El bono a 30 años en que se convertirá la deuda de las vías tendrá garantía del Estado y una mayor rentabilidad. Habrá una quita del 50%.
El Gobierno y el medio centenar de bancos acreedores de las autopistas en quiebra han acercado posturas sobre el proyecto por el que se rescatarán estas vías, que suman una deuda de 3.800 millones de euros, mediante su integración en una empresa pública.
El Ejecutivo ha manifestado a la banca su disposición a otorgar garantía del Estado y una mayor rentabilidad (de entre el 2,5% y el 2,6%) al bono a treinta años en el que se convertirá la deuda financiera de estas vías que resulte tras la quita del 50% que se le practicará, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
De esta forma, se da un paso más en la concreción del proyecto que los ministerios de Fomento y Hacienda presentaron a finales del pasado mes de marzo para rescatar a la decena de autopistas en concurso de acreedores.
El plan pasa por constituir con estas vías una nueva empresa nacional de autopistas, de capital 100% público, que explotaría las autopistas para garantizar su viabilidad y generar recursos para pagar su deuda y evitar así inyecciones de capital público.
Respecto a la deuda de 3.800 millones de euros que actualmente soportan estas infraestructuras, el rescate pasa por aplicar una quita del 50% a este pasivo, y convertir el importe restante en un bono a treinta años.
El plan inicial establecía que este bono tuviera como garantía la nueva sociedad pública de autopistas y devengara un 1% anual más un porcentaje variable adicional en función del tráfico. Estos dos aspectos fueron rechazados por la banca, que estimó que el cupón del 1%, "por debajo del mercado", constituía una segunda quita de deuda.
Tras meses de negociaciones, esta pasada semana el Gobierno ha manifestado a la banca acreedora su disposición a otorgar tanto garantía estatal al bono, como una mayor rentabilidad.
En paralelo, el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, evitó la eventual liquidación de la primera de las vías quebradas que llegó al final del proceso concursal, la AP-36 Ocaña-La Roda, al solicitar aplazar hasta septiembre su junta de acreedores.
Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank, el ICO, el Santander, BBVA, y Banco Popular son las principales entidades financieras acreedoras las autopistas.
Las vías, participadas por grandes constructoras, son las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital con el Aeropuerto de Barajas y las que conectan Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.
El desplome del tráfico por la crisis y el sobrecoste por expropiaciones que afrontaron son las principales causas del desequilibrio económico que presentan.
En la primera mitad del año, estas autopistas contabilizaron una intensidad media diaria de tráfico de 5.751 vehículos, un 4,6% menos que el año anterior, según datos de Fomento.
El Economista.com 20/07/2014
El Gobierno y el medio centenar de bancos acreedores de las autopistas en quiebra han acercado posturas sobre el proyecto por el que se rescatarán estas vías, que suman una deuda de 3.800 millones de euros, mediante su integración en una empresa pública.
El Ejecutivo ha manifestado a la banca su disposición a otorgar garantía del Estado y una mayor rentabilidad (de entre el 2,5% y el 2,6%) al bono a treinta años en el que se convertirá la deuda financiera de estas vías que resulte tras la quita del 50% que se le practicará, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
De esta forma, se da un paso más en la concreción del proyecto que los ministerios de Fomento y Hacienda presentaron a finales del pasado mes de marzo para rescatar a la decena de autopistas en concurso de acreedores.
El plan pasa por constituir con estas vías una nueva empresa nacional de autopistas, de capital 100% público, que explotaría las autopistas para garantizar su viabilidad y generar recursos para pagar su deuda y evitar así inyecciones de capital público.
Respecto a la deuda de 3.800 millones de euros que actualmente soportan estas infraestructuras, el rescate pasa por aplicar una quita del 50% a este pasivo, y convertir el importe restante en un bono a treinta años.
El plan inicial establecía que este bono tuviera como garantía la nueva sociedad pública de autopistas y devengara un 1% anual más un porcentaje variable adicional en función del tráfico. Estos dos aspectos fueron rechazados por la banca, que estimó que el cupón del 1%, "por debajo del mercado", constituía una segunda quita de deuda.
Tras meses de negociaciones, esta pasada semana el Gobierno ha manifestado a la banca acreedora su disposición a otorgar tanto garantía estatal al bono, como una mayor rentabilidad.
En paralelo, el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, evitó la eventual liquidación de la primera de las vías quebradas que llegó al final del proceso concursal, la AP-36 Ocaña-La Roda, al solicitar aplazar hasta septiembre su junta de acreedores.
Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank, el ICO, el Santander, BBVA, y Banco Popular son las principales entidades financieras acreedoras las autopistas.
Las vías, participadas por grandes constructoras, son las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital con el Aeropuerto de Barajas y las que conectan Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.
El desplome del tráfico por la crisis y el sobrecoste por expropiaciones que afrontaron son las principales causas del desequilibrio económico que presentan.
En la primera mitad del año, estas autopistas contabilizaron una intensidad media diaria de tráfico de 5.751 vehículos, un 4,6% menos que el año anterior, según datos de Fomento.
El Economista.com 20/07/2014
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