La crisis de las autopistas de peaje se aproxima al peor escenario previsto por Fomento. Un juez ha rechazado el convenio de acreedores diseñado por el Ministerio para salvar a la decena de vías que han entrado en concurso y ha instado su disolución. De llevarse a cabo, el Estado debería de hacer frente al pago de 4.500 millones de euros de responsabilidad patrimonial, ya que las autopistas, pese a las concesiones, son de titularidad pública.
 |
| El peaje de la "burbuja" pasa factura |
Semejante agujero económico podría conllevar muy serias consecuencias. Y es que de tener que ser satisfechos esos 4.500 millones, el déficit español en 2016 llegaría al 4,1% del PIB, cuando el compromiso para ese año es del 2,8%. Un incumplimiento así podría desembocar en dificultades para acceder a financiación y en la exigencia de más ajustes por parte de la Comisión Europea (CE). Bruselas ya ha alertado en sus previsiones económicas de invierno del grave riesgo para el déficit de España que se deriva de la situación de quiebra de una decena de vías de pago. En su mayoría fueron impulsadas cuando el actual líder de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, era ministro de Fomento, con unos criterios en los que casi se daba por hecho que el incremento del volumen de tráfico en el país iba a ser eterno. El estallido de la "burbuja" se llevó por delante un modelo que se ideó con Rafael Arias Salgado en el Ministerio y que se desarrolló, fundamentalmente, en tiempos de sucesor, Álvarez-Cascos, tal y como prueba el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La quiebra de las autopistas de peaje, entre ellas las radiales de Madrid, se explica fundamentalmente en tres factores. Por un lado, unas previsiones de tráfico muy por encima de las reales. Por otro, errores de bulto en las expropiaciones, con sentencias judiciales en favor de los propietarios que han incrementado los costes hasta en un 600%. Además, proyectadas en época de derroche, muchas de estas vías tienen alternativas paralelas gratuitas. Un ejemplo paradigmático es la autopista que une Madrid con la T-4 de Barajas. En 2012 fue utilizada por una media de 7.200 vehículos al día, cuando la previsión es que llegase 25.000 tránsitos. El grueso de los conductores circulan por la autopista gratuita que lleva a la terminal más moderna de Barajas. Por la de pago solo van quienes se equivocan y poco más. Consecuencia: OHL, la constructora que tiene la concesión, ha acumulado una deuda de más de 500 millones.
Los sobrecostes en las expropiaciones también han tenido mucho que ver en el impresionante agujero de los peajes de comienzos de siglo. El Estado cometió un grave error cuando tramitó las radiales sin someter el proyecto informativo al preceptivo proceso de información pública. Esa omisión permite adelantar unos cinco meses la obra, pero, a la postre, lo que hizo fue abrir la puerta a las alegaciones de los expropiados. Muchos de ellos acudieron a los tribunales y consiguieron que las indemnizaciones por sus terrenos se multiplicara por cien. Cuando salieron las vías a concurso, Fomento aplicó una valoración a los solares como si fuesen rústicos, pero los magistrados, en aplicación de la Ley de Suelo de Aznar, los consideran urbanizables e, incluso, urbanos. Así, por ejemplo, tierras que inicialmente se tasaron a 28 euros el metro cuadrado deben de pagarse a 3.161 euros. Un negocio para los propietarios, pero una ruina para el Estado, que se ve obligado a pagar la diferencia.
Entre los beneficiados por estas expropiaciones hay gente de todo tipo: desconocidos propietarios de algunas fincas, latifundistas, empresarios y hasta algunos apellidos tan conocidos como Franco, Polo o Serrano Suñer. Según desveló ayer un diario nacional, los herederos de la ovetense Ramona (Zita) Polo Martínez-Valdés -hermana de Carmen Polo, cuñada de Franco y esposa de Ramón Serrano Suñer- alcanzaron un acuerdo con Fomento por 14 hectáreas necesarias para ejecutar la autovía Madrid-Navalcarnero. La cuantía se desconoce, pero otra parte de esa finca se vendería posteriormente a una promotora por 31 millones. Los Franco también resultarían beneficiados por unos terrenos en el municipio de Arroyomolinos.
El caso es que si la previsión de las concesionarias era abonar 387 millones de euros por los terrenos para la construcción de las ruinosas radiales de Madrid, la factura se elevó finalmente a 2.190 millones.
Toda esta cadena de errores está a punto de generar un agujero económico al Estado de graves consecuencias. De momento, el Gobierno ha decidido plantear un recurso contra la decisión del juez que rechaza su plan para el rescate de autopistas en quiebra, a las que pretende agrupar en una sociedad tras una quita del 50% de la deuda. La ministra de Fomento Ana Pastor, ha defendido en todo momento que el rescate de las concesionarias no costará ni un euro a los españoles. Pero el reciente fallo judicial pone en muy serio riesgo ese objetivo. Los peajes de la "burbuja" pasan su factura. Y no es barata.
No hay comentarios:
Publicar un comentario