Cuando España creía que era un país rico y que vivía en abundancia, un grupo de empresas constructoras con la connivencia de las autoridades públicas crearon una red de autopistas radiales alrededor de las grandes ciudades. Todas son de pago y tienen el propósito de agilizar las entradas y salidas de los vehículos.
La crisis y la mala planeación de unas infraestructuras en muchos casos innecesarias han provocado una situación de quiebra de todas estas autopistas, que acumulan una deuda total de más de seis mil millones de euros, casi todas se encuentran en suspensión de pagos y están al borde del rescate por parte del gobierno, del conservador Mariano Rajoy, que prepara un plan que supondrá en la práctica la expropiación de las carreteras.
La principal sociedad concesionaria de las principales autopistas radiales españolas se llama Henarsa y se encuentra en concurso de acreedores desde hace cuatro meses, al acumular una deuda financiera de más de 500 millones de euros y dejar en manos de la justicia el funcionamiento de las tres principales radiales que hay en Madrid -la R3, R4 y R5-. Eso sólo en la capital española. En el resto del país, sobre todo en las radiales de las principales urbes, la situación es parecida y afecta de manera directa a algunas de las principales constructoras españolas, muchas de ellas con intereses en México, como OHL, ACS, Acciona, Ferrovial, Abertis, Cintra o Sacyr, entre otras.
Además de las tres vías radiales de Madrid, el resto de autopistas en problemas, la mayor parte de ellas en concurso, son la Eje Aeropuerto, que une Madrid y el aeropuerto de Barajas; la Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.
La situación heredada de la crisis, pero sobre todo de la planeación que hicieron por su cuenta responsables políticos con los propios empresarios deja un panorama desolador. Con infraestructuras bien acondicionadas pero sin suleitmotiv: los vehículos que en teoría deberían hacer uso de ellas, ya que las altas tarifas y en muchos casos la escasa ventaja de la autopista radial con respecto a la autopista convencional –que es gratuita– han hecho que su rentabilidad sea nula y la enorme inversión pública y privada un desastre.
Henarsa en solitario tiene unos pasivos acumulados de más de tres mil millones de euros, de ahí que se haya declarado en suspensión de pagos y en concurso de acreedores a pesar de que hace solo unos años defendían, de la mano de las autoridades madrileñas del Partido Popular (PP), la urgencia de renovar las vías de acceso a Madrid y la intercomunicación entre las principales autopistas que comunican al país.
El Ministerio de Fomento, presidido por Ana Pastor, informó que actualmente hay siete radiales en quiebra, de un total de nueve. Y lo atribuyen, en parte, a los problemas financieros de las propias empresas, al pertenecer a uno de los sectores más aquejados por la crisis, pero también porque para la realización de las infraestructuras pagaron un costo excesivo de las expropiaciones de terrenos y a la caída del tráfico vehicular en estas arterias, precisamente por su condición de “pago”.
El gobierno español se plantea ahora crear una especie de “banco malo para las autopistas”. Es decir una empresa pública que se hará cargo de la gestión de las autopistas radiales y de la abultada deuda, que ahora pretenden renegociar con la banca privada y semipública –las Cajas de Ahorro, hoy también quebradas– que participaron en la operación.
El objetivo es rebajar la deuda entre un 20 y un 50 por cierto a cambio de hacerse cargo de la gestión y de las responsabilidades legales y financieras de las empresas concesionarias, que a pesar de su mala planeación podrían ser beneficiarias de un fondo de “responsabilidad civil de la Administración” que les podría llegar a suponer más de tres mil millones de euros.
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