Las autopistas han sido uno de los temas más espinosos a los que se ha enfrentado la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la última legislatura. Los roces con las concesionarias a costa de las radiales han sido constantes en los últimos cuatro años, pero la patata caliente es mucho más grande.
Pastor ha reiterado que mientras ella esté al frente del departamento las concesiones actuales de autopistas no se van a renovar, con lo que su explotación de estas vías de peaje pasaría a manos del Estado.
Algunas empresas de construcción y servicios, concesionarias de estas infraestructuras, se han mostrado críticas con la actitud de Fomento. El consejero delegado de OHL, Josep Piqué, ha asegurado que los políticos españoles se oponen al “mercado concesional” de infraestructuras; por ello, el porcentaje de actividad de la constructora en España es del 10% sobre el total, una proporción que “irá decreciendo”, según Piqué.
El mismo camino, el de la salida al exterior, es el que han tomado otras concesionarias españolas. Algunas de las últimas infraestructuras adjudicadas apuntan en esa dirección.
La filial de Ferrovial para autopistas, Cintra, se ha hecho con un contrato que confirma la tendencia. Esta compañía se ha adjudicado la construcción y explotación de varias vías de peaje en Eslovaquia con un valor de 970 millones de euros. De ellos, 800 millones se corresponden con las tareas de edificación de varios tramos, que incluyen la circunvalación de Bratislava.
No obstante, a esta cantidad habría que sumarle el canon que deberá abonar el Estado centroeuropeo al consorcio en el que participa Cintra durante los próximos 35 años, por lo que el monto final que va a recibir asciende a 1.900 millones de euros.
Esta adjudicación se produce poco después de que otra compañía española, Abertis, consiguiera adquirir dos autopistas italianas, con lo que se consumó su vuelta al país transalpino. Gracias a una inversión de 594 millones de euros, Abertis se hará con el 51,4% de A4 Holding, que aglutina 235 kilómetros de autopistas en la región del Véneto.
En España hay menos oportunidades. Los planes de Pastor de no renovar las autopistas de peaje llevarían al Estado a quedarse con estas vías. La primera afectada sería la AP-1 entre Burgos y Guipúzcoa, cuyo contrato con Itínere vence en 2018.
Si el Estado asume la titularidad de la autopista AP-1, Fomento estaría dando el primer paso para la constitución de una empresa pública -o con una fuerte participación pública- de gestión de este tipo de activos, una solución que ya se planteó para las autopistas radiales. Fomento no consiguió llegar a un acuerdo con los acreedores de estas vías, que incluía quitas del 50% de la deuda.
Aunque el plan sigue encima de la mesa, los tribunales le han puesto límite a la ventana de oportunidad para solucionar este entuerto: el 1 de octubre tendrá que haberse completado la liquidación de la autopista de circunvalación de Alicante y de las radiales R-3 y R-5. Según la sentencia judicial, aunque Fomento recurra -práctica habitual para retrasar la ejecución de la resolución- no podrá paralizar el proceso.
El Tribunal Supremo ha contribuido también a las múltiples puntillas que están recibiendo las radiales en concurso de acreedores, después de que haya ratificado la situación de quiebra de la R-2. La empresa concesionaria había solicitado que se le devolviera su autonomía, algo que el Supremo no ha respaldado.
Así las cosas es normal que las concesionarias busquen autopistas en otras partes, si en España o están quebradas o no admiten renovaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario