Las concesionarias están lejos de aceptar ahora mismo lo que firme la banca acreedora con el Gobierno si no se tienen en cuenta algunas de sus peticiones. “Para cerrar el acuerdo no tienen que firmar sólo la banca y el Gobierno. También es necesario nuestra firma y la de Bruselas”, recuerdan en una constructora.
Las concesionarias tienen sus propias peticiones para cerrar el pacto y que vea la luz la empresa pública que aglutinará a las autopistas en quiebra. En principio, el acuerdo que está pendiente de cerrar entre la banca y el ministerio incluye crear una sociedad pública con una quita del 50% de la deuda, lo que sería unos 2.300 millones, y emitir bonos con esa deuda.
Fomento ofrece aumentar la rentabilidad de la deuda de esos bonos del 1% inicial al 2% e incluso al 4% en algunos tramos. Además, también permitirá que tenga el aval del Estado y que los seis bancos españoles (Santander, BBVA, Bankia, Popular, Sabadell y Caixa) compren los 600 millones de la deuda que está en manos de la banca extranjera.
Demasiadas quitas
Aunque la banca no ha aceptado todavía el acuerdo, hay avances. No es el caso de las concesionarias, que aseguran que “ya hemos perdido demasiado”. Se refieren a que con este pacto perderán el activo, y perderán también las inversiones que han realizado durante años en esos activos.
Además, recuerdan que ya han aceptado una quita del 50% sobre el dinero que Fomento tiene pendientes de pagarle por las obras de mejora de las autopistas a las que les obligó el ministerio. En concreto, “esa cifra es de 1.000 millones y hemos aceptado rebajarla a 500”, aseguran fuentes del sector.
Por lo tanto, las concesionarias no están dispuestas a ceder más para arreglar el problema. Sus peticiones son fundamentalmente dos. En primer lugar, “que desaparezcan las garantías corporativas sobre los préstamos” concedidos por la banca a estas empresas. Para ellos, supone tener encima de la cabeza una espada que en cualquier momento puede caer sobre ellos.
Y, en segundo lugar, las concesionarias quieren participar de la posible venta futura de las autopistas. “Ahora hay crisis, pero la economía mejorará tarde o temprano y la empresa pública que se va a crear será rentable y el Estado la va a vender. Queremos que se nos garantice que nosotros obtendremos un porcentaje de la posible venta futuro de los activos”, explican.
“Nosotros hemos invertido para construir las carreteras, para mejorarlas, nos han hecho quitas importantes... Es lógico que si el activo se vende dentro de diez o quince años, nos revierta algo a quienes hemos hecho la inversión”, aseguran estas fuentes.
Por lo tanto, la solución está en el aire. A la vuelta de las vacaciones se volverán a retomar las conversaciones entre todas las partes para evitar que, como insiste la ministra, Ana Pastor, “el erario público se gaste un euro” en esto.
Las radiales en quiebra son: en Madrid, R-2 (Henarsa), R- 3 y R-5 (Accesos de Madrid) y la R-4 (Autopista de Madrid Sur), y también entra la autopista Eje Aeropuerto (M-12); la AP-41 Madrid-Toledo; la AP-36, que va de Ocaña a La Roda; la Cartagena-Vera (Aucosta); la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Alicante-Cartagena.
Las concesionarias tienen sus propias peticiones para cerrar el pacto y que vea la luz la empresa pública que aglutinará a las autopistas en quiebra. En principio, el acuerdo que está pendiente de cerrar entre la banca y el ministerio incluye crear una sociedad pública con una quita del 50% de la deuda, lo que sería unos 2.300 millones, y emitir bonos con esa deuda.
Fomento ofrece aumentar la rentabilidad de la deuda de esos bonos del 1% inicial al 2% e incluso al 4% en algunos tramos. Además, también permitirá que tenga el aval del Estado y que los seis bancos españoles (Santander, BBVA, Bankia, Popular, Sabadell y Caixa) compren los 600 millones de la deuda que está en manos de la banca extranjera.
Demasiadas quitas
Aunque la banca no ha aceptado todavía el acuerdo, hay avances. No es el caso de las concesionarias, que aseguran que “ya hemos perdido demasiado”. Se refieren a que con este pacto perderán el activo, y perderán también las inversiones que han realizado durante años en esos activos.
Además, recuerdan que ya han aceptado una quita del 50% sobre el dinero que Fomento tiene pendientes de pagarle por las obras de mejora de las autopistas a las que les obligó el ministerio. En concreto, “esa cifra es de 1.000 millones y hemos aceptado rebajarla a 500”, aseguran fuentes del sector.
Por lo tanto, las concesionarias no están dispuestas a ceder más para arreglar el problema. Sus peticiones son fundamentalmente dos. En primer lugar, “que desaparezcan las garantías corporativas sobre los préstamos” concedidos por la banca a estas empresas. Para ellos, supone tener encima de la cabeza una espada que en cualquier momento puede caer sobre ellos.
Y, en segundo lugar, las concesionarias quieren participar de la posible venta futura de las autopistas. “Ahora hay crisis, pero la economía mejorará tarde o temprano y la empresa pública que se va a crear será rentable y el Estado la va a vender. Queremos que se nos garantice que nosotros obtendremos un porcentaje de la posible venta futuro de los activos”, explican.
“Nosotros hemos invertido para construir las carreteras, para mejorarlas, nos han hecho quitas importantes... Es lógico que si el activo se vende dentro de diez o quince años, nos revierta algo a quienes hemos hecho la inversión”, aseguran estas fuentes.
Por lo tanto, la solución está en el aire. A la vuelta de las vacaciones se volverán a retomar las conversaciones entre todas las partes para evitar que, como insiste la ministra, Ana Pastor, “el erario público se gaste un euro” en esto.
Las radiales en quiebra son: en Madrid, R-2 (Henarsa), R- 3 y R-5 (Accesos de Madrid) y la R-4 (Autopista de Madrid Sur), y también entra la autopista Eje Aeropuerto (M-12); la AP-41 Madrid-Toledo; la AP-36, que va de Ocaña a La Roda; la Cartagena-Vera (Aucosta); la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Alicante-Cartagena.
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