Autopista. Al lado, una amplia autovía con el mismo destino y una tupida red viaria gratuita ¿Resultado? El concurso de acreedores de las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5) y la AP-41, que une Madrid y Toledo, la autopista de Cartagena (Murcia) a Vera (Almería), la circunvalación de Alicante y la AP-36, de Ocaña (Toledo) a La Roda (Albacete). Y unas infraestructuras redundantes cuya única ventaja radica en viajar prácticamente en solitario.
Entre todas, que cayeron en el concurso una tras otra, acumulan unas deudas de unos 4.000 millones. De no alcanzarse un acuerdo entre el Ministerio de Fomento y las empresas afectadas, el Estado debería cargar con ese pasivo como prevé la ley, al ser el titular de los activos bajo lo que se denomina responsabilidad patrimonial del Estado.
Los proyectos llevados a cabo bajo la presidencia de José María Aznar (PP) han sido un fracaso. Dos factores lo propiciaron: unas previsiones de tráfico muy hinchadas y unas expropiaciones mucho más caras de lo previsto. «Son vías de pago cortas, con errores de diseño y de gestión», añade un especialista en la materia. Hay quien dice que se hicieron para «premiar» a constructoras.
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