La familia Abelló tiene que ser indemnizada por el Estado por la expropiación de parte de una finca sobre la que se construyó la autopista Radial 2 de Madrid, el corredor de pago que comunica la capital de España con Guadalajara, actualmente en concurso de acreedores debido, precisamente, a los sobrecostes de las expropiaciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fijó la indemnización en 33 millones de euros, pero el Ministerio de Fomento ha evitado pagar, de momento, tras presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Fuentes próximas al proceso judicial calculan que la indemnización es sensiblemente mayor a la indicada por el TSJM, próxima a los 46 millones de euros, ya que, además del principal, «hay que sumar los intereses acumulados durante los años que ha durado el pleito», indican.
La finca, denominada Quintana del Jarama, tiene una extensión de 200 hectáreas y pertenece a la familia Abelló desde hace más de 40 años. «En concreto, desde 1967», indican fuentes próximas al financiero Juan Abelló, cuya participación en el solar se eleva al 20% a través de Torreal, su brazo inversor.
Desde Torreal apuntan que el terreno afectado por las expropiaciones se acerca a 150 hectáreas, mientras que fuentes jurídicas próximas a la sociedad concesionaria limitan la superficie a 44 hectáreas, es decir, la indemnización equivale a más de un millón de euros por hectárea de suelo, teóricamente, destinado a uso agrícola y ganadero.
Fomento tiene que hacerse cargo de esta millonaria indemnización por la doctrina generada tras una sentencia del Supremo de diciembre de 2013. El Alto Tribunal sentenció que, a pesar de que por ley el único obligado al abono de los justiprecios expropiatorios es el beneficiario de la expropiación (la concesionaria), en caso de que no pudiera hacerlo (por haber entrado en concurso de acreedores), será el Estado el obligado a hacerse cargo de la deuda.
En el caso concreto de la autopista de peaje entre Madrid y Guadalajara, la sociedad concesionaria (Henarsa) presentó concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013. Sus accionistas (ACS, Abertis, Acciona y Bankia) tomaron esa decisión ante la imposibilidad de hacer frente a una refinanciación de 400 millones de euros y al pago de las indemnizaciones por las expropiaciones de suelo dictadas desde los tribunales.
En los presupuestos iniciales de Henarsa y Accesos de Madrid (Radial 3 y 5) se estimó un coste de expropiación conjunto de 80 millones de euros. Tras las repetidas sentencias dictadas por los tribunales desde 2003, el sobrecoste se eleva a 1.600 millones de euros, lo que representa un incremento de casi el 2.000%.
En principio, Juan Abelló estuvo al corriente desde el comienzo de este proceso, ya que el financiero fue accionista y vicepresidente de Sacyr hasta 2013 y la constructora figuraba como socio de Henarsa a través de Avasa, sociedad que, tras la venta de Itínere en 2009, está controlada íntegramente por Abertis.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dado orden de recurrir cualquier decisión judicial en contra del Estado sobre expropiaciones, ya que el agujero provocado por los sobrecostes se eleva a más de 2.000 millones de euros. El precio de las expropiaciones y el incumplimiento de las previsiones de tráficos son los factores que han provocado la suspensión de pagos de nueve autopistas de peaje.
Expansión.com 22/07/2014
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fijó la indemnización en 33 millones de euros, pero el Ministerio de Fomento ha evitado pagar, de momento, tras presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Fuentes próximas al proceso judicial calculan que la indemnización es sensiblemente mayor a la indicada por el TSJM, próxima a los 46 millones de euros, ya que, además del principal, «hay que sumar los intereses acumulados durante los años que ha durado el pleito», indican.
La finca, denominada Quintana del Jarama, tiene una extensión de 200 hectáreas y pertenece a la familia Abelló desde hace más de 40 años. «En concreto, desde 1967», indican fuentes próximas al financiero Juan Abelló, cuya participación en el solar se eleva al 20% a través de Torreal, su brazo inversor.
Desde Torreal apuntan que el terreno afectado por las expropiaciones se acerca a 150 hectáreas, mientras que fuentes jurídicas próximas a la sociedad concesionaria limitan la superficie a 44 hectáreas, es decir, la indemnización equivale a más de un millón de euros por hectárea de suelo, teóricamente, destinado a uso agrícola y ganadero.
Fomento tiene que hacerse cargo de esta millonaria indemnización por la doctrina generada tras una sentencia del Supremo de diciembre de 2013. El Alto Tribunal sentenció que, a pesar de que por ley el único obligado al abono de los justiprecios expropiatorios es el beneficiario de la expropiación (la concesionaria), en caso de que no pudiera hacerlo (por haber entrado en concurso de acreedores), será el Estado el obligado a hacerse cargo de la deuda.
En el caso concreto de la autopista de peaje entre Madrid y Guadalajara, la sociedad concesionaria (Henarsa) presentó concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013. Sus accionistas (ACS, Abertis, Acciona y Bankia) tomaron esa decisión ante la imposibilidad de hacer frente a una refinanciación de 400 millones de euros y al pago de las indemnizaciones por las expropiaciones de suelo dictadas desde los tribunales.
En los presupuestos iniciales de Henarsa y Accesos de Madrid (Radial 3 y 5) se estimó un coste de expropiación conjunto de 80 millones de euros. Tras las repetidas sentencias dictadas por los tribunales desde 2003, el sobrecoste se eleva a 1.600 millones de euros, lo que representa un incremento de casi el 2.000%.
En principio, Juan Abelló estuvo al corriente desde el comienzo de este proceso, ya que el financiero fue accionista y vicepresidente de Sacyr hasta 2013 y la constructora figuraba como socio de Henarsa a través de Avasa, sociedad que, tras la venta de Itínere en 2009, está controlada íntegramente por Abertis.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dado orden de recurrir cualquier decisión judicial en contra del Estado sobre expropiaciones, ya que el agujero provocado por los sobrecostes se eleva a más de 2.000 millones de euros. El precio de las expropiaciones y el incumplimiento de las previsiones de tráficos son los factores que han provocado la suspensión de pagos de nueve autopistas de peaje.
Expansión.com 22/07/2014
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