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| Cartel y señalización preparados para que comience a operar el nuevo radar de tramo, que controlará la velocidad durante 5 kilómetros. |
El Gobierno tiene un plan para que la polémica autopista León-Astorga (AP-71), el peaje que rompe la vertebración interna de la provincia entre la capital leonesa y la comarca del Bierzo, intente salir de la cola de las vías de pago más ruinosas del país.
El problema es que tiene un plan que no pasa por abaratar el elevado coste de circular por la autopista ni incluir a esta vía entre los descuentos para vehículos pesados como los que el año pasado impulsó por ejemplo en la León-Asturias para aligerar la alternativa de la carretera nacional N-120.
El plan consiste en poner en marcha una nueva 'trampa' para los conductores que no quieran o no puedan pagar los 4,95 euros para turismos y hasta 8,10 euros para los vehículos más pesados que cuesta circular a día de hoy por la autopista.
Se trata de un radar de tramo que contabilizará la media de la velocidad de circulación de los vehículos entre los 5 kilómetros que separan la salida del pueblo de San Miguel del Camino y la rotonda del final del polígono industrial de Villadangos del Páramo, antes de la peligrosa entrada a esta localidad. El radar de tramo mide la media de velocidad en ese amplio tramo, el único que no atraviesa pueblos, y si esa velocidad supera los 100 kilómetros por hora, multa económica y pérdida de puntos al canto.
La presión a los conductores que aboguen por la Nacional en vez de la autopista se multiplicará de este modo de forma muy considerable. Porque no es la única medida impulsada para dificultar el aún más tránsito por la N-120. Aún resuenan las protestas por la línea continua de 3 kilómetros que oprime la circulación en gran parte de este mismo tramo, por el que los cálculos oficiales estiman que transitan una media diaria sobrecargada de unos 20.000 motos, coches, furgonetas y camiones diarios en el eje más vital económica y socialmente de la provincia leonesa. Parece difícil que sea coincidencia esté cúmulo de barreras a la necesaria fluidez que aboca, si uno no se quiere desesperar al volante, a pasar por caja en la autopista León-Astorga.
No hay que olvidar que la infraestructura, con voces en contra desde que el Gobierno de José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos la inaugurara en el año 2000, es la 'ruina de la Corona', ahora en manos de la empresa Abertis. Porque se trata de la autopista que más usuarios pierde cada ejercicio en toda España, si se exceptúan las radiales de Madrid.
La concesión va para largo: finaliza el 11 de marzo de 2055. Y es posible que medidas tan restrictivas de la alternativa llena de 'trampas' de la N-120 pueda conseguir el casi imposible que ocurrió el pasado año 2015, el primero de muchos en que la autopista no tuvo un saldo muy negativo, porque hasta entonces había encadenado varios años en los que acabó despeñándose su uso por encima del 25% (-9% en 2013 y -15,3% en 2012). El ejercicio pasado por fin recuperó un 6,2%. Y sin embargo continúa siendo, con diferencia, la menos utilizada en la Comunidad autónoma, con apenas 3.623 vehículos al día según los últimos datos oficiales.
Ni siquiera le ha servido de acicate a la autopista el enorme tirón del transporte por carretera que supone para la zona el polígono industrial de Villadangos que, sólo con el centro logístico del gigante Mercadona para todo el noroeste español, multiplica por mucho la densidad de tráfico. Tráfico que como queda dicho se 'chupan' los usuarios que rehúyen el peaje y siguen circulando por la carretera nacional.
Para rematar las dificultades, así como el riesgo, no hay que olvidar un estado de conservación de esta carretera N-120 que deja mucho que desear en la actualidad, con varias zonas de asfalto levantado y peligroso. Amén del creciente tránsito de peregrinos, tanto a pie como cada vez más en bicicleta.
Está claro a estas alturas que de nada han servicio ni las críticas políticas, como por ejemplo las muchas protestas protagonizadas por Unión del Pueblo Leonés (UPL), como las amargas quejas de los empresarios de la provincia, léase a través de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), aduciendo que el peaje estrangula el desarrollo económico de la provincia.
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