El Gobierno de Mariano Rajoy y la banca mantienen la tensión por las autopistas de peaje. El plan de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, era crear la sociedad que aglutinara las autopistas de peaje en quiebra y que la banca asumiera una quita por las pérdidas, para dejar de sangrar al contribuyente. Pero no hay acuerdo y se ha suspendido la reunión que tenían que mantener este jueves.
Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran a EFE que a última hora de ayer se daba prácticamente por seguro que el plan se viese esta mañana en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. De hecho, la intención inicial era cerrar en la medida de lo posible la mayoría de los puntos que sustentarán la creación de esta sociedad en la reunión mantenida por los ministerios de Hacienda y de Fomento con las principales entidades financieras a fin de abordar la creación de la misma en el mes de septiembre.
Precisamente, al 19 de dicho mes se ha aplazado la junta de acreedores de la autopista de peaje AP-36 entre Ocaña y La Roda. Las mismas fuentes señalan que la creación de esta sociedad ya contaba con el visto bueno de Bruselas. Entre los puntos que se negocian en las reuniones que han mantenido en los últimos días las partes implicadas cobra especial relevancia el incremento de la rentabilidad fija que devengaría el bono a 30 años.
Parece que el incremento de la rentabilidad, fijada en un primer momento en el 1%, se podría elevar ligeramente sin llegar a alcanzar el 2%, probablemente en torno al 1,9%
En las conversaciones que se han mantenido con los ministerios de Fomento, de Hacienda y de Economía a mediados de julio también se ha abordado cómo y quién va a comprar la deuda que tienen contraída las entidades financieras extranjeras con las sociedades concesionarias en concurso de acreedores. Sobre la mesa está aplicar también una quita del 50%.
La intención de los bancos pasaba por que el Banco de España libere las provisiones realizadas por las autopistas, así como la estructuración de la financiación en varios tramos, siendo de 646 millones el de deuda nueva por la compra del pasivo de la banca extranjera.
Lo que parece descartado es que estos bonos estén garantizados por el Estado. De hecho, se mantiene el planteamiento de que la garantía de los mismos la asuma la propia Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa).
Desde la banca se reclamaba que estos bonos estuviesen garantizados por el Estado y que se mejorase la rentabilidad fija que devengarán para que lo que se reciba no esté por debajo de lo que se paga ahora por el bono español a 30 años, cercano al 4% (3,968%), es decir, casi el doble de lo que paga España por el bono a diez años.
El sector pedía que los bonos a 30 años emitidos por la sociedad pública pudiesen ser comprados por terceros, fundamentalmente bancos, sin una penalización del 10%. También se pedía modificar los estatutos de Seittsa a fin de habilitarla para poder captar futuros ingresos mediante la tarificación de las vías y la integración de las sociedades concesionarias.
Entre los puntos que se han tratado destaca también renovar el plazo actual de 30 a 10 años más. Para garantizar la viabilidad de estas carreteras, el Ejecutivo planteó a la banca y concesionarias una quita del 50% a la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros.
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