El Gobierno alemán defendió hoy la legalidad de los peajes que quiere implantar en las autopistas para coches particulares, acompañados de un rebaja en el impuesto de circulación para compensar a los conductores germanos, ante el expediente que previsiblemente abrirá la Comisión Europea (CE).
En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería, Steffen Seibert, señaló que para Berlín la norma es compatible con la legislación europea, mientras que el ministro de Transporte, Alexander Dobrindt, rechazó las críticas generalizadas y pidió a la Comisión que detalle qué puntos en concreto de la ley no le gustan.
Los peajes, polémicos desde su inicio por su difícil encaje en la normativa comunitaria, regresaron hoy a la agenda después de que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, avanzara en una entrevista con el diario "Süddeutschen Zeitung" que la institución tiene "serias dudas" de que la norma respete el principio de no discriminación de los extranjeros.
Según explicó, esas dudas deben resolverse con la apertura de un procedimiento de infracción, que acabará si es necesario ante el Tribunal de Justicia Europeo.
El problema reside en que los peajes, aunque los pagarán todos los automovilistas, en realidad no tendrán impacto en el bolsillo de los conductores alemanes, ya que se aplicará una rebaja equivalente en el impuesto de circulación.
Según apuntó el Ejecutivo berlinés, no está previsto que el asunto se aborde en la reunión que mantendrán hoy en Berlín la canciller, Angela Merkel, Juncker, el presidente francés, François Hollande, y un grupo de empresarios europeos.
Bruselas todavía no puede abrir expediente a la norma alemana porque, tras su aprobación en el Parlamento, aún no la ha firmado el presidente del país, Joachim Gauck, como es preceptivo.
En este contexto, el partido de Los Verdes instó a Gauck a ejercer su derecho a veto para evitar que Bruselas abra un expediente al país, algo que ya había advertido la oposición parlamentaria que ocurriría.
Según las estimaciones del Ministerio de Transportes, la medida reportará a las arcas públicas 500 millones de euros anuales, que serán destinados al mantenimiento de las infraestructuras.
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