 |
| Control de acceso a la radial de peaje R-2, que une Madrid con Guadalajara |
La 'patata caliente' de las autovías en quiebra sigue su tránsito errático por los tribunales, con el Gobierno de Mariano Rajoy activando todos los recursos del Estado para evitar lo que parece inevitable, que las ocho vías que hace cuatro años entraron en concurso de acreedores enfilen la liquidación.
Y, lo que es peor, que se active la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que obligaría a indemnizar a las concesionarias con al menos 5.000 millones de euros. Por eso, no queda otra que activar a la Abogacía del Estado para que recurra todos los autos judiciales que pudieran precipitar esas liquidaciones.
Ya lo hizo en febrero de 2015, justo antes de que se celebraran las elecciones municipales autonómicas, cuando el juzgado Mercantil 2 de Madrid dictó la apertura de la fase de liquidación de la AP 36 Ocaña-La Roda, y también en octubre del año pasado –dos meses antes de las elecciones generales del 20D–, cuando el mismo juzgado también mandaba a liquidación la M12, la autopista Eje Aeropuerto de Madrid.
Ahora, a poco más de dos meses de que el 26J se celebren nuevas elecciones generales, la historia se repite. Otras tres autovías más acaban de entrar en liquidación. Son las radiales de peaje de Madrid (R-3 y R-5) y la circunvalación de Alicante.
En esta ocasión ha sido el juzgado Mercantil 6 de Madrid, encabezado por el magistrado Francisco Javier Vaquer, el que ha determinado la inviabilidad de la propuesta de convenio presentada por las concesionarias Accesos de Madrid y Ciralsa, y también del proyecto de sociedad promovido por el Ministerio de Fomento.
Que dieran por perdidos 1.700 millones de la deuda financiera a cambio de recibir unos bonos a 30 años al 1% de interés. Como Hacienda también se negó en redondo a aumentar ese interés, como pedían los bancos, el rescate de las autovías quedó en nada.Nuevo auto que, como los dos anteriores, también será recurrido por los abogados el Estado ante la Audiencia Provincial de Madrid bajo el argumento de que, en base a la constitución de esa sociedad pública, serían subsanables los motivos por los que el juez declara la liquidación. Un extremo de difícil justificación toda vez que las negociaciones con los bancos acreedores se cerraron hace un año sin acuerdo, cuando estos se negaron a aceptar lo que pretendía el Gobierno.
Inicialmente, la propuesta de integración bajo una sociedad pública de las autovías en concurso a aglutinaba a nueve, pero en julio de 2015 quedó fuera la AP-41, la autovía de Madrid a Toledo.
Entonces, el Gobierno asumió el abono de hasta 140 millones de euros hasta 2045, en respuesta a la solicitud de la concesionaria (Isolux, Comsa, Cointer, Sando y la portuguesa ES Concessões), que había recibido el respaldo de los tribunales a su derecho a lograr el reequilibrio económico y financiero, debido al perjuicio que había supuesto la no construcción de la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba.
Además de los bancos, todas estas liquidaciones afectan de lleno a las grandes constructoras y concesionarias, aunque tengan provisionadas las cantidades invertidas. Así, Ferrovial, Sacyr y Kutxabank forman el capital de la concesionaria de la AP-36, OHL, por sí sola, figura al frente de la M-12 (Eje Aeropuerto Madrid), y ACS y Abertis comparten accionariado en la circunvalación de Alicante.
También Abertis, junto a Sacyr y Globalvía –ahora controlada por los fondos USS, OPTrust y PGGM tras la venta de FCC y Bankia– son los accionistas de Accesos de Madrid, la concesionaria de las radiales R-3 y R-5, las que el juez acaba de enviar a liquidación.
En el caso de Accesos de Madrid, los accionistas se han visto obligados a depositar más de 350 millones de euros para hacer frente a la ejecución judicial de la deuda solicitada por las entidades financieras acreedoras.
Por si el Estado, los bancos, constructoras y concesionarias fueran pocos, nuevos invitados han empezado a aparecer en este berenjenal.
Son los fondos buitre que, a la vista de la situación, han empezado a comprar, con descuentos de hasta el 90%, paquetes de deuda de los que han empezado a deshacerse pequeños acreedores internacionales. Atesoran ya cerca del 20% de los 3.700 millones de deuda de las autovías abocadas a la liquidación.
El pasado mes de septiembre, un grupo de bancos extranjeros acreedores de estas autopistas (The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Société Générale, Royal Bank of Scotland, Natixis y Deutsche IndustrieBank) presentaba un escrito de oposición al recurso que Fomento había elevado ante la Audiencia de Madrid en contra de la decisión judicial de declarar la liquidación de la AP-36 y la M-12.
Alegaban que el plan de viabilidad de la propuesta de rescate del Gobierno resultaba irrealizable y que, por tanto, la única alternativa viable era la liquidación de las autopistas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario