Se ha filtrado que el Mº de Fomento trabaja en un documento que podría convertirse en ley tras las elecciones del 26/6 (en caso de que haya continuidad en el gobierno, se sobreentiende) que establece que todas las concesiones de autopistas revertirían al Estado al vencimiento de su plazo natural, de manera que no tendrían lugar más prórrogas en los plazos de las concesiones a cambio de otras contraprestaciones (ampliación de carriles, construcción de tramos, etc.). Esto haría necesario crear una empresa pública de autopistas nacionales, que se haría cargo de las concesiones cuyo plazo expirase.
Parece que la idea es que la participación estatal en esa sociedad sea del 49% para que su deuda no compute como deuda pública, para lo cual tendrían que incorporarse otros socios con participaciones de menor peso, de manera que el Estado retuviera las decisiones de gestión como principal accionista minoritario. El objetivo sería dotar a la nueva sociedad estatal de autopistas de una serie de autopistas rentables que compensen aquellas que no lo sean.
Opinión Bankinter: Es una mala noticia para el sector (Abertis, Sacyr y Ferrovial como principales perjudicadas) puesto que normalmente una concesión de autopista es más rentable a medida que se acerca a al final de su plazo concesional y, sobre todo, continúa siéndolo si se prorroga esa concesión a cambio de mejoras negociadas en la infraestructura. Esto restará atractivo a las nuevas concesiones que puedan autorizarse y reducirá la capacidad de crecimiento a las compañías concesionarias privadas, puesto que no puede contar con prórrogas para las concesiones que ya tienen en cartera y las nuevas concesiones probablemente serán menos rentables en la medida que sólo podrán contar con el plazo concesional inicial, sin dar por supuesto que luego se concederán prórrogas.
Entendemos que este planteamiento es consecuencia de las malas experiencias sufridas con las denominadas “autopistas radiales”, cuyos rescates ante la falta de rentabilidad económica ha derivado en negociaciones y soluciones muy duras tanto con los bancos que las financiaban como con las constructoras que las construyeron y posteriormente gestionaron. Si este planteamiento saliera adelante, las primeras autopistas afectadas serían la AP-1 Burgos – Guipúzcoa de Itínere/Sacyr cuyo plazo concesional expira en 2018 y la AP-7 del corredor del Mediterráneo de Abertis que vence en 2019. Por tanto, es probable que las cotizaciones de ambas compañías se vean hoy negativamente afectadas por esta noticia.
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