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Núñez detalló que, pese a que no ha recibido una notificación oficial por parte del Gobierno de que el proceso se ha suspendido, actualmenteno existe interlocución con el Ejecutivo, que ha dejado de reunirse con las empresas y entidades financieras involucradas. «El tema está formalmente muerto», zanjó el presidente de Seopan durante un encuentro con los medios de comunicación en el marco del «Foro global de ingeniería y obra pública» que celebra la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander).
Seopan calcula que el coste para las arcas públicas de la liquidación de estas concesionarias ascenderá a alrededor de 5.000 millones de euros, que deberá abonar la próxima Administración en concepto de responsabilidad patrimonial (RPA), una cláusula presente en los contratos por la que el Estado reconoce el derecho de compensación en caso de quiebra. Esta cuantía deberá ser determinada en los procesos judiciales abiertos y obligará al Gobierno salido de las elecciones generales a «imputarlo como gasto» y a tenerlo en cuenta de cara al cumplimiento de los objetivos dedéficit público, lo que podría obligar a «ajustes fiscales adicionales», advirtió Núñez.
Las declaraciones de Núñez se producen tras semanas de especulaciones en torno a la viabilidad de la empresa nacional de autopistas frente a la cercanía de los comicios y después de años de negociaciones, que habían cristalizado en un proyecto por el que las entidades acreedoras asumían una quita del 50% sobre la deuda de 3.400 millones. A cambio, recibían bonos a 30 años con un tipo de interés del 1% y el Estado se hacía cargo de estas carreterasmediante una empresa 100% pública, con el objetivo de rentabilizar las autopistas posteriormente. «Hemos estado cerca de una solución. Se ha trabajado mano a mano con el Gobierno para llegar a una solución sin precedentes en Europa», lamentó Núñez, quien también descartó que el próximo Ejecutivo logre reactivar el proceso.
Recientemente, el juzgado mercantil número 2 de Madrid rechazó la propuesta de convenio presentada por el Ejecutivo para la AP-36, una resolución contraria al plan del departamento de Ana Pastor,lo que no hizo que Fomento tirara la toalla: insistía en que aún había tiempo para recurrir dicha resolución, aunque descartaba realizar cesiones a las entidades, como el incremento del tipo de interés del bono por el que se canjeaba la deuda, una de las peticiones que con más insistencia realizaban las empresas constructoras y la banca.
El plan comprendía la integración en esta compañía pública de las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4, R-5), la AP-41, el eje del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la AP-7, entre Alicante y Cartagena.
Asimismo, durante su intervención en el foro, el presidente de Seopan reclamó a las instituciones europeas un plan para competir con las compañías asiáticas del sector, que cuentan con mayores facilidades de financiación que las españolas. En este sentido, solicitó al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que financie infraestructuras no sólo europeas, «sino de todos los continentes» y solicitó una inversión adicional de 32.000 millones de euros, más allá del conocido como «Plan Juncker», con el que Bruselas pretende movilizar 300.000 millones durante un periodo de tres años.
Por su parte, Ángel Corcóstegui, director general de Mangum Industrial Partners, aconsejó realizar una mesa de debate del sector de las infraestructuras con todas las compañías e instituciones vinculadas para poner remedio al estancamiento de la inversión pública durante los últimos años y superar la excesiva dependencia de la financiación bancaria, que supone un 70% del total. No habrá mayor crédito financiero, remachó, hasta que «la banca no tenga una situación más holgada de capital» y se ponga fin al proceso de desapalancamiento del sector privado, que «hasta finales de 2016» no «normalizará» sus niveles de endeudamiento.
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