La autopista autonómica se reabrió en precario la semana pasada y así continuará, al menos, hasta el próximo otoño. La concesionaria, formada por Acciona y Brues, ni siquiera tiene fecha para iniciar los trabajos, que se alargarán cuatro meses y que implicarán la construcción de nuevos pasos inferiores capaces de aguantar otra riada del Ebro. Por ello, se mantendrá el paso provisional por una sola calzada.
Acciona ha encargado un estudio en paralelo al de la DGA para analizar las causas del hundimiento de hace tres meses y, sobre todo, para saber cuál es la solución técnica que garantiza que una nueva avenida no se lleve de nuevo el talud de la autopista.
En el caso del informe que acaba de adjudicar la Dirección General de Carreteras por procedimiento negociado, la consultora de ingeniería Sers tendrá ahora un plazo de siete semanas para apuntar las causas de la rotura y proponer "soluciones a adoptar". Por este trabajo cobrarán 21.275 euros más IVA.
Con estos tiempos ya fijados, difícilmente se podrá definir la actuación más idónea para restituir el trazado de la autopista autonómica antes de julio. Y lo
peor es que para entonces aún estará en funciones el equipo del consejero saliente de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, por lo que no se sabrá quién ocupará la cartera y será responsable último del futuro de la ARA-A1.
El equipo de la concesionaria ha optado por abrir un paso provisional, consistente en rellenar los dos tramos del talud dañados por la riada para permitir que los vehículos puedan pasar por una de las calzadas.
Pese a que han transcurrido tres meses desde que la crecida se llevó 50 metros de la ARA-A1 y socavó el subsuelo de otro de los pasos inferiores, obligando a demolerlo con posterioridad, ni la Administración ni la concesionaria han adelantado los estudios para reparar la infraestructura. De hecho, Acciona acabó ayer de retirar materiales de la autopista, que se reabrió en precario el pasado viernes por la tarde.
Fuentes de la DGA restaron a importancia a la situación e hicieron hincapié en que el paso provisional es suficiente para absorber el escaso tráfico que se desvía por la autopista, que une la autopista y la carretera de Barcelona con la de Castellón. La afección se concentra en un tramo de 3,6 kilómetros, ya que en el resto del trazado se circula con normalidad porque no se vio dañada.
El próximo gobierno autonómico también deberá decidir el futuro de la ARA-A1, que presentó el concurso de acreedores porque los cálculos de tráfico sobre los que se fundamentó su viabilidad económica no se cumplían ni de lejos. El administrador concursal consideró en su informe que la concesión está "abocada a su disolución y liquidación" si no hay un acuerdo entre las tres partes implicadas, lo que obligaría a las arcas de la DGA a asumir la deuda con las entidades financieras, que asciende a 43 millones.
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