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| La autopista M-45, una de las arterias principales de Madrid. Jaime Villanueva |
La M-45, autopista pública construida por la iniciativa privada en 2002 y a la que la Comunidad de Madridtiene que pagar cada año un canon por cada coche que la usa, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno de Cristina Cifuentes. Además de unos costes que aumentan anualmente por el incremento del tráfico (costó 487 millones y ya se han abonado 620), ahora se suma una millonaria indemnización por unas expropiaciones mal calculadas. El Tribunal Supremo ha rechazado un último recurso del Gobierno, por lo que la Comunidad deberá abonar otros 67 millones adicionales a la concesionaria.
La M-45 sigue dando disgustos a la Comunidad de Madrid, que tendrá que pagar 67,2 millones de euros más a Concesiones de Madrid SA, la empresa que realizó las obras de esta autovía de 37 kilómetros y que la gestiona desde 2002. El pago responde al aumento de los gastos en las expropiaciones que tuvo que realizar la compañía para construir la carretera. La sociedad, que gestionará la vía hasta 2029 y que hasta entonces seguirá cobrando de la Comunidad de Madrid, llevó al Gobierno ante los jueces. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya le dio la razón en junio de 2014. Y ahora es el Tribunal Supremo el que ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno regional, que se oponía a reconocer “el reequilibrio financiero derivado del aumento de los gastos”.
Los jueces han fijado, además, un incremento anual del 10,05% hasta la fecha en la que se produzca el pago de los 67 millones. Desde 2007, la región ha abonado más de 620 millones por la construcción de una autovía que costó 487. Por cada coche que la atraviesa, paga un canon, cuyo importe no cesa de subir a causa del incremento de la circulación.
Las obras y la gestión de la M-45 fueron adjudicadas a Concesiones de Madrid SA el 24 de septiembre de 1998 en un Consejo de Gobierno que presidía Alberto Ruiz-Gallardón (PP). La carretera se inauguró cuatro años después (en marzo de 2002) y fue la primera gran concesión que se hizo en España. Es lo que se llamó peaje en la sombra: la Comunidad no pagaba las obras, pero abonaba un canon por cada coche. Cuantos más vehículos, más abonaba. La red autonómica se compone de 2.600 kilómetros, de la que la M-45 siempre ha sido la más transitada, con un volumen de tráfico medio de 100.000 vehículos diarios. No obstante, hay otras autovías en la misma situación: la M-407, la M-511 y la M-501.
Gracias a los acuerdos con compañías privadas, el Gobierno regional impulsó así durante años la construcción de unas infraestructuras para las que no disponía de liquidez. Algunos de esos contratos se cerraron con grandes empresas, como ACS, OHL, Sacyr o FCC. En ningún caso, la cifra pactada reflejaba el coste final de la obra, sino otro muy superior. Así lo indica el incremento del canon de los peajes regionales que, en 2007, costaron a los madrileños 76,9 millones, pero que en 2014 alcanzaron los 110,9 millones.
Pero no ha sido solo el incremento del tráfico lo que ha disparado los pagos, sino también el coste de las expropiaciones de suelo para trazar las autovías. Concesiones Madrid SA reclamó por primera vez una compensación económica por el sobrecoste de las expropiaciones a las que había tenido que hacer el 20 de diciembre de 2010.
Solicitud de reequilibrio
El segundo de los requerimientos está fechado el 26 de julio de 2011, e incluía una nueva “solicitud de reequilibrio”. La última de las reclamaciones se efectuó el 20 de diciembre de 2011, tal y como consta en la sentencia judicial.
La Comunidad de Madrid se oponía al pago de la cuantía exigida alegando la improcedencia de la solicitud de restablecimiento económico de la concesión. Según la Administración, el riesgo concesional y de desequilibrio en perjuicio del concesionario era “inexistente”. En su opinión, “ha existido un tráfico real en la autovía muy superior al previsto en el plan económico financiero” y le ha supuesto “aproximadamente 50 millones de ingresos más de los que tenía previstos, lo que no solo ha neutralizado los costes derivados de las expropiaciones, sino que ha desequilibrado el contrato a favor del contratista”. Los jueces, sin embargo, no le han dado la razón.
El contrato de la concesión y el pliego de condiciones técnicas y económicas, un acuerdo de 2002, ya reconocían el derecho de la empresa para mantener el equilibrio económico financiero cuando se hiciera frente a una inversión en expropiaciones superior a la fijada inicialmente y que se fijaba en los 5.557.650 euros. El importe fue modificado el 25 de julio de 2002 por un Consejo de Gobierno, que reconoció un coste adicional de las obras de casi 21 millones de euros. La Comunidad destaca en su recurso ante el Tribunal Supremo que en el acuerdo de 2002 ya se le reconocieron unas cantidades máximas por expropiaciones y que la empresa “no agotó la inversión máxima hasta 2009”, sin que tampoco “haya invertido en conservación los 100 millones a los que estaba obligada según el modelo económico de la concesión”.
Los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazan todas las alegaciones de la Comunidad. Consideran que el Gobierno regional debe hacer frente a los gastos de las expropiaciones que pactó, una cifra muy superior a la abonada inicialmente. Los magistrados afirman que los cálculos de la concesionaria (67 millones de euros) están bien realizados, y así lo confirman los peritos.
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