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| Radiales en quiebra. |
La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, lo tiene claro incluso por la noche. Su departamento ha decidido recurrir las sentencias del juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid que fijan la liquidación de las autopistas radiales R3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid Navalcarnero y la de la autopista de circulación de Alicante. Es cuestión de pasta.
La titular de Fomento también ha anunciado que el Estado se ahorra 200.000 euros al día por la rebaja de la cuantía a pagar como Responsabilidad Patrimonial del Estado.
El ministerio planteará el recurso para tratar de evitar su cierre, como dicta la sentencia, si Fomento no asume las vías y la gestión de las autopistas antes de que llegue el 1 de octubre.
La justicia también había declarado con anterioridad la liquidación de otras dos más de las ocho autopistas que están en concurso debido a las enormes pérdidas que han provocado a las empresas constructoras y concesionarias por el desplome del tráfico consecuencia de la crisis económica.
Tanto en el sector como en medios oficiales conocedores de las negociaciones, se da por hecho que no se cerrará ninguna de estas ocho autopistas que se han declarado en quiebra, pese a que se mantienen profundas diferencias para un entendimiento.
Por la importancia de las comunicaciones que facilitan y por el quebranto económico que supondría, la liquidación se da por descartada. Las otras dos radiales también afectadas por el concurso son la R-2 Madrid-Toledo y la R-4 Cartagena-Vera.
El plan que el Gobierno de Mariano Rajoy había estado negociando durante la X Legislatura pasaba porque los representantes de la patronal del sector, SEOPAN, asumieran aplicar una quita en la deuda de las empresas del 50 %.
El sector contabiliza la deuda en unos 3.200 millones de euros, mientras que la oferta del Ministerio para garantizar su viabilidad se quedó en asumir 1.200 millones de la misma. El sector ha considerado insuficiente la misma.
La liquidación de las ocho autopistas exigiría además a la Administración que asuma la denominada Responsabilidad Patrimonial del Estado, que asciende a unos 4.500 millones de euros.
Debido a las depreciaciones que se calcula sufren estas instalaciones, cada día que pasa, el Estado se ahorra unos 200.000 euros según explicaba la ministra de Fomento en su entrevista de TVE.
La actual situación política, con el Gobierno en funciones, pese a que dispone de Presupuesto Generales del Estado aprobados por Las Cortes antes de finalizar el año, dificulta que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes.
Pero el problema se agudiza porque si bien el plazo límite para llegar a un acuerdo es el 1 de octubre, en cambio los recursos suelen necesitar más tiempo para su resolución en los tribunales.
Según fuentes conocedoras de la negociación, pese a todas las diferencias los contactos directos a través de los representantes de las empresas como a través de su patronal, nunca han dejado de producirse.
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