coste adicional que supondrán las demandas presentadas en los tribunales. En definitiva, la liquidación saldría carísima a los españoles.
Por eso, lo que tanto ha repetido Ana Pastor –“a los españoles no les costará un céntimo”- se presenta muy complicado, por no decir imposible. Y lo imposible sólo conduce a la melancolía. En la misma línea está la postura del ministro de Hacienda. El lema de Cristóbal Montoro es conocido por todos y lo aplica a todo lo que puede: que la solución -a lo que sea- no afecte al déficit público. En este caso, algo altamente improbable.
Y el tercer miembro del Ejecutivo que tiene algo que decir es Luis de Guindos. Según el ministro de Economía, siempre es mejor salvar que cerrar. Lo aplicó al sistema financiero y ahora promociona la idea para las radiales. Por eso, ha insistido a su colega Pastor de que dé a la banca acreedora más dinero. Concretamente, que acepte que el bono a 30 años sea al 3% y no al 1%, como quería la ministra.
Y Pastor, que inicialmente se negó a aceptar las condiciones de la banca, al final ha dado su brazo a torcer. Pero puede que sea demasiado tarde, porque ahora es la banca la que no quiere negociar: ya ha provisionado todo y le importa muy poquito que las autopistas acaben en liquidación. Además, la banca extranjera, cuya deuda tenían que comprar las entidades españolas, como requisito de Fomento para elevar el interés del bono, ya ha comenzado a litigaren los tribunales.
En cualquier caso, la patronal de las constructoras considera que sería mucho más barato agrupar a todas las autopistas quebradas en una sociedad pública. Para empezar, el Estados se evitaría hacer frente a la temida RPA. Ahora bien, esta solución también tendría un coste para los contribuyentes. Sólo los intereses por el bono al 3% que pagaría el Estado a la banca durante 30 años, costaría a los españoles unos 2.000 millones de euros, tal y como adelantó Hispanidad.
En definitiva, la solución de las radiales, la que sea, sí tendrá un coste para los contribuyentes. Y no será poca cosa.
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