 |
| Llegada a uno de los puntos de peaje de la R-2. (Archivo) |
El grupo parlamentario del Partido Popular va a modificar por la vía rápida la actual regulación sobre contratos públicos con el fin de delimitar la llamada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) que obligaba a costear con cargo al erario público la resolución de las concesiones estatales en España. La nueva disposición está claramente orientada a recortar el importe derivado del fracaso de las autopistas de peajes, las célebres radiales, que puede suponer un 'agujero' de hasta 8.000 millones de euros para el erario público.
La modificación legislativa del PP se va arbitrar mediante una enmienda a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. La enmienda en cuestión adapta el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que fue aprobado por real decreto en 2011. En un principio, el Gobierno había previsto sacar adelante un nuevo proyecto de ley, pero el calendario legislativo hacía prácticamente inviable la aprobación de una normativa de esta naturaleza en el actual periodo de sesiones.
El objetivo de la nueva regulación consiste en evitar que el Estado tenga que satisfacer pagos que excedan el valor de mercado de la concesión en caso de que la resolución no sea debida a causas imputables a la propia Administración. En estos supuestos, el importe a abonar al concesionario por expropiación de terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes será el que resulte de la valoración de la concesión. De esta forma, el efecto financiero del fracaso del proyecto será neutral para el Estado, que obtendrá un activo pagando su valor de mercado y que luego puede ser enajenado.
 |
| El ministro Cristóbal Montoro junto al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. (Gtres) |
Otra cosa distinta es si la resolución es debida a razones de interés público acordadas por la Administración. En dicho supuesto, las indemnizaciones se determinarán teniendo en cuenta los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir y que se cuantificarán sobre la media aritmética de los beneficios antes de impuestos obtenidos durante un periodo de tiempo equivalente a los años que restan hasta la terminación de la concesión. Si el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia este último.
La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital medio ponderado correspondiente a las últimas cuentas anuales del concesionario. La enmienda establece, además, que dentro de la indemnización se incluirán las pérdidas de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a la Administración, considerando su grado de amortización. El Gobierno trata, en suma, de proteger la responsabilidad patrimonial con una redistribución del riesgo de la concesión que pasa a ser asumido por su beneficiario original. En otras palabras, el Estado evita los costes derivados de la mala previsión o de la inadecuada gestión de los proyectos.
La nueva ‘Ley de Concesiones’ supone una reforma estructural de calado en las relaciones del Estado con sus proveedores, pero tiene su inmediata razón de ser como salida de emergencia al conflicto planteado por las autopistas de peaje en quiebra. En este momento existen nueve empresas concesionarias en suspensión de pagos que amenazan con la consiguiente quiebra tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y los bancos. La resolución de estos contratos implicará la reversión al Estado de las autopistas, pero el Estado tendrá que pagar la RPA.
El Ministerio de Hacienda, como guardián de las cuentas públicas, quiere rebajar el coste del fiasco producido por unos proyectos que fueron concebidos en la era de la abundancia. Las empresas constructoras consideran que las indemnizaciones podrían alcanzar los 8.000 millones de euros en tanto que los abogados del Estado trabajan para reducir los pagos a una cifra de no más de 3.500 millones. La enmienda que ahora se va a incluir en la Ley de Contratos del Sector Público puede ser determinante en el desenlace del conflicto.
El caso más apremiante es la AP-36 de Ocaña a La Roda, cuya liquidación ha sido dictada por el juzgado mercantil número 2 de Madrid dada su insolvencia.El Gobierno ha conseguido paralizar el proceso momentáneamente mediante el consiguiente recurso ante los tribunales, pero la situación es insostenible y se trasladará paulatinamente al resto de concesiones. Entre las demás autopistas afectadas están las cuatro radiales de Madrid, así como la M-12 del Aeropuerto de Barajas, la circunvalación de Alicante, la de Cartagena-Vera y la de Madrid-Toledo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario